Artículos


INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: No firmo

publicado a la‎(s)‎ 17 may. 2017 18:33 por Semanario Voces


En los últimos días –supongo que a muchos les habrá pasado lo mismo- me invitaron a firmar dos declaraciones diferentes respecto a

 

Venezuela. Las dos, en muy buenos términos, deploran la situación de violencia, piden terminar con las muertes e instan al gobierno venezolano a cumplir las instancias electorales y plebiscitarias pendientes.

En condiciones normales, tal vez las habría firmado, porque no tengo mucha esperanza en el “socialismo bolivariano del Siglo XXl”, un socialismo rentista del petróleo, como el que está instalado en Venezuela,  además  tengo referencias directas sobre los grados de corrupción y deterioro del gobierno y del Estado venezolanos, y creo que rehuir instancias electorales no es buena señal para ningún gobierno que se proclame popular.

Pero la situación de Venezuela dista de ser normal. Y sobre todo dista mucho de ser un conflicto exclusivamente entre venezolanos. Allí está Almagro, en la OEA, arrojando nafta (petróleo no, porque no tiene) sobre el fuego, tratando insistentemente, contra todas las reglas, de tensar la situación diplomática para aislar y lograr la condena del gobierno venezolano. Y ahora se suma la intervención de Uruguay,  promoviendo que el caso Venezuela sea tratado en el Consejo de Seguridad de la ONU.

A estas alturas es evidente que, más allá de todo lo criticable de su situación interna, Venezuela es objetivo de intereses que muy poco tienen que ver con la paz, la libertad y la justicia de los venezolanos.

No voy a someter a los lectores al catecismo antiimperialista tradicional. No voy a hablar de “imperialismo yanqui”, entre otras cosas, porque ni siquiera estoy seguro de que esa expresión refleje hoy la realidad. Es más, tengo la impresión que los primeros estafados y robados por la política exterior de los EEUU son los mismos estadounidenses, que pagan con sus impuestos las guerras con las que las compañías petroleras consiguen el control o el mejor acceso a los yacimientos de petróleo. Guerras en que se usan armas sofisticadas que fabrica la industria armamentista y que pagan los contribuyentes estadounidenses, guerras que destruyen lo que después habrá que rehacer mediante jugosos contratos de reconstrucción que benefician, entre otros, a socios y amigos de los gobernantes estadounidenses.

La cuestión es que Venezuela tiene petróleo y un gobierno poco amigable con las empresas petroleras y también con los gobiernos de confianza de las empresas petroleras. Una combinación explosiva. Además es un gobierno algo torpe, corrupto y bastante autoritario. Pero gobiernos torpes, corruptos y autoritarios siempre han sobrado en América. Y es muy poco frecuente que conciten el repudio de la OEA y la atención de la ONU.

Así las cosas, conviene un baño de humildad. ¿Por qué diablos sería importante que un tipo como yo (o como muchos de los propuestos como firmantes) suscribiéramos las declaraciones? ¿Qué puede importarle a Maduro que Hoenir Sarthou (uso mi nombre para no manosear el de los firmantes) declare lo que sea respecto a Venezuela? ¿Qué les importa eso a los venezolanos? E incluso, ¿qué puede importarles a los gobernantes de los países que quieren cuestionar al gobierno de Venezuela?

La respuesta es obvia: nada.  A nadie relevante en el asunto le importa lo que gente como nosotros (los posibles firmantes) opinemos sobre Venezuela.

¿Por qué se firman y se publican declaraciones, entonces?

Eso sí es interesante.

Las luchas políticas –y también las militares- en el Siglo XXI, no empiezan en las urnas ni en los arsenales. Empiezan, como expresión pública, en los medios de comunicación, en la información internacional y, ahora, también en las redes sociales.

Desde antes del famoso 11 de setiembre, las primeras bombas en caer en las nuevas guerras son informativas y mediáticas. Hussein y Gadafi, mucho antes de ser bombardeados por aviones, lo fueron por avalanchas de información internacional, incluso información aparentemente frívola, los gustos, los lujos, las costumbres sexuales, las excentricidades, las pautas culturales, la conformación familiar y la historia personal de cada uno de ellos fue objeto de escrutinio, burla y horror por parte de millones de habitantes del mundo que al principio no sabían que ese era el prolegómeno de una guerra.

Desde entonces, no confío en la información de las cadenas internacionales, ni en la CNN, ni en la BBC. Los hechos han demostrado que sus bombas informativas son seguidas siempre por bombas de las que explotan y matan.

Veamos quiénes son hoy objetivos preferidos de las cadenas informativas. El gordito presidente norcoreano, el larguirucho presidente sirio, y el locuaz, pintoresco y bigotudo Maduro están hoy en el foco seguidor. De a ratos, también entra en el foco Putin, con su cara de agente cinematográfico de la KGB (no solo lo fue de verdad, sino que además tiene cara de haber sido). Curiosamente, algunos personajes están siempre en el foco, y otros, como Putin, entran y salen según como anden sus relaciones con los intereses occidentales.

El misterio de las declaraciones de personajes internacionalmente ignotos, como yo, tiene una explicación. No importa qué digamos ni quienes lo digamos. La declaración es útil porque permite nuevos impactos publicitarios, en este caso contra Maduro y el gobierno de Venezuela. A nadie se le moverá un pelo por lo que digamos, pero nos sumaremos a la ingente cantidad de noticias que permiten convencer a la humanidad de que Maduro, se trata de Maduro en este caso, es un déspota sanguinario y deleznable que merece no solo la destitución sino, tal vez, la muerte.

No conozco en profundidad los conflictos venezolanos. No me casaría, si me lo ofrecieran, con el gobierno ni con la oposición. No vivo del petróleo, no voto allí, no acato sus leyes. Por lo tanto, creo esencialmente que se trata de un asunto que deben resolver los venezolanos.

Lo que me preocupa más, porque sí me (nos) afecta, es la tecnología de los bombardeos mediáticos. Esa inquietante posibilidad de construir una realidad alternativa, con fotos, películas, declaraciones de personajes importantes y testimonios locales, tan ficticia y producida como cualquier película de Hollywood.

No quiero ser parte de esa película. No quiero participar, movido por una buena intención, de bombardeos, ni siquiera  comunicacionales. Por eso, con todo respeto, no firmo.  


INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: Macron o el diario del lunes

publicado a la‎(s)‎ 11 may. 2017 12:19 por Semanario Voces


Deslumbrados por su aspecto de chico prodigio, su meteórica carrera en el mundo financiero y en la política, seducidos por su peculiar matrimonio, todos hemos prestado poca atención a algunas interrogantes que genera Emmanuel Macron.

La principal es cómo fue posible que, en tan poco tiempo (fundó su partido hace un año y dejó de ser ministro de Hollande siete meses antes de la elección), un individuo sin organización ni trayectoria políticas propias y sin ninguna experiencia electoral se convirtiera en presidente de Francia.

¿Cuánto tiempo, dinero y esfuerzo requiere organizar un partido político? ¿Cuánto cuesta crear el entramado de ideología, financiación, alianzas, cuadros, militancia y organización interna necesarios? Aun reuniendo todo eso, ¿cuánto tiempo e impactos publicitarios se requieren para hacerlo conocer y para ganarse la confianza popular?

La versión pública es que Macron logró organizar su partido, perfilarse como candidato  y difundir su propuesta en menos de un año. Pero algunos nos permitimos dudar de que la cosa haya sido tan fantásticamente simple.

Los ejes de la política han cambiado mucho. La tradicional lucha entre derecha e izquierda, o entre el “partido del status quo” y el “partido del cambio”, es cada vez menos clara. De hecho, cada vez es más difícil saber qué significa ser “de izquierda” o “de derecha” y de qué hablamos cuando hablamos de “cambio”.

¿Promover la libertad económica, desregular la economía, rebajar impuestos, acatar a los organismos internacionales, recelar de los inmigrantes, conceder terreno y  capacidad de decisión al capital financiero, fortalecer la industria militar (en el caso de los países que pueden), privilegiar la educación de las élites, impulsar el consumo y apostar a la inversión privada son políticas de derecha? ¿Incentivar la intervención estatal en la economía, desconfiar de los organismos internacionales, creer en la existencia de clases sociales, aumentar los impuestos al capital, proteger los salarios, universalizar la educación, promover la libertad de costumbres,  defender tradiciones culturales exóticas y favorecer el interés de los inmigrantes y de estamentos raciales o sexuales desfavorecidos son políticas de izquierda?

A vuelo de pájaro, uno podría decir que sí, o, al menos, que las primeras son las propuestas usuales de los partidos y candidatos considerados “de derecha”, y las segundas las de los partidos y candidatos considerados “de izquierda”.

Sin embargo, la realidad parece complacerse en romper esos esquemas. En las últimas décadas, con el auge de la globalización económica y la transnacionalización de los capitales, en casi todo el mundo occidental hemos visto el surgimiento de un discurso y de unas prácticas políticas sorprendentes. Un discurso y unas prácticas que, sin importar que el gobierno de turno sea de derecha o de izquierda, unen nociones estructurales típicas del capitalismo global con discursos y toques estéticos que apelan a la sensibilidad social.

Así, sin importar quién gobierne, la economía se bancariza y se desregula, los recursos naturales se explotan hasta la extenuación, se alivian los impuestos que gravan al capital y se aumentan los que paga el trabajo, se somete a los Estados a las “recomendaciones” y a los tribunales de los organismos internacionales, se codician las “buenas notas” de las calificadoras de riesgo, se espera la inversión privada (de ser posible extranjera) como maná del cielo, se estimula el consumo y el endeudamiento y se adoptan recetas educativas vistosas pero de resultados pobrísimos. Al mismo tiempo, se destinan sumas importantes a políticas sociales asistencialistas, florecen las ONGs privadas que las llevan a cabo, se aplican políticas en teoría “inclusivas” y no “discriminadoras” y se adopta oficialmente el lenguaje eufemístico de la corrección política, que no modifica la realidad pero la hace sonar mucho más linda.

Ese discurso y esas prácticas, ¿son de derecha o de izquierda?

La pregunta ya casi no puede responderse. Quizá porque lo que en nuestras mentes identificamos como “derecha” e “izquierda” fue pensado para otra realidad. Una realidad de naciones autónomas e intereses y conflictos territorialmente localizados. Hoy, los intereses económicos que determinan al mundo sobrevuelan los territorios nacionales, al punto que cuesta saber cuándo una política concreta es propuesta del gobierno de turno o de la usina de ideas de alguna empresa transnacional (el caso de la marihuana en el Uruguay es paradigmático, como lo fue poco antes el de la bancarización y mucho antes el del estímulo a la forestación).

Ese discurso único y esas políticas únicas, esa suerte de “sancocho ideológico” que aplican tanto los gobiernos que se dicen de derecha como los que se dicen de izquierda, ¿es en verdad de izquierda o de derecha?

Casi no parece importante responder la pregunta. Es el discurso y las políticas que le sirven, las que recomienda y –si es necesario- impone el sistema global. Por las buenas o por las malas. Mediante la convicción, la publicidad, el lujo de las asesorías, la seducción académica, la corrupción política, las amenazas de aislamiento, y eventualmente, si hace falta, los golpes de Estado o las guerras.

¿Qué papel juega Macron en ese panorama? ¿Era la alternativa para los votantes de izquierda? ¿Marine Le Pen está más a su derecha?

Cada tanto, al “sancocho ideológico” global le brotan hongos. La elección de Trump en los EEUU, antes el Brexit inglés, un poco antes el plebiscito griego y su frustrada rebeldía, y bastante antes el rechazo a la constitución europea, demuestran que ese discurso único global despierta rebeldías. Trabajadores desocupados, personas endeudadas, nacionalistas convencidos, izquierdistas radicales, intelectuales críticos, devotos religiosos y personas tradicionalistas son parte del variopinto universo que muestra cansancio ante la dependencia de instituciones lejanas, ante políticas sociales que los olvidan en tanto privilegian a minorías raciales o sexuales, ante la impotencia que les hace sentir el sistema bancario, ante la prepotencia cultural de la corrección política y la soberbia de las élites políticas locales que actúan como agentes del sistema global.

Macron proviene del sistema financiero, de la firma Rothschild, más precisamente. Y eso dice mucho. Además, como asesor y ministro, fue considerado reaccionario por el ya bastante conservador y deteriorado partido socialista francés, que lo tenía por representante del mundo empresarial. Por otra parte, su propuesta electoral llama la atención: reducción de impuestos, disminución de empleos públicos, creación de nuevos puestos de policía y de una guardia europea para tratar el problema inmigratorio y enseñanza religiosa en las escuelas. Al mismo tiempo, apoyo a la mujer que aborta y otros toques de corrección política epitelial.

¿Podía ser Macron la alternativa progresista que salvara a Francia de la derechista Le Pen?

Sin embargo, así fue presentado. Y debimos oír a ilustres “progresistas” franceses y de otros sitios (como Obama) decir que Macron poco menos representaba la única esperanza de la civilización en Francia.

Es posible que los autores del “sancocho ideológico” único hayan aprendido varias cosas con el Brexit y con la elección de Trump. Para empezar, que, sin importar cuán incoherente sea el programa, para ganar es necesario prometer empleos y rebaja de impuestos, tolerancia hacia los inmigrantes y guardias que los contengan, soberanía nacional e integración a Europa, religión en las escuelas y apoyo al aborto.

La candidatura de Macron tiene mucho menos de aventura audaz de lo que se nos quiere hacer creer. No se logra lo que él logró sin un firmísimo respaldo de quienes tienen el dinero y los medios de comunicación para hacerlo posible. En otras palabras, el sistema ha perfeccionado su capacidad de producir candidatos precocidos y condimentados, con telenovela matrimonial incluida.

Resta saber qué papel juegan personalidades como Le Pen o el mismo Trump en estos conflictos electorales que se presentan como dilema entre “civilización y barbarie”. ¿Son candidatos anti sistema o son parte del escenario necesario para que el sistema se legitime electoralmente? ¿El rechazo de parte del poder económico hacia Trump expresa un temor real o encubre una negociación o presiones que terminarán dejando todo como estaba?

La continuidad de ciertas políticas militares, que sorpresivamente adoptó Trump en Siria, y sus primeras medidas en materia de impuestos podrían indicar lo segundo

Un nuevo actor incide en las decisiones electorales de todo el mundo. El sistema económico transnacional, en especial el financiero, con su parafernalia de respaldo económico, publicidad, prensa, organismos y expertos internacionales, puede y suele demonizar o santificar candidatos y presidentes, según le convenga.

Las elecciones francesas son, de alguna manera, el diario del lunes para nosotros. Pese a nuestra modestia, probablemente el sistema global tendrá también candidato o candidatos en las futuras elecciones.

No cuesta mucho imaginar a quién elegirá para proseguir con el discurso único y las políticas únicas. La interrogante es si elegirá también a algún representante de la barbarie para hacer más apasionante el asunto. Para ese papel, hay al menos un candidato cantado.  


INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: La vaca

publicado a la‎(s)‎ 4 may. 2017 13:49 por Semanario Voces


                              En recuerdo de Iliria Cuncic y de Wilda Belura de Cunha.

Revivida por las redes sociales, me llega una noticia un poco vieja (casi dos años). Viene de Francia e, insólitamente, no tiene que ver con Marine Le Pen ni con Emmanuel Macron, ni con la moda, ni con la gastronomía, tampoco con el fútbol.

El hecho es que en Francia se decidió restablecer métodos tradicionales de enseñanza que habían sido dejados de lado hace casi veinte años: retornan a las escuelas el dictado, el cálculo mental y la lectura en voz alta.

Sí, así como lo leen. Alarmados por el “retroceso educativo” constatado entre sus niños y sus adolescentes, los franceses han resuelto volver a procedimientos pedagógicos que habían sido descartados alegando que afectaban la creatividad y la espontaneidad de los niños y que, al evaluarlos, los sometían a estrés.  

Comparo el panorama que pinta esta noticia con el de nuestra enseñanza. ¿Acaso los uruguayos no podemos hablar también de “retroceso educativo”? El hecho de que el PIT CNT haya instalado el tema como punto central de la plataforma del 1ero de Mayo es muy revelador. Como lo es la triple invocación hecha por Mujica al asumir la Presidencia: ¡Educación, educación, educación!, aunque sus hechos después no correspondieran a sus palabras, y lo son también las innúmeras declaraciones de preocupación por el tema de dirigentes políticos de todos los pelos.

Pero, si alguna duda cupiera, recomiendo hablar con gurises egresados de primaria y de secundaria. Es sorprendente la cantidad de cosas que la enseñanza ha dejado de hacer, incluyendo el dictado, la redacción, el aprendizaje de cálculo mental y la corrección de faltas ortográficas. En teoría, esas actividades fueron dejadas de lado para desarrollar aspectos más lúdicos y creativos del niño. En realidad todo parece indicar que simplemente fueron dejados de lado, sin desarrollar ninguna otra cosa alternativa.   

Ya sé, me dirán que muchos docentes dan todo su esfuerzo para que el fenómeno educativo siga produciéndose. No lo dudo. Sé que es así. Pero esos esfuerzos parecen no bastar.  La capacidad y la devoción individuales resultan insuficientes cuando el sistema educativo en su conjunto pierde el rumbo.

Si las estadísticas de aprobación y reprobación son más importantes que la formación de los niños, si las tareas administrativas consumen demasiado tiempo que debería dedicarse a la enseñanza, si los ascensos y premios de los docentes dependen más del paso del tiempo que de los resultados pedagógicos, si sus remuneraciones indican que la tarea docente es socialmente menos valorada que otras actividades que requieren menos formación y responsabilidad y generan infinitamente menos beneficio social, si la asignación de cargos sigue dependiendo, como en secundaria, de procedimientos burocráticos que reproducen el caos, ¿cómo no hablar de retroceso educativo?   

Hay un hecho evidente: no es posible organizar un sistema de enseñanza coherente sin saber qué clase de personas se quiere formar. Y no es posible saber qué clase de personas se quiere formar sin saber qué clase de sociedad se quiere reproducir, cosa que dista de estar clara en la sociedad uruguaya. Eso marca un límite serio a la tarea docente. Pero, a pesar de los pesares, hay cosas que se pueden hacer, empezando por no desmoronar cosas que tradicionalmente se hacían y eran fortalezas de nuestro sistema de enseñanza.

Voy a quebrar una lanza por una actividad casi olvidada. ¿Quién no recuerda que, entre el aprendizaje de las tablas, problemas matemáticos, historia nacional y dictados, una o dos veces por semana, en la escuela se nos exigía hacer “una redacción”? Los temas no solían brillar por su originalidad. “Lo que hice en mis vacaciones” y “La vaca”, por ejemplo, eran clásicos de todos los tiempos. ¿Quién, que haya pasado por la escuela hace algunas décadas, se libró de escribir sobre alguno de esos tópicos?

La teoría aplicada para eliminar la redacción, el dictado  y tantas otras prácticas tradicionales  –reitero- es conocida. Sostiene que esas formas estructuradas, exigentes, impuestas y evaluadas por los docentes, afectaban la creatividad de los niños y los sometían a estrés y frustración. En su lugar, se propuso desarrollar lo lúdico y creativo de cada niño mediante prácticas más espontáneas y menos estructuradas de aprendizaje, asumiendo que el resto (las herramientas formales para la comunicación escrita y verbal, el razonamiento y el cálculo) serían adquiridos por el niño en el curso de su vida o suplidas por instrumentos tecnológicos, como la calculadora, el celular e internet.

No soy pedagogo, ni maestro, ni profesor de secundaria. Por lo tanto, lo que voy a decir es fruto de la mera observación. Y no se necesita ser un experto para percibir que los resultados del abandono de esas prácticas tradicionales son preocupantes. Quizá no deba sorprender a nadie que quien no aprende de chico a escribir sin faltas ortográficas siga cometiéndolas toda la vida, o que quien no aprende las tablas de multiplicar no pueda hacer cálculos mentales, o que quien no aprende a comunicar sus ideas y sentimientos por escrito no pueda luego expresarse en forma legible.

La antigua Atenas, capital cultural de su época, era una democracia, en la que las decisiones públicas se tomaban en asamblea, lo que hacía de la capacidad oratoria una virtud ciudadana esencial. Por eso, confluían en Atenas oradores y maestros de retórica. Eso eran los llamados “sofistas” y no menos lo eran sus críticos y adversarios, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Por eso no es aventurado decir que gran parte del desarrollo de la filosofía y de las ciencias se lo debemos a la enseñanza formal de la retórica.

La relación entre la retórica y la filosofía es evidente. El aprendizaje formal de las reglas y técnicas para el ejercicio de la oratoria imponía hábitos mentales, como el de clasificar hechos, analizar sus relaciones lógicas y causales, evaluarlos  a la luz de criterios morales y prácticos, encomiar virtudes, criticar defectos, descubrir las debilidades del discurso propio y ajeno, y observar las reacciones humanas ante los hechos de la vida. El desarrollo de la filosofía era inevitable en mentes ocupadas en esos menesteres.

Como es sabido, las diversas ramas de la ciencia fueron desgajándose luego de ese tronco central que fue la filosofía. Por lo que casi todas las formas del pensamiento y del conocimiento son de alguna manera hijas de una práctica que consistía en aprender a comunicar ideas y argumentos al público.

Así las cosas, hay que resignificar el papel que el aprendizaje de la gramática, de la ortografía y del estilo cumplen en el desarrollo de la mente y de la personalidad. Razonar, escribir y hablar en forma inteligible no son sólo técnicas de comunicación con los demás. Son también maneras de formar y ejercitar la mente, ordenar el pensamiento y descubrir conexiones nuevas entre datos conocidos. Son actividades formativas.

Muchos siglos después, vi fenómenos parecidos, de extraordinario desarrollo intelectual y cultural, en militantes y dirigentes formados en la actividad sindical. La práctica de asambleas, la lectura y la negociación en condiciones adversas les dieron a muchos viejos sindicalistas una formación que no habían recibido en sus muy pocos años de enseñanza formal.

Como la vida odia el vacío, el papel formativo que alguna vez cumplieron la Academia y las asambleas hoy está siendo asumido por internet y las redes sociales. Facebook, Twitter, WhatsApp y sus similares son hoy las ágoras públicas disponibles. Allí se informa, se comenta y se discute sobre todo. También se miente y se agrede.

Pese a que, al estilo de Umberto Eco, esté de moda abominar de las redes sociales, estoy convencido de que cumplen un papel inevitablemente positivo. Son la cara real de la democracia. El lugar donde, de verdad, todo el que quiere opina e incide en el debate público. Son por tanto un ámbito formativo, aunque no se lo propongan.

La pregunta es, ¿la educación formal no tiene cosas para aportar a ese concierto público universal? ¿Podemos confiar la formación intelectual, ciudadana y comunicativa de los niños predominantemente a las redes sociales?

Aprender las reglas para comunicarse e interactuar en este mundo complejo y polimorfo es indispensable. Probablemente los niños aprenderán a comunicarse comunicándose, como ha ocurrido siempre, pero sería deseable que la escuela no estuviera ajena a ese proceso. Que al menos parte de las reglas y los códigos para hacerlo se aprendieran en ella.

Por eso quizá habría que reconsiderar la actitud de nuestro sistema educativo ante la gramática, los dictados, el cálculo y la redacción.

Aunque cueste creerlo, expresarnos eficazmente, hasta en temas como “Lo que hice en mis vacaciones” o “La vaca”, nos forma, nos prepara, nos da herramientas para entender este mundo complejo e interactuar en él.   


Entrevista a Gerardo Romano

publicado a la‎(s)‎ 2 may. 2017 16:32 por Semanario Voces   [ actualizado el 2 may. 2017 19:21 ]

Fragmento de la charla con el actor argentino en su casa en laguna del Sauce
https://www.youtube.com/watch?v=v9Lz7gTB704&t=13s

INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: CUANDO LA VÍCTIMA ES UN NIÑO

publicado a la‎(s)‎ 26 abr. 2017 15:10 por Semanario Voces


Si nos negamos a verla, o nos empeñamos en distorsionarla, la realidad –que es porfiada- suele aparecerse por sorpresa y clavarnos los dientes mostrando su peor cara.

El caso del niño Felipe Romero es precisamente eso, la realidad apareciendo por sorpresa con su peor y más dolorosa cara: un niño descuidado, manipulado, probablemente abusado y finalmente asesinado por un adulto que luego se suicidó.


El caso de Felipe tiene aspectos todavía confusos. ¿Cómo se estableció el vínculo atípico y perverso con quien sería su matador? ¿Por qué un adulto sin vínculo familiar podía tenerlo por días en su casa, retirarlo de la escuela, incluso fuera de horario, y viajar con él fuera del país? ¿Qué complejo proceso mental llevó al ejecutor del crimen a decidir, planear y ejecutar esa tragedia ¿Por qué la patología de esa relación no fue detectada por nadie, ni por los padres del niño, ni por la escuela, ni por el ámbito deportivo que compartían, ni por las familias de ninguno de los dos involucrados?      

Sin duda, la investigación judicial descubrirá omisiones e irresponsabilidades que hicieron posible la desgracia. Eso, claro, no le devolverá la vida a Felipe. Pero sancionar esas omisiones quizá ayude a salvar otras vidas, recordándonos a todos que quienes tienen menores de edad a su cargo deben hacer esfuerzos para protegerlos. Porque, si alguien le hubiera dedicado a Felipe un mínimo de atención y de sentido común, probablemente estaría vivo.

No soy de quienes creen que la reacción colectiva ante esta muerte sólo refleja hipocresía. Es cierto que desgracias como la de Felipe ocurren a menudo y que miles de niños en el Uruguay son maltratados, descuidados, golpeados y abusados sin que la sociedad se dé por enterada. Pero creo que el dolor y la pena colectivos son sinceros. Me pasó a mí, y les pasó a muchas personas de mi entorno, que este caso nos conmovió íntimamente. Tal vez por la desatención adulta en que ese niño vivía, tal vez por lo evitable de la tragedia, quizá porque sus sentimientos y su confianza fueron además manipulados y por lo terrible, triste y sórdido de todo el episodio.

Este hecho  hizo salir a la luz datos que angustian. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) interviene en siete denuncias diarias de abuso o maltrato contra menores de edad. Hay certeza –me consta- de que muchísimos otros casos no son denunciados. Han aumentado los casos de atención médica a niños por maltratos, descuidos y agresiones graves, según ha confirmado, en nota de “El Observador”, el Dr. Javier Prego, Jefe de Emergencia Pediátrica del Hospital Pereira Rossell.  Y finalmente está el hecho alarmante de que, en la mayoría de los casos, los agresores son el padre o la madre del niño (en la violencia contra los niños, las mujeres son responsables en igual proporción que los hombres).

Esa información es apenas la punta del  iceberg del maltrato infantil. Se vuelve aun más grave a la luz del estudio del sociólogo Robert Parrado, que sostiene que la casi totalidad de los abusadores de niños han sido abusados a su vez durante la niñez. Eso hace suponer que el maltrato infantil tiende a replicarse en las nuevas generaciones, lo que,  con las cifras que conocemos, pinta un futuro  angustiante.

Pero es necesario sobreponerse al horror para extraer algunas conclusiones que permitan actuar sobre el problema.

La primera conclusión –la que rompe los ojos- es que el problema de la violencia en la sociedad uruguaya está mal diagnosticado y, por ende, recibe un tratamiento inadecuado.

Hace pocos días, la Cámara de Senadores votó un proyecto de ley que instituye la figura penal del femicidio y le asigna una pena mayor que al común  de los homicidios. El senado, al parecer, actuó persuadido de que la violencia contra las mujeres, y en particular la llamada “violencia de género”, es un flagelo especial, que se destaca de entre las demás formas de violencia, ya sea por su gravedad o por su número.

Ya antes se le había dado un tratamiento legislativo especial, la ley 17.951, a la violencia en el deporte, creando figuras y procedimientos especiales para actos delictivos cometidos en el marco de espectáculos deportivos, como si los delitos fueran diferentes según el ámbito en que se cometan.

Es muy probable que la conmoción pública causada por el homicidio de Felipe Romero haga creer a alguien que, aplicando la misma lógica, es necesario revisar y endurecer las penas por violencia contra los niños.

Pues, bien, la violencia no es un fenómeno que deba ser tratado a tenor de las emociones que cada crimen en particular despierta en la población. El criterio emotivo es el que ha llevado a que la ley de violencia en el deporte, promovida por algún incidente especialmente cruento, luego se olvidara y, en los hechos, fuera ineficaz. El mismo criterio ha llevado a que se quiera establecer  para el “femicidio” una pena más grave que para cualquier otra muerte, incluida la que le habría tocado al asesino de Felipe si hubiera quedado vivo. La emoción –o la falta de emoción pública-  es la que permite que los cada vez más frecuentes “ajustes de cuentas”, entendidos como crímenes entre delincuentes, aunque muchas veces no sea así, sean tomados con indiferencia y ni siquiera sean debidamente investigados.

La violencia es un fenómeno cultural más generalizado de lo que nos gustaría admitir, y requiere un tratamiento integral. No se trata de indignarse hoy por la muerte de un niño, mañana por la de una mujer, pasado por la de un deportista y traspasado por la de cualquier otra persona. No es cuestión de legislar a golpes de emoción, ni mucho menos de sustituir la efectividad en la aplicación de las leyes vigentes por nuevas leyes y mayores penas, que serán ineficazmente aplicadas y olvidadas apenas pase el impacto emocional.

Quiero ser muy claro. No digo que el derecho penal y la sanción de los delitos deban abolirse. Digo que, una vez que cierta conducta es declarada delito y se le asigna una pena, si la ley que establece esas cosas no produce los efectos esperados, la solución no es seguir aumentando las penas y creando nuevas figuras penales superpuestas. Si la ley no da resultado es porque, de alguna manera, su contenido no está en consonancia con las creencias, los hábitos o las formas de vida reales de la sociedad. Y eso no hay ley que lo corrija.

Mi hipótesis es que la sociedad uruguaya, más allá de los discursos inclusivos, es cada vez más intolerante y más violenta. O, quizá, cierta violencia que antes se canalizaba hacia lo político y hacia lo social, hoy se manifiesta en otras áreas, como la vida familiar y privada (por eso la violencia doméstica), el deporte, el tránsito, la convivencia barrial y las redes sociales. Me atrevería a decir que incluso el manejo que se hace de las normas jurídicas es violento. Basta ver con qué frecuencia se reacciona ante los problemas sociales proponiendo prohibiciones y sanciones penales.

Si la violencia es un problema social generalizado, la solución no es amontonar normas que prohíban sucesivamente agredir a la pareja, al perro, al hijo, al “hincha” del cuadro contrario, al vecino, al policía, al que opina diferente y al inspector de tránsito, como si cada uno de esos casos fuera una situación diferente y única. Todas tienen en común una cosa: la violencia. La solución, entonces, pasa por encarar a la violencia como un problema generalizado que exige un tratamiento integral.   

Mientras la violencia tenga apellido, ya sea “de género”,  o “deportiva”, o “racial”, o “por ajuste de cuentas”, y reciba un tratamiento diferente según la rabia que nos produzca su motivo o su autor, seguirá campeando a sus anchas. Es más, estaremos reproduciendo en las leyes las condiciones emocionales que le dan origen.

La segunda conclusión –que rompe tanto los ojos como la primera- es que la raíz del problema no es la falta de leyes sino un estado cultural del país. “Menos leyes y más educación”, o “Pocas leyes, sensatas, y mucha educación”, serían las frases que mejor sintetizarían la idea.

En una sociedad que se ha fragmentado, en la que la enseñanza primaria ha decaído y no cumple ya el papel integrador que alguna vez cumplió, y en la que casi tres cuartas partes de la población no completan la enseñanza secundaria, es ilusorio esperar que la violencia retroceda.

Es seguro que la solución de fondo es un cambio sustancial en las políticas educativas y sociales. Pero eso, además de contar con obstáculos políticos, surtiría efecto a largo plazo.

¿Qué hacer mientras tanto?

Por lo pronto, asumir que la violencia es una pauta de conducta que debería rechazarse integralmente. Legislar poco y claro, pero hacer de ese rechazo una causa nacional, sin distinguir si la violencia es por género, por fútbol, para robar, o por mero abuso de la indefensión de un niño.

La violencia, además, no se comete sólo por acción. Hay violencia por omisión, como ocurrió en el caso de Felipe Romero, desatendido por los adultos que lo rodeaban, y ocurre en el caso de tantos niños, sin excluir a muchos a cargo de organismos dependientes del INAU.

Los niños, precisamente, son la prueba de que la violencia es general. ¿Quién de nosotros no está omiso sabiendo  que tantos sufren sin tener voz para reclamar leyes o  justicia?    


INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: Rumbo al circo

publicado a la‎(s)‎ 19 abr. 2017 15:32 por Semanario Voces   [ actualizado el 19 abr. 2017 15:33 ]


Escribo este artículo sin expectativas, casi desinteresado de sus efectos prácticos, quizá por aquello de que ciertas cosas deben ser dichas sin importar los resultados.

Para un lector desatento, el tema de esta nota serán dos hechos recientes: el episodio de denuncia e intervención de la Intendencia respecto del establecimiento “Coffe shop” por reproducir en un pizarrón cierta frase de un personaje de una película de Tarantino;  y la aprobación unánime por el Senado de una reforma al artículo 312 del Código Penal, por la que se incluye al “femicidio” como una variante de homicidio muy especialmente agravado (15 a 30 años de penitenciaría).

Sin embargo, de lo que realmente quiero hablar, lo que en verdad me parece importante considerar, es otra cosa. Un fenómeno cultural que se manifiesta en esos dos hechos pero también en muchos otros, a los que nos hemos ido acostumbrando casi sin notarlo.

El episodio de “Coffe shop” tiene ribetes grotescos, que serían humorísticos si no pusieran en evidencia la cruda mezcla de ignorancia, prejuicio y autoritarismo en personas que ocupan cargos públicos destacados, mezcla que, al parecer, comparte cierta parte de la población.

El decano Rodrigo Arim no tiene obligación de saber de cine y la Directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo tampoco. En rigor, no tienen por qué saber de cine, ni de literatura, ni de filosofía, ni de ciencia política. Tienen derecho a ignorar esas y muchas otras áreas del conocimiento. En cambio, tienen obligación de conocer un poco la Constitución y algunas normas básicas todavía vigentes en nuestro país. Por ejemplo, deberían saber que la expresión del pensamiento es libre y que nadie debería ser sancionado por publicar ideas propias o ajenas, siempre que la publicación no configure por sí misma un delito o instigue a la comisión de delitos. Deberían saber que el derecho castiga actos, no la simple expresión de ideas.

La discriminación en el ingreso a un local comercial, para ser delito, debe materializarse en una política de admisión. Debería demostrarse que el local niega el ingreso a cierta categoría de personas para acusar y sancionar a sus propietarios. En este caso, la frase del personaje de Tarantino (“No se admiten perros ni mexicanos”) no era el anuncio de una política de admisión del establecimiento comercial. En otras palabras: el cartel sería una infracción a la ley si expresara un criterio efectivo de admisión arbitrariamente restrictivo, cosa que en este caso no ocurría. ¡Habría sido tan fácil evitar el incidente tan solo con preguntar en el local qué significaba el cartel y si realmente se prohibía el ingreso de mexicanos! Pero tanto el denunciante como los funcionarios intervinientes prefirieron prejuzgar que existía discriminación y desatar la persecución estatal y el linchamiento virtual del establecimiento y de sus dueños.      

Como nota curiosa, el denunciante afirmó en Twitter que el propietario del local era norteamericano (lo que podría considerarse discriminatorio, además de a medias falso). Otra curiosidad es que ciertos locales comerciales, en los que actúan “estripers” masculinos, prohíben efectivamente el ingreso de público masculino, sin que eso haya alterado nunca a las autoridades departamentales o nacionales.

El otro episodio relevante es la aprobación en el Senado, por unanimidad, de la reforma del artículo 312 del Código Penal, para incluir a la figura del femicidio como un homicidio muy especialmente agravado, con pena de 15 a 30 años de penitenciaría, que contrastan con la de 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría para el homicidio común y la de 10 a 24 años de penitenciaría para los homicidios especialmente agravados.     

La reforma tiene varios aspectos preocupantes. Uno es que crea una modalidad de homicidio en que la víctima sólo puede ser mujer y el victimario, aunque no se lo dice expresamente, sólo puede ser hombre. El uso de la expresión “el autor”, en lugar de “el autor o autora”, para referirse al victimario, así lo indica, sobre todo porque la misma ley usa expresiones como “hijas o hijos” cuando quiere abarcar a los dos sexos.

Otro aspecto preocupante es que la tipificación del femicidio, definido como causar la muerte de una mujer por motivos de odio o menosprecio a la condición de mujer, se convierte en un verdadero chicle, capaz de convertir en femicido a cualquier cosa. Así, de acuerdo al literal a) del artículo en la redacción propuesta, será prueba del odio o menosprecio a la condición de mujer “Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica, o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente que (la omisión del “de” debe de ser una licencia legislativa) el hecho haya sido denunciado o no por la víctima”.

Esa definición amplísima de la violencia previa hace que toda muerte de una mujer por alguien que tenga alguna relación con ella (salvo que la mate un desconocido usando mira telescópica) pueda ser tipificada como femicidio.

En los debates previos sobre este proyecto se ha señalado hasta el cansancio que la creación de la figura del femicidio no prevendrá ni disminuirá las muertes por violencia dentro de la pareja. No lo ha hecho en ninguno de los países que la han creado y la aplican. No lo hace ni lo hará porque, como política legislativa, está equivocada. La violencia en la pareja o ex pareja no es una conducta racional ni especulativa. Y es falso que se funde en la idea de propiedad o de odio y menosprecio a la condición de mujer. Por lo tanto, tratándose de una conducta que suele cometerse en estados de alteración emocional y psicológica (por eso va acompañada con tanta frecuencia por el suicidio) de nada servirá ponerle a esa conducta un nuevo nombre ni asignarle una pena mucho mayor. Esto es tan evidente que ya nadie, ni siquiera las organizaciones feministas, defiende el proyecto alegando sus efectos positivos. Simplemente se habla de “emitir una señal” o, peor aun, se excita la reacción de rechazo que a todos nos producen esos asesinatos, para promover una respuesta irracional y a todas luces equivocada.

Además de ser inútil, la nueva figura penal consagra una distinción discriminatoria, por la que matar a una mujer pasa a ser penalmente más grave que matar a un hombre o a un niño. Es decir, se viola el principio de igualdad en un área tan básica como lo es la protección de la vida, sin ni siquiera poder sostener que se lograrán los resultados supuestamente buscados.

¿Por qué se vota por unanimidad en el Senado una disposición discriminatoria que, por añadidura, será ineficaz para lograr los efectos alegados?

Vivimos un tiempo en que la agenda pública está poblada por temas distractivos, que tienen por fin hacernos discutir y destinar tiempos legislativos e institucionales a asuntos menores e incluso falsos (como la supuesta discriminación en Coffe shop) y a supuestas soluciones legislativas que en realidad nada solucionan (como la creación del femicidio).

Lo grave es que esos temas conllevan la destrucción de principios sustanciales de la convivencia social tal como la conocemos. Estos dos casos lo demuestran. En ellos de ponen en cuestión dos principios fundamentales: la libertad de expresión, y la igualdad ante la ley. 

Las soluciones buscadas, la intervención represiva de los organismos públicos en el caso de Coffe shop, y la aprobación del femicido por el senado, transgreden alegremente esos dos principios. Sin contar otros, como que los organismos públicos deben actuar dentro de sus competencias y no deben invocar faltas administrativas (por ejemplo, control de autorización de Bomberos) para castigar por razones ideológicas.

¿Cuál es el verdadero fondo del asunto?

Principios jurídicos como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley son resultado de luchas centenarias contra el autoritarismo y la caza de brujas ideológicas. Quien crea que esos principios están asegurados se equivoca. Sólo un cuidadoso control sobre las autoridades puede evitar que esos vicios del poder reaparezcan.

Sin embargo, vivimos un tiempo en que los derechos esenciales, y los trabajosos mecanismos establecidos para garantizarlos, son sustituidos por corrientes emotivas que se erigen en leyes, arbitrarias e imprevisibles, como suelen ser las corrientes emotivas. Así, si me indigna la muerte de un caballo en la Rural, propongo prohibir las jineteadas, sin importar si la muerte es accidental ni cuántas personas vivan de esa actividad; si puedo exhibir mi amplitud mental persiguiendo a un imaginario norteamericano discriminador de mexicanos, claro que apoyaré que lo persigan, aunque la discriminación sea falsa; y si me indigna la muerte de mujeres, vale votar una ley aunque haga trizas el principio de igualdad y no sirva para impedir las muertes.

Lo que importa es mi emoción, no los resultados ni los perjuicios que ocasione el satisfacerla.

Resolver los conflictos humanos con soluciones racionales y equitativas es un largo camino. Si, cansados de ese camino dificultoso, decidimos sustituirlo por el libre juego de las emociones, acicateadas por la publicidad y el deseo de satisfacción inmediata, iremos en otra dirección.

Los linchamientos y el circo romano se basaron siempre en la satisfacción de las emociones primarias colectivas.  

 

 

 


EL LIBERTADOR A LA ESPERA Por José Manuel Quijano

publicado a la‎(s)‎ 9 abr. 2017 6:37 por Semanario Voces


Venezuela  da sorpresas con frecuencia, por lo general no agradables. La supresión de la Asamblea Nacional ( Parlamento) , cuyas funciones  pasaron a ser usurpadas por el Supremo Tribunal Constitucional, y  el fin de la inmunidad  de los integrantes de la Asamblea, provocaron tal reacción adversa en el ámbito internacional  que  Maduro, instigador de ambas decisiones,  retrocedió  y le indicó al  obsecuente Supremo que las anulara. Entre tanto, la apariencia de  poder  sin fisuras que  mostraba el chavismo  se desmoronaba: La fiscal general, Luisa Ortega, hizo saber

 que la sentencia del Tribunal Supremo por la cual despojaba de poderes a la Asamblea rompía el “orden constitucional”. La debilidad  y, una vez más, la torpeza del heredero de Chávez, 

quedaron en evide


ncia.

La dictadura.  Si la dictadura es el ejercicio del gobierno, invocando el interés nacional, fuera de las leyes constitutivas de la nación,  no ha habido prueba más contundente de  que en Venezuela impera una dictadura donde no rige la separación de poderes.  A lo que se agrega elecciones para gobernadores postergadas, temeroso el ejecutivo de perderlas ;  el control  casi absoluto de los medios de comunicación; las  maniobras  dilatorias  en un supuesto dialogo con la oposición que,  gracias a mediadores  complacientes (Zapatero, el Vaticano), le ha permitido  al poder  ganar tiempo y agotar plazos para desvirtuar los efectos de un revocatorio; los  presos políticos algunos sentenciados,  otros  sin que se inicie el proceso y  aun otros  con libertad concedida pero que siguen entre rejas; y las amenazas  verbales constantes, crispadas,  hacia adentro y hacia afuera  procurando , cada vez con menos éxito, infundir miedo. He aquí una dictadura con todas las violaciones a la ley y  una persistente mala fe.

¿Qué actitud deben asumir la OEA y la UNASUR? En teoría deberían promover el dialogo pero el gobierno no reconoce a la otra parte como interlocutor válido. Si bien la UNASUR  ha tenido desempeños relevantes en el pasado,  actuando en otros países, el uso y abuso de Maduro de ese organismo – creado supuestamente para beneficiar a la  autonomía regional- ha comenzado a desvirtuarlo. En cuanto a la OEA, desde que Luis Almagro asumió en la Secretaria General ha tomado un protagonismo  que no había tenido desde los años 50. Por lo que se ve el secretario Almagro defiende ideas (que sin duda son las propias) y no cuida puestos o reelecciones, algo absolutamente sorprendente en los conductores de los organismos internacionales, mucho más inclinados al silencio pusilánime. El gobierno de Venezuela ha hecho méritos más que suficientes para que se aplique la Carta Democrática (de la OEA, del MERCOSUR) aunque corresponde a las diplomacias regionales determinar cómo y cuándo.  El 3 de abril la OEA tomó la decisión de dar los pasos necesarios para aplicar la Carta Democrática a Venezuela.

 

 

 

Lo que ocurre en Venezuela  es consecuencia directa de tres de las concepciones centrales del chavismo: el control del poder de manera indefinida, que conduce a  validar elecciones solo si gana el partido en el poder;  el intento  permanente de desarticular  toda forma de oposición organizada;  y la expansión de la actividad del estado, a medida  que las empresas privadas se asfixian, como principal agente de producción.  Estas  dos últimas concepciones  tienen mucho del socialismo real del siglo XX  y  poco presumiblemente  de socialismo del siglo XXI, signifique eso lo que signifique. Pero la primera, el poder indefinido, tiene también raíces profundas en la historia de Venezuela  y en las creencias, plasmadas en normas constitucionales, de Simón Bolivar.

 

La herencia del  libertador.-El homenaje  y el reconocimiento a Bolivar, por su obra como libertador,  como artífice de grandes batallas ( Carabobo) e inspirador de Sucre en el enfrentamiento decisivo ( Ayacucho), como fundador de naciones  y figura regional de mayor peso en los años  de nuestros países en barbecho,  es unánime. Formidable figura, de proyección global, que ingreso muy joven a la política  y batalló durante 30 años, hasta que la enfermedad se lo llevó. 

¿Fue republicano Bolivar? Si, lo fue. No cayó en la tentación de la monarquía constitucional, como muchos de los dirigentes de la cruzada libertadora latinoamericana, que veían en ella el ente regulador  de las pasiones y el mejor freno (o el único) a la anarquía  y a los levantamientos militares.  Pero a la hora de  diseñar una alianza confederada regional no descartaba que esta pudiera concretarse entre monarquías y republicas. (Rafael Rojas: “Las repúblicas del aire. Utopía y desencanto de la Revolución de Hispanoamérica”, 2009) Y cuando promovió el Congreso Anfictiónico en Panamá, cursó invitación al Brasil de los Braganza.  Parece haber tenido  conqueteos iniciales con el federalismo ( un sistema  “demasiado perfecto”, según decía, por lo cual “exigía virtudes y talentos políticos muy superiores”) pero  en los hechos  en las constituciones de Colombia y de Bolivia  estableció un sistema centralista de gobierno  y  en la integración entre Colombia , Ecuador y Venezuela, formando la Gran Colombia, optó también por el centralismo.

¿Fue democrático Bolivar?  No. En julio de 1826 decía en una carta a Santander: “Estoy fatigado de ejercer el abominable poder discrecional, al mismo tiempo que estoy penetrado hasta adentro de mis huesos   que solamente un hábil despotismo debe regir a la América”.  Admiraba  a la organización republicana de las colonias  de América del Norte (“puede contarse entre las maravillas que de siglo en siglo produce la política” ) pero se distanciaba de aquellos que “quieren imitar a los Estados Unidos sin considerar la diferencia de elementos, de hombres y de cosas (….) nuestra composición es muy diferente a la de aquella nación” (carta de enero de 1827 al general Antonio Gutierrez de la Fuente )

Hay posiblemente  influencia de  Alexis de Tocqueville, deslumbrado por el modelo de Estados Unidos pero observador agudo  de lo que llamaba “la crisis de la elección”  porque la elección “se convierte en el único asunto que preocupa a los espíritus” y porque el presidente, cuando se postula a la reelección  “ya no gobierna  para el interés del estado sino para  la reelección”. “Y cuando la elección se aproxima, las intrigas   se hacen más activas, la agitación más viva y más extendida” (Marius André:” Bolivar et la Démocratie”, 1924)

En la concepción de Bolivar  la intervención popular  debía ocurrir  para elegir apenas  al primer presidente y  a los tribunos y senadores,  pero el cuerpo electoral estaba acotado y  no respondía a los principios del sufragio universal.  El libertador no creía que una república  alcanzara la estabilidad  en un régimen democrático y con sufragio universal. El gobierno republicano que propugnaba  no era  “perfectamente representativo”

“La libertad indefinida,  la democracia absoluta, (creía Bolivar) son los escollos a donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas.”  Con Rousseau, Bolivar pensaba que “la libertad es un alimento suculento pero de difícil digestión” (Enrique Krauze:  Simon Bolivar el demonio de la gloria, 2013). Procuraba, se dice, un “gobierno paternal” de tendencia humanitaria y de contenido social. Pero alejado  del cesarismo democrático, del bonapartismo ambicioso y tampoco un anticipo de las dictaduras  totalitarias modernas. (Enrique Neira Fernandez: “La democracia liberal republicana de Bolivar”). Todos temas sujetos a debate.

No hay duda  alguna de que Bolivar quería evitar los males, a su juico inevitables, que derivarían de elecciones presidenciales frecuentes. Su inspiración regional  fue  Petion, en Haití, electo presidente de por vida y con derecho a nombrar a su sucesor. El libertador  no se limitó a exponer su pensamiento. Lo plasmó, además, en las constituciones de  Bolivia y de Colombia, con  presidentes vitalicios y, en los dos casos, con  una cámara de Tribunos, electos por 4 años, una cámara de Senadores, por ocho años, y una cámara de Censores electos de por vida. Si bien los permanentes empujes  reeleccionistas en algunos países latinoamericanos tienen  causas diversas  la presidencia vitalicia puede verse como un antecedente , y aún como una fuente de inspiración,  para el presidente-dictador perpetuado  por reelecciones sucesivas

El armado institucional, que  contaba con una participación popular  limitada, estaba compuesto, en el mundo imaginado por el libertador, por hombres íntegros, muchos de ellos miembros de la alta oficialidad  que había combatido a los españoles,  componentes de una primera generación de militares  allegados a la función de gobernar. Para algunos  ahí está el germen del endémico y pernicioso  intervencionismo militar.

Es claro también, a través de su correspondencia, que el libertador no buscaba la presidencia vitalicia para su gloria personal. En carta a Santander de mayo de 1825 dice “He visto una gaceta de Caracas en que me proponen como candidato; y respondo que no  aceptaré jamás tal presidencia, pues con esta llevo dos, y el mismo Washington no pudo acepar noblemente la tercera; y como yo no me creo menos liberal que Washington, no aceptaré, por cierto, la tercera presidencia”. Vuelve sobre el mismo tema en octubre de 1825   y en junio de 1826, en carta al presidente del Senado de Colombia,   indica que Washington “mostró el peligro a sus ciudadanos de continuar indefinidamente el poder público en manos de un individuo”. Palabras sabias, sin duda, aunque de cierta ambigüedad   o incluso contradicción con  el presidente vitalicio que Bolivar propone para las repúblicas latinoamericanas. 

El dictador a desgano.- La vida de  Bolivar, tan llena  de éxitos y fracasos, tiene penosamente  un final infeliz.  Brillante militar, con una formación cultural muy superior a la de su medio y caudillo adorado por sus seguidores  fue, por otra parte, errático gobernante más dispuesto a volver al orden y al pensamiento dominante español, obsesionado por evitar la anarquía, que a lanzarse a construir  nuevos escenarios.  Investido como dictador (quizá más cerca de la idea del dictador romano, el Lucio  Cincinato a quien se llama para resolver los graves males momentáneos de la república) va perdiendo apoyo entre los suyos  que  no comparten o no comprenden  algunos de sus actos. El centralismo  chocaba con los  anhelos  federales  muy extendidos.  Su clericalismo extremo estaba reñido con los recelos hacia la Iglesia que era  sinónimo del dominio español.  Asigna a la religión  un papel  estabilizador y anti demagógico,  y  devuelve el diezmo a la Iglesia Católica (que durante la lucha contra España se había suprimido),  proclama religión oficial del estado a la Católica Apostólica y Romana,  implanta la enseñanza obligatoria de la religión oficial en los centros educativos y, cuando interviene la universidad (luego del atentado contra su vida), le indica por escrito al rector cuales son las cátedras  que deben impartirse  y cuales los autores prohibidos. (Marius André: op cit)  

En la nota al rector de la Universidad de Bogota el  “Libertador Presidente” le indica los cambios que debe hacer en el plan de estudios (síntesis): 1.- El  restablecimiento del estudios de latin, necesario para el conocimiento de la religión; 2.-Los estudiantes de filosofía deben dedicar la mayor parte del segundo año al estudio de la moral y el derecho natural; 3.- Por el momento se suspenden las cátedras de principios de  legislación  universal, de derecho político,  de constitucional y de ciencias administrativas;4.-Que cuatro años sean dedicados al estudio del derecho civil romano, al derecho nacional y al derecho canónico; 5.- Que  los jóvenes deban asistir de manera obligatoria a un curso sobre los fundamentos y la apología de la religión católica romana y de su historia.

“La religión – dice -  es el gran entusiasmo que  yo quiero revitalizar para utilizarla contra todas las pasiones de la demagogia” (carta a Rafael Arbalado, de julio 1828)

Deseoso de mantener la unidad territorial de la Gran Colombia ve con angustia como las fuerzas centrifugas  apartan a Ecuador y Venezuela.  Alejado  del poder, acosado por maniobras mezquinas, con el estigma de “usurpador” que le endilga  Benjamin Constant,  enfermo  de tuberculosis , dispuesto a marchar al exilio europeo  le escribe,  con ironía , en setiembre de 1829,  a Joaquín Mosquera: “No quieren monarquías ni vitalicios, menos aún aristocracia. ¿Por qué no se ahogan de una vez en el estrepitoso y alegre océano de la anarquía? Esto es bien popular y, por lo mismo,  debe ser lo mejor, porque, según mi máxima, el soberano debe ser infalible”.

El legado.-De esta gesta gloriosa, creativa en la batalla y en la formación de naciones, generosa en la entrega  y tan marcadamente tradicional o incluso regresiva en la organización  educativa, en la divulgación de la ilustración (donde había abrevado  sin embargo siendo muy joven)  y  en las formas de convivencia ciudadana, proviene  el viento de ahora.  Como ha señalado Luis Castro Leiva (“El historicismo  Político Bolivariano” 1984) la historia política  venezolana  se vive como  perfectible quehacer bolivariano, y transforma su patriotismo en una tensión religiosa ambigua: a la vez sagrada, profana, secular y cívica.  El “ideario bolivariano” (supuestamente de Bolivar) es la condición necesaria para la realización profético-religiosa de la historia política y moral de Venezuela; es decir, condición necesaria para la realización del destino como nación independiente.

¿Y cuál es su legado? El más obvio y el más grande es la expulsión del colonizador del territorio americano y el deseo – que tropezó con muchos escollos - de construir la Gran Colombia y de buscar alguna forma de aproximación entre las naciones hispanoamericanas. Pero a él debemos también, en el terreno de la conducta de los hombres, tan cuestionable en el presente en varios países de la región,  una honradez extrema pues ingresó a la vida pública  con una gran fortuna personal y murió, 30 años después,  sin un céntimo ; una magnanimidad  infrecuente con  quien   lo había ofendido o incluso  organizado un  complot contra su persona ( libró del fusilamiento  a Santander luego del atentado  contra su vida) ; una dedicación al estudio, el pensamiento y  la ejecución de las instituciones que, a su juicio, mejor se adaptaban a los retos  del siglo XIX; un  respeto de  delicadeza  elevada  en cuanto a las atribuciones  legales de los demás (mientras liberaba Perú o fundaba Bolivia  se cuidaba mucho, como revela su correspondencia, de impartir instrucciones  al presidente en ejercicio de la Gran Colombia y menos aún de indicar línea de acción a los parlamentarios) ; un enemigo declarado de la demagogia, es decir de quienes  alimentan las pasiones  en beneficio propio; y un hombre muy consecuente, hasta el final, con sus pensamientos más íntimos.

 Es ahí, también, donde está la fuerza de este constructor de naciones.  La Venezuela postchavista  se apartará de la vergonzosa deriva del presente y  regresará a ese venero  primigenio de inspiración.

 


AL FIN Por Luis Nieto

publicado a la‎(s)‎ 9 abr. 2017 6:26 por Semanario Voces


Podría haberle ahorrado mucho sufrimiento al pueblo venezolano si en lugar de dedicase al juego de las estrategias, la izquierda uruguaya hubiese actuado como si le doliese a ella. ¿Es que en ningún momento se dio cuenta que el chavismo, como tantos otras alternativas populistas, que apenas se aprendieron lo formal de mantener una posición de izquierda, sólo estaba haciendo uso de un discurso que, en la práctica, encubría escasamente el odio a los valores democráticos en que nuestro país había conseguido los mejores resultados de convivencia y progreso? ¿O todavía la izquierda uruguaya no lo tiene claro?

El Frente Amplio nunca manifestó solidaridad con la Mesa de Unidad Democrática, y, en cambio, se tragó la pastilla chavista de que era una alternativa fascista. Hasta el día de hoy, cuando leemos declaraciones de algunos portavoces del Frente, sentimos que algo anda muy mal para leer la realidad. ¿Cómo se puede estar tan convencido que la oposición venezolana es una fuerza de derecha y tener la convicción de que el puñado de militares que protagonizaron  el intento golpista contra el presidente constitucional, Carlos Andrés Pérez, que se comportó como uno de los mejores amigos que tuvo el pueblo uruguayo durante la dictadura es la alternativa de la izquierda? ¿En qué está basada esa convicción? ¿Basta recitar algunas estrofas del manifiesto antiimperialista para ser considerado, automáticamente, un compañero de confianza? ¿La misma convicción no la tuvo ante Kirschner, cuando, en realidad, éste, y su señora después, eran sólo el discurso de una siniestra organización que se robó los recursos de la ciudadanía, a quienes debían fidelidad, porque ese es el juego al que los demócratas se deben comprometer? ¿La izquierda uruguaya se alarmó ante la valija llena de dólares de PDVSA / Antonini Wilson? ¿Le pareció gracioso lo de “¡Exprópiese!”, o la fábula de los pajaritos de Maduro? ¿Reaccionó, al menos con dudas, ante los primeros indicios de la enorme estafa de Petrobrás, en el gobierno del Partido de los Trabajadores, en Brasil?

No todo vale, y a la corta o a la larga, acaban con cualquiera buena intención, por más origen obrero que tenga el Presidente, y por más guerrillera que haya sido la responsable de Petrobrás, cuando comenzó el vaciamiento de una de las empresas petroleras más grandes del mundo. De ahí viene el hartazgo ante estas noticias, y el estupor que causa. Resulta difícil de tragar que gente como Diosdado Cabello, acusado de ser el principal del Cartel de los Soles, cuando empiezan a aparecer pasaportes diplomáticos venezolanos por todos lados, cuando hay dos sobrinos de la “Primera Combatiente”, presos por tráfico de drogas, haciendo uso de esos pasaportes, cuando falta nafta en el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, cuando no hay papel higiénico, cuando se desconocen los votos que eligieron a los diputados opositores en elecciones organizadas por el chavismo, y se usa el insulto más procaz como arma de descalificación política, resulta difícil creer que no se haya abierto un margen de duda ante quien se comporta como un vulgar déspota.

El presidente Vázquez ha hablado. Después de mantener silencio ante los sistemáticos atropellos del gobierno de Maduro se definió públicamente en apoyo de su ministro de Exterior. Desde aquellas declaraciones suyas en Alemania hasta ahora la situación en Venezuela no se agravó, simplemente el conjunto de países latinoamericanos y la posición del excanciller uruguayo comenzaron a tomar decisiones. Por suerte no se ha oído la voz de los Estados Unidos. La canciller de Venezuela acusa a Almagro de actuar a las órdenes del Departamento de Estado de los EEUU, y a Nin de concertar acciones con la embajada de Estados Unidos en Montevideo. Si al presidente Trump se le ocurriese la mala idea de protagonizar la protesta contra el régimen de Maduro, entonces, las acciones de solidaridad con la población venezolana fracasarían. La opinión pública latinoamericana no quiere ver a sus países actuando como títeres de los Estados Unidos, y esa ha sido una de las claves para entender la duración del régimen de los Castro. Qué más quisiera Maduro que Estados Unidos se pusiera a la cabeza de los países de la OEA.  Pero esto no es una confabulación, es el ocaso de un país que dilapidó su riqueza comprando los votos para moverse al borde de la prepotencia en cuanto foro internacional pisó.

Y es el final del régimen porque comienzan a desentenderse del gobierno personas importantes, decisivas, como María Luisa Ortega, y el general retirado y exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, que recorre el país argumentando que la salida para Venezuela es ir a elecciones este mismo año. ¿También la Fiscal General es un agente del imperialismo? Hasta ayer mismo estuvo convalidando las decisiones del régimen de Maduro, es una de las más fieles militantes del chavismo. Como Fiscal General ha sido una de las principales barreras jurídicas con que ha contado Nicolás Maduro. Sin duda que su opinión contraria a que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera funciones legislativas ha sido de las señales más fuertes que haya recibido Maduro. ¿Qué saben el exministro del Interior y la Fiscal General de la República de Nicolás Maduro y su entorno? Seguro que mucho.

Estamos ante el fin de un ciclo funesto para América Latina y los venezolanos. El próximo gobierno seguramente surgirá de la Mesa de Unidad Democrática y tendrá que hacerse cargo de este desastre, sin contar ya con la inmensa riqueza petrolera, que se encuentra con precios bajos y, en cambio, el uso de las fuentes de energías limpias en plena expansión. El chavismo dilapidó esa riqueza y no preparó al país para cuando el petróleo dejara de ser atractivo. La constructora norteamericana de coches eléctricos Tesla ha pasado a la Ford en la cotización de sus acciones en la bolsa, y Hyundai sacará al mercado, dentro de un año, un coche impulsado por hidrógeno, con cero emisión y con una autonomía de 800 kms. Esta es la frontera a la que están llegando los países que han invertido en el futuro. El chavismo se dedicó a la carrera armamentista y a comprar votos que asegurasen la supervivencia de gobiernos compañeros, y su propia supervivencia, cualquiera fueran las circunstancias. Lo que importaba era salvaguardar los intereses del cogollo chavista, un puñado de militares golpistas que tiene muy clara las cosas: si este gobierno desaparece, chau impunidad, chau negocios a la sombra de PDVSA.

Las señales son inequívocas, el gobierno está solo, y de haber elecciones hoy se repetiría el apoyo popular que la MUD recibió el 5 de diciembre de 2015, cuando consiguió la mayoría absoluta. La Mesa de la Unidad Democrática ha actuado con madurez y cautela, no ha salido a la calle a desafiar el régimen porque sabe que el gobierno está esperando para provocar una situación irreparable. La MUD juega a hacer pesar su mayoría en el Parlamento, y desde ahí reclama la solidaridad internacional, que por primera vez parece comprender la situación insostenible de Venezuela.

El presidente Vázquez respondió con firmeza, como corresponde al presidente de un país soberano. Al mismo tiempo, ha sumado su voz a los países del Mercosur que piden elecciones en Venezuela. ¿A qué le teme Maduro? ¿Duda que pueda ganarlas? En todo caso es un recurso constitucional que escamoteó a los venezolanos. Uruguay debe mantenerse firme en su reclamo, lo avala el resultado electoral que dio mayoría absoluta a la MUD en las elecciones parlamentarias del 5 de diciembre de 2015, resultado que Maduro se quiso llevar por delante a través de su apéndice, el Tribunal Supremo de Justicia.


INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: América "de facto"

publicado a la‎(s)‎ 5 abr. 2017 17:52 por Semanario Voces


                                                                                                                                               

 

Los datos sobre la existencia de una operación internacional destinada a derribar al gobierno de Nicolás Maduro aparentan ser cada vez más firmes.

Un documento, suscripto y no desmentido por el Jefe del Comando Sur del ejército de los EEUU, Kurt Tidd, así como declaraciones previas de su antecesor en el cargo, John Kelly, parecen confirmar lo que muchos analistas y el propio gobierno venezolano

 

venían denunciando. El documento, filtrado a la prensa a mediados del año pasado, se propone el derrocamiento del gobierno de Maduro por medio de un conjunto de acciones políticas, económicas y eventualmente militares. Además le asigna a la OEA, y en particular su Secretario General, Luis Almagro, la misión de aislar a Venezuela, expulsándola mediante la aplicación de la “Carta democrática”.

La existencia de ese plan no borra los muchos defectos del gobierno de Maduro. Pero impone pensar el asunto superando la dicotomía simplificadora de “Maduro, dictadorzuelo caribeño, versus la democracia y el derecho internacional”, o “Maduro, líder popular, víctima del imperialismo yanqui”.

La situación de Venezuela nos exige-permite tratar de entender algunos aspectos del nuevo mundo (el sistema global) en el que estamos viviendo.

Una visión de izquierda tradicional despacharía el tema en dos minutos: “Es lo de siempre –diría- el imperialismo yanqui  va detrás de los recursos naturales, en este caso nada menos que el petróleo, y para eso arrasa  a cualquier gobierno, democrático o no. Por eso hay que tomar partido incondicionalmente por el gobierno de Maduro”, que quedará así automáticamente adornado por todas las virtudes populares, socialistas y revolucionarias.

Por otro lado, ciertas visiones liberales (tanto “de derecha” como “progresistas”) resolverán también el asunto con facilidad: “La cuestión es entre la democracia y la dictadura, o entre la libertad y el autoritarismo. Por eso hay que respaldar al derecho internacional, encarnado en este caso por la OEA”.

He visto sostener las dos posturas con buena fe. Sin embargo, tengo la sensación de que ninguna de las dos da cuenta de ciertos importantes asuntos en juego.

Para empezar, si el plan contra Maduro es cierto, ¿quién lo está llevando a cabo? ¿Los EEUU? ¿El gobierno de Trump? ¿El ejército? ¿Quién?

El documento del Comando Sur es de febrero de 2016. Desde entonces, hubo campaña electoral, perdió Hillary, Obama terminó su mandato y asumió Trump, para sorpresa y desazón de todo el sistema político estadounidense. Pero Trump tiene dificultades para implementar casi cualquiera de las medidas a las que se comprometió. De hecho, desde su asunción enfrenta una virtual rebelión del sistema político. Sin embargo, el plan contra Venezuela sigue su marcha desde principios de 2016 como si nada hubiese pasado en la política de los EEUU. Cualquiera puede colegir que no son el nuevo presidente ni su gobierno quienes lo planearon y lo impulsan. ¿Quién, entonces?

Hay razones para pensar que la política exterior de los EEUU –y probablemente también buena parte de la interna-  no es ya de resorte de los presidentes ni de sus gobiernos. Una conjunción de intereses no estrictamente estadounidenses sino globales, las corporaciones financieras, la industria petrolera, la industria armamentista asociada al estamento militar y las empresas que arriendan sus servicios en los territorios en guerra, parecen ser los verdaderos beneficiarios de las costosas guerras iniciadas durante la administración de George W. Bush, proseguidas durante la de Obama y heredadas ahora por la de Trump. Eso explicaría que el plan del Comando Sur, redactado e inicios de 2016, con otro gobierno, se siga ejecutando ahora como si nada hubiese cambiado en los EEUU.

Este fenómeno no es nada menor. Durante décadas, estuvimos acostumbrados a ver a los intereses nacionales de los EEUU detrás de sus intervenciones diplomáticas y militares en el mundo. Eso ya no es así. Ahora puede ocurrir que la diplomacia y el poder militar de los EEUU actúen en formas que perjudiquen incluso los intereses del Estado y del pueblo de los EEUU. La destrucción de Irak, que eliminó un obstáculo para el poder de Irán en la región, es un buen ejemplo. La globalización neoliberal es también eso: los Estados y los pueblos, incluso los poderosos, pueden estar supeditados y ser usados por intereses que ya no tienen un asiento territorial determinado.

El otro asunto al que nos enfrenta el “caso Venezuela” es el de la función del derecho internacional.

¿Existe un derecho internacional legítimo, que va abriéndose camino, declarando y garantizando los Derechos Humanos y la paz en el globo? ¿La OEA y la ONU, pese a sus falencias, encarnan para nosotros, los americanos, ese proceso civilizatorio mundial?

Lo políticamente correcto sería responder “sí”. Sin embargo, los hechos indican lo contrario

¿Cuántos golpes de Estado y cuántas invasiones hubo en Centro y Sudamérica desde mediados del Siglo XX hasta ahora?

Haciendo una lista incompleta, desde los años 60 hubo golpes de Estado en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Haití, Bolivia, Honduras. Y hubo invasiones militares por parte de los EEUU en Panamá y Grenada. ¿Y qué hizo la OEA en todos esos casos?

Nada. Al menos mientras los EEUU apoyaran a los regímenes de facto instalados.

La situación de la ONU no es muy distinta. En el Siglo XXI, convalidó invasiones y masacres en Afganistán, Irak, Libia y la aun en curso en Siria. La ONU es, por definición, un instrumento controlado por los EEUU, Rusia, China, Francia e Inglaterra, que tienen derecho de veto sobre cualquier decisión. Por lo tanto, nada que hagan esas potencias  será condenado por la ONU.

 Se podrá pensar que esas falencias son prácticas defectuosas que no afectan la validez del derecho internacional. Bien, sostengo que no son prácticas defectuosas sino rasgos constitutivos del derecho interestatal. Reitero entonces la pregunta: ¿hay un derecho internacional legítimo?

La respuesta depende de qué entendamos por derecho legítimo.  Para los occidentales, en especial para los latinos, la legitimidad del derecho requiere una aprobación democrática, por vía directa o representativa, ceñida a normas constitucionales aprobadas en forma directa por la ciudadanía. Nuestros derechos nacionales son derechos de ciudadanía, en el sentido de que surgen mediante procedimientos sobre los que los ciudadanos podemos incidir.

Con el llamado derecho internacional ocurre lo contrario. Es un derecho interestatal, sin ciudadanía, en cuya aprobación no intervenimos los ciudadanos.

Para colmo, avanza cada día sobre áreas reservadas constitucionalmente a la decisión ciudadana. Pretende redefinir los derechos y garantías individuales, limitar las facultades legislativas de los Estados y asumir la función jurisdiccional. Ningún gobernante o parlamentario está habilitado constitucionalmente para alterar los derechos y garantías fundamentales, ni para limitar las facultad legislativas, ni para someter al país a la jurisdicción de tribunales extraterritoriales (un Estado que se somete a una jurisdicción externa deja de ser soberano). Sin embargo, esas decisiones son materia frecuente de los tratados, por ejemplo sobre terrorismo y lavado de activos, o sobre protección de inversiones. Los gobernantes exceden sus facultades cuando comprometen a sus países a cosas que ellos mismos, constitucionalmente, no podrían hacer.

No es una cuestión formal. Los hechos demuestran que el derecho internacional es un instrumento de las élites políticas y económicas. Europa es un buen ejemplo. Cada vez que los pueblos han sido consultados, el resultado ha sido el rechazo. Pasó en 2005 con la Constitución europea, rechazada por Francia y los Países Bajos en plebiscitos. Y volvió a pasar ahora en Inglaterra con el Brexit.

La idea de que existe una comunidad internacional con principios y formas jurídicas universales es falsa. Por eso los tratados, incluso los de la OEA y la ONU, no fueron ni serán plebiscitados. El derecho internacional no es democrático por una buena razón: si se consultara a los ciudadanos, no sería aprobado. Las diferencias culturales y los intereses nacionales lo impedirían.

El derecho internacional no regula ni modera las relaciones de poder existentes en el mundo. Sólo les da apariencia de legitimidad. Suprimir el fundamento democrático del derecho, por relativo que sea, es servirles en bandeja el poder jurídico a las élites políticas y económicas. Por eso éstas invocan, cada vez con más frecuencia, al derecho internacional como superior a los derechos nacionales, que cuentan con la legitimidad de su trabajosa aprobación y control democráticos.

Estrictamente, América, pero también el mundo, viven una situación internacional “de facto”. La fuerza y la riqueza, disimuladas tras tratados, protocolos y discursos técnico-burocráticos inconsultos, imponen las reglas. Y el caso de la OEA es paradigmático, por su sumisión histórica a los intereses que represente el gobierno de los EEUU, sean éstos cuales sean.

¿Se entiende por qué, aun reconociendo que Venezuela tiene grandes carencias democráticas, la OEA no es quién para juzgarla?   

 


INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: Bolivariana

publicado a la‎(s)‎ 29 mar. 2017 16:41 por Semanario Voces


Venezuela se ha convertido en un problema para quienes se proclaman “de izquierda”.

Como ejemplo, basta ver el abanico de posturas existente en el oficialismo uruguayo, así como  en fuerzas que se consideran más a la izquierda que el Frente Amplio. Hay desde quienes apoyan la postura agresivamente intervencionista adoptada por Luis Almagro como Secretario General de la OEA, hasta quienes consideran que cualquier crítica al gobierno venezolano es un acto desleal de apoyo al imperialismo.

¿Quién tiene razón? En caso de que alguien la tenga.

El análisis de este asunto requiere responder no una sino dos preguntas.

La primera es si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas, es decir las garantías constitucionales que el mismo chavismo promovió en su momento, y si tiene o no válidamente cuestionada su legitimidad democrática.

Si la respuesta a esta primera pregunta es “sí”, se abre otra interrogante: ¿qué actitud deberíamos asumir ante eso como uruguayos y en particular cómo debería actuar nuestro gobierno?

Esta segunda pregunta es importante porque la respuesta no puede ser dada desde la pura abstracción.  Por un lado, porque es claro que cualquier intervención que se produzca, ya sea política, económica o incluso de fuerza (no es la primera vez que se incentivan conflictos fronterizos en la zona), no será hecha por la mano de Dios, sino por intereses y gobiernos muy deseosos de intervenir, directamente o a través de organismos internacionales, en su propio beneficio. Y, por otro lado, porque opinamos y actuamos desde un país chico de Sudamérica, para el que el principio de “no intervención” debería ser una regla sagrada.

Sobre la primera pregunta (si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas y tiene válidamente cuestionada su legitimidad democrática), mal que nos pese a muchos, sólo puede darse una respuesta afirmativa.  La crisis económica, la corrupción, el desorden administrativo y el desabastecimiento de productos esenciales han erosionado el apoyo popular inmenso que Maduro heredó de Chávez.  La fractura política del país, la manipulación y luego la desconsideración del poder ejecutivo hacia los otros poderes del Estado, el encarcelamiento de líderes opositores y finalmente la suspensión de las elecciones son la prueba del desgaste del gobierno, que no posee ya la capacidad de hegemonizar en grado suficiente ni siquiera a los sectores populares de la población venezolana.  Cada vez más recostado en el ejército y en el núcleo duro de sus militantes,  funcionarios y prebendarios, el gobierno de Maduro ha perdido esa condición de marea popular, tal vez no muy escrupulosa en las formas pero sin duda mayoritaria, que caracterizó al chavismo de Chávez.

Más allá del debate constitucional sobre la suspensión de las elecciones, esa suspensión es un símbolo claro de lo que está pasando en Venezuela. Si algo caracterizó a Chávez y a la segunda ola de gobiernos de intención revolucionaria en América Latina (Venezuela, Ecuador, Bolivia) es que sus pretensiones revolucionarias de “socialismo bolivariano” no se fundaron en los fusiles ni en focos insurreccionales. Nacieron, vivieron, intentaron cambiar la ecuación de poder y cambiaron sus respectivas constituciones a golpes de urna, en base a apoyos populares masivos verificables en sucesivas elecciones. Si algo caracterizó al chavismo de Chávez fue la confianza absoluta en su capacidad de enfrentar elecciones y plebiscitos. Por alguna razón, el chavismo no produjo material teórico sobre este punto (como sí lo hizo el castrismo con la guerra de guerrillas y la teoría del foco), pero a estas alturas es evidente que la capacidad de legitimarse popularmente mediante instancias electorales y plebiscitarias, no rehuyéndolas nunca y sometiéndose a ellas con considerable honestidad, fue parte sustancial de la concepción de Hugo Chávez Frías, para quien el ejército y el aparato estatal no podían sustituir al calor popular en que fundaba su liderazgo y el futuro de su régimen.

Hoy vemos a Maduro en la posición opuesta. Aunque intenta seguir las políticas sociales populares del chavismo, ha perdido la legendaria confianza de Chávez en las expresiones políticas de su pueblo. Por eso rehúye una elección en la que casi seguramente saldría derrotado. No saber soportar una derrota, y -como lo hizo mil veces el peronismo- conformar un movimiento opositor que seguramente llevaría de nuevo al chavismo al poder en poco tiempo, es la prueba de la debilidad e incapacidad política de Maduro y de los cuadros que lo rodean. Incapacidad para entender y promover el funcionamiento democrático, pero también para entender la premisa estratégica y política sobre la que se edificó el chavismo: un gobierno popular no puede temer a las elecciones. Esa incomprensión probablemente  lleve a la ruina a Maduro y a su gobierno, pero sobre todo compromete el futuro de la tradición política chavista.

¿Esa debilidad democrática del gobierno de Maduro justifica la intervención externa y la actitud de Almagro que la promueve?

Por cierto que no. Sea cual sea la situación política de Venezuela, sólo los venezolanos tienen legitimidad para buscar alternativas y luchar para imponerlas. Detrás de la idea de que los organismos internacionales, como la OEA, tienen facultades para supervisar el carácter democrático de los Estados que la integran late una noción muy peligrosa: la de que la democracia y las garantías institucionales pueden ser impuestas a presión o por la fuerza. Una noción que encierra una contradicción básica. ¿Qué legitimidad democrática tiene un organismo como la OEA para decirles a los gobiernos qué deben hacer? ¿Qué autoridad democrática, otorgada por qué pueblo, tiene el Sr. Almagro para discutir de igual a igual con cualquier presidente? Y más aun: ¿qué autoridad moral y política tienen los gobiernos de los Estados que respaldan a Almagro en su gestión contra el gobierno de Venezuela? ¿La tienen los EEUU, que han invadido y bombardeado a países enteros, siguen enredados en guerras inadmisibles y espían hasta a sus socios? ¿La tienen Estados fallidos, incapaces de asegurar la vida de sus habitantes, como México? ¿La tiene Brasil, presidido por un suplente acusado de delitos peores que la presidente a la que sustituye?

El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, principio clásico del derecho internacional, no es una formalidad del pasado. Está hoy en discusión justamente porque es un freno a la idea de que las decisiones políticas pueden ser impuestas o supervisadas por organismos tecnocráticos carentes de todo respaldo y control popular, organismos, en todo caso, dominados por los Estados más fuertes y, lo que es aun peor, por los intereses financieros y corporativos que controlan a su vez a los gobiernos de esos Estados.

En el caso de Uruguay, muy especialmente, nos va la vida en ese principio. Porque carecemos del poder económico, el territorio y la población como para resistir por la vía de los hechos el poder de las corporaciones y de los organismos internacionales que operan para ellas.

¿Por qué el caso de Venezuela inquieta a la OEA y al Sr. Almagro, que nada dicen sobre las guerras y el espionaje de los EEUU, ni sobre las masacres impunes en México, ni sobre el carnaval político en medio del cual se destituyó a Dilma Rousseff  y se instaló a Temer?

La respuesta es obvia:  a pesar de todos los pesares, los poderes e intereses que están detrás de organismos como la OEA no se mueven con comodidad en la Venezuela de Maduro. Al menos no con tanta comodidad como en los EEUU de Obama y Hillary (no sabemos todavía qué pasará con Trump) en el México de Peña Nieto, en el Brasil de Temer, o en la Argentina de Macri.

Sumarnos a la cruzada de Almagro y de la OEA no favorece a los venezolanos, por más que los venezolanos tengan todo el derecho a estar hartos de Maduro. Pero, sobre todo, sumarnos a esa cruzada equivale a trenzar una cuerda con la que un día podríamos ser ahorcados.

   

 

 

   


1-10 of 739

Comments