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¿ACORDANDO FUERA DEL TARRO? Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 19 mar. 2011 10:51 por Semanario Voces   [ actualizado el 19 mar. 2011 11:10 ]



Gobierno y oposición parecen haber llegado a acuerdos sobre las políticas a seguir respecto a los menores infractores.

Consisten esencialmente en la creación de un instituto público nuevo para la internación de los menores de edad que han cometido delitos, y en la conservación  de los antecedentes penales de esos muchachos luego de que éstos alcancen la mayoría de edad.

 

Sigue sin haber acuerdo, en cambio, en bajar la edad de imputabilidad (o, mejor dicho, la edad en que los muchachos pueden ser juzgados, condenados y encarcelados como si fueran adultos). En paralelo, el Partido Colorado lanzó una campaña de recolección de firmas a favor de un proyecto de ley que establece esa “imputabilidad” a partir de los 16 años.

 

LA SEGURIDAD COMO TEMA POLÍTICO

La inseguridad pública se ha vuelto un arma política.

La oposición ha detectado que buena parte de la población está asustada por la delincuencia. No importa si los índices delictivos son mejores o peores que antes. La gente asume que la situación ha empeorado y eso hace que la situación sea peor.

La oposición ha detectado también ambivalencias en el discurso oficial relativo al tema. Oscilante, entre seguir diciendo que la inseguridad es una “sensación térmica” y “comprar”, con matices, el discurso represivo, el Frente Amplio se encuentra un poco paralizado.

La preocupación del público y la vacilación oficialista hicieron que la oposición definiera al tema “seguridad” como el campo de batalla privilegiado, aquél en el que piensa destrozar políticamente al Frente Amplio para sacarlo del gobierno.

¿Qué hará la izquierda uruguaya ante esta realidad? ¿Seguirá hablando de “sensaciones térmicas”? ¿Optará por aplicar políticas represivas, dando el triunfo ideológico a la derecha? ¿O buscará alternativas más originales? 

 

MINORIDAD Y DELINCUENCIA (SIN EUFEMISMOS)

Un discurso eufemístico, común en la izquierda, niega el vínculo entre juventud, pobreza y delincuencia.

Ese discurso llama a los menores de edad “niños, niñas y adolescentes”, sin advertir que la categoría biológica o psicológica “adolescencia” suele empezar bastante antes de los 13 años (comienzo de la adolescencia según el Código de la Niñez y la Adolescencia) y terminar después de los 18 (la OMS la extiende hasta los 19 años), por lo que la expresión “menores de edad” es mucho más precisa: indica a personas que aún no han cumplido la edad legalmente exigida para adquirir la plena autonomía y responsabilidad jurídicas. Mezclar la terminología, como lo hace el propio Código, sólo sirve para crear confusión.

Otro eufemismo típico es llamar a los menores infractores “adolescentes en conflicto con la ley penal”. Con ese criterio, a los grandes evasores de impuestos se los podría llamar “empresarios en conflicto con el derecho tributario”, o a los que sistemáticamente piden dinero prestado y no lo devuelven “adultos en conflicto con el Código Civil”. Uno sólo está “en conflicto” con la legislación vigente cuando participa en una revolución o ejerce la desobediencia civil. Cuando simplemente roba, evade impuestos o no devuelve lo prestado, hay dos hipótesis: o uno sufre graves carencias económicas, o está “de vivo”. Pero no “en conflicto con la ley”.        

El discurso “eufemístico” tiende a maquillar la realidad a su gusto ideológico. Por eso disimula que juventud y delito están realmente relacionados. No porque todos los jóvenes sean delincuentes, sino porque todos los delincuentes empiezan a delinquir siendo muy jóvenes.

Todos los estudios criminológicos del mundo concluyen que la población carcelaria es siempre muy joven (además de predominantemente masculina y de clase social baja). Si a eso le sumamos que casi todos los delincuentes adultos cometieron sus primeras infracciones antes de alcanzar la mayoría de edad, el resultado es que las políticas de minoridad y juventud son la clave para tratar el problema de la seguridad pública.

Por lo tanto, el manido debate estadístico sobre si los autores de los delitos son menores o adultos es irrelevante. La cuestión es que el inicio en  la delincuencia se produce a muy temprana edad y continúa después, por lo general, por el resto de la vida. De hecho, muchos de los delincuentes que eran menores cuando empezó este debate ya son hoy mayores de edad. Pasaron de escaparse del  INAU a intentar escaparse del Comcar, mientras nosotros discutíamos.

 

¿PALO Y PALO?

La alternativa represiva, bajar la edad de imputabilidad, contratar más policías, aumentar las penas, suele ser inútil, costosa y poco efectiva.

Enfrentar el problema de la seguridad reduciéndolo a los delincuentes actuales –menores o adultos- es no entender el problema.

El Jefe de Policía de Montevideo habló hace poco de 300 o 500 menores delincuentes, como si se tratara de una categoría estable y previsible a la que es posible controlar para devolver la paz a los uruguayos.

Eso es falso. De los 300 o 500 de los que habló el Jefe de Policía, unos cuantos habrán cumplido la mayoría de edad y habrán sido reemplazados por otros. Ahora, ¿esos infractores convertidos en adultos adoptaron hábitos de trabajo y se retiraron de la rapiña o el arrebato? ¡Por favor!

La realidad es que en cantegriles y asentamientos, en barrios periféricos y también céntricos, en populosas barriadas.que antaño fueron obreras, crece y se reproduce un mar de marginalidad cultural juvenil. Gurises que no estudian ni trabajan. Gurises que -las estadísticas ahora lo confirman- desertan del sistema educativo en los primeros años del liceo y no encuentran oportunidades de trabajo (muchos ni siquiera las buscan porque no fueron educados para ello). Ellos y sus familias viven precariamente de las prestaciones del Estado, de changas ocasionales, de pequeños “negocios” inconfesables, de la ayuda de las iglesias y las ONGs, de la venta de pasta base, colgados de los cables de UTE y de la TV cable, a veces conectados clandestinamente a los caños de OSE. Ese es el caldo de cultivo de la delincuencia chica. Porque la grande viene de otros barrios.

Esa cultura de la marginalidad, mucho más extendida de lo que cree la población costera, es fruto de años de políticas neoliberales, pero también del deterioro -casi demolición- del sistema educativo, de erróneas politicas sociales, del quiebre de ciertas reglas básicas de convivencia y de la sistemática inoperancia de los organismos públicos que deberían velar por los niños y jóvenes (INAU, policía, justicia de menores, etc.).

¿De qué servirá encerrar a los menores delincuentes actuales –a los que agarra la policía, que son la mínima parte- si sus hermanos, primos y vecinos más chicos se están preparando para reemplazarlos? ¿Cuántos chiquilines habrá que meter entre rejas dentro de cinco o diez años para que creamos estar en una sociedad más “segura”?

La cuestión es cómo cortar la producción de delincuencia. Cómo evitar que nuevas camadas de gurises se sigan criando en la marginalidad económica, cultural y afectiva.

 

MADRE HAY UNA SOLA

No tengo más espacio y tengo que decir lo principal.

Sin duda, las instituciones públicas dedicadas a la atención de niños y jóvenes deben ser reformadas, escuelas y liceos, INAU, justicia de menores y de familia, policía, entre otras.

Pero, ¿alguien cree que el Estado puede hacerse cargo de todos los niños y muchachos pobres o mal atendidos del país?

Desde siempre, los menores de edad han dependido de sus padres. Son los padres –el medio familiar adulto- los que deben alimentarlos, protegerlos, educarlos, asegurar que reciban enseñanza formal y corregirlos, e incluso sancionarlos, cuando actúan en forma incorrecta.

Los padres son el primer nivel de atención de los niños y jóvenes. Los otros niveles, las instituciones públicas, son complementarios o subsidiarios del ámbito familiar.  Si ese primer nivel fracasa en forma generalizada, la sociedad será incapaz de hacerse cargo y de insertar socialmente a miles y miles de muchachos.

Ese nivel primario de atención está fallando en nuestro país. Por razones económicas y culturales, gran número de padres y madres han dejado de hacerse realmente cargo de sus hijos. Lamentablemente, los acuerdos políticos alcanzados no tocan el tema

Nuestro sistema institucional está -¿estaba?- diseñado para complementar, apoyar, controlar y, sólo en casos extremos, sustituir al ámbito familiar.

Si no logramos que los padres vuelvan a hacerse cargo de la atención y el control de sus hijos, la batalla de la minoridad –y la de la seguridad pública- estarán perdidas.

¿Eso puede lograrse sólo con ayuda económica y sanos consejos?

Sin duda que no. La patria potestad no es sólo un derecho. Es también un deber. Y el Estado tiene los mecanismos para exigir y garantizar el cumplimiento de ese deber. Mecanismos que incluyen la orientación y el apoyo económico –la asignación familiar es un ejemplo. Pero también puede y debe incluir la sanción penal cuando el incumplimiento de los deberes de la patria potestad responde a irresponsabilidad o a algo peor.

El Estado debe estar dispuesto a usar la fuerza para reprimir las conductas antisociales. Pero tiene la obligación de ser justo y eficaz, dirigiendo su fuerza hacia donde está la verdadera causa de los males.

Es posible que en ocasiones haya que privar de su libertad a un menor de edad para reeducarlo y evitar que siga delinquiendo. Pero, en la mayor parte de los casos, la sanción debería recaer, en lugar o además de en el menor, en los adultos responsables por él.

Restablecer la responsabilidad de los padres sobre sus hijos  puede ser la política pública clave en el problema de la inseguridad. Al menos no se vislumbra solución real que no la incluya   

        

 

 

 

 

 


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