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¿EL PODER JUDICIAL EN CUESTIÓN? Por Hebert Gatto

publicado a la‎(s)‎ 28 feb. 2013 10:58 por Semanario Voces
 

                             

  

La infeliz máxima populista  según  la cual la política está por encima del derecho, parece avanzar en ciertos sectores de la sociedad uruguaya. Incluyendo algunos sectores políticos para los cuales si los fallos judiciales no se acomodan a sus presupuestos ideológicos es porque son injustos y merecen repudio. Nada bueno cabe augurar de semejante principismo.

 

Prueba de ello son las  inesperadas derivaciones del traslado de la jueza Mariana Mota, reclamaciones internacionales y presiones incluidas. Olvidando que se hacen cosas con palabras y que no existen elementos más agresivos y desestabilizadores que determinados discursos pronunciados con ánimo de herir o menoscabar la moral de sus destinatarios.

La mencionada magistrada, al igual que la ex fiscal Mirtha Guianze son figuras representativas de una tesis jurídica y moral de trascendentes repercusiones políticas que modifica la tradición nacional en el punto. Según la misma, determinados crímenes de especial gravedad perpetrados oportunamente por los personeros de la dictadura bajo el manto del estado, constituyen “delitos de lesa humanidad” y en cuanto tales, resultan imprescriptibles o están dotados de plazos de prescripción mayores que los correspondientes a los delitos comunes. Esta nueva tipificación genérica tiene efectos retroactivos modificando la naturaleza de delitos legislados como comunes en el momento de su comisión, agravando así la situación penal de sus autores. Lo cual en el Uruguay solo resulta posible en tanto se entienda, como hacen sus autores  - nos referimos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Justicia-, que sus fallos y dictámenes encierran mayor jerarquía que las constituciones de los estados sujetos a su competencia. O sea que tienen carácter supraconstitucional.

         No es aquí el caso de valorar estas tesis en sus dos aspectos. Sólo cabe señalar que sus opositores alegan que mal pueden defenderse derechos humanos anulando garantías procesales tan arraigadas como el principio “pro reo”, la prohibición de la demanda de autoinculpación, la irretroactividad, directa o indirecta, de la ley penal más severa, la intangibilidad de la cosa juzgada, o el no endurecimiento, también retroactivo, de los plazos de la prescripción para delitos ya consumados. Si de amparar y ampliar la protección de derechos humanos se trata, nada parece menos indicado, sostienen, que derogar garantías ancestrales, en área tan sensible como el derecho penal. Justamente un ámbito donde los derechos de los ciudadanos se contraponen directamente al poder del Estado y este, libre de las garantías y limitaciones aportadas por la tradición democrático liberal puede desconocerlos fácilmente. Sin que deba olvidarse que fue precisamente aquí, en el campo de la punición pública, en donde la epopeya por humanizar el derecho penal y otorgar dignidad a los juzgados por delitos, con independencia de la naturaleza de los mismos, alcanzó uno de sus escenarios de mayor relevancia. 

De allí, también, sostiene esta corriente crítica, la obvia inconstitucionalidad de la ley 18.831 basada en la misma visión de fondo que inspira los fallos sobre el tema, por parte de Dra. Mota. (1) Aceptar como se hizo que un organismo internacional pueda modificar la constitución, o le imponga al país desconocerla, resulta inadmisible en tanto delegación indebida de soberanía y violación de las bases esenciales de la organización nacional. Por más que esta posición fuera adoptada por la mayoría frentista del Parlamento, pese a sus groseras violaciones de la Carta.

         Resumiendo y volviendo al plano judicial: aquí no se trata que una magistrada defienda los derechos humanos y sus oponentes jurídicos la impunidad y la dictadura, contraponiendo luz y tinieblas como se pretende hacer ver.  En rigor ambos posicionamientos dirigidos a defender los derechos humanos, tienen sus razones, aunque resulta más sólido y fundado al segundo de ellos. Fundamentalmente porque los ampara con mayor generalidad y abstracción, sin caer en la priorización del caso concreto en contra de la institución de la Justicia en su conjunto y sin abrir flacos para la incertidumbre jurídica. Tal como lo hacen quienes promueven la retroactividad de la ley en un proceso de derogaciones sucesivas que puede no tener fin.

En este caso si bien la magistrada logró investigar casos de terrorismo de estado que de otro modo probablemente hubieren sido declarados prescriptos, en el balance final, termina agrediendo fundamentales garantías del proceso penal. Una culpa que no es solo de ella. Aunque con el agravante adicional que se hace en nombre de la Justicia y la dignidad de hombres y mujeres. 

         Mariana Mota no siempre lució imparcial frente a la ciudadanía, o una parte de ella, como lo prueba su presencia en una marcha de desaparecidos que legítimamente pudo hacer desconfiar de su neutralidad en este tema; tuvo diferencias con la Suprema Corte y con distintos  sectores sociales, entre otros con el Colegio de Abogados del Uruguay, quien entendió que violaba principios jurídicos esenciales y fue denunciada varias veces por sus colegas abogados por su indebida aplicación del derecho. Sin embargo no fue sancionada, fue reubicada sin deshonor. En un puesto que muchos consideran de mayor jerarquía. 

No es posible argüir que por representar la visión de la Corte Interamericana o por su activismo investigativo, ello le aseguraría no ser transferida de sede. Una pretensión contraria a la práctica tradicional en el tema y a la saludable movilidad de los jueces. Del mismo modo que, de acuerdo al principio de autonomía de los jueces, no puede ser sancionada por sostener una determinada interpretación de cómo manejarse en el área de los derechos humanos. Aun cuando, como dijimos, ello tampoco le asegure una presunta inmovilidad en su cargo.

   Otros aspectos del tema, incluyendo la algarada ante la Suprema Corte, o el pedido de “invitar” a esta al Parlamento para que justifique una medida que no fue una sanción, es producto de la mera ignorancia. O de la pretensión hasta ahora inexistente, que la Corte explique sus resoluciones administrativas corrientes.  Al igual que lo es, con la máxima gravedad, que se rebaje su jerarquía institucional y se condicionen sus fallos futuros, como se está amenazando, a eventuales recursos frente a Tribunales internacionales. Lo cual, resulta además, un atentado contra la dignidad y por sobre todo contra la independencia nacional. (2)

 

(1)   Referimos a la ley que modificó la denominada Ley de caducidad, actualmente a estudio de la Suprema Corte. Mota calificó de “chicana” un recurso que rechazó tramitar, que alegaba la inconstitucionalidad de dicha ley. La negativa fue oportunamente revocada por la Corte, que según se comenta ya habría admitido internamente su inconstitucionalidad que se haría pública en los próximos días.

(2) Escrita y enviada esta nota. en un fallo ejemplar la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 de la ley 18.831. De ese modo ratificó expresamente la vigencia de la no retroactividad de la ley penal, la imposibilidad de la existencia de delitos sin ley previa (principio de legalidad), y recordó que la Constitución de la República solo puede ser modificada mediante la voluntad del soberano. Una buena noticia para el estado de derecho humanos y la vigencia de las garantías a los derechos humanos de todos los orientales

 

               

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