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¿Plebiscitar derechos fundamentales? Por Ricardo Peirano*

publicado a la‎(s)‎ 6 oct. 2012 13:50 por Semanario Voces
 

Diputados aprobó la despenalización del aborto por una mayoría muy ajustada: un voto del Partido Independiente que se unió a toda la bancada del Frente Amplio para suplir el voto negativo del diputado Lima. Ahora pasa al Senado donde tendrá una mayoría un poco más holgada para transformarse en ley. Igualmente queda claro que es una ley que divide al Parlamento por la mitad y a la sociedad también por la mitad. Eso es lo que surge de la votación parlamentaria y de alguna encuesta que daría un 52%  de apoyo a la legalización del aborto. Sin veto presidencial, el proyecto se transformará en ley.

Varios diputados de la oposición han manifestado su deseo de iniciar una campaña para iniciar recurso de referéndum contra esta ley, juntando para ello las firmas necesarias para convocar a un referéndum. Si se obtuviera un 25% de votos de los habilitados para votar, se convocará a referéndum para la derogación o confirmación de la ley. Es el mecanismo que ha impulsado el FA en numerosas oportunidades contra leyes aprobadas por los partidos tradicionales.

A mi modo de ver, los derechos fundamentales de la persona (la vida, la libertad, la dignidad) no deben someterse a consulta popular. Como nación ya los decidimos y los plasmamos en la Constitución para que nadie se los lleve por delante. En la Sección II sobre Derechos, Deberes y Garantías se establecen los derechos fundamentales que constituyen la base sobre la que se edifica una sociedad libre y en la que aceptamos vivir.

Sería terrible vivir en un país en el cual estos derechos pudieran ser cambiados por vía parlamentaria o vía consulta popular. Los derechos fundamentales son precisamente fundamentales porque no están sometidos a circunstanciales mayorías. No cabría aceptar, por ejemplo, que por vía de una consulta popular se restableciera la esclavitud o se limitara la liberta de expresión. Aún cuando esas iniciativas contaran con amplias mayorías, ello implicaría un cambio sustancial del pacto social que nos vio nacer como nación.

Pero en este caso, lo que se está promoviendo no es la definición del tema del aborto vía consulta popular, descargando a los legisladores de esa tarea, sino la derogación o confirmación de una ley concreta. Y eso es responsabilidad de cualquier ciudadano, que también tiene derecho de iniciativa de presentar proyectos de ley. Por tanto, no veo problema de que se pongan en marcha los mecanismos establecidos en la Constitución para derogar o ratificar una ley, máxime teniendo en cuenta que ella viola la propia constitución y varios pactos internacionales como el de San José de Costa Rica que son ley interna y son muy explícitos en cuanto a la protección de la vida desde la concepción.

El problema de la legalización del aborto (que en general todos ven como un mal y que algunos aceptan como mal menor para ayudar a mujeres en situaciones límite) se puede resolver buscando mecanismos que protejan la vida del concebido y que, al mismo tiempo, ayuden a la mujer. Una modificación del mecanismo de la adopción sería una instrumento válido en este sentido para una mujer que tiene un hijo no deseado. Pero ello implica que toda la sociedad en su conjunto se ponga a trabajar en la búsqueda de esos caminos teniendo en cuenta que los derechos fundamentales de una sociedad no son modificables a gusto y placer de las mayorías de turno.

                                                                                                            *Director de El Observador

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