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¿QUIÉN MANDA EN EL URUGUAY? Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 15 mar. 2013 10:03 por Semanario Voces
 

 

 

 

¿Para que haya crisis institucional son necesarios tanques y tropas en las calles, o alcanza con que haya desacuerdo sobre las reglas que rigen la vida colectiva? ¿Qué relación hay entre la facultad de legislar y el poder? ¿Qué significó el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional a la ley que pretendía eliminar los efectos de la “caducidad”? ¿Cómo deben leerse las reacciones y  polémicas que despertó?

 

 

En medio de las acusaciones y declaraciones pasionales que siguieron al fallo, una excelente columna periodística de Marcelo Pereira (que yo no comparta sus conclusiones no me impide decir que es muy buena) logró identificar el verdadero núcleo del problema.

Señala Marcelo que en las posturas mayoritaria y minoritaria de los ministros de la Corte se enfrentan dos concepciones muy diferentes sobre la relación entre el orden constitucional y el derecho internacional.

En lo sustancial, los cuatro ministros de la mayoría optaron por priorizar en el caso a la Constitución y al derecho nacional por sobre el derecho internacional, en tanto que el ministro discorde sostuvo que el derecho internacional de los derechos humanos era aplicable y debía primar.

El asunto es delicado porque pone en juego valores muy importantes. Por un lado, el principio garantista de que nadie debe ser juzgado aplicando normas penales dictadas después de los supuestos actos delictivos. Por otro, la imprescriptibilidad y el carácter de “de lesa humanidad” que el derecho internacional les asigna a ciertos delitos, como el terrorismo de Estado.

Si se enfoca este tema como una mera opción entre meter presos a  los militares de la dictadura o dejarlos libres, todo parecerá sencillo y muchos se sentirán tentados a sentir que los procedimientos no son importantes y que lo único importante es “que los milicos vayan presos”.

Marcelo Pereira es sutil. Él no dice que lo importante sea encarcelar a los militares. Se limita a sostener que la posición mayoritaria de la Suprema Corte uruguaya está en retroceso en un mundo en el que se va imponiendo el criterio de la universalidad de los derechos humanos y el de su supremacía frente a los ordenamientos jurídicos nacionales.

POLÍTICA Y DERECHO

En la medida en que las normas jurídicas pueden imponerse por la fuerza, detrás de todo ordenamiento jurídico hay siempre un centro de poder que las dicta e impone. Legislar es, en buena medida, gobernar.

En otras palabras: cuando discutimos sobre si la Constitución está o no por encima de los tratados internacionales, discutimos sobre mucho más que si los militares deben ir presos o no. Estamos discutiendo sobre quién ejerce el poder.

En el caso del ordenamiento jurídico nacional (Constitución, leyes, etc.) la cosa es bastante clara. Detrás de las leyes está el Parlamento, votado por nosotros. Y detrás de la Constitución estamos directamente nosotros. Porque la Constitución no puede modificarse sin el voto directo del cuerpo electoral. Tan delicado es el tema constitucional que no lo confiamos ni siquiera a quienes nos representan en el Parlamento.

En cambio, ¿quién está detrás del orden jurídico internacional? ¿Quién impulsa los tratados, las convenciones de la ONU, las sentencias de los tribunales internacionales?

La respuesta es dudosa. ¿Un cuerpo de técnicos, juristas y diplomáticos? ¿Los gobiernos de las potencias centrales? ¿Ciertos intereses económicos privados? ¿Una burocracia internacional que presiona a los gobiernos para que suscriban y ratifiquen los tratados y las declaraciones? ¿Un poco de todo eso?

¿Quién en la calle conoce y discute los tratados internacionales antes de su aprobación? ¿Los parlamentarios reflexionan lo suficiente antes de convalidarlos?

ANCHO Y AJENO

Se podría pensar que este debate es teórico, que al fin y al cabo podemos aplicar el derecho internacional de los derechos humanos para juzgar a los militares y, en todo lo demás, aplicar nuestro derecho. Pero no es así.

El Uruguay, como país chico, está asediado por las exigencias de los centros de poder mundial, que imponen su legislación, es decir sus reglas y su poder.

Las listas negras y grises de la OCDE, que aíslan a los países chicos que no se someten a sus exigencias en políticas tributarias y financieras, la demanda tabacalera ante el Banco Mundial, que se arroga indirectamente la potestad de controlar las políticas sanitarias del Estado uruguayo, la OIT, supervisando nuestra legislación sobre negociación colectiva para asegurar que el sector patronal tuviera suficiente representación, los organismos internacionales de crédito, recomendando y exigiendo políticas fiscales, las convenciones sobre “narcotráfico, terrorismo y lavado de activos”, que arrasan con derechos y garantías fundamentales, los protocolos de “buenas prácticas”, que terminan definiendo cómo se debe comerciar y gobernar, son expresiones concretas del avance “globalizador” internacional sobre los Estados nacionales.

Deslegitimar al ordenamiento jurídico nacional no es entonces un paso inocente y sin consecuencias. Es admitir la legitimidad de otros centros de poder sobre los que los uruguayos no tenemos control.

A veces sorprende la ligereza con que gobernantes y parlamentarios proclaman la supremacía del derecho internacional. ¿No advierten que están vaciando de poder a las instituciones de las que forman parte? ¿Se justifica sustentar a treinta senadores y a noventa y nueve diputados, más los cientos de funcionarios, asesores y gastos de secretaría, si su función es crear un derecho de segunda categoría?

CONFLICTO SORDO

¿Qué ocurre cuando una parte de la población declara su reconocimiento a las normas internacionales por sobre las constitucionales?

Se plantea un conflicto de poder. Porque reconocer la legitimidad de un ordenamiento jurídico es también reconocer la legitimidad del centro de poder que lo sustenta.

No se puede ser leal al mismo tiempo a dos centros de poder independientes. Hay que elegir. Y esa decisión no es jurídica, sino política.

Por otra parte, ¿cómo convivir si no estamos de acuerdo en las reglas básicas por las que debemos regirnos ni en las instituciones que deben legislarnos?

Estrictamente nos encontramos ante una crisis institucional y potencialmente política. Eso se puso en evidencia en este caso. Es una crisis callada, de bajo perfil, un poco a la uruguaya. Pero puede llevarnos a serios problemas en el futuro si la situación política nacional o internacional se tensa.

DUDAS

Es patético que todavía no se haya encontrado la forma de enjuiciar a muchos militares asesinos mediante la aplicación del derecho nacional. Pero también es cierto que no se han agotado los caminos que ese derecho ofrecía u ofrece para ello. En parte porque a ciertos sectores de izquierda, en particular del gobierno, no les molestaba que la situación se empantanara, y en parte porque otros sectores de izquierda consideraban más importante dejar sentada la supremacía del derecho internacional.

Me pregunto qué habría pasado si, en lugar del texto maximalista y apegado al discurso internacional que adoptó la ley 18.831, el texto legal se hubiera limitado a declarar que, entre tal y cual fecha, no fue posible accionar judicialmente. ¿No habría dejado abierta la posibilidad de que los jueces denegaran la prescripción?

Pero el camino elegido fue otro, ignorando el pronunciamiento popular que (todavía me duele) en 2009 desestimó anular la ley de caducidad. Ese pronunciamiento imponía buscar la solución dentro del ordenamiento jurídico vigente, en lugar de intentar una solución política, como lo es cambiar el derecho vigente, sin contar con el suficiente respaldo y calor popular.

Hoy, el problema ya no es sólo qué hacer con los militares. De hecho, esos militares son ya un instrumento usado y sin utilidad para quienes los alentaron y financiaron en las décadas de los 70 y 80. El problema, para la izquierda, es cómo resolver hacia el futuro el problema político de legitimidad que está planteado.

Luego de luchar durante décadas por acceder al poder del Estado, ¿tiene sentido que se vacíe de poder a ese Estado en beneficio de unas instituciones y unas normas internacionales que el pueblo uruguayo no puede controlar?

POSTDATA

Dos consideraciones más –de entre muchas que no haré en este tema inagotable.

La primera es que el ingreso del derecho internacional por la ventana del artículo 72 de la Constitución tiene límites. No resulta admisible, por ejemplo, introducir normas que contraríen disposiciones expresas de la Constitución. Eso equivaldría a sostener que la Constitución puede ser modificada sin mediar consulta popular, cosa a todas luces inadmisible. Esa manganeta interpretativa disimula el problema , pero no lo resuelve.

La segunda consideración es que no es estrictamente cierto que los derechos humanos se expandan como regla universal e indiscutida. Hace pocos meses, la ONU, a propuesta de Rusia y con el apoyo de China, India y los países asiáticos y musulmanes en general, aprobó una declaración de reconocimiento de los “valores tradicionales” de las sociedades. Esa declaración es el primer documento formal con que cuentan las sociedades que culturalmente no adhieren a la noción europea de “derechos humanos”, (que juntas suman la mayoría absoluta de la humanidad) para oponerse o limitar la aplicación de los derechos humanos en sus territorios.

Así que ¡ojo con los cantos triunfalistas!

El mundo sigue siendo ancho y puede seguir siendo también ajeno, incluso para quienes hoy se creen sus dueños.

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