Artículos‎ > ‎

¿Una democracia de acreedores?

publicado a la‎(s)‎ 30 abr. 2010 17:17 por Victor Garcia | Semanario Voces   [ actualizado el 30 abr. 2010 18:11 ]
El discurso de los derechos humanos
En el periodismo, incluso en el periodismo de opinión y análisis, la actualidad suele ser la que manda. Es decir, si uno quiere y “le da la nafta”, puede meterse a hablar de los recónditos vericuetos metafísicos del alma humana, siempre que logre, o al menos lo intente, ligar el tema con algún hecho actual y, si es posible, “candente”. Así, una honda y sincera reflexión sobre el sinsentido de la vida y el vacío existencial seguramente será rechazada por cualquier editor, que le dirá al autor: “no tengo espacio en este número”, o “no vende”, o “es un plomazo”, según el grado de confianza que tenga con él. Cosa muy distinta ocurrirá, en cambio, si el autor logra hablar del sinsentido de la vida a partir del divorcio o la adicción a las drogas de un astro del fútbol, si es con fotos y algún chisme inédito, mejor. Son las reglas de juego del género, ¿qué se le va a hacer?

Desde ese punto de vista, esta nota es un fiasco. Porque la invocación de “derechos”, o, mejor dicho, el abuso del “discurso de los derechos”, es un tema tan extendido y permanente en la sociedad uruguaya que excede a cualquier ejemplo o caso concreto que se pueda proponer.

En rigor, este tema podría ser abordado a partir de los trabajadores municipales que hacen paro porque los camiones de recolección de basura no funcionan muy bien, o de los reclamos “de género” de las muchas organizaciones de mujeres, o de las exigencias ecológicas de los habitantes de la margen argentina del Río Uruguay y los reclamos de soberanía de sus vecinos de enfrente, o de las políticas relativas a los menores de edad, o de la tesis patronal según la cual los lugares de trabajo ocupados por los trabajadores deberían poder ser desalojados por la policía sin intervención judicial. Porque todas esas reivindicaciones –y muchas otras que no nombré- tienen en común el estar fundadas en “derechos” y, en muchos casos, en “derechos humanos”.

Como dije, esta nota es un fiasco, porque no tomará como pretexto a ninguno de esos casos en particular, sino que se referirá al abuso del discurso de los derechos en general. Es cierto que tengo una ventaja, porque ahora, cuando estoy escribiendo, es ya pasado el mediodía del miércoles y hay un espacio reservado en la página 5 de Voces, así que, por plomazo que mi nota resulte, a Alfredo le va a ser difícil dejarla afuera.

¿Cuándo llegó el discurso de los derechos, y en particular el de los derechos humanos, al Uruguay? Sí, es clarísimo, llegó durante la dictadura. Fue la gran bandera para enfrentar al autoritarismo del Estado militarizado. Tenía grandes ventajas. Por un lado, contaba con el respaldo de los organismos y tribunales internacionales, lo que lo hacía más amplio y universal que las protestas fundadas en nuestra humilde Constitución. Por otro lado, sonaba más novedoso que los viejos derechos constitucionales. Al invocarlo, uno ponía de su lado a una cierta cultura de la “modernidad humanista internacional”. Por eso, la izquierda, el grueso de los militantes de izquierda, compró masivamente el discurso de los derechos humanos. Lo compró y lo sacralizó. Se olvidó de someterlo al tamiz de relativismos filosóficos y de materialismos históricos. Aceptó sin más que existe un único modelo de ser humano universal, con los mismos derechos, establecidos por los organismos y tribunales internacionales, y que esos organismos y tribunales existen exclusivamente para asegurar el bienestar de los seres humanos.

Terminada la dictadura, el discurso de los derechos siguió creciendo. La izquierda se acostumbró –sus militantes nos acostumbramos- a que todos los reclamos sindicales sociales, económicos, políticos y culturales podían ser traducidos en términos de “derechos”, preferiblemente “humanos”. Poco a poco, renunciamos a intentar demostrar que cada reivindicación convenía al conjunto o a la amplia mayoría de la sociedad. ¿Para qué? Si bastaba con sostener que era “un derecho”, o un “derecho humano”, del núcleo de personas que lo reclamaba.

Hoy, pasados más de treinta años del ingreso del “discurso de los derechos” a la vida nacional, tal vez sea hora de evaluar sus efectos, en lo que hace a las reglas de convivencia y especialmente a las mentalidades que ha desarrollado.

Es cierto que, al menos en lo declarativo, implicó una revalorización de los individuos frente al poder del Estado, siempre en alguna medida autoritario, y también frente a ciertos poderes de hecho, económicos y sociales, que en otras épocas campeaban sin cuestionamientos.

Pero también ha generado un tipo de individuo muy especial. Mucho más atento a sus derechos particulares que a las necesidades colectivas. Porque hay que decirlo de una vez: los derechos tal como los conocemos, desde sus remotos orígenes en la Inglaterra del Siglo XIII, han sido límites al poder político. Nacieron para limitar el poder del Rey, en una época en que la aristocracia y la naciente burguesía disputaban y se aliaban alternativamente, entre sí y con la monarquía, para establecer una nueva distribución del poder. Por eso no es casualidad que, en nuestra tierra, el discurso de los derechos humanos fuera adoptado y resultara tan útil en épocas de dictadura.

Con el advenimiento de la democracia, traspasado en teoría el poder a las mayorías, los derechos –todos los derechos- siguen siendo un límite al poder político. Sólo que ahora, cuando ese poder es ejercido por la mayoría de la sociedad, son un límite para toda la sociedad. Un límite necesario, porque los individuos y las minorías no podrían sobrevivir en una sociedad en que el gobierno o las mayorías pudieran aplastarlos por su sola voluntad. Por eso, contra lo que se suele creer, la democracia y los derechos son, a la vez, conceptos antitéticos y complementarios. Lo difícil es determinar hasta dónde debe llegar la voluntad política de las mayorías y dónde debe empezar el límite impuesto por los derechos individuales y humanos. Pero algo es evidente: una sociedad no es la mera suma de los derechos de sus integrantes. Hace falta algo más. La voluntad de vivir en común, o, en otras palabras, la disposición a condicionar ciertos beneficios propios e incluso algunos de nuestros posibles derechos al bienestar común. Y eso sólo puede hacerse desde la política.  

El acceso de la izquierda al gobierno ha complicado más el problema. Porque el discurso de los derechos es esencialmente un discurso de oposición. Pararse en los derechos individuales o humanos para enfrentar decisiones políticas es la actitud típica de quien no ejerce el poder. Y está bien que así sea, porque el poder necesita límites. El problema se plantea cuando, desde posiciones de gobierno, se sigue manejando un discurso opositor, mero enunciador de derechos. La función principal de los gobiernos no es proclamar derechos. Es, sin transgredir los derechos establecidos, disponer las obligaciones y aplicar las políticas públicas necesarias para el beneficio colectivo. Este es un tema sobre el que la izquierda uruguaya seguramente tendrá que reflexionar en un futuro próximo.

Se ha dicho que el modelo económico neoliberal, en que el mercado es el centro de la vida social, sustituyó a la democracia de ciudadanos por una democracia de consumidores. Cabe preguntarse si la democracia centrada en los derechos no está generando un modelo de ciudadano que se considera ante todo un acreedor, con derecho a reclamar “derechos” a la sociedad. La pregunta es si no estamos construyendo una democracia de acreedores, en lugar de una de ciudadanos.

El modelo de democracia propio de la concepción liberal, individualista, centrado en los derechos, podría, y tal vez debería, ser complementado con otra tradición democrática, la tradición republicana, que pone el acento en la virtud ciudadana, manifestada en el compromiso de participar en la adopción y ejecución de las decisiones colectivas.

Por Hoenir Sarthou
Comments