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“EL PECADO ORIGINAL” Wladimir Turiansky

publicado a la‎(s)‎ 8 feb. 2013 8:42 por Semanario Voces
 
Espero que el amigo Alfonso Lessa no se moleste si me apropio del título de su último libro. Le aclaro, y aclaro, además, que este artículo no tiene como referencia dicho libro,  que debo confesar, con las disculpas del caso, que aún no he leído. Más bien lo provoca un comentario periodístico relacionado con la presentación del libro y que me involucra, por lo que me pareció útil refrescar un poco la memoria colectiva.

 Me refiero, sí, al “pecado”, al mismo al que hace referencia Lessa, esto es, la inserción de las FFAA en las decisiones políticas que hacen al gobierno de la nación, y tiene como objeto preguntarme, y preguntar, ¿Cuándo fue que el tal “pecado” se cometió? ¿En que momento de la historia reciente se produjo el acceso de las FFAA al escenario político nacional como protagonista? ¿Quién los convocó, quien los invitó, quien ambientó su irrupción?

¿Fue el 9 de Febrero de 1973, cuando las FFAA decidieron rechazar la designación del Gral. Antonio Francese como ministro de defensa, y emitieron sus comunicados 4 y 7 como su proyecto de país? Afirmo que no, que no fue entonces. Por el contrario, a esa fecha hacía rato que las FFAA se movían y actuaban en el escenario político nacional como un factor más, originariamente por disposiciones gubernamentales, y, como la historia nos enseña, en muchas ocasiones  más allá de esas disposiciones, e incluso a veces prescindiendo de  ellas. A manera de ejemplo, cabría recordar que, unos pocos meses antes de febrero, en noviembre de 1972, la Junta de Comandantes en Jefe le dijo No al Presidente Bordaberry, cuando éste los convocó a utilizar soldados en los ómnibus de transporte colectivo para garantizar su funcionamiento ante un eventual paro de sus trabajadores. Le dijeron entonces que las FFAA no tenían como misión hacer funcionar los ómnibus y que para tal fin el gobierno contaba con los mecanismos de negociación adecuados para ello (o algo por el estilo, me lamento no tener a la vista aquel comunicado).

O también, en ese mismo terreno de la conflictividad social, deberíamos remitirnos a 1969, cuando el presidente Pacheco dispuso que las FFAA se ocuparan en descargar las toneladas de carne destinadas a la exportación y detenidas en la planta frigorífica por la huelga de los trabajadores, orden que las FFAA entonces sí llevaron a cabo.

Entonces, ¿Cuándo y quien? ¿Cuándo fue? ¿Quién cometió el “pecado original?

¿Habrá sido entonces en esa fecha, Noviembre de 1972, cuando las FFAA le dijeron “no” al planteo de Bordaberry de emplearlos como rompehuelgas en el conflicto del transporte urbano de pasajeros? ¿O en 1969, cuando sí debieron oficiar como rompehuelgas en la huelga de la carne, por orden de Pacheco?                                                           

¿O tal vez abril de 1972, cuando a raíz de los hechos del 14 el Gobierno decreta “el estado de guerra interno”, figura inexistente en la Constitución de la República, y el Parlamento con los votos del P. Colorado y el P. Nacional lo valida luego mediante la ley de Seguridad Interna, que amplía el ámbito de la presencia militar pasando a su jurisdicción todo el cuerpo de garantías individuales de la Constitución de la República?

¿Y no habrá sido Setiembre de 1971, cuando el presidente Pacheco encomienda a las FFAA la lucha contra la “subversión de los innombrables”?

NO. No fue ni en 1973, ni en 1972, ni en 1971, ni siquiera en 1969. El “pecado original” (al menos de lo que llamamos la historia reciente) se produjo el 1º de julio de 1968, a pocos días del decreto de medidas de seguridad en cuyo marco Pacheco dispuso la congelación de salarios y precios. En efecto, en esa fecha se agrega, también por decreto, la militarización de los trabajadores del BROU y del BCU, más UTE, ANCAP, OSE y Telecomunicaciones. Con una fundamentación jurídica verdadero modelo en el arte de retorcer textos constitucionales y legales, que en el fondo no hacía mas que trasplantar disposiciones extraídas de la dictadura franquista, Pacheco y su equipo intentan dar marco institucional a tamaña ilegalidad. Por primera vez en la historia reciente del Uruguay, las FFAA son convocadas a intervenir en los conflictos sociales, asumiendo “al modo militar” la represión de los mismos, disponiendo por sí la ilegalidad de los paros y las huelgas, y sancionando con cárcel, plantones y despidos toda forma de lucha sindical en las empresas sometidas a la militarización.       

La militarización de los entes se prolongó por 6 meses, hasta comienzos de 1969, cuando fue extendida incluyendo entonces a los trabajadores de la actividad privada, los bancarios. No hay modo de hacerlas pasar desapercibidas, ni por su extensión en el tiempo, casi un año, ni por la masa de población involucrada, unos 40.000 trabajadores y sus familias. Y las FFAA no fueron “estimuladas” a involucrarse en la cuestión social ni por el movimiento sindical, ni por la izquierda, ni por los comunistas. Las convocó Pacheco y su elenco gobernante de banqueros y oligarcas. Como en 1848 en Francia, cuando la revolución democrática amenazaba los intereses de las capas dominantes, alguien en su nombre exclamó “¡la legalidad nos mata!”, sustituyendo bajo ese pretexto el orden democrático por el de las bayonetas.

¿Y que hicieron los trabajadores militarizados? Pues defender sus derechos, y ejercerlos. Cientos de destituidos, y miles de presos, por meses en muchas oportunidades, en los cuarteles de la patria transformados en cárceles, fue el precio que pagaron. Y además ¡claro que si!, hablaron, discutieron, explicaron sus razones, circularon documentos, a la tropa encargada de su custodia, y a los oficiales a cargo de los operativos. Y si, hicieron política, intentando mostrarles de que manera estaban siendo “instrumentos de fines ajenos”, como luego escribirían en sus harto conocidos comunicados 4 y 7. Al fin resultaba que muchos integrantes de tropa y de la oficialidad tenían no pocos vínculos familiares, y algunos muy cercanos, con trabajadores sometidos a la militarización. Que alguien me explique entonces que “pecado” cometieron los trabajadores y sus organizaciones sindicales, salvo, si lo es, no resignarse a la opresión. Como alguna vez repitiera Pacheco, traicionándose a sí mismo desde luego, mucha verdad encerraba el dicho napoleónico de que “las bayonetas servían para todo, menos para sentarse sobre ellas”-

De manera que el 9 de febrero de 1973 no es más que un episodio en una larga saga en cuyo transcurso confluyen los intereses de la llamada por entonces “rosca oligárquica” criolla encaramada al poder ya en las postrimerías del Gobierno de Gestido y consolidada en él con su muerte y el acceso de Pacheco a la Presidencia, con la estrategia de dominio político y militar de la región por parte de los EEUU en el marco de la guerra fría, todo lo que confluye a transformar a las FFAA en una parte activa de una confrontación ideológica que termina por incursionar hasta en los propios casinos de oficiales, generando contradicciones y conflictos en su propio seno. Este fenómeno, común en Latinoamérica por aquellos años, da lugar a experiencias de diverso signo, que finalmente, por una vía u otra, terminan absorbidas por la influencia estadounidense sobre gobiernos y cúpulas militares, no faltando entre las vías utilizadas, el asesinato selectivo de militares relevantes no funcionales a aquella estrategia. Baste citar al chileno Prats, al boliviano Torres, al uruguayo Trabal, o el extraño accidente que le cuesta la vida al panameño Torrijos, o la extraña enfermedad que termina con la carrera y la vida del peruano Velazco Alvarado, etc. Finalmente, la partida la gana la derecha, y las dictaduras gorilas inundaron la región. Aquí también.     

Vale la pena, dicho sea de paso, hacer notar que en las definiciones y en la actividad práctica del movimiento sindical en todo el período  del llamado “pasado reciente”, y en particular en la crisis de febrero, no hubo ninguna búsqueda de “un atajo” en el largo camino de la liberación nacional. En Febrero 73, hacía ya mucho rato que la oligarquía dominante había apelado a tal “atajo” para llevar adelante su política de brutal traslación de la riqueza nacional en su exclusivo beneficio. Y para hacerlo, no vaciló en ir sustituyendo los carriles institucionales por el autoritarismo y la creciente inserción militar en la vida ciudadana.

La última ciudadela democrática desde la cual batallar terminó siendo el Parlamento. Por eso para los trabajadores y su central sindical, la CNT, el golpe de estado contra la democracia y las instituciones republicanas se produjo con la “disolución” del mismo por decisión de Bordaberry, devenido dictador, el 27 de junio de 1973. Y por eso entonces pasaron a poner en práctica su resolución de huelga general y ocupación de los lugares de trabajo, dando comienzo a una resistencia que duró 10 años y posibilitó la salida democrática del 83 y 84.

Ya se sabe. Las historias a medias, como las verdades a medias, terminan siendo también “medio” distorsivas de la realidad.      

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