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18h55m, EL BORRADOR DEL PEPE Por Luis Nieto

publicado a la‎(s)‎ 29 jun. 2012 5:52 por Semanario Voces
 

Teniendo en cuenta los antecedentes de implementar en tiempo récord el Plan Ceibal, de extrema complejidad y costo, y la prohibición de fumar en lugares públicos y cerrados, mediante un decreto presidencial, firmado por el compañero Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo establece las siguientes pautas para la promoción de la vida y la convivencia social en el plazo más breve que le es posible establecer.

Se invita a los medios de comunicación a sumarse al esfuerzo nacional, descontando, desde ya, que las interpretaciones que hagan de las medidas a tomar, y a la marcha de la presente propuesta estarán inspiradas en la responsabilidad de formar la opinión de la ciudadanía, y el gobierno las va a tomar como el libre ejercicio de la crítica en un Estado que aspira a hacer de la libertad un principio permanente e irrestricto, como es la filosofía de este servidor.

1)      En el plazo de 15 días todas las cárceles contarán con escáner fijos y portátiles para el registro obligatorio de visitas y funcionarios, sin excepción, e  independientemente de su jerarquía. Como un doble control, las entradas y salidas serán grabadas por equipos de circuito cerrado. En virtud de la urgencia de esta medida, como si se tratara de un desastre natural devastador, el gobierno buscará la forma legal de que se pueda obviar el trámite de compra por licitación. Se construirán locutorios en los que detenidos y familiares no puedan tener contacto físico, proveyendo a dichos locutorios de equipos de intercomunicación. Una vez que se hayan construido espacios seguros y vigilados, y dependiendo de la actitud de cada recluso, se permitirá nuevamente el contacto físico entre los detenidos y sus familias, bajo la premisa de que la rehabilitación pasa por una conducta estable con respecto a las condiciones de reclusión que fija la ley. Esta condición mínima es la puerta de entrada a un programa integral de reeducación social que el Estado pondrá en ejecución a partir de 2013.

2)      Creación en el plazo de 30 días de una Colonia Penitenciaria de Rehabilitación, ubicada en un predio rural alejado no menos de 50 kilómetros de cualquier centro poblado mayor a 1000 habitantes. A dicha colonia, que se obtendrá mediante transferencia de padrones en propiedad del Estado o compra directa, serán trasladados todos los reclusos cuyas penas y comportamiento en los centros de reclusión sean analizados y autorizados por una comisión de técnicos, integrada por el Poder Judicial, el ministerio del Interior y el de Educación y Cultura. El traslado a esta Colonia de Rehabilitación es una segunda y única oportunidad, y como tal debe ser considerada por parte del Estado y los reclusos. El Estado pondrá en dicho centro recursos pedagógicos, técnicos y asistenciales con el apoyo fundacional de la Universidad de la República, el INIA y las Fuerzas Armadas. La Colonia parte de cero con la ambición de transformarse en un centro de referencia nacional e internacional. La Colonia Penitenciaria de Rehabilitación no contará con vallados ni rejas. Para el comienzo, las Fuerzas Armadas cederán por un plazo a estipular carpas, ollas, menaje y lo mínimo necesario para empezar una nueva vida, de forma modesta pero donde el camino sea la recompensa.

3)      En los próximos 30 días, la totalidad de los menores dependientes del SIRPA quedarán alojados en el ex Regimiento de Caballería 9, para dar cumplimiento a la ley 18771 del 1 de julio de 2011, aprobada por la Asamblea General del Poder Legislativa, tras el acuerdo de todos los partidos políticos.

4)      En el día de mañana se remitirá al Parlamento los proyectos de ley mediante los cuales se establecerán nuevos mínimos y máximos de penas, tanto para la minoridad como para mayores de edad.

5)      En un plazo de 15 días cada Jefatura de Policía pondrá en marcha un plan de patrullaje rural sistemático y permanente, a cargo de Comisarías de Radiopatrulla, a crear a nivel de cada departamento, quedando, provisoriamente asignada la ejecución a cargo de un comando especial dependiente del Jefe de Policía departamental. El financiamiento del patrullaje rural, así como el de la logística que se requiera, se cubrirá con un porcentaje del IVA que paga el gasoil con destino a maquinaria agrícola y los decomisos por infracciones correspondientes a dicho patrullaje.

6)      En el día de mañana se remitirá al Parlamento un proyecto de ley declarando que la tenencia y transporte de armas sin la correspondiente habilitación oficial sea considerada un delito con pena de penitenciaría.

7)      En el plazo de 15 días comenzarán a establecerse sub-comisarías permanentes en medio de las zonas vulnerables de la ciudad de Montevideo desde las que se coordinarán las acciones de protección a la población civil y la respuesta ante actos delictivos.

8)      Las empresas estatales dedicarán el 50% de su presupuesto actualmente dedicado a publicidad a la promoción de los hábitos de convivencia social en sus más distintas formas, a través de campañas temáticas. Los medios de comunicación del Estado deberán transformarse en un ejemplo de comunicación y profesionalismo, asumiendo la difícil tarea de crear un estilo alternativo en el que la transmisión de valores no sea sinónimo de aburrimiento. Viene al caso recordar que de los programas más vistos en la televisión uruguaya se encuentra la producción “Los bañados de Rocha”, y entre las piezas promocionales de buenos hábitos de mayor impacto, “Los Tatitos”, ambas concebidas por creadores uruguayos, y divulgadas por canales privados de este país.

El Poder Ejecutivo ha escuchado atentamente la opinión de la ciudadanía y se dispone a dar cumplimiento a lo aquí dispuesto sin pérdida de tiempo. No obstante, a partir de los próximos 30 días, el gobierno dará a conocer un segundo paquete de medidas tendientes a enfrentar la misma problemática.

El gobierno ha optado por dejar fuera de las medidas que se proponen en esta instancia al problema del tráfico y consumo de drogas por ser una problemática que no sólo tiene que ver con el delito, sino, también, con hábitos sociales nuevos, que de incluirlas entre estas medidas urgentes sería banalizar por partida doble, tanto la problemática de la droga como la emergencia de seguridad que el país tiene que resolver ya. Uruguay promoverá, a nivel regional, el estudio de una respuesta conjunta al tráfico de drogas y la drogadicción.

El Poder Ejecutivo invoca al espíritu del Obelisco que, seguramente, se mantiene vivo entre nuestros conciudadanos, para abordar juntos la problemática de la seguridad pública, que, a nuestro entender, no es un anti valor irreversible en la sociedad uruguaya sino el resultado de múltiples errores en los que, seguramente, hemos incurrido, de los que confesamos ser conscientes, y que únicamente pueden inspirarnos para cumplir mejor con la responsabilidad que el pueblo uruguayo nos confirió.

La Presidencia de la República declara con humildad que los logros en solucionar esta anomalía no serán trofeos de guerra sino los palitos donde la colmena se reúna. Instamos a trazar una raya en el suelo, y a dejar de este lado los prejuicios, los temores, y hasta las desconfianzas, aun hacia aquellos ciudadanos que puedan haber incurrido en actos delictivos, compatriotas nuestros que no pudieron ver las ventajas de una sociedad inspirada en el valor de la vida.

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