Artículos‎ > ‎

ABORTO: NI ALEGRÍA NI DERECHOS Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 27 sept. 2012 9:39 por Semanario Voces

 

M
 
Me pregunto si la forma en que se encara la campaña por la despenalización del aborto es la más adecuada para instalar el debate, para convencer a los que dudan y para no herir a los que se oponen. En mi caso, no puedo evitar sentir cierto rechazo ante la forma en que se plantea el debate, y eso es paradójico, porque estoy de acuerdo con la despenalización. Imagino qué sentirán quienes se oponen a ella por razones filosóficas, morales o religiosas.

 Más allá de que el tema convoca toda clase de fundamentalismos, tal vez el problema esté en los argumentos que se esgrimen para defender la despenalización y en cierta actitud que usualmente se adopta para promoverla.

El uso publicitario de manitos abiertas y de símbolos o manifestaciones de alegría y de esperanza, un repertorio de argumentos pobres,  machacones y circulares, la reivindicación del “derecho a decidir” como un monopolio femenino, y cierta actitud fundamentalista, que descalifica de antemano, como retrógrado y/o machista, a quien no esté de acuerdo con la despenalización, son y han sido, desde hace años, la tónica de la campaña.

ABORTO Y ALEGRÍA

La asociación entre aborto y alegría es un sinsentido. ¿Quién puede sentirse alegre por interrumpir el nacimiento de una vida? De hecho, aun los más acérrimos partidarios y partidarias de la legalización tienen claro que el aborto es una experiencia traumática que es deseable prevenir y evitar. En otras palabras: son partidarios de la legalización, no del aborto.

Sin embargo, la lógica de campaña confunde las cosas. En el fragor del debate, se termina festejando los triunfos y doliéndose por las derrotas con un fervor que lleva a olvidar incluso la naturaleza triste de la causa. Tal vez inconscientemente, la campaña termina adoptando, a veces,  un aire triunfalista y festivo que no condice con su objeto.

Este es un aspecto sobre el que habría que reflexionar. Porque la legalización del aborto no es un asunto  “ganar – ganar”. La libertad de la mujer, de no tener a un hijo ya concebido, tiene un alto precio: el sacrificio de la vida del embrión. Y otros precios menores, como la inequidad que establece ente la situación de la eventual madre y la del eventual padre.

A diferencia de otras causas, como la igualdad de derechos civiles, la abolición de la esclavitud o el sufragio universal, que eliminaron privilegios estableciendo la igual condición humana de las partes en conflicto, el debate sobre la legalización del aborto obliga a optar por el sacrificio de algún interés legítimo: la libertad de la madre, la vida del embrión, los derechos del padre.

La ponderación sensible de estos dilemas brilla por su ausencia en el debate actual. Si existiera, la campaña seguramente tendría  un espíritu más reflexivo, menos intransigente y triunfalista.     

ABORTO Y DERECHOS

¿Existe el derecho a abortar? Si existe, ¿se funda en el derecho de la mujer a decidir, o en el derecho  sobre su propio cuerpo? ¿Qué pasa con otros intereses o derechos en juego, como los del embrión o los del futuro padre?

La campaña por la despenalización se funda en lo que parece ser un único y monolítico  argumento: el derecho de la mujer a decidir, y, en particular, a decidir sobre su propio cuerpo.

Curiosamente, este aparentemente único argumento contiene en realidad dos líneas argumentales  totalmente distintas. Una es el posible derecho de la mujer a decidir si tendrá o no tendrá un hijo, con las consecuencias vitales que eso conlleva. Otra es el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo.

Los dos argumentos, juntos, parecen sólidos, porque se salta de uno a otro para eludir sus respectivas fallas. Analizados por separado, en cambio, muestran debilidades sorprendentes.

Si el fundamento del derecho a abortar fuera la libertad de la mujer para elegir si asumirá o no  la responsabilidad por un hijo, resulta que lo mismo sería  válido para los hombres. ¿Por qué la maternidad se convertiría en un acto voluntario de la mujer, en tanto la paternidad seguiría siendo un imponderable del destino (o de la voluntad de la mujer) en el que la voluntad del  hombre no cuenta? Si en el acto sexual participan hombre y mujer, voluntariamente y en igualdad, ¿por qué las consecuencias deberían ser distintas para cada uno de ellos? Debemos recordar que la responsabilidad por el hijo, en nuestro sistema, es compartida por padre y madre y puede serles legalmente exigida a ambos durante al menos veintiún años.

En cambio, si el fundamento del derecho a abortar fuera el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, considerando que existe el mecanismo de la adopción, estaríamos contraponiendo los nueve meses en que la mujer cargará al embrión en su vientre con la totalidad de la vida de la persona en gestación.  La comparación entre la gravedad de las consecuencias para uno y para otra no requiere ni diez segundos de análisis, ¿no?

Es necesario hacer un paréntesis para decir que el estatuto jurídico del embrión no está claro. En nuestro derecho nacional, el embrión no es persona. Por lo tanto, carece en sí mismo de derechos. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( “Pacto de San José de Costa Rica”), en su artículo 4º, dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Esta disposición del derecho internacional de los derechos humanos pone en un intríngulis a los partidarios de la supremacía de ese derecho sobre el derecho nacional que, a la vez, son partidarios de legalizar o despenalizar el aborto.

NO HAY DERECHO

La conclusión es que fundar tanto la despenalización como la legalización de todos o de ciertas clases de abortos en pretendidos derechos nos introduce en un berenjenal de conceptos y de conflictos en el que es muy difícil ver algo claro.

Para empezar, porque no existe un derecho de la mujer a abortar. Al contrario, hoy, tanto las normas nacionales como las internacionales prohíben o sancionan el aborto. ¿De dónde surge, entonces, ese pretendido derecho que se invoca? ¿De la voluntad de Dios? ¿De la voluntad de algunas iluminadas e iluminados que lo proclaman? Lo que sí existe es un sector considerable de la opinión pública y del sistema político uruguayo que está proponiendo cambiar las normas jurídicas vigentes, ya sea para establecer el derecho de la mujer a abortar o para limitar la actual pretensión punitiva del Estado respecto del aborto. Se trata de una propuesta política, no de un derecho. Por lo tanto, habría que afinar los argumentos para que la decisión no sea una mera imposición, lograda por una mayoría ajustadísima sobre la casi mitad del país.

OTROS FUNDAMENTOS SON POSIBLES

La línea argumental de los derechos de la mujer es expresión de una concepción ideológica muy difundida, que pretende traducir todas las relaciones sociales en un problema de derechos.

Esa concepción es impotente, sin embargo, para dar cuenta de muchos fenómenos sociales. Por ejemplo, no explica por qué nos apartaríamos del principio de igualdad, para dar a la mujer una capacidad de decidir sobre la procreación que se le niega al hombre. Ni por qué desconoceremos el concepto del derecho a la vida desde la concepción, tal como está regulado por el Pacto de San José de Costa Rica.

La cuestión es que las relaciones sociales y las decisiones políticas no se pueden basar ni explicar exclusivamente como asuntos de “derechos”. La sociedad puede y debe regular y desregular ciertos aspectos de la vida en base a otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, la conveniencia social. O la protección de intereses superiores. O la necesidad de evitar políticas públicas que aparejarían daños más graves que el que pretenden evitar.

En el caso del aborto, y más ahora, misoprostol mediante, el control es imposible. Ya no es asunto de estar de acuerdo o no. Es una práctica social tan difundida, y existen medios tan discretos para ejercerla, que la única posibilidad de represión eficaz sería que un Estado policial controlara los aspectos más íntimos de la vida . ¿De qué otra forma evitar, por ejemplio, que una mujer ingiera misoprostol, comprado aquí o en el extranjero?  Por otra parte, si las cifras de abortos son las que se manejan, la represión se ha mostrado totalmente ineficaz, y lo único que logra es que algunos abortos se realicen sin las debidas precauciones médicas.

En síntesis, no estamos realmente ante un problema de derechos. Si lo estuviéramos, las conclusiones deberían ser muy distintas, tanto desde el punto de vista de la equidad como ante el derecho internacional. En realidad nos encontramos ante una situación y un estado de conciencia colectivo en que las políticas represivas son inútiles o aparejarían daños mayores que  los que se pretende evitar.

En esas circunstancias, mantener la prohibición del aborto se vuelve tan inútil como  prohibir la ley de gravedad, o se convierte en un propósito peligroso. En el primer caso, deviene en una actitud hipócrita, en la que el derecho es ignorado y por tanto se desacredita. En el segundo nos obligaría a convertirnos en un Estado policial, cosa que no parecen querer ni quienes admiten ni quienes rechazan moralmente el aborto.

Es otro ángulo desde el  cual abordar el tema. 

 

Comments