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Acciones para afirmar la igualdad Por Andrés Scagliola

publicado a la‎(s)‎ 25 oct. 2012 9:55 por Semanario Voces

 

 

El 17 de octubre pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley de Acciones Afirmativas para la población afrodescendiente. El mismo contiene un reconocimiento inédito y establece una serie de medidas coherentes con él.

 

Tras el reconocimiento de la discriminación racial que históricamente ha sufrido la población afrodescendiente, en los siguientes artículos se desgranan una serie de propuestas que incluyen: cupos en los cursos de INEFOP, cupos en becas –explícito en el caso de la Beca Carlos Quijano para estudios de posgrado-, un 8% en los ingresos a la administración pública –por un plazo de diez años sujeto a evaluación- y un estímulo para la generación de empleos en proyectos privados de inversión. El proyecto, además, considera de interés general que los programas educativos y de formación docente, incorporen el legado de las comunidades afrodescendientes en la historia, su participación y los aportes en la conformación de la nación, incluyendo el pasado de esclavitud, trata y estigmatización de las mismas. Finalmente, establece una comisión para velar por su implementación, la consulta a actores sociales para la reglamentación de la ley y la rendición periódica de cuentas.

 

La media sanción de este proyecto motivó una nota de Hoenir Sarthou titulada “Afrodescendientes: falsa justicia social”. El autor incurre en al menos tres errores y tres absurdos.

 

El primer error es tener una comprensión limitada de lo que son las acciones afirmativas.

Acciones afirmativas son un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas específicamente a remediar la situación de los miembros del grupo a que están destinadas en uno o varios aspectos de su vida social para alcanzar la igualdad efectiva. Este tipo de acciones pueden ir desde un cupo a un programa que, no estableciéndolo, concentre su diseño y su comunicación en un determinado grupo social. El autor debería aclarar si lo que rechaza es el cupo o toda acción afirmativa.

 

Las acciones afirmativas se asientan en la legislación y jurisprudencia sobre los derechos humanos construida, tras la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, en el marco Sistema de Naciones Unidas del que Uruguay forma parte. De hecho, con esta ley, Uruguay cumple, 47 años después, con el artículo segundo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, del 21 de diciembre de 1965, que promueve este tipo de medida especial.

 

Este tipo de acciones encuentran uno de tantos fundamentos en la reparación de discriminaciones históricas. Y así lo reconoce el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados al afirmar que “la población afrodescendiente que ha habitado el territorio nacional ha sido históricamente víctima de la discriminación racial y la estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista, acciones estas últimas que hoy podrían constituir crímenes contra la humanidad de acuerdo al Derecho Internacional. La presente ley constituye un acto de reparación de la discriminación histórica reconocida en el inciso primero de este artículo.”

 

El segundo error es contraponer las acciones afirmativas a las políticas universales y, en particular, la educación. Las acciones afirmativas no sustituyen, ni rivalizan con las políticas universales. Las completan.   Así como los programas sociales focalizados en las situaciones de pobreza son subsidiarios de las políticas de salud, educación y empleo, y apuntan a reintegrar a ellas a las personas que por su vulnerabilidad acaban siendo excluidas de las mismas, las acciones afirmativas operan de una manera similar, sólo que reconociendo otras desigualdades que no son sólo las de ingresos. La sociedad está recorrida por múltiples clivajes -de género, generacionales, de diversidad sexual, étnico-raciales- que se traducen en desigualdades inaceptables. Las acciones afirmativas vienen a dar cuenta del reconocimiento de esas desigualdades. Sin ese reconocimiento, y el diseño de medidas efectivas, la homogeneidad de respuesta de las políticas públicas y sociales no hacen sino reproducir esas inequidades.

 

El tercer error es pensar que la acción afirmativa rompe el principio de igualdad. No sólo no lo rompen sino que lo hacen real. Es más, reparan un principio roto en la práctica. Ese principio está roto cuando la igualdad es sólo para quienes cuentan los medios materiales y simbólicos para hacerla efectiva. Las acciones afirmativas van más allá de la igualdad formal para buscar construir las condiciones de una igualdad sustantiva, aspiración central de una identidad de izquierda como proyecto igualitario.

 

El primer absurdo: “¿Y por qué no los chinos?” Cada sociedad, en cada tiempo histórico, y en función de las desigualdades y discriminaciones que la perspectiva de los derechos humanos ha ido definiendo como inaceptable, define a qué grupos sociales se aplican las acciones afirmativas. Es sobre aquellos que están  sometidos a una especial situación de vulneración de derechos. Uruguay lo ha hecho con las personas con discapacidad y su acceso a la función pública (imagino que el autor, aunque no lo explicita, no lo comparte) y, más recientemente, con las mujeres y su acceso a las listas electorales (frente a lo que el autor hace explícito su rechazo).

 

El segundo absurdo: hablar de “negros”. Afrodescendientes es el término que emerge de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica, en 2001. En este caso, hago mías las palabras de Tania Ramírez, activista de Mizangas, e integrante de nuestro equipo en el MIDES: “la existencia del debate sobre el término 'afrodescendientes' bajo la idea de que todos de alguna manera lo somos, porque la humanidad desciende de África, no es más que otra forma de invisibilizar, minimizar y desvalorizar nuestra lucha. El término afrodescendiente surge desde el propio movimiento, no es un eufemismo ni lo políticamente correcto. […] Afrodescendientes nos autodefinimos, nos identificamos quienes somos parte de un colectivo con una historia en común, con experiencias compartidas, con un acervo cultural propio, haciendo uso de un derecho que nos fue arrebatado: el derecho a la identidad”.[1]

 

El tercer absurdo: hablar de “privilegios” y “ventajas”. Para evitar caer en esto vale la pena repasar los debates sobre acciones afirmativas en países con larga tradición en la materia. Cuando a mitad de los noventa emergió la cuestión de los “perdedores” con las acciones afirmativas en Estados Unidos (por ejemplo, contraponiendo el hijo de un minero blanco al hijo de un cirujano afro) los argumentos que prevalecieron fueron claros. Las acciones afirmativas están destinadas a reparar las pérdidas en las probabilidades de éxito atribuibles, por ejemplo, al racismo y al sexismo. Por lo tanto, sólo priva a los hombres blancos, por ejemplo, de los incrementos inmerecidos en sus probabilidades de éxito.[2] Las medidas correctivas de acción afirmativa no quitan a los hombres blancos nada que se hayan ganado en forma legítima, o que debieran mantener. Estadísticamente, los grupos no incluidos siguen teniendo “ventajas” significativas por fuera de las áreas que implica la acción afirmativa como, por ejemplo, en la selección de personal, o en criterios de admisión en general.[3]

 

Es de agradecer que el autor, de alguna manera, y aun en el desacuerdo, tome este tema para el debate en un país que está haciendo su experiencia en el camino de las acciones afirmativas. Como otras veces, los medios masivos de comunicación no son ágora para un debate tan importante. No sería bueno que esta nueva ampliación de derechos pase sin debate social, sin la posibilidad de que la política dé lo mejor de sí: su capacidad de argumentación, de pedagogía. Está bueno que Voces de voz a este debate.

 

*Director Nacional de Política Social- Representante de Asamblea Uruguay en la Comisión de Progra


[1] Ramírez, Tania, 2012. Ciudadanía afrodescendiente. Montevideo: MIDES, 24-5.

[2] Rosenfeld, Michel, 1991. Affirmative Action and Justice: A Philosophical and Constitutional Inquiry. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 307-8.

[3] Ver Lawrence, Charles R. III and Matsuda, Mari J., 1997. We Won't Go Back: Making the Case for Affirmative Action. Boston: Hougton Mifflin Company, 252.

 

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