Artículos‎ > ‎

ALGO HUELE MAL Y NO SÓLO EN LA JUSTICIA Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 21 feb. 2013 12:49 por Semanario Voces
 

 

 

Tal vez lo más necesario, al analizar el sonado traslado de la Dra Mariana Mota, sea determinar que es lo verdaderamente importante de los muchos aspectos que el tema presenta.

 

Para mucha gente, en especial para los indignados militantes de izquierda que el viernes prácticamente invadieron la sede de la Corte, el alejamiento de la Dra. Mariana Mota de la sede penal, dispuesto por la Suprema Corte de Justicia, es un nuevo intento de que la impunidad de los militares torturadores se prolongue.

Para personas aun más suspicaces, el centro del asunto está en el posible interés de un ministro de Estado en obstruir las indagatorias relativas a la caída de un avión y a la llamativa poca voluntad puesta por el Ministerio de Defensa en encontrarlo.

Para los militares acusados por crímenes cometidos durante la dictadura, seguramente el traslado de Mota represente el alejamiento de una juez que, por su compromiso público y notorio con las campañas de Derechos Humanos, no les ofrecía garantías suficientes.

Para la Suprema Corte, el traslado es un hecho normal, uno más de los tantos traslados de jueces que se producen cada año.

Para otros, revela la injerencia de la derecha, del poder político, de la prensa o de otros poderes del Estado, en las decisiones del Poder Judicial.

 

VERDADES CONTRADICTORIAS

Los debates más duros no son aquellos en que alguien tiene razón y todos los demás están obviamente equivocados. Los debates más duros son aquellos en los que todos tienen razón, o al menos una parte de la razón. Y éste puede ser uno de esos casos.

Porque es cierto que la Suprema Corte tiene y ejerce regularmente la potestad de trasladar a los jueces. Es usual que los jueces sean trasladados cada pocos años y esa práctica es a menudo sana, porque no es conveniente que un funcionario con mucho poder, como lo es un juez, se eternice en una misma materia y en una misma área territorial. A veces –aunque no siempre- los cambios airean y traen transparencia.

También es cierto -¿cómo negarlo?- que en este caso, objetivamente, el traslado beneficia a un montón de viejos militares acusados de torturas y asesinatos, para empezar, porque la juez que sustituirá a Mota deberá estudiar frondosos expedientes que Mota ya conocía bien.

Nadie puede olvidar el penoso papel que –con otras integraciones- tuvo la Suprema Corte durante el golpe de Estado y durante las largas décadas de impunidad.

Pero no deja de ser cierto que la Dra. Mota fue sobreexpuesta –y probablemente se sobreexpuso- en su simpatía por las tesis del discurso de los derechos humanos. Los jueces tienen prohibido prejuzgar, es decir dejar ver su opinión sobre cómo resultará un juicio antes de dictar la sentencia. La asistencia de Mota a una manifestación pública contra la impunidad y sus declaraciones a un diario argentino seguramente fueron vistos, por los militares a los que debía juzgar, como un amenazante prejuzgamiento. Del mismo modo habría sido visto un juez de fútbol que, debiendo arbitrar un clásico el domingo siguiente, festejara en 18 de Julio un triunfo de Peñarol o de Nacional.

Aunque sea difícil demostrar cuánta incidencia tuvieron los choques entre la Dra. Mota y el ministro Fernández Huidobro, es notorio que esos choques existieron, que la Juez consideró citar al Ministro a declarar y que éste estaba molesto con ella.

Para concluir, resulta poco creíble exigir la independencia del Poder Judicial mediante una invasión de la sede de la Suprema Corte, como la que tuvo lugar el viernes pasado. Hay presiones sutiles y de las otras. Pero todas son presiones. Y la del viernes fue de las otras.    

 

¿QUÉ ES LO IMPORTANTE?

Este asunto tiene muy mal olor. Intereses, presiones, temores, impunidades, pasiones y objetivos políticos surgen por doquier y salpican de sospecha y descreimiento no sólo al gobierno sino también al sistema político, a la prensa y, obviamente, al Poder Judicial.

Una sensación pantanosa, como de que todo se hunde en un marasmo de incertidumbre y desconfianza, es lo que cunde en la opinión pública.

¿Qué es lo importante? ¿Encarcelar militares torturadores? ¿Dejar en evidencia a un ministro? ¿Qué el ministro se salga con la suya? ¿Demoler al Poder Judicial? ¿Fingir que no ha pasado nada y que el Poder Judicial no se ve afectado? ¿Defender a una juez poniendo al mismo tiempo en evidencia que se la defiende porque se espera de ella un determinado fallo? ¿Se puede sacrificar cualquier cosa para esos objetivos? ¿No nos damos cuenta de que nada ni nadie sale bien del enchastre?

Tal vez hemos destapado una caja de Pandora en cuyo interior no solemos querer mirar. Porque dentro hay un profundo desconocimiento y desprecio –compartido por derecha, por izquierda y por la población en general- respecto a la función social del sistema de justicia.

 

¿PARA QUÉ SIRVE LA JUSTICIA?

El Poder Judicial tiene en nuestro país dos grandes funciones. Una es resolver  conflictos aplicando las leyes. La otra es garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

Uno lo dice así y suena a hueco. Parece una de esas frases que dicen los profesores de educación cívica, o los políticos en tiempos electorales. Una de esas frases en las que nadie cree.

Sin embargo, esas dos funciones son imprescindibles para que la sociedad funcione. Y curiosamente suelen ser también contradictorias entre sí.

Aplicar las leyes para resolver conflictos es, esencialmente, hacer lo que el poder político ha aprobado. Por eso es la parte menos conflictiva de la función judicial. En teoría, al menos, la mayoría de la población está de acuerdo o tolera a las leyes, porque los políticos que las aprueban son votados por todos.

El problema más delicado es la otra función, la de garantizar los derechos fundamentales. Porque esos derechos muchas veces no son del agrado del poder político y a veces no lo son tampoco de la población.

Cuando una muchedumbre enardecida reclama la pena de muerte para ciertos delincuentes, o cuando un gobierno está empeñado en impedir que se condene a militares asesinos y torturadores, o cuando un gobierno atropella las libertades de los ciudadanos, la función de un poder judicial en serio es pararse frente al poder, e incluso frente a la furia mayoritaria, y decir “No, eso no se puede hacer porque es contrario a derechos fundamentales. Si quieren hacerlo, tienen que cambiar la Constitución”.

En otras palabras: una de las funciones principales del poder judicial es enfrentar al poder político para defender ciertos derechos básicos.

Eso, claro, no lo ha hecho históricamente nuestro Poder Judicial. Tal vez por eso cosecha hoy estas desconfianzas.

Pero no será pasándole por arriba como construiremos una sociedad garantista.

Cuando un gobierno o un gobernante creen que sus objetivos están por encima de los derechos fundamentales, o cuando un sector de la población cree que puede pasar por encima de esos derechos para obtener lo que cree justo o conveniente, en el fondo están escupiendo imprudentemente hacia arriba. Porque nadie sabe cuándo le tocará ser minoría o estar en el llano. Y entonces querrá que sus derechos sean respetados.

En otras palabras: hasta el más miserable torturador debe ser juzgado con garantías. Porque, si él no las tiene, puede pasar que el día de mañana nadie las tenga.

Si algo es claro, es que en este episodio nadie estuvo a la altura requerida. De alguna forma, fallamos todos.

Ojalá al menos nos haga pensar en la necesidad de construir un sistema de justicia independiente, fuerte, confiable, capaz de enfrentarse al poder cuando sea necesario. Sea quien sea el que ejerza el poder.  

 

 

Comments