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Arrestos por cannabis ¿UN CASO DE DESOBEDIENCIA CIVIL? Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 4 oct. 2012 5:47 por Semanario Voces
 
 

 

Dos integrantes de la “Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay” (AECU) fueron detenidos por la policía en las últimas horas y, según la información disponible, se encuentran en dependencias de la Brigada de Narcóticos, al parecer imputados por haber ingresado al país semillas de cannabis.

Ante todo, una aclaración: los detenidos, Laura Blanco y Juan Vaz, fundadores y dirigentes de AECU (Laura Blanco es su presidente), no son bajo ningún concepto  narcotraficantes. No venden marihuana. Laura Blanco, por ejemplo (es a la que más he tratado personalmente), es una profesional universitaria que vive del ejercicio activo de su profesión. Y algo similar ocurre con Juan Vaz, que incluso ha sido consultado por el Parlamento en lo relativo a la legalización del “autocultivo”.  

AECU es una asociación creada recientemente para promover la legalización del “autocultivo” de cannabis (marihuana), es decir la legalización del cultivo realizado por el propio usuario, exclusivamente para su consumo personal.

En un país que está discutiendo la legalización de la producción y venta de marihuana por el Estado, este arresto no puede dejar de llamar la atención. Es como un lente amplificador puesto sobre las contradicciones e inconsistencias que caracterizan al régimen legal y a las políticas del Estado uruguayo en materia de “drogas”. 

Como es obvio, AECU está integrada en gran medida por personas que consumen marihuana (cabe recordar que el consumo de marihuana, o el de cualquier  otra “droga”, no está penado en el Uruguay). Sin embargo, de acuerdo a la legislación vigente, esas personas sencillamente no tienen formas lícitas de obtener el producto que en teoría tienen permitido consumir, porque la misma legislación prohíbe la producción, la importación, la venta y el suministro a cualquier título de las sustancias consideradas “drogas”, entre las que está incluida la marihuana.

Si bien, desde el punto de vista jurídico, que una conducta no esté penada no significa estrictamente que esté permitida, para el sentido común, permitir (por la vía de no penalizar) el consumo de una sustancia, y a la vez prohibir (por la vía de penalizar) el cultivo, producción, importación y venta de esa misma sustancia, encierra una contradicción, un absurdo, o un acto de hipocresía.   

A esa situación, ya de por sí confusa, se agrega el hecho de que el sistema político está considerando la producción y venta de marihuana por el Estado, lo que sin duda implica, ahora sí, “desprohibir” el consumo de la sustancia. Si bien la motivación de ese cambio es combatir el monopolio de la producción y venta de marihuana, detentado hoy por organizaciones delictivas, cabe preguntarse qué sentido tiene impedir que las personas cultiven la misma planta para su consumo personal. Después de todo, la eficacia de la producción por el Estado, como forma de combatir el narcotráfico, será un asunto de competencia. Dependerá de que los precios a los que se venda hagan inviable el negocio de los delincuentes. En ese sentido, el cultivo para el propio consumo contribuye a arruinar el negocio de los narcotraficantes, por lo que es funcional al objetivo perseguido.    

La realidad, al menos en lo que respecta a la marihuana, es que se ha producido un cambio cultural. Más allá de su discutible estatuto jurídico, el consumo se ha desproscripto en los hechos. El inconfundible olor del cannabis flota en las esquinas, en las canchas de fútbol, en los espectáculos musicales,  en los barrios, en las playas y en los balnearios de moda. Cada vez son más las macetas y los jardines traseros que se adornan con la dichosa plantita, Cada vez son más los políticos, los artistas, los intelectuales y los personajes mediáticos dispuestos a declarar que consumen o que alguna vez consumieron marihuana. Y cada vez son menos los que se escandalizan por ello.

En ese clima, la prohibición del “autocultivo”, así como la incertidumbre del  “permiso” para el consumo, se van convirtiendo en atavismos, en obstáculos jurídicos en los que nadie cree demasiado.

Pero el derecho es el derecho, y, como se ha señalado muchas veces, mientras una norma sigue vigente, por muy inadecuada a la realidad social que resulte, siempre existe la posibilidad de que un juez o un funcionario decidan aplicarla. Es lo que ha pasado con las normas sobre vagancia, o con las que penan a la mujer que aborta. Después de décadas de desaplicación, cuando casi nos habíamos olvidado de su vigencia, alguien desde el Estado decide aplicarlas y entonces todos despertamos a la necesidad de ajustar el derecho a la realidad. Es un aspecto que deberían tener presente los legisladores para acelerar y racionalizar ciertas reformas.

En ese sentido, la existencia misma de AECU, con su estrategia de empujar con hechos la despenalización del “autocultivo”, puede ser leída como un acto de desobediencia civil. Nos recuerda, incluso con cierto riesgo para sus integrantes, que el derecho debe ajustarse a los cambios culturales si quiere ser sentido por las personas co

 

mo justo y obligatorio.

La desobediencia civil es eso: la transgresión de una norma que es considerada injusta o absurda. Pero no cualquier transgresión, sino la que asume las consecuencias, la que se arriesga a sufrir las sanciones sabiendo que de esa manera pone en evidencia lo absurdo de la regla y debilita la legitimidad de quien la aplica. Recordemos a Ghandi, desafiando públicamente, con hechos, a la ley inglesa que prohibía la producción doméstica de sal.

No sé quién será el juez que en definitiva deberá resolver sobre la situación de Laura Blanco y de Juan Vaz. Pero sería conveniente que tuviera en cuenta dos cosas: por un lado, que Blanco y Vaz no han dañado a nadie; y, por otro, que la realidad social ha cambiado y que el derecho aplicable a la materia está, inexorablemente, en vías de cambiar.   

 

   

 
 
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