Artículos‎ > ‎

CANNABIS Por Leonel Briozzo

publicado a la‎(s)‎ 12 jul. 2013 9:05 por Semanario Voces
 

En el siglo XXI se ha consolidado un modelo de convivencia que promueve una sociedad fragmentada, con mínimas identificaciones colectivas, las menos posibles. Culturalmente, significa la imposición hegemónica del modelo de sociedad de mercado constituida por individuos aislados, que mercantiliza las cosas y también las relaciones entre los individuos.

 

Como parte del modelo, se imponen como valores lo pasajero, lo inmediato, el cambio por el cambio mismo, de auto, de ropa, de bebida, de compañía. Todo debe ser consumido rápido para estar listo a consumir más. Es una tendencia inevitable de un sistema que procura reducir el tiempo en el que las mercancías están en la esfera de la circulación, ya que cuanto menos tiempo en ella -que realiza pero no produce valor -, más rápido se valorizará el capital.

No estamos en una sociedad sin valores, sino en una en la que valores nuevos se imponen para justificar la búsqueda del éxito individual, de la felicidad asociada al consumo. Sometidos a estas tensiones, las personas generan múltiples estrategias para acceder a éste tipo de felicidad y se multiplican las horas dedicadas a generar dinero para conseguirla. Pero para algunos sectores, especialmente entre quienes estuvieron sometidos a sistemáticos procesos de exclusión, el trabajo ya no es un valor, de modo que procuran por otros medios el acceso a lo mismo. En nuestro país éste proceso se aceleró en la década de los 90 y tuvo su apogeo en la crisis del 2002. Aunque explica parte de la violencia Éste es el contexto en el que hay que ubicar el problema del consumo de sustancias, las relaciones que los consumidores establecen con éstas, entre ellos y con otros, que no otra cosa es el mercado. La iniciativa de regulación del mercado de cannabis está orientada a intervenir en éste, hoy sujeto exclusivamente a las reglas crecientemente violentas que impone el narcotráfico.

¿Cómo está regulado hoy el mercado de cannabis?

En nuestro país no está penalizado el consumo pero sí el acceso a las sustancias. Esta es toda la regulación que establece el Estado, y que genera la peculiar contradicción de permitir un consumo que solo es posible realizar cometiendo un delito. A pesar de estar obligadas a delinquir, 25.000 personas consumen diariamente cannabis, 75.000 lo consumen varias veces al mes y hasta 300.000 lo hacen ocasionalmente.

Algunas sustancias psicoactivas son particularmente dañinas por el impacto y la rapidez con la que actúan. Éste es el caso de la pasta base de cocaína. Introducida a Uruguay por el narcotráfico durante la crisis iniciada en 2001, retiró la marihuana y ofertó compulsivamente la PBC en lo que constituyó precisamente una operación de mercado por parte de quienes tienen, hasta hoy, su control monopólico. Ausente el Estado, ésta es la regulación que impone el narcotráfico. En nuestro país, tenemos en la política anti-tabaco una experiencia reciente y exitosa de regulación con una droga legal, basada en los postulados de la reducción de riesgo y daños y en la regulación del mercado (intervención en precio, publicidad, presentación, limitación de oportunidad de consumo, etc.) que en conjunto con medidas educativas y sanitarias está teniendo resultados positivos. ¿Por qué no seguir ese camino?

Las alternativas: Prohibicionismo, Liberalización y Regulación.

En un extremo está la prohibición, el modelo ensayado en todo el mundo impuesto por la

hegemonía norteamericana en los organismos internacionales, de nefastos y públicos resultados. El modelo aplicado en Uruguay hasta ya entrado el siglo XXI es una variante doméstica de aquel. En el extremo opuesto se sitúa la liberalización. Ésta implica el mercado libre y desregulado, la competencia,el marketing.  La propuesta del gobierno busca regular todo el proceso con una fuerte participación estatal en el mismo. El consumo y el riesgo relacionado a la marihuana y otras drogas ilegales se incrementan en la ilegalidad y en el libre mercado; hay fuerte evidencia de que disminuyen con la regulación del mercado.  El Estado tiene múltiples obligaciones con la salud, la vida y la convivencia social de los ciudadanos: controlar y minimizar los riesgos de uso de cualquier sustancia, monitorear la situación que se desprenda de las diferentes normas, investigar su efecto a mediano y largo plazo, entre otras. Estas responsabilidades en lo que respecta a salud, educación, comunicación y propaganda, seguridad, control laboral, acceso menos riesgoso (es decir: evitando recurrir al narcotráfico), seguridad de la sustancia, son funciones que se verán facilitadas en un marco de regulación y no en el mantenimiento del entrono prohibicionista.

El proyecto de ley

El usuario, siempre mayor de edad, podrá acceder a una dosis limitada de la sustancia (posiblemente fijada en torno a los 40g mensuales). El proyecto contempla el acceso a través del auto-cultivo, de clubes de membrecía, por indicación médica y por expendio en un dispositivo específico. A éste último (por ejemplo, el propuesto recientemente por el centro de farmacias) se accedería integrando un registro – cuya confidencialidad está garantizado por la legislación vigente- que prevendría el consumo abusivo y el desvío de sustancia hacia el mercado negro. Ésta modalidad ofrece una nueva oportunidad de intervención en casos problemáticos y su eventual derivación al sistema de salud y sus dispositivos específicos de la red de atención y tratamiento, constituyendo un espacio privilegiado de acciones de prevención, promoción y reducción de daños.

Las dudas razonables

Uno de los temas más sensibles es la posible naturalización del consumo de la marihuana en el imaginario colectivo, sobre todo en el de los más jóvenes. El hecho es que éste proceso ya se ha dadoen el marco vigente, asociado a la muy baja percepción de riesgo. Creemos que un escenario deregulación estatal con fuerte impronta sanitaria, ofrece la oportunidad de situarlo como un problema de salud que no debe ser ocultado sino encarado con responsabilidad por la persona y el contexto social. Apostar a la educación, sin miedos ni estigmatización, aclarando los riesgos y daños que produce el consumo, pero entendiéndolo como un problema que existe y existirá. Sin embargo, no puede desconocerse que el 90% de los usuarios de cannabis no son usuarios problemáticos, no consumen otras drogas y su modalidad de consumo no tiene consecuencias en su vida regular: no tienen problemas de relación, laborales ni sanitarios. Para el 10% que sí los tienen, solo por el uso de cannabis o cuando hay poli-consumo, existen los dispositivos previstos de atención, de tratamiento y rehabilitación. La regulación también ofrece más oportunidades de disponer de recursos para desarrollar éstos dispositivos, y mayor accesibilidad de los usuarios a éstos. También se plantean dudas razonables con respecto a la mayor disponibilidad de la droga y la posibilidad de incrementar el consumo en los jóvenes y con esto el pasaje luego a otras sustancias más peligrosas. Es probable, porque así lo sugieren otras prácticas que dejaron la clandestinidad siendo reguladas, como la del aborto, que durante un período inicial se incremente su frecuencia para, a mediano plazo tender a decrecer, siempre que sean acompañadas de firmes acciones educativas de promoción de hábitos saludables. Finalmente, existen dudas razonables de que se pueda encarar esta empresa ahora. Acometer estos desafíos pondrá en tensión a todos los dispositivos estatales que no están ni estarán preparados hasta que se decida colocar este tema como prioridad nacional. La educación, la salud, la seguridad, la fiscalización, el control, deberán funcionar a una escala que exigirá una fuerte apuesta de todo elgobierno nacional, como verdadera política de Estado.

La regulación como política pública

De lo que no hay dudas es de la responsabilidad histórica de dar una respuesta integral, articulada y contundente a este problema socio sanitario, una política pública que confronte al narcotráfico, nacido y criado en el prohibicionismo, con su impronta cada vez más violenta, y que articule políticas de reducción de riesgo y daño en la esfera educativa y de la salud. No podemos arriesgarnos que en una nueva crisis económica, el narcotráfico tenga la iniciativa de introducir otro veneno. ¿Qué hubiera pasado si en el 2001 el Estado hubiera podido mantener una oferta regulada de marihuana? ¿Se hubiera podido introducir la pasta base bajo nuestras narices y provocar el daño a toda una generación y probablemente la siguiente? Las políticas públicas deben ser orientadas éticamente por el bien público, y estar basadas en las evidencias disponibles, que nos indican que la mejor opción es caminar hacia la regulación. El alcohol, el tabaco y los psicofármacos son responsables de mayores daños y constituyen una sobrecarga al sistema sanitario, sin embargo, nadie propone seriamente prohibir su consumo.                          Los propósitos del proyecto de ley están orientados a alejar a los usuarios de cannabis del delito que el propio Estado les ha condenado cometer, evitando así que se constituyan en la involuntaria primera línea de defensa del narcotráfico, y acercarlos a las políticas públicas, que no deben tener otro objetivo que la disminución del consumo de una sustancia que tiene consecuencias indiscutibles para la salud. En un país decidido a ser pocos, nos precisamos sanos, despejados y libres, lo menos manipulables posible. En esa dirección están orientadas estas políticas promovidas desde el gobierno, políticas de cara a la realidad y a sus problemas, políticas que no esconden la cabeza en la tierra como el avestruz, políticas factibles y mirando al futuro, políticas que apuestan a la decisión consciente de los ciudadanos y a la participación de todo el entramado social en sus soluciones.

Comments