Artículos‎ > ‎

Conferencia de la ONU Rio+20 URUGUAY: VOCES DESDE LA SOCIEDAD CIVILpor Víctor L. Bacchetta

publicado a la‎(s)‎ 16 jun. 2012 15:29 por Semanario Voces
 

 

 

Como parte de las actividades preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), a celebrarse en Rio de Janeiro, del 20 al 22 del corriente mes, en Uruguay ha tenido lugar un proceso de consulta y discusión sin precedentes del más amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil.

 

 

 

Un acuerdo entre el MVOTMA y la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas celebrado en 2011 posibilitó la realización de dos consultas regionales y dos nacionales donde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pudieron debatir y definir sus posturas sobre los temas de la conferencia a través una participación amplia e independiente.

 

Las entidades participantes en este proceso incluyeron desde organizaciones ambientalistas tradicionales, como Amigos de la Tierra Uruguay y la red que las agrupa a todas, centros de investigación como el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA), grupos femeninos y feministas, como la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU) y Cotidiano Mujer, hasta comisiones y gremios, como las comisiones de Salud Laboral y de Salud y Ambiente del PIT-CNT, FFOSE y FENAPES, entre otras organizaciones tanto de la capital como varios departamentos del interior del país.

 

Como resultado de ese proceso, que en su parte medular insumió más de cuatro meses, se elaboró un documento titulado "Rio+20-Sociedad Civil-Uruguay" de 50 páginas. En el mismo, las OSC efectúan un diagnóstico de la situación actual, toman posición sobre un tema central de la Conferencia, la "economía verde", y definen prioridades de la agenda internacional y la agenda política local, así como de la agenda ambiental en Uruguay. De 71 organizaciones participantes en las consultas, 66 entidades dieron su aval al documento que refleja los acuerdos entre la mayoría de las organizaciones.

 

No tiene precedentes en Uruguay un proceso de estas características centrado en una de las problemáticas más complejas y apremiantes hoy para la humanidad. La participación social en las políticas de desarrollo no es una práctica adquirida por nuestra sociedad y el sistema político defiende su independencia en las decisiones. Los medios de comunicación ignoraron prácticamente este proceso, al punto que en la conferencia de prensa realizada en la Presidencia, donde se divulgó la posición que llevará Uruguay a Rio+20, se destacó más la presencia de la embajadora de Estados Unidos que del representante de las OSC.

 

Entrevista a Miguel Piñeyro

 

"Se mostró que la sociedad civil trabaja con independencia, seriedad, profesionalismo y responsabilidad"

 

Miguel Piñeyro es un productor rural integrante del Grupo Defensa del Medio Ambiente de Colonia Valdense (DEMAVAL) y presidente de la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas. Como parte de la coordinación del Proceso Preparatorio Nacional hacia Río+20 de la Sociedad Civil, Piñeyro participó desde el primer día en este proceso y tiene una visión global y crítica del mismo que pocas veces se expresa con tanta transparencia.

 

 

¿Qué balance hace del proceso de las OSC uruguayas hacia Rio+20?

 

El balance es muy positivo. Sirvió para que muchas organizaciones se conocieran entre sí y además pudieran saber cómo trabajan y qué base social tienen. En particular, se pudo observar la escasa base de muchas organizaciones que aparentan ser muy activas y grandes. Algunas en particular de Montevideo tienen más aparato y profesionalismo que base de apoyo social. Las del interior tienen más base social que profesionalismo.

 

En otros aspectos, también se pudo ver las mismas falencias y dependencias que, al igual que los gobiernos tienen con el poder extranjero o multinacionales, las organizaciones más desarrolladas en aparato tienen con sus organizaciones "matrices". Esa dependencia, además de lo económico, se visualiza como falta de autonomía y/o soberanía. Frente a temas nacionales concretos no tienen independencia de opinión si esa posición se ve enfrentada a las de sus "casas matrices".

 

En cuanto a la participación, la respuesta de las organizaciones fue mucho mayor a la esperada. La Red de ONG Ambientalistas sale mucho más fortalecida en la capacidad de manejarse en espacios de tanta diversidad de actores y altos niveles de protagonismo personal. Logró timonear este proceso para que en la diversidad no se redujeran los diferentes espacios y niveles de propuestas. Existen grupos que solo buscan participar en los momentos plurales, desarmando plataformas de trabajo acordadas e implantando su agenda aunque no haya sido aprobada en espacios de coordinación previos.

 

También ha servido para determinar los perfiles de las diferentes organizaciones. Algunas son netamente organizaciones de técnicos de proyectos que amplían su espacio laboral desde la sociedad civil sin tener posición, pues trabajan para cualquiera de los lados del mostrador bajo el mito del profesionalismo. Otras son solo brazos ejecutores de políticas públicas que han tratado de atenuar las conclusiones y posicionamientos.

 

¿... y del documento alcanzado?

 

Se mostró que la sociedad civil trabaja con independencia, seriedad, profesionalismo y responsabilidad. Además, las diferentes visiones se pueden sentar a dialogar y construir acuerdos sin que ocurran fracturas. No hubo que llevar nada a votación y la realidad muestra que no existen movimientos que se gestionen en base al voto solamente.

 

Los acuerdos logrados cuentan con el aval de cerca de 70 entidades en un proceso amplio, participativo, abierto y democrático. En el proceso de validación, la mayoría de los grupos omitía su definición. Se tuvo que apelar a la lista de asistentes para que luego de un mes de circulado el documento, se pudiera determinar su respuesta. Sin embargo, a pesar de esas dificultades inherentes a la sociedad uruguaya - donde tomar posición no parece ser la consigna -, se logró que más del 90% de las organizaciones que asistieron a alguno de los talleres confirmara el sí o el no, ya que no existían abstenciones en el amplio proceso de discusión en los espacios de participación dispuestos.

 

En cuanto a la asistencia, quienes no participaron fue solo porque no lo quisieron hacer. Siempre se tuvo la inscripción anticipada de los participantes y se les solucionaron sus problemas para que pudieran asistir. A nadie se le prohibió la participación incluso cuando lo hacían desde una oficina no civil. En los casos de oficinas no civiles o de agentes del gobierno encubiertos, las respuestas al documento terminaron siendo omisas.

 

¿Se planteó incluir a las OSC en la delegación uruguaya a la conferencia oficial?

 

Fue planteado tímidamente ya que no se pudo tener un acuerdo total en ese punto. Muchas de las OSC "fuertes" parece que no pueden tener contacto con lo oficial y gubernamental y mantienen la estrategia de trabajar del lado de enfrente y no dentro de la estructura. Se veía siempre la amenaza de ruptura con el proceso si se planteaban con fuerza éstos temas, lo que determinó que se dieran impulsos aislados. Yo entiendo que las estrategias de trabajo son coordinadas tanto en el interior como en el exterior de los espacios oficiales. Lo que debe quedar en claro es de no confundirse cuando uno está en lo oficial y termine perdiendo su rumbo y objetivos de porqué está allí. También son claros los efectos de catapulta que tienen estos espacios en las ambiciones de algunas personas y grupos en particular.

 

¿Cuál fue la postura del gobierno con respecto a este punto?

 

Las respuestas desde el gobierno fueron políticamente correctas y en el mismo tono que la pregunta, tímida y evasivamente. El último intercambio con las oficinas del MVOTMA fue directo, por escrito y concreto. Se solicitó colaboración para el envío de una delegación de tres organizaciones nacionales que participaron del proceso ya que muchas de las que asistirán lo hacen por apoyos extranjeros y van representando a su organización con sus plataformas propias. Nadie viaja aún como representante de este colectivo.

 

La postura del gobierno fue siempre clara. La Cancillería no quiere que la acompañe nadie, incluso del MVOTMA, para tener libertad total para negociar. Desde las altas esferas de dirección del país, como lo expresó Almagro en la conferencia de prensa, la posición es que "todo está muy lindo pero a la hora de pagar las cuentas nadie se quiere hacer cargo". Al parecer, la oficina de la ONU ofreció al gobierno hacerse cargo de la presencia de las OSC en la conferencia oficial, pero recibió una rotunda negativa.

 

¿Qué queda por delante para las OSC uruguayas?

 

Hemos configurado un grupo de trabajo, seguimiento y discusión rumbo a Rio+20 y durante la propia conferencia. Se ha constituido una plataforma virtual para actuar como veedores y construir el espacio a futuro luego de la Cumbre. Muchas organizaciones de base desean continuar con esto, al igual que otras ya dieron por concluido el trabajo.

 

Queda una visión más clara de los rumbos a tomar en las acciones locales y coordinadas de alguna manera en lo nacional. En el interior no se vive la misma realidad de la capital, debe ser porque somos pocos y nos vemos muy seguido, podemos dialogar y discrepar pero, lo que es más importante, vivimos diariamente con nuestros iguales aunque piensen diferente. Las organizaciones ambientalistas en el interior son más trabajadoras en la solidaridad con los vecinos más débiles. Son pocas o ninguna las que tienen personal rentado. En Montevideo parece que la mayoría de las organizaciones vive por inyecciones de dinero que precisan para mantener un staff de técnicos y administrativos. Sin embargo, los respaldos que las ONG del interior tienen con capital social activo y de recambio para sus directivas, hace que algunos de sus dirigentes se sientan con suficiente legitimidad como para que sus voces puedan pesar de igual a igual frente a todo el aparato.

 

 

 

El proceso de las cumbres

 

En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también llamada “Cumbre de la Tierra” o “Cumbre de Río”, constituyó un punto de inflexión en la conciencia pública sobre la problemática ambiental. Fue la mayor reunión de jefes de estado y de gobierno del mundo, 125 en un total de 178 países representados, seguida en paralelo por un Foro de la sociedad civil, con 400 representantes de organizaciones no gubernamentales y más de 17.000 personas de distintas partes del planeta.

 

La Declaración de Rio estableció 27 principios para lograr el desarrollo sostenible, como el Principio 1: «Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza» y el Principio 4: «Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por separado». Para aplicar esos principios, la conferencia aprobó 2.500 recomendaciones en un programa de acción para el Siglo XXI, denominado Programa o Agenda 21.

 

Este evento debió ser el punto de partida para un nuevo enfoque del desarrollo económico y social, ante las evidencias científicas de que las sociedades humanas estaban provocando un deterioro irreversible del ecosistema planetario. Sin embargo, 20 años después, es solo una referencia ejemplar de que la crisis ambiental puede ser entendida, prevista y evitada por la conciencia y la inteligencia de los seres humanos, pero los sistemas políticos y de gobierno vigentes han sido incapaces de poner en práctica sus recomendaciones.

 

Y el descenso

 

La Conferencia Rio+5 realizada en 1997 debía evaluar el cumplimiento del Programa 21. Se volvió a discutir un tema pendiente desde 1992, el financiamiento del desarrollo sostenible en el plano mundial. Se reconocieron avances mínimos en la calidad del aire y el agua y en la producción de alimentos y la persistencia de desafíos como la pobreza y la protección de la atmósfera y la biodiversidad. Se acordó un protocolo con metas obligatorias para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

 

La Conferencia Rio+10 en 2002, llamada Cumbre de Johanesburgo, constató que persistían los problemas tratados en 1992 y que incluso habían surgido nuevos con graves impactos tales como los productos químicos que interrumpen el sistema endócrino, los organismos transgénicos, el cambio climático, el VIH/SIDA y la mundialización. Pero los documentos aprobados en 2002 no incluyeron compromisos concretos ni mayores recursos, por lo que muchos analistas y participantes consideraron a esta Cumbre como un fracaso.

 

El Protocolo de Kioto aprobado en 1997 estableció una reducción de 5% en las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los registros de 1990. El acuerdo entró en vigor en 2005 y debía durar hasta 2012, cuando se adoptarían nuevas metas. La negativa de Estados Unidos, mayor emisor mundial de esos gases, a cumplir una meta que de por sí era considerada insuficiente puso en cuestión la eficacia del acuerdo. Hoy en día, tras siete años de negociaciones infructuosas, el Protocolo se desvanece sin remedio.

 

Meras palabras

 

Así llegamos hasta 2012 donde la Asamblea General de la ONU ha decidido convocar, en el mismo lugar de la Cumbre de 1992, una nueva reunión de jefes de estado y de gobiernos donde los temas principales serían "la economía verde" y "el marco institucional para el desarrollo sostenible". Con este objetivo, la tecnocracia de las Naciones Unidas adelantó el informe que orientará los debates de la Cumbre Rio+20, bajo el título “Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”.

 

En la presentación del documento, el secretario general Ban Ki-moon afirmó que "el informe sobre economía verde cuestiona el mito de que la economía necesariamente impone un costo lesivo para el medio ambiente". Sin embargo, el mito que ha servido para postergar el Programa 21 es exactamente el contrario, es decir, que las medidas de protección del medio ambiente imponen un costo lesivo para la economía. Los preparativos de la cumbre oficial son un ejemplo de la retórica vacía imperante en las relaciones internacionales.

 

¿Qué es la "economía verde"? Los inventores de la idea no la definen con claridad y no les importa. Es un juego de palabras con aparente significado que se usa para colocar un tema nuevo y no analizar qué pasó con los acuerdos anteriores. Cuando el Programa 21 hacía agua por todos lados y se comenzó a sufrir el cambio climático previsto en 1992, se dejó atrás el "desarrollo sostenible" y se propuso la "economía de bajo carbono". Hoy, con el Protocolo de Kioto en la lona, nos proponen hablar de la "economía verde".

 

La otra cumbre

 

Entre el 15 y 23 de este mismo mes de junio, en forma paralela a la reunión oficial Rio+20, se realizará la denominada Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental. De esta manera, la "sociedad civil global" constituida por organizaciones, grupos y movimientos sociales de casi todos los países, se volverá a reunir 20 años después en el mismo Aterro do Flamengo para proponer una nueva forma de vida solidaria en el planeta, contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes.

 

Los movimientos que participan en la Cumbre de los Pueblos han advertido que algunos gobiernos de los países ricos están planteando inclusive "un retroceso de los principios de Rio 92", como el de responsabilidades comunes y diferenciadas, el de precaución y el derecho a la información y la participación, así como amenazan derechos ya consolidados, como los de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, de los campesinos, el derecho humano al agua y los derechos de los trabajadores, entre otros.

Comments