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DELINCUENCIA Y DEMOCRACIA Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 19 nov. 2011 10:36 por Semanario Voces
 

Las encuestas de opinión –y el simple sentido común- indican que, ante el aumento real o aparente de la delictividad, una significativa mayoría de los uruguayos, superior al 70%, según las encuestas, es partidaria de incrementar las políticas represivas y de endurecer las penas con que se castigan ciertos delitos. 

 

Aun más inquietante sería conocer el estado de la opinión pública respecto a cosas más extremas, como dar a los infractores menores de edad el tratamiento de delincuentes adultos o eventualmente restablecer la pena de muerte.

No es para sorprenderse. El reclamo de políticas más duras contra el delito está muy difundido en América Latina y se ha efectivizado o está próximo a efectivizarse, por ejemplo, en países como Chile, Colombia y República Dominicana, entre otros.

En el Uruguay, ese dato de la realidad choca con el discurso predominante en el partido de gobierno, para el que, tradicionalmente, la delincuencia es consecuencia de la pobreza, de la exclusión social y de la privación de derechos humanos, por lo que no puede ni debe combatírsela con métodos represivos.

 

¿QUÉ DIABLOS ES LA DEMOCRACIA?

Pocas ideas han sido tan manoseadas y desgastadas a lo largo de la historia como la de “democracia”.

Así, se ha dicho que se caracteriza por la rotación de los partidos en el gobierno, o por el uso del sufragio universal para la elección de representantes, o por la plena vigencia de los derechos humanos, o por el respeto a la libertad de prensa y de expresión, o por  la existencia de amplios y libres debates públicos.

Tantas definiciones y descripciones terminan por hacer olvidar que el rasgo definitorio de la democracia es, como su nombre lo indica, que el poder está en manos del pueblo, o, en otras palabras, que las políticas públicas deben estar orientados a cumplir la voluntad de las mayorías.

Así de sencillo y de tremendo: la democracia intenta plasmar en políticas concretas la voluntad mayoritaria del pueblo, que no necesariamente tiene por qué ser o parecer justa o acertada para todo el mundo.

Todo lo demás es importante pero accesorio. La legitimidad de los representantes, la rotación de los partidos, la vigencia de los derechos humanos, la libertad de prensa y la existencia de debates públicos hacen más perfecta o más garantista a la democracia, pero no la definen. Porque su rasgo esencial es hacer realidad la voluntad mayoritaria.

 

“ATENTO URUGUAY: TENEMOS PROBLEMAS”

La simple mención de ese rasgo pone en evidencia que el Frente Amplio, como partido de gobierno, se encuentra en problemas. Porque sus políticas en materia de prevención y tratamiento de la delincuencia, fundadas en la mecánica invocación de “los derechos humanos” y en el reparto de beneficios materiales a los sectores sociales más pobres, condicen cada vez menos con la que parece ser la voluntad popular mayoritaria en la materia. Serio asunto para una fuerza política que se pretende popular y democrática. 

¿Cuánto tiempo puede un gobierno democrático mantener políticas que han perdido o no concitan el apoyo de la mayoría de la población?

Todo lleva a pensar que poco tiempo. Porque, tarde o temprano, la voluntad popular tenderá a imponerse, ya sea mediante el retiro del apoyo electoral al partido de gobierno o mediante la aprobación plebiscitaria de reformas que impongan el cambio (el plebiscito de Bordaberry es una primera señal en ese sentido).

Ahora, ¿las únicas alternativas son persistir en las políticas actuales o pasar a una lógica represiva?

Es muy probable que no. Que la disconformidad pública sea con los resultados de las políticas actuales, pero no necesariamente requiera salidas brutales. Todavía hay espacio y tiempo –poco, pero lo hay- para defender políticas respetuosas de los derechos fundamentales y orientadas a la solución de las causas sociales de la delincuencia. Aunque, claro, eso implicaría reconocer errores y ensayar otros caminos, que armonicen la sensibilidad social con la seguridad. 

 

LA PUNTA DEL ICEBERG

Podría pensarse que la discrepancia ciudadana es puntual, limitada a las políticas de seguridad pública y tratamiento de la delincuencia. Pero eso sería un error.

Si la marginalidad social y la cantidad de delitos y de delincuentes crecen, y por ende crece la sensación de inseguridad, hay que suponer que varias de las políticas oficiales no están dando los  resultados esperados.

En primer lugar, la política económica, aunque arroje buenos números en lo macro, no ha frenado la concentración de la riqueza ni ha producido su esperado “derrame”, así como tampoco ha logrado la inserción laboral de amplios sectores marginales.

Las políticas sociales, después de siete años de gobierno frenteamplista, han transferido gran cantidad de recursos a los sectores marginales sin lograr su inserción social ni cultural.

El sistema educativo, clave para impedir la reproducción de la marginalidad, tampoco está logrando la necesaria integración cultural de los niños y los adolescentes provenientes de sectores sociales en situación crítica.

Las instituciones públicas dedicadas específicamente al tratamiento de la minoridad en riesgo y de la minoridad infractora (INAU, justicia especializada, etc.) carecen de recursos, presentan graves fallas de funcionamiento y, sobre todo, se debaten en una ambigüedad conceptual, generada en buena medida por la legislación vigente, que les impide incluso tener clara su función social y, por lo tanto, hacerla efectiva.

Para concluir, la policía, encargada de la labor preventiva y represiva más directa, tiene una ineficacia que no condice con el alto número de policías por habitantes que tiene nuestro país y que no se explica sin considerar ciertos vicios y corrupciones que afectan desde siempre a la institución.

 

LA FUNCIÓN PEDAGÓGICA DEL GOBIERNO

Si bien un gobierno democrático está obligado a efectivizar la voluntad de la mayoría de la población, ese cometido no es mecánico ni totalmente lineal.

Hay un juego dialógico entre gobierno y ciudadanía, así como entre gobierno y oposición, en el que el gobierno, fundado en su legitimidad democrática, puede proponer caminos y, durante cierto tiempo, lograr la confianza o la paciencia de la ciudadanía hasta ver los resultados de la gestión. En ese juego dialógico, un gobierno sensible puede hacer ajustes a sus propuestas, atendiendo tanto a la realidad como a la opinión de la ciudadanía. Así como puede cumplir una labor pedagógica, convenciendo y formando opinión favorable a sus propuestas y puntos de vista, si los tiene. Ni la ciega tozudez que se niega a oír ni la demagógica complacencia con el primer grito de la tribuna son las señas de identidad de un gobierno democrático.

El desafío para el gobierno y para el Frente Amplio parece ser demostrar que se puede prevenir la delincuencia con políticas sociales adecuadas y reprimirla con prudencia e inteligencia, sin atropellar los derechos fundamentales.    

Queda tiempo todavía para, respetando el reclamo ciudadano de más seguridad, proponer caminos nuevos, meditados, que ataquen las causas de fondo del aumento de los delitos. Aunque, claro, el tiempo no es mucho y la solución seguramente requerirá revisar varias de las políticas aplicadas hasta el momento.

La omisión o el fracaso en esa tarea pueden determinar procesos populares autoritarios y la pérdida del apoyo electoral para el Frente Amplio.

 

    

  

 

 

 

 

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