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Delitos, cifras y lazo espiritual Por Rafael Paternain

publicado a la‎(s)‎ 19 nov. 2011 10:28 por Semanario Voces
 

 

 

La información sobre violencia, criminalidad e inseguridad siempre está sujeta a discusión. Las discrepancias que se registran en Uruguay no son la excepción. Es común olvidar que en nuestro país los datos sobre estos asuntos se hicieron públicos a partir de 2005, y que dos años después se comenzaron a desarrollar sendos sistemas de información dentro del Ministerio del Interior, uno de los cuales hoy es rebautizado como “Sistema de Gestión de Seguridad Pública”. Tampoco puede pasar desapercibido que en el último año el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad ha producido informaciones diversas y relevantes, tales como los datos sobre denuncias, los resultados de un censo de población carcelaria y la encuesta nacional sobre percepción y victimización.

            Frente a esto, muchos creen que la estadística equivale a verdades reveladas y que el número es el fiel reflejo de la realidad. Por su parte, otros se afilian desde el inicio a la idea de la sospecha y atribuyen manipulación y adulteración ante cada nueva evidencia que se difunde. Cualquiera de estas dos posturas invalida los intentos de acumulación técnica para mejorar la confiabilidad y la transparencia en una arena de política pública marcada por la arbitrariedad y la opinión sin fundamentos. Los datos están allí presentes para ser interpretados y discutidos con honestidad intelectual.

 

 

II

 

Aunque nuestras representaciones nos digan lo contrario, los homicidios cayeron un 9,3% en el 2010 y un 19% durante el primer semestre de 2011. Esto nos alerta sobre la estabilidad del indicador más grave de criminalidad en los últimos siete años, generando un promedio anual inferior al registrado entre 1989 y 2004.

Por el contrario, los suicidios experimentaron un crecimiento del 12,2% en el 2010 y los accidentes fatales en el tránsito fueron un 1% más que en el 2009. Llama la atención que a lo largo del presente año no se haya publicado ninguna evidencia sobre estos dos tipos de muertes violentas externas que superan con amplitud a los homicidios.

Por su parte, la violencia interpersonal tiene variadas manifestaciones. Entre ellas, la más trascendente es la violencia doméstica. Las denuncias a la Policía de este delito aumentaron un 11,4% en el 2010, y en el primer semestre de este año el porcentaje de variación fue 0. La estadística del Ministerio del Interior sobre este delito padece de severos problemas de subregistro. Con independencia de la cantidad de hechos que se producen y que no se denuncian, hay un porción relevante de situaciones que llegan a conocimiento de la Policía y que luego no se suman a las estadísticas mensuales, o bien se añaden como lesiones, amenazas, problemas familiares, etc. La dificultad mayor se localiza en Montevideo: ¿es razonable que este departamento represente menos del 15% de las denuncias de violencia doméstica en todo el país? ¿Es creíble que Canelones y Maldonado tengan números absolutos de denuncias mayores a los de la capital?

A esta circunstancia hay que agregarle que en la “encuesta nacional de percepción y victimización” recientemente difundida no hay un solo dato que ilustre sobre la violencia doméstica y de género, y tampoco sobre el porcentaje de no denuncia (conocido como cifra negra). Si el diseño de la encuesta no incorporó este renglón de la victimización, estamos ante una omisión técnica grave; por el contrario, si esa dimensión fue medida pero no publicada, queda al descubierto una perspectiva que le otorga prioridad, por ejemplo, al “robo de bicicletas”.

Si bien no hay razones para pensar que el Ministerio del Interior no actualizará las cifras de mujeres asesinadas en el último año (como se ha hecho, sin interrupciones, desde noviembre de 2007), la información disponible todavía está muy lejos de fijar con precisión uno de los problemas criminológicos más importantes de nuestra sociedad.

 

 

III

 

Los delitos contra la propiedad emergen como el núcleo de la preocupación de la ciudadanía y concentran el grueso de las respuestas públicas. Entre 2005 y 2009, las denuncias de rapiñas crecieron un 36% (aproximadamente un 7% anual). Durante el 2010 y el 2011 este delito aumentó cerca de un 27%, es decir, casi un 14% anual. Por su lado, luego de cinco años de un descenso del 11%, los hurtos volvieron a crecer en casi un 1% en 2010 y en 1,7% en el primer semestre de 2011.

En los últimos meses se han insistido con la idea de la “desaceleración” en el crecimiento de las denuncias de rapiñas. De hecho, entre enero y abril de 2011 hubo un aumento del 2,1%, mientras que en el primer semestre el alza fue de 8,9%. Estos números revelan los efectos absolutamente nulos de los llamados “megaoperativos” sobre las tendencias del delito. Incluso no se disponen de evidencias para Montevideo, de forma tal de poder verificar si en realidad la desaceleración de las rapiñas no tiene como contrapartida un crecimiento de los hurtos (sobre todo de aquellos que están en la frontera con las rapiñas), en cuyo caso el indicador podría estar afectado por problemas de registro.

No faltará quien diga que esta discusión sobre números es inútil, pues las urgencias de la gente poco saben de subas y bajas de indicadores. Además, se agregará, los datos no son confiables ya que la gran mayoría de los delitos no se denuncia. Como ya se señaló, el Ministerio del Interior dio a conocer hace pocas semanas los resultados de una “encuesta de percepción y victimización” largamente demandada. De lo que se publicó, no hay resultados que sorprendan especialmente. Más bien lo contrario: sorprenden las “omisiones”. Por lo pronto, no se desprende ningún dato global sobre victimización, primero porque faltan delitos muy importantes (los hurtos, las tentativas de robos en viviendas, los daños a la propiedad,  la violencia doméstica, etc.), y segundo porque la victimización se mide tanto sobre el “hogar” como sobre las “personas”. Tampoco se revela el porcentaje general de delitos sufridos y no denunciados. Sea lo que fuere, la cifra negra que se muestra para ciertos delitos se ubica en parámetros esperables, lo cual ratifica la validez de las tendencias de las denuncias recibidas por la Policía.

En un contexto de “virajes” y cambios organizativos en la Policía Nacional, el monitoreo del delito tiene que trasladarse hacia las encuestas de victimización. Los ajustes territoriales previstos y la centralización en el Ministerio del Interior del “Sistema de Gestión Policial” que funcionaba en la órbita de las Jefaturas de Montevideo y Canelones, tendrán impactos transitorios sobre las estadísticas de denuncias. Si bien es un avance indiscutible, lo mostrado por esta encuesta no garantiza la solidez necesaria para transitar hacia sistemas de información más desarrollados.

 

 

IV

 

No es cierto que todos los delitos hayan crecido con la misma intensidad en los últimos lustros. Tampoco es válida la afirmación que sostiene que las tendencias registradas en el 2010 y 2011 sean idénticas a las observadas entre 2005 y 2009. Una lectura de esta naturaleza constituye una negación equivalente a la que abona la idea de la manipulación. Es una variante para dejarnos de nuevo a ciegas en un terreno plagado de miradas sesgadas y pretensiones fundacionales.

Las estadísticas son el reflejo del alma de una política. El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad ha roto una regla de oro al suministrar los números absolutos de denuncias de delitos por seccionales policiales, y promover así –sin controles ni relativizaciones- ranking de barrios peligrosos, lo cual parece ir en sintonía con las intervenciones territoriales de carácter reactivo.

Lo que muestran y lo que omiten los números están más cerca del lazo espiritual –el cual une las intenciones con las realidades- que de la objetividad indiscutible. Todos tenemos el derecho a creer que nos hallamos en el umbral de la construcción de un proyecto “integral” en seguridad ciudadana, que por fin dejará atrás las visiones hoy acusadas de “parciales”. Pero también tenemos la obligación de poder sustentar este anhelo con fundamentos progresistas y racionales.

Sobran los argumentos para afirmar que toda la gestión del Frente Amplio en este ámbito ha constituido un salto evidente en comparación con los ejercicios de los partidos tradicionales. Ojalá podamos incorporar nuevas convicciones provistas de mayor complejidad programática e inmunes a las justificaciones conservadoras.

 

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