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EDUCACIÓN, EDUCACIÓN, EDUCACIÓN…¿QUÉ EDUCACIÓN? Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 29 sept. 2011 13:45 por Semanario Voces   [ actualizado el 29 sept. 2011 13:53 ]
 

 

 

 

 

Hay en el país un inusual consenso: la educación pública anda mal, o muy mal. La alarma crece cada vez que se difunden los índices de deserción del sistema educativo, los resultados de las pruebas “PISA” y el bajísimo rendimiento de los alumnos recién ingresados a la Universidad, o se tiene contacto directo con adolescentes y preadolescentes.
Tan obvio es el asunto que se habla –los políticos, sobre todo, hablan- de declarar a la enseñanza una emergencia o una causa nacional, suprapartidaria y supraideológica.  

Lo bueno es que, como ningún partido está libre de pecado en el desastre educativo, ninguno puede tirar la primera piedra.

Lo malo es que el consenso llega hasta ahí nomás. Oficialistas y opositores afirman que el problema es grave y que habría que buscar un “acuerdo nacional para hacer algo”, en

forma urgente,”por encima de partidos”, “atendiendo sobre todo a la juventud, que es el futuro del país”. ¿Les suenan esas frases?

Ahora, si tratamos de avanzar un paso más, el consenso se desmorona. Hay mucho acuerdo en el diagnóstico y casi ninguno en el tratamiento.

 
LA TORRE DE BABEL EDUCATIVA

A la hora de proponer soluciones, algunos dirán que hay que elevar los niveles de exigencia, otros dirán que se precisan políticas más inclusivas, otros que se debe reformar la estructura del sistema educativo, muchos docentes reclamarán más salario y más participación de los gremios docentes, en tanto muchas personas propondrán erradicar a los gremios docentes del control de la enseñanza. Habrá quien pida reformar los programas, o hacer competir en igualdad de condiciones a la enseñanza pública con la privada; habrá quien impulse la descentralización del sistema y quién proponga un más claro ejercicio de autoridad desde la cúpula del mismo.

En fin, que no hay acuerdo en qué hacer con la enseñanza, aunque lo haya en que algo hay que hacer con ella.

Voy a ser un poco atrevido. Mi hipótesis es que las discrepancias arrancan en una falta de acuerdo sobre qué pretende la sociedad uruguaya de la educación.

Hay quienes piensan que la función principal del sistema educativo debe ser preparar a los jóvenes para insertarse en el mercado de trabajo, otros creen que es más importante sacar a luz todas sus potencialidades como personas, otros priorizan la “educación en valores”, tampoco faltan quienes antepongan la formación en ciencias básicas, o el desarrollo de la sensibilidad y la creatividad, o el desarrollo de virtudes cívicas, ni quienes, en forma elíptica, reclamen “una educación de calidad”, como si la calidad fuera un valor neutro, separable de la orientación y finalidad de la enseñanza.

Todo indica que en este punto (la definición de los objetivos de la educación) radica el origen de los desentendimientos, que terminan transformando al debate sobre el tema en una verdadera torre de Babel.

¿Cómo, en base a qué criterios, establecer los fines de la educación para, recién después, acordar los mejores medios y caminos para cumplirlos?

 
EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA

Voy a ser todavía más atrevido. Asumo que no todos los uruguayos estaremos de acuerdo en lo que esperamos de la educación.

Mi hipótesis es que el gran tema que enfrentamos y enfrentaremos como país es la disyuntiva entre un modelo de sociedad desintegrada, en la que haya incluidos y excluidos del sistema económico, político y social, y una sociedad más inclusiva, en que las oportunidades -y por ende el poder- estén más equitativamente repartidos.

Quienes pretendan asegurarles a sus hijos una posición de privilegio en una sociedad estratificada, seguramente seguirán prefiriendo “desengancharse” del sistema de enseñanza público y enviar a sus hijos a instituciones de enseñanza privada de alto nivel, que usualmente, en forma más o menos velada, prometen formar a la “élite” de la sociedad. Habrá también quienes, con menos recursos pero tratando de imitar a esos “que pueden”, enviarán a sus hijos a instituciones privadas “de medio pelo”, que no forman precisamente a la élite sino a algo definible como “quiero y no puedo”. Hasta admito que haya instituciones privadas que esquiven esas ínfulas aristrocratizantes y simplemente ofrezcan una buena formación cultural, con algún perfil particular, aunque  siempre minoritario.

El resto, la enorme mayoría de los gurises del país, está destinada (esperemos no tener que decir “condenada”) a la enseñanza pública. Esa mayoría hoy es más de las tres cuartas partes de la población en edad escolar y lineal.

No es muy difícil deducir la relación entre el destino de esa mayoría de jóvenes y el tipo de sociedad en la que viviremos.

Si la conducción de la sociedad va a quedar en manos de las élites formadas en instituciones de enseñanza privada exclusivas y excluyentes, nos espera una sociedad desintegrada, dividida entre privilegiados y excluidos.

La alternativa es que el sistema de enseñanza público logre capacitar a las otras tres cuartas partes de los jóvenes para que puedan disputar y asumir su cuota de poder en la conducción de la sociedad. En otras palabras, si el sistema público de enseñanza no es una escuela para la democracia –democracia en sentido sustancial, entendida como distribución efectiva del poder de decisión-  será cómplice de un modelo social excluyente y muy poco democrático.

Lo que quiero decir es que -tan o más importante que la adquisición de habilidades laborales, o de conocimientos científicos, o que el desarrollo de la sensibilidad- es que el sistema educativo capacite para coparticipar en el ejercicio democrático del poder.

Eso implica, desde luego, adquirir conocimientos teóricos y técnicos y habilidades laborales, pero sobre todo adquirir la noción del poder, los derechos, las obligaciones y también las limitaciones que caracterizan a la condición de ciudadano.   

La cuestión es que, mirado desde esa óptica, nuestro sistema educativo es hoy casi nulo. Se limita a transmitir con desgano un manojo de conceptos cívicos rutinarios, sin que la capacidad de pensar, reconocer y distinguir el interés propio y el colectivo, argumentar, discrepar, discutir, votar, aceptar las decisiones mayoritarias, ejecutarlas y beneficiarse o perjudicarse con los resultados, forme parte de la currícula.

¿De qué sirven las declaraciones de derechos si los niños no aprenden que los derechos más importantes –los que derivan de la participación- se conquistan ejerciéndolos?

¿Por qué ningún aspecto de la currícula consiste en que los alumnos se autorganicen para hacer un viaje, un asado, un campeonato de fútbol, o para mantener limpio y arreglado el liceo? ¿Por qué no calificarlos y premiarlos colectivamente por el resultado que logren en esas actividades? ¿Por qué se les declaran derechos al tiempo que se les permite –o exige- actuar como idiotas, en el sentido más estricto del término?

Apenas tengo espacio para formular una consigna, discutible, como toda idea: La enseñanza como escuela práctica de democracia.

No puedo argumentar más por falta de espacio. Pero la idea –que no es mía ni nueva- es  suficientemente sugerente para defenderse casi sola.   

       

 

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