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EL ESPACIO QUE FALTA EN LA IZQUIERDA Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 9 nov. 2011 5:36 por Semanario Voces
 

La lectura de este artículo no se recomienda a todo el mundo.

A ciertas personas puede provocarles urticarias, alergias graves e incluso un fuerte aumento de la presión arterial.

Por ejemplo, si usted cree que la gestión de los gobiernos del Frente Amplio (la de éste y la del anterior) nos introdujo en el mejor de los mundos posibles, si considera que el Plenario, el Consejo de Ministros, la bancada parlamentaria y el mismo Presidente de la República están haciendo una gestión inmejorable, no pierda el tiempo y no arriesgue su bienestar arterial.

En cambio, si se siente desconcertado, preocupado, si las políticas adoptadas no colman sus expectativas, si cree que tampoco cumplen las expectativas generadas durante las campañas electorales y, sobre todo, durante las largas décadas en que el Frente Amplio fue oposición, siga adelante. Quizá no esté de acuerdo con lo que va a leer, pero al menos no se expondrá a un infarto repentino.

 

IZQUIERDISTAS DESCONCERTADOS

Que los partidos de centro derecha estén desconformes (en este país la derecha pura no se anima a salir del armario) es normal y previsible. Que los votantes blancos y colorados estén desconformes también lo es. Lo que sorprende es que muchos militantes de izquierda de toda la vida, viejos frenteamplistas de la primera hora y  jóvenes frenteamplistas nacidos con la bandera de Otorgués en la mano, se sientan desconcertados, desanimados o francamente desconformes.

¿Qué cosas desconciertan a muchos frenteamplistas?

Yo diría que hay dos objeciones fuertes que se reiteran, aunque no a todos los desconformes les molesten las dos cosas, o al menos no en el mismo grado.

Una tiene que ver con la economía, con las políticas económicas por las que han optado los gobiernos del Frente Amplio.

La otra con el manejo de la institucionalidad, con la dificultad para gestionar las instituciones del Estado y, sobre todo, para que éstas plasmen las políticas públicas que supuestamente se pretende adoptar.


“ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO”

La prioridad dada a la gran inversión extranjera, con exoneraciones tributarias, otorgamiento de puertos y zonas francas, contratos reservados o secretos, regímenes de excepción en lo laboral y en lo tributario, garantías respecto a cambios legislativos y, en general, un trato privilegiado, ha sorprendido a muchos militantes de izquierda.

No es que el Frente no hubiera hablado sobre la importancia de la inversión extranjera, pero de ahí a concederle a esas inversiones un régimen de total privilegio, comparado con el que tienen el resto de las empresas, las inversiones nacionales y aun los asalariados uruguayos, hay un largo trecho.

El asunto se complica, además, porque muchas de esas inversiones incursionan en áreas polémicas de la economía, en las que pueden estar en juego el equilibrio ecológico y los recursos naturales del país. 

El gasto en políticas sociales también es objeto de controversias, no tanto por el gasto en sí mismo, sino porque se transfieren recursos a sectores sociales marginales o muy pobres sin generar en los beneficiarios hábitos y posibilidades de trabajo o niveles educativos que posibiliten su inserción social.

El modelo adoptado coincide con el llamado “progresismo”, que pretende conciliar el desarrollo económico capitalista, y en especial del capitalismo “global” con políticas sociales asistenciales focalizadas, bajo la gestión de gobiernos pretendidamente “de izquierda”. Hasta el momento ha funcionado, tal vez por la excepcional etapa económica vivida, en la que los precios de los productos que Uruguay exporta eran extraordinariamente altos.   

En el caso uruguayo, el costo de ese modelo –que implica privilegio de la gran inversión, no meterse con la riqueza tradicional y transferencia de recursos a los sectores marginales- es soportado en gran medida por las capas sociales medias, en particular por los asalariados de ingresos medios y altos, lo que también explica el desconcierto de quienes esperaban que, bajo un gobierno de izquierda, el reparto económico fuera soportado por los más ricos.

 

LA INSTITUCIONALIDAD REPUBLICANA

En un régimen republicano (como el que constitucionalmente tiene el Uruguay, aunque a veces lo olvidemos) el buen funcionamiento de las instituciones es esencial.

Un gobierno fuerte, un partido poderoso o un caudillo carismático pueden adoptar medidas populares e incluso muy acertadas. También pueden no hacer nada, o hacer macanas.

Sin embargo, la clave para lo bueno se ejecute y permanezca, y para que las macanas no sean tan graves, es que las políticas se institucionalicen. Que los organismos públicos competentes ejecuten las políticas y los organismos que deben controlar controlen.

Si cada vez que al gobierno, al partido o al presidente de turno se les ocurre una idea es necesario crear una comisión, un programa especial, o un “proyecto”, en paralelo y al costado de la institución pública encargada del tema, el resultado es que las funciones, las oficinas, los funcionarios, los sueldos y los gastos se multiplican, la autoridad se divide y contrapone, los responsables institucionales se frustran, los responsables “ad hoc” se marean de poder y nada funciona. Además, la excepcionalidad del mecanismo impide que los controles funcionen debidamente y, para colmo, todo tiende a quedar en la nada cuando se acaba el dinero, el mandato o el entusiasmo del jerarca o del sector político que inició el proyecto. Mientras tanto, la institucionalidad establecida vegeta, cuando no sabotea la iniciativa.

La reforma vareliana y el modelo batllista, por dar ejemplos, se establecieron y perduraron porque, entre otras cosas, tuvieron la capacidad de transformar la institucionalidad y ponerla a trabajar a su favor. Para eso se necesitan ideas claras y fuertes consensos 

Un gobierno radical reforma por medios legítimos las instituciones para ponerlas a trabajar en la dirección que la ciudadanía ha aprobado. Eso puede traer conflictos, pero, si el gobierno tiene ideas claras, puede enfrentarlos y demostrar a la ciudadanía que el cambio es necesario. Si no logra hacerlo, una de dos: o no tiene ideas claras, o carece de capacidad de gestión. O las dos cosas.

La educación, la seguridad pública, la institución militar y parcialmente la salud pública, son casos en que la institucionalidad uruguaya no participa o directamente obstaculiza la aplicación de nuevas políticas, en caso de que las haya.

El Frente, y en particular el MPP, tienen una enorme confianza en la capacidad negociadora de Mujica. Pero no siempre la capacidad negociadora de un caudillo puede sustituir a los consensos institucionales públicos, típicamente republicanos. La negociación con poderes corporativos –más si se efectúa tácitamente o con reserva- puede redundar en la consolidación del statu quo, en un reparto de cuotas de poder que deja al margen y sacrifica a los más débiles, a los ciudadanos de a pie, que no están protegidos ni por el poder político ni por el poder de las corporaciones.

Proyectos claros, pública y transparentemente expresados y discutidos, y la firme decisión de ejecutarlos legítimamente por medio de las instituciones competentes, es la diferencia entre un gobierno popular y uno populachero. La marca de fábrica de un gobierno democrático y republicano.

 

GIRO HACIA LA IZQUIERDA, HACIA LO POPULAR… ¿Y HACIA LO REPUBLICANO?

“Un giro hacia la izquierda y hacia lo popular” fue la consigna por la que mucha gente de izquierda votó a Mujica y lo llevó a la presidencia. La expectativa era una economía más volcada a la producción nacional, a la pequeña y mediana inversión, al trabajo. Y una gestión política menos imperial que la de Tabaré Vázquez, más abierta a la participación, a la discusión pública, al poder de los que son más y tienen menos.

Los hechos han determinado que, reparto de poder y de territorio político mediante, la política económica siga los mismos parámetros del gobierno anterior.

Pero también están demostrando que se puede confundir la democratización del poder con el poder de un partido o de una organización política, o con la mesiánica confianza en la capacidad negociadora de un líder.

Hay un espacio –no sé si político, pero al menos ideológico- que no tiene suficiente fuerza en la izquierda uruguaya. Es el que aspira a políticas económicas más equitativas y a una concepción más democrática, firme, respetuosa, transparente y republicana de la gestión pública.

Es probable que esa sea la causa de muchos desconciertos.   

          

 

 

 

 

 

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