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El gobierno, la oposición y los cargos Por Javier de Haedo

publicado a la‎(s)‎ 2 ago. 2012 14:50 por Semanario Voces
 

En una de mis primeras columnas en Voces, allá por junio de 2010, me referí, entre otros “Temas electorales sobre la mesa”, que así la titulé, al famoso tema de los cargos de la oposición en el gobierno, que ha vuelto al tapete en las últimas semanas.

 

En particular, me referí a la forma de elección de los representantes partidarios en los cargos de dirección en el sector público. Señalé entonces en Voces: “Por lo que he visto en los últimos seis períodos de gobierno, hay básicamente tres fuentes diversas para la elección de los nombres a ocupar puestos de dirección en el sector público. Una, los amigos y el entorno del líder partidario o sectorial. Dos, dirigentes que perdieron la elección y no salieron electos en las posiciones para las que se postularon (los llamados “premios consuelo”). Y tres, personas con experiencia y conocimiento específico en la materia sobre la cual deberán trabajar desde el cargo para el cual son designados. Ha sido tradición en los partidos tradicionales, y valga el juego de palabras, abundar en designaciones provenientes de la segunda fuente y en menor medida de la primera de las referidas. Excepcionalmente, de la tercera. En el período de gobierno anterior, elogié públicamente las designaciones efectuadas por el Frente Amplio ya que la norma fue la tercera fuente y la excepción las otras. En el actual período, y volviendo a los partidos tradicionales, he visto con la misma satisfacción la lista de nombres que ha comunicado al Poder Ejecutivo el sector del senador Bordaberry”.

 

En las últimas semanas el tema volvió por sus fueros y se dio un intenso intercambio conceptual entre las figuras más destacadas del gobierno y de la oposición. Que deben dejar los cargos si se oponen a todo, que nos debemos quedar para controlarlos, que qué se van a ir si quedarían desocupados, que la Constitución es la que nos dio los cargos y no el gobierno, etcétera, etcétera.

 

La piedra de toque de este capítulo fueron declaraciones de la senadora Topolansky, quien reclamó los cargos a la oposición dado que según ella, ésta criticaba y se oponía a todo lo que planteaba el gobierno. Pero en realidad la concesión de los cargos, en su momento, no fue parte de una “cláusula de paz” o de un “pacto de silencio” sino, en todo caso, la contrapartida de la suscripción de determinados acuerdos.

 

Antes de entrar en materia, quiero hacer una precisión que creo que viene al caso, porque es frecuente, cuando se trata este tema, que se diga que no es el gobierno el que concede a la oposición los cargos sino que es la propia Constitución. Veamos lo que dice la Carta en su artículo 187, que norma la designación de los miembros de los Directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados:

 

“Los miembros de los Directorios y los Directores Generales que no sean de carácter electivo, serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes elegidos conforme al artículo 94, inciso primero.
Si la venia no fuese otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado.
La ley por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara podrá establecer otro sistema de designación”
.

 

Si bien el primer inciso, por aquello de las “condiciones personales, funcionales y técnicas” (véase que dice “y” y no “o”, por lo que deben darse las tres condiciones a la vez) daría para elaborar profusamente, me interesa en particular el segundo inciso del artículo citado, porque demuestra que el Frente Amplio, con mayoría propia en el Senado, no necesitaba de los votos de la oposición para efectuar la vasta mayoría de las designaciones. Así que es correcto decir que se trató de una concesión del gobierno, a la que éste no estaba obligado, y no de un derecho otorgado a la oposición por la Constitución.

 

Cabe señalar que también hubo otras designaciones, en cargos que no requieren de la venia del Senado sino de una decisión del Ejecutivo o de otros organismos y en esos cargos también se concedió a la oposición su participación.

 

Volviendo al tema, a partir del pasado fin de semana se conocieron definiciones concretas de los diferentes sectores de la oposición sobre la permanencia o no de sus representantes en los cargos.

 

Primero fue el senador Bordaberry, quien en representación de su sector expresó el sábado, con toda lógica, que “parecería que el acuerdo firmado en el inicio del gobierno no se va a cumplir más, y por eso entendemos que el Partido Colorado tiene que poner a disposición del Poder Ejecutivo todos los cargos que ocupa”. Dijo que haría ese planteo al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado. La decisión implicaría renunciar a los cargos en entes públicos, y excluiría, coherentemente, aquellos casos en los que con su propia mayoría, el Frente Amplio no puede designar (Tribunal de Cuentas y Corte Electoral, órganos propiamente de contralor).

 

Rápidamente reaccionó el senador Heber, Presidente del Directorio del Partido Nacional, quien en representación de su partido dijo estar sorprendido por las declaraciones de su colega colorado y descartó acompañar tal actitud basado en el “derecho constitucional de los contribuyentes”.

 

Finalmente el senador Amorín, del sector minoritario del Partido Colorado, también se manifestó sorprendido con la posición del sector mayoritario de su partido y expresó que a priori no la compartía.

 

En la tarde del lunes, el CEN colorado resolvió que cada sector actúe con independencia de criterio. Como consecuencia de ello, el sector mayoritario, de Bordaberry, confirmó que sus integrantes habrán de renunciar a sus cargos, mientras que los restantes sectores resolvieron mantener sus respectivas posiciones en los entes públicos.

 

Debo decir que las respectivas reacciones de los diferentes sectores y partidos de la oposición no me sorprendieron, porque entiendo que cada cual actuó en forma coherente con el tipo de designaciones que en su momento realizó. Y a buen entendedor pocas palabras bastan.

 

Creo que con la situación que se planteó en las últimas semanas, a la oposición se le presentó una buena oportunidad para darle un claro y contundente mentís a quienes, como el Presidente, piensan que quienes ocupan esos cargos podrían quedar desocupados en caso de cesar, quizá porque presume que no tienen posibilidades alternativas de empleo, dadas sus capacidades. Y a las personas que, como yo, sostienen lo que hace dos años escribí en estas páginas que, vistas las reacciones que en la ocasión recibí, son unos cuantos. Y, también, a los mal pensados que creen que se trata, además, de una fuente de financiamiento de los partidos y los sectores políticos.

 

Precisamente, ese es otro aspecto lateral al tema central y que sería interesante que algún periodista dedicado a la investigación encarara, de modo de ilustrar mejor a los ciudadanos y contribuyentes al respecto: en qué medida estos cargos contribuyen a las finanzas partidarias y sectoriales. Y a esto no se refirió el Presidente Mujica porque le comprenden las generales de la ley, y más que al resto, en la medida en que en su sector la mayor parte de las remuneraciones de los funcionarios van para el sector y no para el titular del cargo.

 

Y creo que sólo el sector del senador Bordaberry aprovechó, en la oposición,  la oportunidad para tener una actitud encomiable en el caso.

 

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