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ESTRATEGIA POR LA VIDA Y LA CONVIVENCIA

publicado a la‎(s)‎ 21 jun. 2012 3:28 por Semanario Voces
 

RESUMEN EJECUTIVO

Fundamentación

Desde hace varios años asistimos al fenómeno de "la violencia" como causante principal de

inseguridad y problema prioritario para la población.

Ella emerge con fuerza como resultado – desde nuestro punto de vista – de largos procesos

acumulados de exclusión y se expresa de muy variadas maneras, algunas públicas, otras más

privadas (espectáculos deportivos violencia en delitos contra las personas, violencia doméstica,

accidentes de tránsito que suponen la autoagresión o la agresión a terceros, etc.).-

En consecuencia, entendemos que una estrategia que pretenda abordar la inseguridad pública como

problema debe plantearse la convivencia no violenta como solución, con el objetivo principal de

garantizar la seguridad de sus habitantes. La política de seguridad no puede estar construida sobre el

temor, ni ser una respuesta intempestiva a éste. La fractura social y el quiebre cultural que aún

existe en el país explican en parte una situación negativa que no queremos que se consolide en

forma definitiva.

Este es un proceso que no arranca hoy pero al que hay que darle respuesta inmediata para garantizar

el mañana. Para que la respuesta sea correcta, debemos realizar un diagnóstico que lo sea, y no

podemos dejar de tener en cuenta la influencia que han tenido sobre esta situación los procesos de

exclusión (del mercado de trabajo, de los espacios urbanos, de la circulación en la ciudad, del

desarrollo cultural), que se generaron desde los años ‘70 durante la dictadura y que fueron

progresivamente consolidándose en los años ‘90.

Porque en la década del 90 se transformó drásticamente la estructura productiva del país y el trabajo

como pilar central de socialización comenzó a ser cuestionado. Se consolidó además la generación

de asentamientos urbanos en primera instancia en la periferia de Montevideo y luego en el interior

del país. Por ende el barrio y el espacio público como segundo factor clave de socialización fueron

perdiendo centralidad. Y finalmente, además del trabajo y el barrio, otros dos ámbitos específicos

de inclusión y sentido de pertenencia sufrieron alteraciones significativas: la educación y la familia.

No es casual que una parte significativa de este problema esté asociado a niños y adolescentes

nacidos en los años ‘90 y posteriormente a la crisis del 2002.

Superar el temor colectivo en el espacio público debe ser la estrategia prioritaria para recuperar la

ciudad como un escenario de tránsito, intercambio y generador de encuentros. El propósito es dotar

de equipamientos para la convivencia y el disfrute de la vida con fino sentido estético y alta

funcionalidad. Lo mejor para quienes más lo necesitan para poder saldar una deuda histórica y

garantizar la viabilidad del país como proyecto de vida común.

Y es en ese sentido que las políticas sociales en el territorio articuladas y no dispersas, auto

acumuladas en sus impactos y coordinadas por MIDES juegan un rol clave en el proceso de

construcción de una estrategia de convivencia ciudadana.

La estrategia que proponemos se sustenta en un conjunto de acciones desde el ámbito del Estado

que tienen por objetivo garantizar la plena vigencia de los derechos ciudadanos para la mejora de la

convivencia social. Pero la sola acción del Estado si bien es condición necesaria no es suficiente, es

preciso involucrar en este proceso al conjunto de las fuerzas sociales, culturales, económicas. El

Poder Ejecutivo será un protagonista central de este proceso, pero es necesario que el mismo sea

acompañado por el conjunto del sistema político, por los comunicadores, por artistas y deportistas,

por el conjunto de los actores de la sociedad, por el PIT-CNT y las cámaras empresariales, por los

dirigentes de los equipos deportivos y generadores de opinión de los medios de comunicación, por

la sociedad toda.

La integralidad de la respuesta

La estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana se construye sobre cuatro pilares centrales,

que en su despliegue garantizan la integralidad y el equilibrio razonable que se debe tener en el

abordaje del tema y se expresan por un lado en un conjunto de acciones que ya realiza el Estado en

materia de convivencia ciudadana con un eje en los proyectos de integración social del Gabinete

Social coordinados por MIDES, a los que se suman 14 medidas aquí enunciadas.

1) Adecuación normativa para fortalecer la convivencia

Así como la convivencia es el pacto de lo obvio, los instrumentos legales son acuerdos estipulados

por las sociedades que responden a circunstancias específicas. Periódicamente hay que ajustarlos

porque las sociedades incluyen como dinámica distintiva la permanencia y el cambio en sus

conductas. Las normas para ser justas tienen que ser pertinentes a su tiempo y dar cuenta de la

realidad.

En este contexto, el Poder Ejecutivo pondrá a consideración del Parlamento una serie de iniciativas

que apuntan a mejorar las normas que permitan fortalecer la convivencia en la sociedad, y

desarrollará otras en el marco de las normas actualmente vigentes.

Un capítulo especial lo merece el tratamiento de estos temas en los medios de comunicación.

Usaremos todas las herramientas que hoy disponemos para el control de estas situaciones y no

descartamos la elaboración de medidas de mayor regulación sobre el uso de las imágenes de

violencia en los medios.

Entre ellas creemos que no tiene ningún fundamento que en la norma que regula el horario de

protección del menor están excluidos los informativos, por lo cual nos proponemos la inclusión de

toda la programación dentro de las limitaciones impuestas por el horario de protección al menor.

En esa misma dirección es necesario, como existe en otros países del mundo, regulaciones sobre los

contenidos de los comentarios de internet que, en el anonimato, muchas veces inducen a la

violencia.

En ese sentido y a cuenta del desarrollo que cada una de estas medidas tendrá al momento de su

presentación, anunciamos la presentación para su discusión, de proyectos de ley que tengan como

objetivo:

• Reparación a las víctimas de delito

• Agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base.

• Separar los aspectos vinculados al conflicto con la ley de los niños y adolescentes en un

cuerpo normativo único e integral. En particular ello implicará modificaciones en lo que refiere a la

normativa que rige para los menores infractores..

• Eliminación de la tipificación de una serie de conductas como "faltas" y mantenimiento de

aquellas con real incidencia en la inseguridad ciudadana, adecuándose los mecanismos procesales

para su efectiva sanción por parte del Poder Judicial.

• Abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático

de Drogas y su entorno. Que implica:

a) Generación de un consorcio público para actuar sobre las principales consecuencias del consumo

de Drogas en particular de la pasta base de cocaina.

b) Creación de dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo. Requiere proyecto de ley.

• Legalización regulada y controlada de la marihuana. Requiere proyecto de ley.

• Regulación sobre los medios de comunicación a efectos de no generar alarmas públicas que

estimulen la reproducción de situaciones de violencia.

• Incorporación en el decreto que regula el horario de protección al menor, aquellas cuestiones

hoy excluidas a saber informativos, periodísticos políticos y deportivos.

• Regulación sobre determinados contenidos en las redes sociales a efectos de desestimular

conductas pasibles de generar respuestas violentas.

2) Mejoramiento de la eficacia y la transparencia policial.

• Se promueve la instalación de un sistema de trabajo en las Comisarías en base a gestión por

resultados y control de indicadores, sistemas de patrullaje basados en evidencia científica, uso

intensivo de sistemas de información geográfica para la intervención policial, adaptación al

territorio del despliegue operativo de la Policía fundamentalmente en el área metropolitana, gestión

de calidad en los sistemas de comunicación policial y sistemas permanentes de control de desbordes

y corrupción policial.

3) Sistema de centros de mediación de conflictos en el área metropolitana.

• Se propone el fortalecimiento del sistema de centros de mediación y negociación de

conflictos en algunas zonas del área metropolitana en dos niveles: el ámbito barrial y los centros

educativos. (ya la Suprema corte de Justicia ha trabajado en esto y hay un trabajo del Mec en ese

sentido en los centros educativos también)

• En la educación media se pretende combinar una intervención que amalgame la

participación y la organización estudiantil, junto a la mediación de conflictos. En los liceos se

instalará un dispositivo para capacitar e instalar la figura de los Jóvenes Mediadores. Se trata de

adolescentes que siendo elegidos y reconocidos por sus pares se capaciten en técnicas de mediación

y negociación de conflictos interpersonales para ser un vínculo con el entorno.

4) Equipamientos e infraestructura para la convivencia y el uso intensivo de los espacios

públicos.

Se propone crear nuevas centralidades en algunos barrios del área metropolitana dotando a los

mismos de enclaves multipropósito con infraestructura para la convivencia, favoreciendo el uso

intensivo de los espacios públicos para mejorar la cohesión social y la convivencia, y por tanto

garantizar el ejercicio del derecho a la ciudad.

• Proponemos generar plazas de convivencia con equipamientos que tendrán infraestructura

deportiva, espacios para actividades culturales y equipamiento para actividades sociales y

recreativas. A su vez, se instalarán servicios públicos orientados a la integración social realizando

sinergia con programas e iniciativas que ya implementan Ministerios y organismos de gobierno.

La rendición de cuentas ya incluirá el financiamiento de esta estrategia de convivencia para los

próximos tres años.

ESTRATEGIA POR LA VIDA Y LA CONVIVENCIA

Fundamentación

Sin duda que estamos, desde hace varios años ante la emergencia de "la violencia" como problema

prioritario para la población.

Una violencia que emerge con fuerza, resultado de largos procesos acumulados de exclusión y que

se expresa en muy variadas maneras, algunas más públicas, otras más privadas.

Entre ellas destacamos:

• La violencia en los espectáculos deportivos y la participación masiva de personas en grescas

callejeras.

• La violencia sistemática hacia los espacios públicos.

• El fuerte aumento de la violencia contra las personas en robos y asaltos.

• La violencia entre alumnos y entre alumnos y profesores en escuelas y liceos.

• La violencia silenciosa en el hogar y contra las mujeres, los niños y la tercera edad.

• Los accidentes de tránsito, en particular con las motos y la falta de prevención así como las

nuevas maneras de circular como las picadas u otros juegos similares.

• Los sucesos ocurridos, aunque aislados ellos, en el sistema de salud.

Todo ello va en línea de una pérdida de respeto por la vida humana y a la convivencia ciudadana y

es ese el corazón del problema que la sociedad uruguaya toda (Estado y ciudadanos) debemos

enfrentar.

El valor del estudio, la educación, la cultura no tiene hoy una alta valoración en términos de

reconocimiento social (no sólo de ascenso social) como lo tuvieron hasta la década del 70. Es un

aspecto de valores de la sociedad, fenómeno en relación a los cuales no se ha dado respuesta

integral y suficiente, en términos académicos, sociales ni políticos. Las expectativas de

reconocimiento social están centradas hoy no en los logros educativos y culturales sino en la

realización de meteóricas carreras en mundos que terminan siendo irreales para la mayoría y

generan frustraciones que inciden en la situación de violencia actual.

Una estrategia que pretenda abordar la inseguridad pública como problema debe plantearse la

convivencia como solución y tener como objetivo principal vencer el miedo en la sociedad a partir

de garantizar los derechos humanos y la seguridad de sus habitantes. La política de seguridad no

puede estar construida sobre el temor, ni ser una respuesta intempestiva a éste. La fractura social y

el quiebre cultural que aún existe en el país explican en parte una situación negativa que no

queremos que se consolide en forma definitiva.

La profundidad y permanencia de los procesos de fractura social, el quiebre cultural y la

segmentación educativa y residencial en nuestro país, sumados al creciente desafío impuesto por las

nuevas formas del crimen organizado, ciertos patrones de consumo de drogas y el incremento en el

número de personas que reinciden en modalidades violentas de actividad delictiva, suponen la

necesidad de pensar los problemas de seguridad ciudadana en su integralidad. A ello, se suma la

instalación de formas de comportamientos en nuestra sociedad marcadas por la intolerancia y la

falta de respeto hacia formas tradicionales de convivencia pacífica, que vienen definiendo el paisaje

cotidiano en nuestro país desde hace ya varios años.

Este es un proceso que no arranca hoy pero al que hay que darle respuesta hoy para garantizar el

mañana.

Sin embargo no podemos dejar de tener en cuenta la influencia que han tenido sobre esta situación

los procesos de exclusión del mercado de trabajo, de los espacios urbanos, de la circulación en la

ciudad, del desarrollo cultural, que se generaron desde los años 70 en la dictadura y que fueron

progresivamente consolidándose en los años 90.

Porque en la década del 90 se transformó drásticamente la estructura productiva del país y el trabajo

como pilar central de socialización comenzó a ser cuestionado. Se consolidó además la generación

de asentamientos urbanos en primera instancia en la periferia de Montevideo y luego se extendió al

interior del país. Por ende el barrio y el espacio público como segundo factor clave de socialización

fueron perdiendo centralidad. Y finalmente además del trabajo y el barrio, otros dos ámbitos

específicos de inclusión y sentido de pertenencia sufrieron alteraciones significativas: la educación

y la familia.

La crisis del 2002, terminó de consolidar definitivamente en Uruguay ese proceso creciente de

marginalidad social y cultural una de cuyas características sobresalientes es el cambio de las pautas

de convivencia que existían en la sociedad uruguaya.

No es casual que una parte significativa de este problema esté asociado a niños y adolescentes

nacidos en los años 90 y posteriormente a la crisis del 2002.

En términos de seguridad, durante años la izquierda ha tenido un discurso monocorde que explicaba

la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos derivados, casi exclusivamente del

impacto de las políticas neo-liberales implementadas en el país y la región a partir de la segunda

mitad del siglo XX. Hoy esta explicación, que tiene un muy fuerte componente explicativo, en la

visión integral aparece como insuficiente.

En el marco de un país que crece, en el que cada vez más sectores sociales acceden a un conjunto de

bienes materiales e inmateriales más amplio, en el que se reducen tanto la indigencia como la

pobreza, la marginalidad persiste y se acrecientan diversas formas de anomia social y transgresión.

Y ello, está ligado a una manera de encarar la vida desde la visión del éxito individual y la búsqueda

incesante de mayores niveles de consumo, que expresan en esta escala de valores distorsionada la

satisfacción individual.

El consumo se expande y, con la ayuda de los medios de comunicación que promueven la idea de la

felicidad asociada al consumo, los individuos generan medios múltiples para la obtención de esos

fines consumistas que alteran la propia convivencia ciudadana y mercantilizan el concepto de

felicidad.

Ello implica entonces dar satisfacción a la demanda cotidiana de mayor seguridad ciudadana, sin

contradecir los objetivos de una estrategia sostenida de mejorar la convivencia social, en un marco

de plena vigencia de los derechos de todos los uruguayos.

La seguridad y la convivencia democrática avanzan con más y mejores escuelas o empleos, pero

ello no es suficiente. Tampoco avanzan únicamente con el incremento de penas, policías en las

calles y personas encarceladas. Es necesario articular un conjunto de acciones que logren un

equilibrio dialéctico y una síntesis, y que permitan revertir una tendencia basada en la intolerancia

que se ha profundizado en la sociedad uruguaya.

Estamos convencidos que esa tendencia no es el destino. Las pautas de convivencia en una sociedad

son parte de un conjunto de valores y actitudes que socialmente están validadas y funcionan como

un acuerdo. En definitiva "el pacto de convivencia es un pacto de obviedad" y podemos y debemos

potenciar valores alternativos.

Se puede cambiar y estamos utilizando toda la capacidad pública para construir sociedad y

convivencia en el Uruguay. Hay que actuar sobre las causas pero también sobre los efectos de la

violencia. Es imprescindible que la sociedad uruguaya (y el Estado debe ser una actor relevante para

ello) construya una alternativa social y cultural al pensamiento y los valores dominantes y

mercantilizados que de cohesión a la sociedad uruguaya.

La convivencia que la enorme mayoría de los uruguayos aspiramos a disfrutar se enfrenta a una

variada gama de situaciones de violencia en la sociedad actual. Ejemplo de esto, como está dicho

más arriba, es la violencia familiar en especial contra niños y mujeres, la violencia en los centros

educativos, en el tránsito, en los espectáculos deportivos o culturales y en el espacio público, que se

suman a los fenómenos delictivos que ocurren en la sociedad.

Por ello la estrategia propuesta combina la convivencia social y la seguridad ciudadana. La

convivencia, en tanto ejercicio de convivir y vivir en compañía de otros requiere que se promueva

en las personas el apego a las normas básicas de comportamiento y respeto a la ley. La seguridad

ciudadana, requiere la acción del Estado en procura de proteger al ciudadano combatiendo los

delitos y las faltas.

La estrategia que proponemos se sustenta en un conjunto de acciones desde el ámbito del estado que

tienen por objetivo garantizar la plena vigencia de los derechos ciudadanos para la mejora de la

convivencia social. Pero la sola acción del Estado si bien es condición necesaria no es suficiente, es

preciso involucrar en este proceso al conjunto de las fuerzas sociales, culturales, económicas. El

Poder Ejecutivo será un protagonista central de este proceso, pero es necesario que el mismo sea

acompañado por el conjunto del sistema político, por los comunicadores, por artistas y deportistas,

por el conjunto de los actores de la sociedad, por el PIT-CNT y las cámaras empresariales, por los

dirigentes de los equipos deportivos y generados de opinión de los medios de comunicación, por la

sociedad toda.

A modo de resumen, y como hemos marcado más arriba, el quiebre social y cultural ha impactado

en el Uruguay donde desciende la pobreza y el desempleo y aumenta el miedo y las reacciones

violentas de la sociedad, modificando valores de integración tradicionales. Dado que éste es un

fenómeno multidimensional y cuyos orígenes son de largo aliento en el pasado, la seguridad no

puede concebirse sólo como el conjunto de políticas estatales contra el crimen. Estas son claves,

pero en su soledad no son eficaces. Por este motivo, urbanismo y seguridad deben confluir en la

medida que el mejoramiento de las infraestructuras y el uso de los servicios y de los espacios

públicos urbanos contribuyen al mejoramiento de la convivencia y de la seguridad en las ciudades.

Al mismo tiempo esta estrategia tiene un componente transversal en su diseño que es el territorio.

Debe incorporarse el factor de la integración social a partir de potentes intervenciones en

infraestructura para la convivencia.

Hay que construir comunidad en los territorios, en el sentido de favorecer la pertenencia a un

proyecto común en término de valores por parte de las personas. Hay que construir ciudad en

aquellos lugares donde se visibiliza el Estado fracasado y ausente. Intervenir la trama urbana con

acciones integrales, cuyo sentido central sea recuperar lugares para estar, para vivir, para

intercambiar. La desigualdad territorial que también se expresa en la relación de metros cuadrados

de espacio público por barrio, favorece la inseguridad pública.

Creemos con mucha firmeza que es posible re-tejer la fractura social pero debemos disponer de

todas las herramientas del desarrollo en determinadas zonas de la ciudad orientadas a su

transformación. Debemos recurrir a una "acupuntura urbana", en tanto dispositivo preciso de

intervenciones plurales pero combinadas en un territorio. Los puntos de intervención se constituyen

en los nodos de una red de integración de servicios sociales que se deberá ir tejiendo en la nueva

piel de la ciudad. Para que su contacto, nos llame a la caricia y no a la distancia.

Superar el temor colectivo en el espacio público debe ser la estrategia prioritaria para recuperar la

ciudad como un escenario de tránsito, intercambio y generador de encuentros. El propósito es dotar

de equipamientos para la convivencia y el disfrute de la vida con fino sentido estético y alta

funcionalidad. Lo mejor para quienes más lo necesitan para poder saldar una deuda histórica y

garantizar la viabilidad del país como proyecto de vida común.

Y es en ese sentido que las políticas sociales en el territorio articuladas y no dispersas, auto

acumuladas en sus impactos y coordinadas por MIDES juegan un rol clave en el proceso de

construcción de una estrategia de convivencia ciudadana.

Autoridad, reciprocidad y convivencia

El enfoque de la estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana está centrado en tres

definiciones claves: el ejercicio de la autoridad; la práctica de la reciprocidad y el desarrollo de la

convivencia.

El ejercicio de la autoridad implica que el gobierno legitimado por la voluntad popular cumple sus

cometidos dentro de las reglas del Estado de Derecho y con estricto respeto de la institucionalidad

democrática y de los derechos de las personas. En función de esto utiliza todos y cada uno de los

instrumentos legales para hacer efectiva el derecho a la protección de las personas ante la violencia.

La práctica de la reciprocidad implica que existen derechos y obligaciones. El Estado debe

garantizar la seguridad respetando los derechos humanos. No responderemos a la violencia

ilegítima de la delincuencia con más violencia irracional desde el Estado. Las políticas de "mano

dura" han demostrado ser poco eficientes y con una clara tendencia a desplazarse hacia la "mano

bruta e injusta". Apelaremos a la prevención como norte estratégico y filosófico, porque estamos

convencidos de ello, pero no dudamos en aplicar en todo momento medidas disuasivas o represivas,

dentro del marco de la Constitución y la ley cuando ello sea necesario para garantizar el derecho a

la seguridad ciudadana.

El desarrollo de la convivencia es la garantía de una sociedad más segura. El problema no es sólo el

delito, sino también la cultura de intolerancia, crispación y violencia cotidiana que ha construido la

sociedad uruguaya en los últimos años. El pilar central es promover y desarrollar la cultura

ciudadana entendida como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y percepciones

que comparten los miembros de una sociedad y que determinan las formas y la calidad de la

convivencia, influyen sobre el respeto del patrimonio común, y facilitan o dificultan el

reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

La integralidad de la respuesta

La estrategia de por la Vida y la Convivencia se construye sobre cuatro pilares centrales, que en su

despliegue garantizan la integralidad y el equilibrio razonable que se debe tener.

1) Adecuación normativa para fortalecer la convivencia

Así como la convivencia es el pacto de lo obvio, los instrumentos legales son acuerdos estipulados

por las sociedades que responden a circunstancias específicas. Periódicamente hay que ajustarlos

porque las sociedades incluyen como dinámica distintiva la permanencia y el cambio en sus

conductas. Las normas para ser justas tienen que ser pertinentes a su tiempo y dar cuenta de la

realidad.

En este contexto, el Poder Ejecutivo pondrá a consideración del Parlamento una serie de iniciativas

que apuntan a mejorar las normas que permitan fortalecer la convivencia en la sociedad, así como

desarrollará otras en el marco de las normas actualmente vigentes.

Hay hoy un conjunto de acciones que ya realiza el Estado en materia de convivencia ciudadana con

un eje en los proyectos de integración social del Gabinete social coordinados por MIDES y que se

integrarán al marco de trabajo que propone este documento.

A cuenta del desarrollo que cada una de estas medidas tendrá anunciamos la discusión de proyectos

de ley que tengan en cuenta:

• Reparación a las víctimas de delito con la constitución de un fondo nacional de

indemnización a las víctimas de delitos violentos (pensiones u otras alternativas para familiares).

Requiere proyecto de ley que será enviado al parlamento.

• Agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base. Requiere

proyecto de ley.

• Modificaciones al Código de la Niñez y de la Adolescencia en lo que refiere a la normativa

que rige para los menores infractores. Requiere proyecto de ley.

• Código de Procedimiento Penal, insistir con la sanción del proyecto a estudio en el Poder

Legislativo.

• Faltas: trabajar sobre eliminar una cantidad de faltas que dejaron de tener vigencia y

mantener las que son necesarias, y volver a crear los Juzgados de Falta.

• Abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático

de Drogas y su entorno. Que implica:

a) Generación de un consorcio público para actuar sobre las principales consecuencias del

consumo de Drogas en particular de la pasta base de cocaína.

b) Creación de dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo. Requiere proyecto

de ley.

• Legalización regulada y controlada de la marihuana. Requiere proyecto de ley.

Por otra parte estamos trabajando fuertemente ya en aspectos sustantivos del proceso que estamos

analizando y fortaleceremos esas acciones en materia de uso de los espacios públicos, de la

internación de adictos, de la violencia intrapersonal y familiar y de los accidentes de tránsito.

Sólo a manera de respaldar estas iniciativas comentamos que:

Uso de Espacios Públicos

Una acción decidida y sistemática de prohibir el uso del espacio público para dormir o acampar

debe concebirse como una estrategia que apunta a garantizar los derechos humanos, en primer lugar

de quienes duermen y viven en la calle. Todos comprendemos que hay que defender los derechos de

las personas incluso cuando la misma no lo desee o demuestre una actitud contraria. Esta acción es

la consecuencia lógica de un Estado que está reconstruyendo un sistema de bienestar y protección

social y no da vuelta la cara a este problema. Pero también, hay que concebirlo como una decisión

de hacer valer los derechos de todos los ciudadanos.

Sabemos que en la actualidad no existen capacidades instaladas de asumir en los centros disponibles

el tipo de tratamientos adecuados para lo que hemos denominado núcleo duro en situación de calle.

Sabemos que nos encontramos frente a una población de carácter heterogéneo, cambiante,

vulnerable y reacia a acercarse a los diversos dispositivos de atención, es por esto que se requiere

incrementar la capacidad creativa, flexibilizar las acciones, capacitar personal y contar con recursos

humanos y materiales, además de realizar articulaciones múltiples y protocolos de intervención

coordinados con otros servicios y entidades para intervenir en calle, a través del apoyo de otras

redes especializadas como la atención al consumo problemático de sustancias, salud mental, entre

otros.

Por tal motivo entendemos necesario que el Estado en su conjunto desarrolle estrategias que den

respuesta, con centros que estén preparados para recibir personas en situaciones de vida o ciclos de

sus patologías que no les hace posible adaptarse al servicio que hoy el MIDES brinda y no tienen

respuesta en otros lugares del Estado.

Esto significa definir un presupuesto para esta población garantizando la infraestructura y los

equipos necesarios a tal fin.

Abordaje integral de personas afectadas por el consumo problemático de Drogas.

Se propone ampliar la instalación de dispositivos orientados a la Reducción de los Riesgos y Daños

de los ciudadanos afectados por el consumo de Drogas que implica la instalación de:

• Equipos Hospitalarios de Respuesta Inmediata en Crisis Adictivas – ERICA.

• Dispositivos de proximidad: Centros de Escucha y derivación.

• Consultorios u Hospitales móviles (para Montevideo y Canelones).

• Desarrollo de Centros Regionales para el 2do. y 3er. Nivel de Atención.

• Centros de atención y tratamiento para personas privadas de libertad.

• Dispositivos de tratamiento ambulatorios, mantenimiento y prevención de recaídas.

En conjunto la intervención a realizar tendrá una cobertura total de 1.970 personas.

El conjunto de esta propuesta implica 520 intervenciones de proximidad o de intervención en la

emergencia.

La atención directa a partir de los Centros de Día, implicará 780 plazas ambulatorias.

Asimismo participarán de la iniciativa al menos 120 personas privadas de libertad que podrán

abordar su problemática en forma "ambulatoria" en los mismos recintos carcelarios.

En centros de internación de 2do y 3er Nivel de Atención se dispondrá de 550 plazas residenciales.

A efectos de la gestión del conjunto de iniciativas esbozadas en esta propuesta se constituirá un

Consorcio Público para la Reducción de la Demanda de Drogas, integrado por las Sub-secretarias

integrantes de la JND directamente involucradas en la temática.

Violencia Doméstica

En el año 1995 la legislación uruguaya incorpora el delito de violencia doméstica al Código Penal

con la aprobación de la Ley N° 16.707 de Seguridad Ciudadana., En julio del año 2002 el

Parlamento uruguayo aprobó la Ley Nº 17.514 o Ley de Violencia Doméstica.

La estrategia central son los Servicios Públicos de Atención garantizan la presencia del Ministerio

de Desarrollo Social a nivel territorial en la tarea específica de atender a la problemática de la

violencia doméstica basada en género. Los servicios nacionales, a pesar de la ley, estaban radicados

en 2005 sólo en Montevideo, hoy están en 13 departamentos y a 2014 se planificaron ya en los 19

departamentos.

Al mismo tiempo en enero de 2009 se celebra un Convenio entre el Ministerio de Vivienda,

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y el Ministerio de Desarrollo Social

(MIDES) para la implementación de medidas que favorezcan el acceso a la vivienda de las mujeres

en general y de las mujeres con personas a cargo y/o en situación de violencia doméstica en

particular.

Al mismo tiempo se desarrollan casas de breve estadía para mujeres en situación de violencia

doméstica con riesgo de vida, en Montevideo y 2 departamentos del interior, con alcance nacional:

Medios de Comunicación

Finalmente entendemos que todas estas medidas y las que ya existen deben ir acompañadas de un

compromiso muy fuerte de los medios de comunicación.

La caída sustantiva de la pobreza, la casi erradicación de la indigencia, el más bajo desempleo de la

historia, las mejoras del salario real, etc., nada de esto aparece reflejado con la importancia que

tienen en los medios masivos de comunicación.

No ocurre lo mismo con la crónica roja. En el año 2006 hubieron algo más de 25.000 segundos por

mes dedicados a temas policiales, en mayo del 2011 las noticias policiales ocuparon 35.000

segundos, en tanto en mayo del 2012 fue de más de 50.000.

Y no sólo es un problema cuantitativo, sino cualitativo, generando imágenes o escritos que terminan

siendo un estimulador de las situaciones de violencia.

Por ello usaremos todas las herramientas que hoy disponemos para el control de estas situaciones y

no descartamos la elaboración de medidas de mayor regulación sobre el uso de las imágenes de

violencia en los medios de comunicación.

Entre ellas creemos que no tiene ningún fundamento que en la norma que regula el horario de

protección del menor están excluidos los informativos, por lo cual nos proponemos ser integral de

toda la programación el horario de protección al menor.

En esa misma dirección es necesario, como existe en otros países del mundo, regulaciones sobre los

contenidos de los comentarios de internet que, en el anonimato, muchas veces intiman a la

violencia.

2) Mejoramiento de la eficacia y la transparencia policial.

En la mejora de la seguridad ciudadana es clave mejorar la eficacia policial a través de un conjunto

de herramientas que profesionalicen la gestión basada en el conocimiento y la inteligencia aplicada.

En esa dirección se promueve la instalación de un sistema de trabajo en las Comisarías en base a

gestión por resultados y control de indicadores, sistemas de patrullaje basados en evidencia

científica, uso intensivo de sistemas de información geográfica para la intervención policial,

adaptación al territorio del despliegue operativo de la Policía fundamentalmente en el área

metropolitana, gestión de calidad en los sistemas de comunicación policial y sistemas permanentes

de control de desbordes y corrupción policial.

La Policía Nacional ha tenido un fuerte respaldo presupuestal como nunca en su historia que se

traduce en aumento significativo de salarios, mejora de equipamiento y tecnología. Hoy la sociedad

está en condiciones de tener más y mejores resultados en la prevención y represión del delito.

3) Sistema de centros de mediación de conflictos en el área metropolitana.

Se propone el fortalecimiento del sistema de centros de mediación y negociación de conflictos en

algunas zonas del área metropolitana en dos niveles: el ámbito barrial y los centros educativos. (ya

la Suprema corte de Justicia ha trabajado en esto y hay un trabajo del Mec en ese sentido en los

centros educativos también)

A nivel comunitario, el propósito es desarrollar e impulsar mecanismos de resolución no violenta de

conflictos que permitan mejorar la convivencia y las relaciones interpersonales en particular en

zonas donde se ha registrado un incremento de la violencia y el delito originadas por riñas, disputas

y problemas de vecindario.

En el caso de los centros educativos se propone una experiencia de creación y fortalecimiento de

espacios de mediación, inicialmente en diversas localidades del Área Metropolitana y del interior

del país, conjugando las contribuciones del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, Ministerio

del Interior y Gabinete Social, Intendencias y Municipios, Facultades de Derecho y estudiantes de

Derecho (tomando el antecedente de los consultorios jurídicos barriales), en interacción con

organizaciones sociales.

En la educación media se pretende combinar una intervención que amalgame la participación y la

organización estudiantil, junto a la mediación de conflictos. En los liceos se instalará un dispositivo

para capacitar e instalar la figura de los Jóvenes Mediadores. Se trata de adolescentes que siendo

elegidos y reconocidos por sus pares se capaciten en técnicas de mediación y negociación de

conflictos interpersonales para ser un vínculo con el entorno. A su vez, se realizará un programa de

formación a los docentes sobre manejo de situaciones de conflicto y violencia en los centros

educativos.

Para ello contribuirán las consejerías adolescentes que se instalarán este año en articulación con

MIDES y MSP.

4) Equipamientos e infraestructura para la convivencia y el uso intensivo de los espacios

públicos.

El objetivo es crear nuevas centralidades en algunos barrios del área metropolitana dotando a los

mismos de enclaves multipropósito con infraestructura para la convivencia. Construir ciudad y

mejorar la planificación urbana son respuestas pertinentes y necesarias. El objetivo político es

favorecer el uso intensivo de los espacios públicos para mejorar la cohesión social y la convivencia,

y por tanto garantizar el ejercicio del derecho a la ciudad.

Los equipamientos tendrán infraestructura deportiva, espacios para actividades culturales y

equipamiento para actividades sociales y recreativas. A su vez, se instalarán servicios públicos

orientados a la integración social realizando sinergia con programas e iniciativas que ya

implementan Ministerios y organismos de gobierno. Alta calidad y fino sentido estético.

Estos espacios se deben transformar en la expresión concreta de una modalidad de convivencia

intergeneracional e interbarrial en un espacio público. Pretende ser un ícono y una metáfora de la

apuesta de la sociedad en la temática: reconstruir la trama urbana y ubicar al vecindario y al barrio

como un lugar para vivir y compartir y no como un espacio ganado por la inseguridad, la falta de

control y límites.

En ese contexto, se entiende pertinente iniciar un camino para cristalizar una estrategia inclusiva

que se puede sintetizar en "Más barrio y más vida".

Más barrio porque el objetivo es fortalecer la trama urbana, mejorar la convivencia y el contacto

cara a cara. Busca recuperar la habitabilidad y las relaciones de cercanía entre las personas de las

comunidades.

Más vida porque el centro del conjunto de las acciones apunta a elevar la calidad de vida de las

poblaciones seleccionadas, fortaleciendo la autoestima y el sentido de pertenencia a la sociedad.

Más vida es pues más ciudadanía efectiva.

La rendición de cuentas ya incluirá el financiamiento de esta estrategia de convivencia para los

próximos tres años.

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