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ESTRATEGIA POR LA VIDA Y LA CONVIVENCIA Por Wladimir Turiansky

publicado a la‎(s)‎ 29 jun. 2012 5:55 por Semanario Voces
 

…“Una estrategia que pretenda abordar la inseguridad pública como problema debe plantearse la convivencia como solución y tener como objetivo principal vencer el miedo en la sociedad a partir de garantizar los derechos humanos y la seguridad de sus habitantes. La política de seguridad no puede estar construida sobre el temor, ni ser una respuesta intempestiva a éste. La fractura social y el quiebre cultural que aún existe en el país explican en parte una situación negativa que no queremos que se consolide en forma definitiva”.(del Documento “Estrategia por la vida y la convivencia”. presentado por el Gobierno recientemente como aporte a la reflexión colectiva en torno a la inseguridad ciudadana).

 

A mi me parece que el documento que el Gobierno ha puesto a la reflexión de la ciudadanía merece ser asumido por ésta a través de todas las estructuras y formas organizativas por las cuales se expresa. Las organizaciones sociales y culturales, pero también los institutos de enseñanza, las comisiones vecinales, los sindicatos y los centros estudiantiles. En fin, el pueblo, en todas sus formas de expresión y organización. Y eso porque es un documento trascendente, en el que por primera vez el tema de la inseguridad generada por el delito en sus expresiones cada vez más agresivas y violentas se inscribe en un contexto de una convivencia social alterada por diversas expresiones de violencia ciudadana, que el documento detalla, y en cuyos orígenes es necesario detenerse si se quiere que el combate a la inseguridad y la violencia sea exitoso.

El documento lo hace, y de ahí su importancia. De ahí también la incomodidad y el rechazo que ha generado en la oposición política, sobre todo en su ala más conservadora, y de ahí el esfuerzo de los grandes medios de comunicación a su servicio por ocultar o deformar su contenido. Ellos saben que el documento contiene verdades de a puño, y son íntimamente concientes de su responsabilidad en las consecuencias sociales de la política económica que ellos impulsaron.

Vale la pena transcribir algunos párrafos de lo que el documento dice al respecto:

 

“La profundidad y permanencia de los procesos de fractura social, el quiebre cultural y la segmentación educativa y residencial en nuestro país, sumados al creciente desafío impuesto por las nuevas formas del crimen organizado, ciertos patrones de consumo de drogas y el incremento en el número de personas que reinciden en modalidades violentas de actividad delictiva, suponen la necesidad de pensar los problemas de seguridad ciudadana en su integralidad”.

“A ello se suma la instalación de formas de comportamiento en nuestra sociedad marcadas por la intolerancia y la falta de respeto hacia formas tradicionales de convivencia pacífica, que vienen definiendo el paisaje cotidiano en nuestro país desde hace ya varios años”.

Y agrega:

“Este es un proceso que no arranca hoy, pero al que hay que darle respuesta hoy para garantizar el mañana. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta la influencia que han tenido sobre esta situación los procesos de exclusión del mercado de trabajo, de los espacios urbanos, de la circulación en la ciudad, del desarrollo cultural, que se generaron desde los años 70 en la dictadura y que fueron progresivamente consolidándose en los años 90”.

“Porque en la década del 90 se transformó drásticamente la estructura productiva del país y el trabajo como pilar central de socialización comenzó a ser cuestionado. Se consolidó además la generación de asentamientos urbanos, en primera instancia en la periferia de Montevideo, y luego extendido al interior del país. Por ende el barrio y el espacio público como segundo factor clave de socialización fueron perdiendo centralidad. Y finalmente además del trabajo y el barrio, otros dos ámbitos específicos de inclusión y sentido de pertenencia sufrieron alteraciones significativas: la educación y la familia.”

Y finalmente:

“La crisis del 2002 terminó de consolidar definitivamente en Uruguay ese proceso creciente de marginalidad social y cultural, una de cuyas características sobresalientes es el cambio de las pautas de convivencia que existían en la sociedad uruguaya. No es casual que una parte significativa de este problema esté asociado a niños y adolescentes nacidos en los años 90 y posteriormente a la crisis del 2002.”

 

Es de una torpeza propia de una lectura superficial decir, como se ha dicho, que el gobierno frenteamplista pretende con estos señalamientos eludir sus propias responsabilidades. Por el contrario, autocríticamente en el documento se señala lo siguiente:

“En términos de seguridad, durante años la izquierda ha tenido un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos derivados, casi exclusivamente del impacto de las políticas neoliberales implementadas en el país y la región a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hoy esta explicación, que tiene un muy fuerte componente explicativo, en la visión integral aparece como insuficiente”.

Ahora bien, reconocido esto, hay que recordar, y recordárselo a los responsables, que desde la dictadura, ella incluida, hasta el 2005, en que asume el gobierno nacional el FA, en este país se fueron generando todos los componentes de la exclusión social, de la extensión de la pobreza y la indigencia, de la violencia y el deterioro de los valores que sustentan la convivencia social y su contenido democrático. Aquellos polvos trajeron estos lodos, y bien se hace en recordarlo.

 

Yo creo que no debemos quedarnos ni conformarnos con haber colocado el texto de este documento en la página web de la presidencia. Ya vemos como,  desde el momento de su presentación, ese texto, con sus 20 carillas, tan cargado de ideas y de propuestas, que deberían mover al debate político serio, ese que tanta falta le hace a la sociedad, ha quedado reducido a la discusión de una propuesta parcial sobre un aspecto de la problemática general analizada, aquella que se refiere al consumo de drogas, en un claro intento por  soslayar y banalizar lo esencial de las propuestas formuladas y su fundamentación.

Por eso me parece que el gobierno tiene la obligación, más que el derecho, de hacer conocer el documento en el seno de la población. Debería editarlo por cientos de miles de ejemplares, y hacerlo llegar al hogar de cada familia de este país, y hasta el último rincón.

T el FA, nuestro Frente, debería difundirlo en sus filas y generar un profundo debate ideológico en torno a su contenido, al conjunto de propuestas, opinar sobre ellas, y a su  fundamentación  Tenemos la obligación de contrarrestar el pensamiento de la derecha, que va en vías de transformarse en hegemónico, y batallar por incorporar a la conciencia social de nuestro pueblo los ideales de fraternidad y solidaridad con los que aspiramos a construir un nuevo Uruguay.     

 

 

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