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EZQUIZOFRENIA Y REPRESIÓN Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 7 nov. 2013 9:19 por Semanario Voces
 

Dos muertes injustificadas fueron causadas por la policía en pocas horas.

Una, en Santa Catalina, costó la vida de un muchacho que pasaba en moto por el lugar, desarmado y sin ninguna relación con el delito que se estaba investigando. La otra muerte  ocurrió en Colonia Nicolich, donde la policía baleó a una camioneta reportada como robada, matando al conductor que, al parecer, al igual que sus dos acompañantes, estaba desarmado.

En la noche del martes, cuando escribo, en el barrio de Santa Catalina se han levantado barricadas, se las ha prendido fuego,  y en las calles hay jóvenes furiosos, mientras que el Ministerio del Interior y el ministro Bonomi, con comunicados y declaraciones, intentan asumir algo de  la responsabilidad que les corresponde y calmar los ánimos.  

¿Por qué pasan estas cosas?  ¿Quién les ha hecho  olvidar a los policías que llevan un arma exclusivamente para defenderse, no para agredir? ¿Qué ocurre en el Uruguay para que las vidas humanas valgan tan poco y se pierdan con tanta facilidad, tanto por acción de la delincuencia como de la policía?

Hay una forma fácil y “políticamente correcta” de contestar esas preguntas. Basta con decir que la culpa es de toda la sociedad, que todos somos responsables, la delincuencia porque ha perdido los códigos, el gobierno porque es ineficaz, la policía porque se excede, la prensa porque alienta el miedo, la oposición porque aprovecha, y todos los demás porque hemos perdido valores y no hacemos nada.

Sí, es una respuesta fácil. Culpa a todos y a nadie. Nos hace un poco responsables a todos, pero a nadie demasiado. Y,  sobre todo, no ofrece ninguna solución.

Intento sostener que, más allá de esa responsabilidad colectiva, vaga y difusa, en el Uruguay hay causas y responsables concretos, tanto del desborde delictivo como del desborde represivo.

No me refiero a la obvia responsabilidad del delincuente que asalta y del policía que aprieta el gatillo. Hablo de la responsabilidad ideológica, de los discursos políticos que crean el clima necesario para que la delincuencia y la policía se justifiquen mutuamente, para que la vida humana pierda valor.

En materia de seguridad, la sociedad uruguaya está atrapada en una verdadera pinza, conformada por dos discursos opuestos y extremos que, en el fondo, se alimentan uno al otro.

Uno de esos discursos lo conocemos bien. Es el de la “mano dura”, el de “palo y palo”, el del gatillo fácil.  La policía lo conoce y lo ha aplicado desde siempre. Claro, no en todos los barrios, ni en todos los casos. Se aplica en los barrios pobres, con  los “pichis” que no tienen a quién reclamar ni dónde ir a quejarse. Tiene varias ventajas. Por un lado, deja contentas a las señoras y señores conservadores que ven los noticieros de televisión y se espantan con los crímenes. Les da cierta sensación de tranquilidad y de revancha. Por otro lado, le da a la policía un margen amplio para negociar y “transar”. No todos los delincuentes tienen que ir presos y ser molidos a palos. El que tiene con qué, puede “arreglar”. Lo importante es que, cada tanto, algunos “la queden”, y que la cosa salga por televisión.

Pero, frente a ese discurso tradicional, de la violencia y la represión, se ha instalado otro discurso. El de los derechos. El que abomina de la represión y cree que la delincuencia es consecuencia de la pobreza y se soluciona con plata y derechos.

Este segundo discurso es relativamente novedoso. Empezó a desarrollarse en el Uruguay hace poco más de veinte años, al influjo de la prédica sobre “Derechos Humanos”, y terminó identificándose con la sensibilidad “de izquierda”. El asunto es que, ahora, en buena medida, es el discurso oficial, al menos en las áreas del gobierno donde se deciden las políticas sociales, las educativas y las relativas a la minoridad.

El discurso de los derechos tuvo su mejor  hora mientras el gobierno estaba a cargo de los partidos tradicionales, más conservadores, que ejercían la represión. Entonces oficiaba como contralor opositor, como un resguardo  de ciertas garantías, denunciando los desbordes represivos y alimentando la esperanza de que otros rumbos fueran posibles.

Pero luego la izquierda llegó al gobierno. Y los hechos demostraron que repartir dinero y declarar derechos no impedía que la delincuencia aumentara. Porque la cosa es así, aunque cierta “sensibilidad de izquierda” no lo quiera reconocer. Las políticas sociales basadas en la transferencia de recursos económicos no generan inclusión social, no impiden la polarización de la sociedad y no interrumpen el desarrollo de la marginalidad cultural. Por eso no reducen el delito.

La sensibilidad -o la sensiblería- social no remedia los problemas de la marginalidad cultural, ni siquiera cuando va acompañada con billetes. Si las políticas sociales no consisten en fuertes políticas educativas y laborales, todo es un engaño frustrante y socialmente peligroso.

Y digo más: las políticas educativas y laborales son imprescindibles para prevenir el delito. Pero no evitan que, además, deban aplicarse políticas represivas  frente al delito consumado.

El hecho es que, hoy, esos dos discursos –el represivo y el de los derechos- coexisten en el seno del gobierno. Y esa coexistencia, mal asumida y nunca discutida, hace que el país tenga políticas esquizofrénicas en materia de seguridad y de represión del delito.

Porque el discurso de los derechos, en la medida en que descree en la represión, se desentiende  de las prácticas policiales y del estado de los establecimientos de reclusión. Se concentra en repartir dinero entre los pobres y deja la represión del delito y la gestión de las cárceles en otras manos, usualmente proclives al discurso represivo.

El resultado es que tenemos lo peor de los dos mundos. Las políticas sociales fracasan y el delito aumenta, mientras que las cárceles y la acción policial violan día a día los derechos fundamentales de las personas (claro, en los barrios menos “paquetes”).

¿Hay alguna solución?

La hay, aunque seguramente no sea fácil.

El primer paso es reconocer que no es posible enfrentar el problema con actitudes disociadas y políticas contradictorias. No es posible que el Ministerio del Interior apueste a políticas en las que el resto del gobierno –en particular las áreas que se ocupan de las políticas sociales- no cree.  Así como no es posible que los responsables de las políticas sociales desprecien olímpicamente las políticas represivas y se desentiendan de la forma en que se las aplica.

Es imprescindible definir una línea. Determinar qué cosas pueden ser prevenidas con políticas sociales (y con qué clase de políticas sociales) y qué cosas deben ser reprimidas (y con qué métodos).

La ambigüedad de las señales dadas desde el poder hace que al final triunfe la lógica de la marginalidad cultural, la lógica de la delincuencia y la lógica represiva de los policías, azuzadas por la prensa amarillenta, las quejas de la oposición y los caprichos de la opinión pública.

En los próximos días oiremos lamentos por estas muertes brutales, así como hasta hace poco oímos lamentos por las muertes brutales causadas por los delincuentes.

Las contradicciones ideológicas del gobierno, la falta de claridad en las políticas públicas, tanto en las sociales como en las de criminalidad, son, en el fondo, la causa de que vivamos a los bandazos, sometidos a la violencia delictiva, a la brutalidad policial y a los cambiantes ánimos de la prensa, de la oposición y de la opinión pública.        

 

 

   

 

  

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