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Impuestos, obsesión compulsiva Por Javier de Haedo

publicado a la‎(s)‎ 13 sept. 2012 8:42 por Semanario Voces
 

 

En pocos días, cuatro impuestos formaron parte de los titulares informativos.  Y en los cuatro casos, se trató de propuestas de aumentar tributos existentes.

Uno, en octubre habrá de entrar en vigencia un aumento de 15% en las tasas del IMESI a los vehículos automotores. No de 15 puntos porcentuales, sino un aumento porcentual, de 15%, sobre todas las tasas, por lo que su escala (que es creciente con la cilindrada del vehículo) se volverá aún más progresiva que en la actualidad. La escala pasará de un rango de 20% a 40% a uno de 23% a 46%. El fundamento del aumento (siempre hay un fundamento) es financiar el cambio de régimen de patente de rodados, que pasó a ser única a nivel nacional.

Así planteado, no se trataría de un aumento neto de impuestos, en la medida en que su producido financiaría una rebaja anterior, ya producida, de otros tributos. No obstante, no puede soslayarse que los vehículos automotores están extraordinariamente gravados en nuestro país, desde que grosso modo la mitad del precio que pagamos por ellos son impuestos, y que todo nuevo aumento es particularmente irritante.

No obstante, debe señalarse que es razonable utilizar al IMESI como instrumento de diferenciación de los tributos en función de determinada variable o concepto que se pretenda atender específicamente. Para eso son los “impuestos específicos” como el IMESI. En este caso, se entiende que un vehículo de mayor cilindrada consume más combustible y eso en alguna medida es considerado negativo. No en vano, los impuestos específicos son utilizados tradicionalmente, aquí y en todos lados, para casos de consumos que se pretende castigar o desmotivar particularmente (tabacos, alcoholes, combustibles).

Precisamente el segundo caso que quiero traer hoy aquí también consiste en un aumento del IMESI, pero a otro de los consumos que se consideran nocivos, el alcohol. El propósito no sería recaudatorio o fiscal, o al menos no lo sería en una primera instancia, dado que seguramente se afectarán a algún loable fin concreto los recursos que se obtengan por la mayor recaudación. En este caso, el aumento del IMESI se daría proporcionalmente a la graduación alcohólica de las bebidas.

A diferencia de los vehículos automotores, que por sus propias características y por la existencia de registros son más difíciles de contrabandear, en el caso de las bebidas alcohólicas un aumento exagerado de los tributos que las gravan puede generar esa consecuencia no deseada, lo mismo que con los cigarrillos. Pero en estos casos no sólo hay “evasión” del impuesto (como es el caso del contrabando) sino también una suerte de “elusión” legal, que consiste en adquirirlos en tiendas libres de impuestos al retornar al país desde el exterior.

Tanto en cigarrillos como en alcoholes los impuestos ya son muy elevados e incentivan esos comportamientos que dan lugar de un modo u otro al no pago de los tributos. En algunos casos, para colmo, mediante el consumo de bienes de incierto origen y condiciones de producción.

El tercer caso sobre el tapete tiene un origen muy diverso al de los dos anteriores y habría surgido del llamado “equipo económico paralelo”. La idea consistiría en gravar la renta empresarial de un modo diferente al actual, pasando a introducir una cierta progresividad en el impuesto. Es decir que su finalidad tampoco sería recaudatoria sino ideológica: por alguna razón sus impulsores han de considerar perjudicial o nocivo que las empresas ganen mucho dinero y se propone gravar con tasas más elevadas las mayores rentas. Lo que implícitamente se estaría considerando negativo o perjudicial es el tamaño de las empresas o las economías de escala. ¿Propondrán tasas más bajas para rentas menores, de modo de no aumentar la recaudación, o, de paso, cañazo?

En la reforma tributaria de 2007, la tasa del IRAE se redujo del 30% al 25% y se incluyó entre las rentas del capital gravadas por el IRPF a los dividendos distribuidos, con una tasa de 7%. Por lo tanto, en el caso de las empresas que distribuyen sus utilidades, la tasa total que grava su renta neta es de 30,25% (25% más el 7% del 75%).

Por último, un caso que felizmente murió tan rápido como nació: un tributo adicional a los aportes de activos y pasivos a la seguridad social, destinado a financiar un seguro contra la inseguridad (valga el juego de palabras). La idea consistió en establecer tasas de 0,033% y de 0,016% sobre salarios y pasividades respectivamente, para financiar el pago de una póliza de seguro que cubrirá los riesgos de resultar víctima de la inseguridad pública. No puedo evitar recordar al legendario Chicho, aquél a quien el personaje interpretado por Enrique Almada, junto a Julio Frade en Decalegrón, exclamaba: “¡vos sí que tenés recursos!”.

Se trató de una idea espantosa por donde se la mire, y en particular si se la mira desde los fundamentos de la reforma tributaria de 2007. Primero, porque se trataba de un tributo muy pequeño, tanto a nivel individual ($ 3,30 por mes para quien ganara $ 10 mil de sueldo o $ 1,60 por mes para quien ganara $ 10 mil de jubilación) como general (US$ 10 millones en un presupuesto de US$ 15.000 millones). Segundo, porque se trataba de un tributo cuya recaudación sería afectada a un fin específico. Este tipo de práctica, de ir sumando uno tras otro nuevos tributos, es lo que termina deteriorando los sistemas tributarios, como bien sabemos en Uruguay y como bien saben los autores de la reforma de 2007.

Que quede claro: mi objeción nada tiene que ver con el propósito benemérito que se había considerado (todos los malos impuestos lo tienen). Ni me meto en la paradoja de que se pida más recursos a las potenciales víctimas de la inseguridad, que ya están pagando muchos impuestos para financiar la seguridad pública. Tampoco con el tamaño del tributo que se había proyectado, o al menos no con el sentido habitual que se le da al tamaño de los impuestos, ya que en este caso lo más ridículo era su magnitud insignificante.

El problema es mucho más profundo: ¿por qué ese reflejo natural a poner un nuevo impuesto, en contra de la lógica del sistema tributario vigente? ¿Por qué no hacer por una vez el gesto (muy menor, por cierto) de reducir gastos superfluos por US$ 10 millones en un presupuesto de 15 mil millones de dólares o 300 mil millones de pesos? ¿Por qué tuvo que hacerse el ridículo antes de que primara la sensatez de procurar financiar ese gasto con ahorros? Se perdieron la oportunidad de dar una señal de que empezaba a pasar algo diferente a lo habitual y la reculada posterior, forzada por las circunstancias, no es un atenuante.

Pero lo que más me preocupa es el reflejo que quedó en evidencia: esa tendencia a buscar poner más impuestos ante la mínima necesidad (que más mínima que esta, difícilmente haya). ¿Será esto un anticipo de lo que nos espera para cuando llegue el día en que cese esta etapa de vacas gordas? ¿Será un anuncio de que llegado el momento van a buscar imponernos más tributos aún en medio de una recesión? Entre el boom anterior, de 1998, y hoy día, los ingresos del Gobierno Central y el BPS (o sea, hablando en plata, los impuestos) pasaron del 23,4% del PIB al 28,5% del PIB. Hoy estamos pagando impuestos como nunca antes y estamos en la cresta de la ola, en un boom sin precedentes. ¿No les alcanza?

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