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Impunidad EL CAMINO INVISIBLE Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 12 may. 2011 0:09 por Semanario Voces


A estas alturas, ninguna solución al problema de la ley de impunidad parece fácil.

No es para sorprenderse. Actuar respecto a delitos que llevan más de treinta años de cometidos nunca es fácil. Mucho menos si todo el asunto ha adquirido, para unos y para otros, un valor simbólico irrenunciable.

 

TOCINO Y VELOCIDAD

En el debate público sobre el tema, se entrecruzan argumentos políticos y argumentos jurídicos como si fueran equivalentes e intercambiables, sin contar con las innumerables falacias, tanto políticas como jurídicas, que circulan con holgura. Así, la invocación del resultado de dos consultas al cuerpo electoral se controvierte mencionando un fallo de la Corte Interamericana; el aparente desinterés de mucha gente ante el asunto se refuta con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; las invocaciones a la supremacía de los derechos humanos se contestan diciendo que “pasó mucho tiempo” y advirtiendo el riesgo de derrota electoral del Frente Amplio; y a las objeciones de los juristas, de la oposición y de algunos legisladores oficialistas, por la inconstitucionalidad de alguna de las soluciones propuestas, se responde que “el plenario del Frente mandató a sus parlamentarios y estos tienen que cumplir”.

Así no se puede discutir ningún asunto. Es como comparar tocino con velocidad

Una de las dificultades más hondas del tema de la impunidad (de esta impunidad, porque hay otras) es que está situado en esa línea fina y sinuosa que separa –o une- al derecho con la política. Tal vez sea necesario situar debidamente el problema para, al menos, dar lugar a una discusión en que los argumentos sean conmensurables.

 

EL FIN DE LOS TIEMPOS POLÍTICOS  

No le voy a dar muchas vueltas. Me propongo sostener que el tiempo de las soluciones políticas para este asunto se terminó.

Se terminó porque, por dos veces, recurrimos a los más radicales de los procedimientos democráticos (un referéndum y un plebiscito que intentó nada menos que reformar la Constitución) para revertir esa ley inadmisible sin lograrlo. Siempre sostuve que el referéndum de 1989 estuvo invalidado por el miedo ante una situación fáctica de desacato militar y la falta de garantías ante las amenazas de nueva ruptura institucional. Pero el plebiscito de 2009 fue absolutamente válido y se realizó con plenas garantías. No entro en aspectos formalistas sobre el significado del voto o de la omisión  de votar. Lo cierto es que el pueblo uruguayo tuvo en sus manos la posibilidad de anular la ley mediante una abrumadora expresión de democracia directa y no lo hizo. Y eso –aunque duela- debe ser tomado en cuenta si queremos seguir inscriptos en una lógica coherentemente democrática.    

Pero el tiempo de las soluciones políticas se terminó también porque no existen los consensos ni las amplias mayorías necesarias para disponer una solución que implique modificaciones al sistema institucional y jurídico vigente. Eso, que podría haberse producido y no se produjo en 2009 (una amplia mayoría popular dispuesta a modificar o refundar la institucionalidad (la Constitución) para remediar una injusticia manifiesta), no puede –o no debe- ser suplido por una dudosa mayoría parlamentaria, obtenida en base a “disciplinas partidarias” e impuesta a la oposición por el método de la “aplanadora”. Mejor dicho: se puede hacer, pero los costos serían altísimos. Y no me refiero a costos electorales del Frente Amplio, sino al deterioro de las condiciones de convivencia en el país, a arriesgar la valiosísima confianza de la población en que el gobierno y el sistema político respetan las expresiones de democracia directa y a romper reglas de juego y códigos mínimos de relacionamiento con la oposición.

Para terminar, desde el punto de vista práctico, las soluciones políticas propuestas hasta ahora (por “soluciones políticas” entiendo decisiones legislativas que modifican el régimen jurídico vigente más allá de la misma derogación de la ley de impunidad) no solucionan realmente el problema, sino que nos reenvían a un nuevo berenjenal de debates jurídicos y políticos, tras los cuales es probable que la “solución” sea a su vez declarada inconstitucional  o resulte cuestionada ante las cortes internacionales, con lo que entraremos en un laberinto del que, ahora sí, no saldremos “hasta que nos “muéramos” todos”.

 

LA SOLUCIÓN INVISIBLE

¿El fin de los tiempos políticos significa que hay que renunciar a hacer justicia?

Felizmente, no.

Desde fines del año 2009, la Suprema Corte de Justicia ha declarado, en todas las causas en que el tema fue planteado, que la ley de caducidad es inconstitucional y no debe ser aplicada. Es un cambio sustancial que, sin embargo, ha pasado casi desapercibido en el debate público sobre la impunidad. 

Cabe sospechar que en el cambio de la jurisprudencia de la Corte –que hasta el 2009 había sostenido la constitucionalidad de la ley- incidieron las nuevas políticas públicas sobre impunidad adoptadas por el gobierno frenteamplista y la proximidad del plebiscito para anular la ley, que desde mediados de 2009 se anunciaba como exitoso.

El fin de los tiempos políticos significa que la solución debe ser buscada dentro del marco jurídico e institucional existente. Y significa que será más viable cuanto menos requiera de acuerdos políticos y de cambios legislativos o institucionales extraordinarios.

El cambio de posición de la Corte habilita precisamente una salida dentro del sistema jurídico vigente. Si la ley es inaplicable, es posible proseguir con las causas por violaciones a los derechos humanos. Basta con que los fiscales o las personas habilitadas para hacerlo planteen la inconstitucionalidad.

Se dirá que en algunos casos puede haber riesgo de prescripción, que algunas causas ya se cerraron y hay por tanto “cosa juzgada”, y que en otras ya se declaró la constitucionalidad de la ley y eso es irreversible para esas causas.

Todo eso puede ser. Es que no hay soluciones perfectas para problemas que han hecho daño por más de un cuarto de siglo. Pero también es cierto que muchos de los delitos impunes son imprescriptibles y que, en todo caso, para los delitos más graves todavía no se configuró la prescripción. Por otra parte, ¿los asesinos que tienen causas cerradas cometieron sólo un asesinato? ¿No es posible investigar, demostrar y sancionar su participación en otros? ¿Qué pasa con la responsabilidad de quienes fueron jefes de unidades militares donde se torturaba y asesinaba sistemáticamente? Al Capone fue condenado por evasión de impuestos. ¿Acaso es tan difícil demostrar otros crímenes en el caso de algunos “asesinos seriales” de la dictadura uruguaya? En todo caso, es una tarea que, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la ley, corresponde –como debió corresponder siempre- al sistema de justicia.  

 

LA IZQUIERDA Y LOS SÍMBOLOS

¿Por qué la vía de la inconstitucionalidad de la ley no emociona ni parece satisfacer a muchos militantes de izquierda comprometidos con la lucha contra la impunidad?

Los motivos son varios.

Algunos sufrieron en carne propia –o de sus hijos, padres, hermanos o amigos- la violencia de la dictadura. Tienen por tanto una causa emotiva legítima y de difícil contestación. Otros han asumido programáticamente que la lucha contra la impunidad es el tema crucial de la etapa política que atravesamos, el “parteaguas” a partir del cual se generará conciencia social y política. Es una tesis discutible, pero tesis al fin. Otros han adoptado a “los derechos humanos” como horizonte teórico de las luchas de la izquierda, y encuentran en la dictadura y sus crímenes al enemigo arquetípico. Finalmente, algunos han hecho de la lucha contra esta impunidad una causa existencial, una verdadera razón de ser, a la que no quieren o no pueden ver concluida.

Muchas de estas visiones descreen además, casi atávicamente, en que la rutinaria “legalidad burguesa” pueda proveer una solución a la altura de las circunstancias. Por eso, casi todas coinciden en la esperanza de una suerte de “día del juicio final”, un día en que la impunidad será solemnemente derrotada y abolida en medio de celebraciones populares y se sabrá toda la verdad y se hará justicia.

Es probable que tal día no llegue nunca o que sea un desastre, al menos si se lo espera como un revolucionario y extraordinario cambio de la institucionalidad.

Sin embargo, la solución está más al alcance de la mano de lo que parece.

 

¿LA DEROGACIÓN PUEDE SER UN SÍMBOLO?

En nuestra tradición, la declaración de inconstitucionalidad de una ley aparejaba siempre su rápida derogación o modificación por el Parlamento. Pero no ha sido así en el caso de la ley de caducidad.

Antes, el rechazo a la derogación se debía a que dejaba en pie los efectos de la ley hacia el pasado. Pero, desde las declaraciones de inconstitucionalidad, sólo se explica porque buena parte de la izquierda la siente como emocional y simbólicamente insatisfactoria.

Contra la emoción y el sentido simbólico de poco sirve argumentar. Pero es necesario decir que la derogación –como complemento de la declaración de inconstitucionalidad- prácticamente elimina la mayor parte de los efectos de la ley y lo hace de una manera jurídica y políticamente incuestionable, en tanto se funda en normas que ya están vigentes y que todos aceptamos.         

Es posible que la derogación cuente todavía con el apoyo de legisladores blancos y colorados –lo tenía hasta hace pocas semanas- , lo que permitiría que la eliminación de la norma maldita de nuestro ordenamiento jurídico adquiriera incluso un sentido simbólico compartido, el de la confirmación suprapartidaria de la democracia y los derechos fundamentales.

La cuestión es, ¿podrá la izquierda repensar el asunto y asumir el desafío? 

 

    


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