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INDDH: ¿NOMBRES O CRITERIOS? Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 20 abr. 2012 6:36 por Semanario Voces
 

Las negociaciones para definir la integración del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos parecen limitarse, cada vez más, a los nombres de los postulados.

 

Juan Raúl Ferreira, Ariela Peralta, Juan Faroppa, Mariana González Guyer y Mirtha Guianze, son las personas cuyos nombres se manejan, y la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición se plantea sobre todo en relación con la postulación de la fiscal Mirtha Guianze.

Todos los nombrados están en condiciones de desempeñar las funciones que la ley 18.446 asigna a los miembros del Consejo Directivo de la INDDH. Lo malo es que, una vez más, la danza de nombres ocupa la atención pública y la negociación política, haciendo pasar a segundo plano las características de la institución que se está creando, las expectativas que la sociedad puede tener respecto a ella, y algunos problemas conceptuales planteados por la propia ley, y, sobre todo, por los criterios con que fue aprobada y es interpretada.

La Institución Nacional de Derechos Humanos tiene por cometido, según la ley 18.446, la “defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional”.

Ese es el primer problema. Porque los derechos constitucionales no son lo mismo que “los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional”. De hecho, tienen fuentes de legitimidad y procedimientos de creación muy diferentes y, en algunos temas, pueden ser incluso contradictorios.

Voy a dar sólo dos ejemplos de esas posibles contradicciones. Uno es la ley de caducidad, cuya vigencia y validez son muy diferentes, como es notorio, según se contemple el tema desde la óptica constitucional o desde la de los organismos de derecho internacional que se ocupan de los derechos humanos. El otro ejemplo es el del aborto, cuya despenalización seria posible de acuerdo a nuestra Constitución y probablemente no lo sería de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica.

¿Qué nos proponemos hacer con la INDDH? ¿Fortalecer el cumplimiento de la Constitución, o privilegiar a los tratados internacionales? ¿Siempre es conveniente adecuar el derecho interno al derecho internacional, o en ciertos casos corresponde defender la autonomía de la sociedad uruguaya para autorregularse?

No es un tema menor, en absoluto. Por dos razones. La primera es que el derecho nacional está más sujeto a la vida democrática; las reformas constitucionales deben ser aprobadas por plebiscito, y las leyes son votadas por representantes directos de la ciudadanía y pueden ser dejadas sin efecto por referéndum popular. En cambio, el derecho internacional es fruto de acuerdos entre Estados o de decisiones de organismos internacionales, sobre los que la ciudadanía tiene nulo o muy poco control. La segunda razón es que, por su carácter de acuerdos entre Estados y el escaso control ciudadano que lo rodea, el derecho internacional tiene siempre más facilidad para convertirse en instrumento de los Estados más poderosos o de los intereses económicos transnacionales dominantes.        

Otro problema que se plantea, más allá del texto de la ley, es cuál es el concepto que tenemos en mente cuando hablamos de derechos humanos. ¿Los derechos humanos son sólo o predominantemente aquellos que fueron violados durante la dictadura, o el presente es teatro de un sinfín de violaciones de derechos fundamentales que, sin embargo, no cuentan con voces que los reclamen ni con autoridades que los hagan respetar? ¿Qué pasa hoy en nuestras cárceles, en los lugares de reclusión de menores, en el sistema educativo y en el sistema de salud (donde acaba de descubrirse uno de los casos de violación de derechos fundamentales más escandalosos de las últimas décadas)? ¿Por qué no hay en nuestra sociedad ni en el sistema político preocupación por los derechos fundamentales violados en el presente, en el día a día, y en cambio hay tanta por los derechos violados hace treinta o cuarenta años? ¿Debemos seguir manejando el concepto de “derechos humanos” como una factura del pasado que las fracciones políticos se pasan una a la otra? ¿Qué tienen en la cabeza nuestros legisladores y políticos cuando discuten la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos? ¿En qué clase de derechos piensan? 

Haber creado la Institución Nacional de Derechos Humanos sin discutir estos asuntos fue seguramente un error. Limitarse ahora a discutir nombres y a intercambiarlos como figuritas es un error aun mayor. Pero hacerlo con la vista fija en el pasado, y “miradas hemipléjicas” (de uno y de otro lado), es sencillamente un disparate.

Estamos a tiempo de remediar en algo esos errores. Por ejemplo, introduciendo en la discusión parlamentaria una reflexión seria acerca de que clase de derechos se pretenden promover y proteger mediante la INDDH, reflexión en la que no debería estar ausente tampoco la relación que debe establecerse entre el derecho nacional y el internacional. O, en otras palabras, qué clase de INDD queremos y para qué la queremos.

Después de todo, la INDDH es una institución del Poder Legislativo y sería bueno que sus futuros integrantes supieran de antemano qué espera de ellos el Parlamento y, por ende, la sociedad uruguaya.

  

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