Artículos‎ > ‎

Indisciplina partidaria la columna de Hoenir Sarthou: “LEY DE MEDIOS”: UNA NECESIDAD Y TRES PROBLEMAS

publicado a la‎(s)‎ 10 jul. 2014 10:02 por Semanario Voces

El proyecto de

  ley de “servicios de comunicación audiovisual” a estudio del Parlamento ha quedado en suspenso una vez más.

La nueva suspensión, pedida por el Frente Líber Seregni y por el propio Tabaré Vázquez, responde a la molestia que causa en la oposición la forma en que se distribuirán, en plena campaña electoral, los tiempos de publicidad electoral gratuita que el proyecto asigna a los partidos en los medios de comunicación privados.

Pocas veces una solución legislativa ha sido más necesaria y a la vez más inoportuna.

La regulación de los medios de comunicación audiovisual, en particular de las emisoras privadas de radio y televisión que utilizan frecuencias públicas, es un “debe” del Uruguay desde hace décadas.

¿Por qué unas pocas familias y grupos empresariales conexos controlan los canales de televisión y de muchas radios desde siempre? ¿Por qué, si utilizan frecuencias escasas, de propiedad pública y administradas por el Estado, esas familias y grupos empresariales gozan de ese privilegio, que les reporta muchísimo poder y dinero, sin pagar por ello, sin someterse a concursos o licitaciones y, en el fondo, sin ser realmente controlados?

Regular ese “viva la Pepa” que ha sido la utilización de las frecuencias por esos grupos privilegiados es sin duda una necesidad. Establecer normas regulatorias, límites temporales para la concesión, contraprestaciones y procedimientos claros y equitativos para la asignación y reasignación de las frecuencias es una necesidad pública y una exigencia de estricta justicia. De hecho, sorprende que no se haya hecho antes en estos diez años de gobierno del Frente Amplio.  

En cambio, que se pretenda aprobar el proyecto en medio de la campaña electoral, y exclusivamente con los votos oficialistas, resulta muy inoportuno, habida cuenta de que el proyecto concede tiempo de publicidad gratuita para los partidos políticos y la asigna en función de los votos obtenidos en la última elección, lo que le asegura al partido de gobierno un fuerte predominio en el uso de ese tiempo publicitario. Los medios de comunicación, por su incidencia en la formación de la opinión pública, clave para el funcionamiento democrático, son una materia muy delicada, por lo que en su regulación no basta con ser honesto sino que también se debe parecerlo. 

Sin embargo, este debate publicitario-electoral coyuntural, en el que se plantean incluso cuestionamientos sobre la constitucionalidad del proyecto, puede estar ocultando otros problemas de mayor importancia hacia el futuro.

Antes de analizar tres de esos problemas, quiero recordar que, por su importancia social, la regulación de los medios masivos de comunicación debería ser fruto de un acuerdo bastante más amplio que una mayoría parlamentaria ajustada y obtenida en parte por disciplina partidaria (hay legisladores oficialistas que admiten en privado que el proyecto presenta deficiencias).

 El primero de esos problemas es el excesivo protagonismo asignado al Poder Ejecutivo en la regulación y control de los medios de comunicación audiovisual.

La historia de la libertad de prensa es una historia de lucha contra las arbitrariedades e imposiciones del poder político. Si bien en la actualidad algunos imperios multimedia tienen más poder que los Estados, nada aconseja olvidar que la regulación y el control de la prensa no deberían estar directamente en manos del poder político si se quiere preservar su independencia y capacidad crítica. Mucho menos directamente en las del Poder Ejecutivo.   

 Los papeles asignados por el proyecto al Presidente de la República, al Ministerio de Industria Energía y Minería, a la URSEC y al Consejo de Comunicación Audiovisual exceden lo recomendable en esta materia. Probablemente otras formas de ejercer el control social, con más participación parlamentaria, de la sociedad civil y de los mismos periodistas, sería más recomendable.

Alguno podrá pensar:  “este gobierno no va a usar esos mecanismos para mal, o en todo caso los usará para fines con los que estoy de acuerdo”. Pero los gobiernos pasan y las leyes quedan. De modo que los mecanismos jurídicos deberían ser pensados para que resulten admisibles gobierne quien gobierne. 

El segundo problema tiene que ver con la publicidad electoral gratuita, pero no enfocada con las miras cortas de esta elección en concreto sino como asunto de futuro, que hace a la clase de democracia que queremos construir y vivir.

El asunto es sencillo. Si la publicidad se asigna en función de los votos obtenidos, el resultado tenderá a ser la confirmación y consolidación de lo ya establecido. Me explico: si el partido que ganó las últimas elecciones se lleva la mayor parte del tiempo publicitario, estará en ventaja para las elecciones siguientes, porque dispondrá de mayor exposición pública gratuita. Este sistema jugará siempre a favor de los ganadores y dificultará la renovación de las propuestas políticas, ya que las propuestas minoritarias, por carecer de votos suficientes, casi no lograrán exponer sus ideas, salvo que cuenten con mucho dinero para contratar espacios publicitarios.

No necesariamente lo mejor para la sociedad es ver y oír machaconamente la reiteración de las ideas ganadoras. A la sociedad puede convenirle, precisamente, que en el debate público afloren voces nuevas, desconocidas, minoritarias. Que después obtengan o no el apoyo electoral de la población es otro asunto. Si las propuestas son buenas, lo obtendrán. Si no, no. Pero, si no permitimos que sean oídas, la regulación de la prensa operará como factor de conservadurismo, de conservación del poder en las mismas manos y al son del mismo discurso.

Probablemente este aspecto estaría mejor regulado si se asignara a cada opción electoral o política un espacio gratuito básico, que en todo caso podría ampliarse un poco en función de los resultados electorales obtenidos, pero asegurando siempre que la asignación de los espacios gratuitos sea plural y no se convierta en el sonsonete monocorde del ganador de turno y acaso del opositor más afortunado.

El tercer y último problema que quiero plantear (hay otros, pero el espacio no da para todo) es más difuso y tal vez menos perceptible.

El texto del proyecto se introduce en la regulación de los contenidos que pueden o deben difundir los medios audiovisuales. Lo hace desde el discurso de la “corrección política”, un discurso que se ve a sí mismo como “natural”, de sentido común, “no-político”. Abundan así las prohibiciones y las obligaciones. Por ejemplo, no se deben difundir contenidos discriminatorios por razones de raza, sexo, género, nacionalidad, religión, ideología, etc., tampoco se debe exhibir violencia “excesiva”, morbo, pornografía, violaciones, cadáveres, consumo de drogas legales o ilegales ni personajes de “narcos” simpáticos o exitosos, sobre todo en el extensísimo horario de “protección al menor”, de 6 a 22 horas. Por el contrario, es obligación de los medios difundir y promover “los derechos humanos”, la “no discriminación”, la “inclusión social”, el “pluralismo” la “diversidad” e incluso la “identidad” o “identidades” nacionales.

Sé que dicho así suena todo muy lindo, muy prolijo y muy políticamente correcto. Pero, ¿alguien cree posible hacer una película valiosa, un noticiero decente o un debate ideológico, filosófico o religioso serio sin transgredir algunas o todas esas normas? ¿Qué significan “violencia excesiva”, “pornografía”, “morbo”, “pluralismo” “diversidad” e “identidad nacional”? ¿Quién va a definir el contenido de esos conceptos y a juzgar cuándo un programa los transgrede? ¿El Poder Ejecutivo?

Ya sé, una vez más me dirán: “nooo, esos son principios generales, no se van a aplicar para limitar las películas, los noticieros ni los debates (en el caso de que alguna vez los haya en este país).”.

Entonces, digo yo, si no se van a aplicar para limitar u orientar “a prepo” los contenidos ideológicos de la programación, ¿para qué se los incluye? ¿Sólo para que, si alguna vez algún gobierno decide convertirse en censor de la moral y de la cultura, tenga un argumento legal para justificarse?

En materia de contenidos, el mejor límite es el que no existe. O, en todo caso, el único límite debe ser el Código Penal.  Llevó siglos entenderlo y no parece bueno olvidarlo ahora.

 Legislar es siempre escupir hacia arriba: nunca se sabe en qué cabeza caerá el escupitajo. Por eso hay que ser muy cuidadoso al hacerlo. Y vale más pecar por menos que por más. 

Tengo presente que detrás de la actual redacción del proyecto hay largas negociaciones y acuerdos o semiacuerdos políticos que dificultan introducirle cambios. Pero lanzo esta especie de  botella al mar con la remota esperanza de que algunos de estos problemas puedan preverse y evitarse.

      

 


Comments