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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: Bolivariana

publicado a la‎(s)‎ 29 mar. 2017 16:41 por Semanario Voces

Venezuela se ha convertido en un problema para quienes se proclaman “de izquierda”.

Como ejemplo, basta ver el abanico de posturas existente en el oficialismo uruguayo, así como  en fuerzas que se consideran más a la izquierda que el Frente Amplio. Hay desde quienes apoyan la postura agresivamente intervencionista adoptada por Luis Almagro como Secretario General de la OEA, hasta quienes consideran que cualquier crítica al gobierno venezolano es un acto desleal de apoyo al imperialismo.

¿Quién tiene razón? En caso de que alguien la tenga.

El análisis de este asunto requiere responder no una sino dos preguntas.

La primera es si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas, es decir las garantías constitucionales que el mismo chavismo promovió en su momento, y si tiene o no válidamente cuestionada su legitimidad democrática.

Si la respuesta a esta primera pregunta es “sí”, se abre otra interrogante: ¿qué actitud deberíamos asumir ante eso como uruguayos y en particular cómo debería actuar nuestro gobierno?

Esta segunda pregunta es importante porque la respuesta no puede ser dada desde la pura abstracción.  Por un lado, porque es claro que cualquier intervención que se produzca, ya sea política, económica o incluso de fuerza (no es la primera vez que se incentivan conflictos fronterizos en la zona), no será hecha por la mano de Dios, sino por intereses y gobiernos muy deseosos de intervenir, directamente o a través de organismos internacionales, en su propio beneficio. Y, por otro lado, porque opinamos y actuamos desde un país chico de Sudamérica, para el que el principio de “no intervención” debería ser una regla sagrada.

Sobre la primera pregunta (si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas y tiene válidamente cuestionada su legitimidad democrática), mal que nos pese a muchos, sólo puede darse una respuesta afirmativa.  La crisis económica, la corrupción, el desorden administrativo y el desabastecimiento de productos esenciales han erosionado el apoyo popular inmenso que Maduro heredó de Chávez.  La fractura política del país, la manipulación y luego la desconsideración del poder ejecutivo hacia los otros poderes del Estado, el encarcelamiento de líderes opositores y finalmente la suspensión de las elecciones son la prueba del desgaste del gobierno, que no posee ya la capacidad de hegemonizar en grado suficiente ni siquiera a los sectores populares de la población venezolana.  Cada vez más recostado en el ejército y en el núcleo duro de sus militantes,  funcionarios y prebendarios, el gobierno de Maduro ha perdido esa condición de marea popular, tal vez no muy escrupulosa en las formas pero sin duda mayoritaria, que caracterizó al chavismo de Chávez.

Más allá del debate constitucional sobre la suspensión de las elecciones, esa suspensión es un símbolo claro de lo que está pasando en Venezuela. Si algo caracterizó a Chávez y a la segunda ola de gobiernos de intención revolucionaria en América Latina (Venezuela, Ecuador, Bolivia) es que sus pretensiones revolucionarias de “socialismo bolivariano” no se fundaron en los fusiles ni en focos insurreccionales. Nacieron, vivieron, intentaron cambiar la ecuación de poder y cambiaron sus respectivas constituciones a golpes de urna, en base a apoyos populares masivos verificables en sucesivas elecciones. Si algo caracterizó al chavismo de Chávez fue la confianza absoluta en su capacidad de enfrentar elecciones y plebiscitos. Por alguna razón, el chavismo no produjo material teórico sobre este punto (como sí lo hizo el castrismo con la guerra de guerrillas y la teoría del foco), pero a estas alturas es evidente que la capacidad de legitimarse popularmente mediante instancias electorales y plebiscitarias, no rehuyéndolas nunca y sometiéndose a ellas con considerable honestidad, fue parte sustancial de la concepción de Hugo Chávez Frías, para quien el ejército y el aparato estatal no podían sustituir al calor popular en que fundaba su liderazgo y el futuro de su régimen.

Hoy vemos a Maduro en la posición opuesta. Aunque intenta seguir las políticas sociales populares del chavismo, ha perdido la legendaria confianza de Chávez en las expresiones políticas de su pueblo. Por eso rehúye una elección en la que casi seguramente saldría derrotado. No saber soportar una derrota, y -como lo hizo mil veces el peronismo- conformar un movimiento opositor que seguramente llevaría de nuevo al chavismo al poder en poco tiempo, es la prueba de la debilidad e incapacidad política de Maduro y de los cuadros que lo rodean. Incapacidad para entender y promover el funcionamiento democrático, pero también para entender la premisa estratégica y política sobre la que se edificó el chavismo: un gobierno popular no puede temer a las elecciones. Esa incomprensión probablemente  lleve a la ruina a Maduro y a su gobierno, pero sobre todo compromete el futuro de la tradición política chavista.

¿Esa debilidad democrática del gobierno de Maduro justifica la intervención externa y la actitud de Almagro que la promueve?

Por cierto que no. Sea cual sea la situación política de Venezuela, sólo los venezolanos tienen legitimidad para buscar alternativas y luchar para imponerlas. Detrás de la idea de que los organismos internacionales, como la OEA, tienen facultades para supervisar el carácter democrático de los Estados que la integran late una noción muy peligrosa: la de que la democracia y las garantías institucionales pueden ser impuestas a presión o por la fuerza. Una noción que encierra una contradicción básica. ¿Qué legitimidad democrática tiene un organismo como la OEA para decirles a los gobiernos qué deben hacer? ¿Qué autoridad democrática, otorgada por qué pueblo, tiene el Sr. Almagro para discutir de igual a igual con cualquier presidente? Y más aun: ¿qué autoridad moral y política tienen los gobiernos de los Estados que respaldan a Almagro en su gestión contra el gobierno de Venezuela? ¿La tienen los EEUU, que han invadido y bombardeado a países enteros, siguen enredados en guerras inadmisibles y espían hasta a sus socios? ¿La tienen Estados fallidos, incapaces de asegurar la vida de sus habitantes, como México? ¿La tiene Brasil, presidido por un suplente acusado de delitos peores que la presidente a la que sustituye?

El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, principio clásico del derecho internacional, no es una formalidad del pasado. Está hoy en discusión justamente porque es un freno a la idea de que las decisiones políticas pueden ser impuestas o supervisadas por organismos tecnocráticos carentes de todo respaldo y control popular, organismos, en todo caso, dominados por los Estados más fuertes y, lo que es aun peor, por los intereses financieros y corporativos que controlan a su vez a los gobiernos de esos Estados.

En el caso de Uruguay, muy especialmente, nos va la vida en ese principio. Porque carecemos del poder económico, el territorio y la población como para resistir por la vía de los hechos el poder de las corporaciones y de los organismos internacionales que operan para ellas.

¿Por qué el caso de Venezuela inquieta a la OEA y al Sr. Almagro, que nada dicen sobre las guerras y el espionaje de los EEUU, ni sobre las masacres impunes en México, ni sobre el carnaval político en medio del cual se destituyó a Dilma Rousseff  y se instaló a Temer?

La respuesta es obvia:  a pesar de todos los pesares, los poderes e intereses que están detrás de organismos como la OEA no se mueven con comodidad en la Venezuela de Maduro. Al menos no con tanta comodidad como en los EEUU de Obama y Hillary (no sabemos todavía qué pasará con Trump) en el México de Peña Nieto, en el Brasil de Temer, o en la Argentina de Macri.

Sumarnos a la cruzada de Almagro y de la OEA no favorece a los venezolanos, por más que los venezolanos tengan todo el derecho a estar hartos de Maduro. Pero, sobre todo, sumarnos a esa cruzada equivale a trenzar una cuerda con la que un día podríamos ser ahorcados.

   

 

 

   


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