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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: Cómodas cuotas

publicado a la‎(s)‎ 28 mar. 2015 11:57 por Semanario Voces

La llamada “nueva agenda de derechos” se ha instalado como asunto central en las decisiones políticas de nuestra sociedad. Sus partidarios monopolizan el debate público e imponen su visión de la realidad y sus reivindicaciones sin que el resto de la población –incluidos los supuestos benficiarios/as- se anime a analizarlas ni a discutirlas.

El método adoptado para lograrlo es el de la “corrección política”, es decir, la naturalización de ciertas ideas como absolutas, como certezas que no pueden ser discutidas desde una posición moralmente respetable.

Así, conceptos opinables se convierten en verdades morales y/o científicas,  y los hechos que parecen confirmarlos adquieren una importancia desmesurada, mientras que otros son silenciados e ignorados.

El lunes abrí un diario en la sección policial y me encontré con un “colage” de noticias sangrientas.  Sólo en el fin de semana hubo tres asesinatos en Montevideo, dos de ellos por “ajustes de cuentas”. Hubo también varios robos y asaltos y cinco heridos de bala, algunos de ellos durante robos y otros por motivos del momento. Todos los muertos y los heridos eran hombres.  Una de las heridoras era una mujer, que discutió con un hombre en la calle, entró a su casa, salió con un revólver y le descerrajó al hombre cuatro balazos. Ayer también pudimos ver por televisión dos asaltos a estaciones de servicio, en los que un grupo de encapuchados fuertemente armados amenazó y golpeó a los empleados de la estación.

Sin embargo, en el debate público, esos muertos, esos heridos y esa violencia no son significativos. Derrotada la “baja de la edad de imputabilidad”, el tema ya no es importante, porque no le da rédito a la oposición y al gobierno no le interesa asumirla.

En cambio, se mantiene en el candelero la violencia “de género” y toda la que pueda considerarse “discriminatoria”. La prohibición de bailar tango, aplicada a dos mujeres por el organizador de una milonga callejera, mantuvo ocupada a la prensa y a la opinión pública durante toda la semana. Dio lugar, incluso, a la suspensión de la milonga y a un acto reivindicativo, el domingo, en la Plaza Fabini, con presencia de prensa y participación de autoridades nacionales y departamentales, en tanto que al veterano organizador de la milonga se le exige que pida disculpas y que concurra a un curso que le impartirá la comisión de género de la Intendencia de Montevideo.

¿Quién decide la desigual importancia asignada a esos hechos? ¿Quién o qué hace que una falta de respeto a dos mujeres, sin consecuencias físicas, genere una enorme movilización pública y oficial, en tanto que tres muertos y un montón de heridos, que se reiteran además cada día, no generen más que silencio oficial, un minuto de televisión y un olvidable recuadrito en las páginas policiales?  

Yo no creo, en general, en teorías conspirativas. Sí creo en la enorme fuerza de la ideología, en su capacidad infinita de recortar la realidad y permitirnos ver sólo a los hechos que confirman nuestras creencias. También creo en el poder de las organizaciones militantes para imponer –a veces de buena fe- una mirada sesgada sobre la realidad, destacando aquello que conviene destacar y sepultando  en el olvido a lo demás.

Afortunadamente, la actitud oficial y de ciertos círculos militantes ante el episodio de la Plaza Fabini despertó algunas reacciones de lúcida alarma. Dos artículos, uno de Marcelo Marchese y otro de Aldo Masuchelli, así como múltiples comentarios en las redes sociales, señalaron lo desmesurado de la actuación oficial y de la repulsa militante paraoficial en el caso. Es que la suspensión de una actividad popular, como la milonga de la Plaza Fabini, y la imposición a su organizador del deber de pedir disculpas públicas y de asistir a cursos de corrección ideológica en materia de género, son tan o más violatorios de derechos fundamentales que el acto discriminatorio que cometió el organizador. Aunque, claro, lo suyo fue “políticamente incorrecto”, en tanto que el lavado de cabeza “de género” que se le quiere imponer y el escrache público que se le hizo son “políticamente correctos”.

Por cada mujer que muere en forma violenta en el Uruguay, mueren en forma no menos violenta aproximadamente cinco hombres, que son, además, mayoritariamente jóvenes y pobres. Por cada mujer que muere en un accidente de trabajo, mueren en accidentes de trabajo aproximadamente nueve hombres. Sin embargo, una extraña convención ideológica ha decidido que el único verdadero drama, la única violencia que no se puede tolerar y se debe combatir a cualquier costo, es la violencia “doméstica” o “de género”, cuando sus víctimas son mujeres.

El centro de lo que quiero decir es que, en algún punto y por alguna razón, que no se ha discutido como es debido, algunas organizaciones sociales embanderados con la “nueva agenda de derechos” han perdido contacto con principios hondamente arraigados en la cultura de los movimientos emancipadores.

El viejo tríptico de “Libertad, igualdad, fraternidad”, que levantó la Revolución Francesa, no ha dado todos los resultados reclamados por los movimientos sociales emancipatorios.  Es decir, no ha logrado la efectiva libertad, igualdad y fraternidad de todos los seres humanos.  Pero, durante más de dos siglos, ha sido la bandera ideológica orientadora para combatir al feudalismo, la esclavitud, la explotación de los obreros, la discriminación racial y la intolerancia religiosa, las dictaduras y la privación de derechos de las mujeres, los pobres y los analfabetos.

La “nueva agenda de derechos”, la “discriminación positiva” y la “corrección política” plantean problemas  teóricos serios.  Sus impulsores/as, sin decirlo, han abandonado a algunos de esos principios. Postulan que la igualdad jurídica entre las personas puede y debe ser vulnerada para emitir señales simbólicas en favor de grupos real o supuestamente desfavorecidos. Limitan la libertad de pensamiento y de expresión, alegando que ciertas ideas y palabras son discriminatorias y que no deben ser divulgadas para proteger la sensibilidad de los eventuales discriminados.  Y, claro, desestimando la igualdad y limitando la libertad es muy difícil ser fraterno.

Curiosamente, algunas propuestas de la “nueva agenda de derechos” son copiadas de sociedades muy poco igualitarias, muy poco fraternas y en el fondo poco libres  (o libres para unos pocos) como la de los EEUU. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las cuotas simbólicas, supuestamente compensatorias, y con la prohibición de palabras e ideas.

No tengo espacio para analizar las enormes consecuencias que esa concepción traerá para el campo popular y para nuestra vida democrática. Me limito a señalar que algunas de sus medidas (las cuotas laborales por raza o género, el delito de feminicidio, y las cuotas parlamentarias) fracturan el principio de igualdad ante la ley sin lograr igualdad sustancial.

La condición socioconómica del conjunto de personas de raza negra no mejorará porque unas pocas de ellas tengan preferencia sobre las personas de otras razas para ingresar a los cargos públicos. La violencia y los homicidios no disminuirán porque se tipifique el delito de feminicidio. Del mismo modo, la situación socioeconómica del conjunto de las mujeres no variará porque cierto número de mujeres, dedicadas profesionalmente a la política, logren asegurar sus bancas parlamentarias en razón de la “cuota de género”.

Son medidas simbólicas que no alteran la realidad social, aunque decoran su apariencia y mejoran las estadísticas.  La igualdad sustancial depende de la educación, de las oportunidades de trabajo y de la igualitaria y efectiva aplicación de las normas jurídicas, no de caprichosas medidas cosméticas.

Llama la atención que quienes pretenden expresar los intereses de sectores desfavorecidos de la sociedad estén más preocupados por medidas simbólicas que por la real universalización de la enseñanza o por la instalación de centros preescolares que permitan a las mujeres un mayor desarrollo de sus oportunidades de trabajo

Cierro esta nota señalando que las cuotas parlamentarias, del tipo que sean, destruyen el de por sí débil fundamento del sistema democrático representativo, que se basa, justamente, en que no existe ningún criterio de representación que deba imponerse a la voluntad de los representados.

Probablemente, en un país de economía agraria, sería bueno que en el Parlamento hubiese cierto número de agrónomos, también que hubiese más parlamentarios menores de cuarenta años, y, tratándose de aprobar leyes, que hubiese expertos en derecho. Pero, si una ley dispusiera que en el Parlamento debe entrar obligatoriamente una cuota de agrónomos, de jóvenes y de abogados, la libertad de los representados se vería seriamente afectada. Lo mismo ocurre con la cuota femenina.

Los representantes no deberían votar ninguna norma que condicionara la libertad futura del cuerpo electoral.

    

  

 


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