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INDISCIPLINA PARTIDARIA la columna de Hoenir Sarthou: Con la misma vara

publicado a la‎(s)‎ 24 abr. 2014 1:09 por Semanario Voces   [ actualizado el 24 abr. 2014 1:10 ]

Una vez más, denuncias sobre irregularidades graves ponen al sistema penal juvenil en el banquillo de los acusados. Esta vez, se refieren a torturas supuestamente  aplicados por funcionarios del SIRPA contra los jóvenes internados. De ser ciertas las denuncias,  las torturas incluirían palizas sistemáticas e incluso el uso de una picana eléctrica.

Con la proximidad de las elecciones y del pronunciamiento ciudadano sobre la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad penal, el asunto fue aprovechado por la oposición para pedir  la renuncia del director del SIRPA y generó debates sobre el tratamiento de la minoridad infractora, en particular sobre el sentido de la privación de libertad como medida de prevención y castigo.

Como era previsible, en el debate se enfrentan quienes reclaman una mano más dura contra la delincuencia y quienes sostienen que los menores de edad infractores son víctimas de la situación social y no deben ser castigados.

Si para algo sirve ese debate, es para poner en evidencia la enorme confusión y ambivalencia que tiene la sociedad uruguaya respecto al concepto de “delito”, a la responsabilidad penal, a las medidas de privación de libertad y, en general, al tratamiento que debe darse a los infractores de normas penales.

LOS DOBLES DISCURSOS

Digo “confusión y ambivalencia” porque es muy frecuente que la postura de los opinantes varíe sustancialmente según quiénes sean los infractores y cuáles sean los delitos.

Así, dentro del sistema político, quienes reclaman mano dura contra los jóvenes rapiñeros suelen ser los mismos que defendieron la impunidad de los militares torturadores de la dictadura o rechazan hoy la responsabilidad penal empresarial. Del mismo modo, en el otro bando, los que sostienen que las causas de la delincuencia son sociales y que la privación de libertad es contraria a los derechos humanos son los mismos que reclaman el castigo a los militares torturadores, a los acusados de violencia doméstica, a los discriminadores y a los delincuentes sexuales.

¿La responsabilidad de las personas por sus actos ilícitos varía según cuál sea el ilícito o según quién lo cometa? ¿Un rapiñero o un copador actuales son víctimas de condiciones que la sociedad les impuso y, en cambio, quien ejerce violencia doméstica, o abuso sexual, o quien discrimina por razones raciales o sexuales, o incluso quien torturó en el marco de un sistema político dictatorial e inhumano, no lo son? ¿Hay delitos “políticamente correctos” y otros que no lo son?

En este asunto, como en todos, es necesario un mínimo de coherencia. Si asumimos que las conductas humanas son, en gran medida, el resultado del clima social y cultural en que nos formamos, debemos asumirlo para todos los casos.

La empatía o repugnancia que sintamos por el delincuente o por el delito no nos habilitan a aplicar, en cada caso, teorías distintas sobre las causas del delito, sobre la responsabilidad por los propios actos y sobre el tratamiento que corresponde.

En otras palabras: así como el delincuente joven y pobre que roba, viola o mata es en buena medida producto de las carencias materiales, afectivas y morales en las que fue criado, el violento doméstico, el abusador sexual, el discriminador y el torturador son también resultado de perversos climas familiares, sociales e institucionales que casi siempre los tuvieron primero como víctimas.      

LA MALDAD CONGÉNITA

Soy consciente de lo chocantes que pueden resultar estas afirmaciones para algunas personas. Por ejemplo, para quien perdió a su hijo o a alguno de sus padres a manos de la dictadura, probablemente resulten inadmisibles.  Sin embargo, para todo hijo, la pérdida de un padre o de una madre por un acto de violencia es un golpe terrible. No importa si lo/a mataron unos uniformados que lo/a acusaban de tupamaro/a  o comunista o si lo hizo un desgraciado para robarle la cartera y comprar pasta base. El asesinato es asesinato, y hay que evitarlo.

La psicología nos informa que, en la mayor parte de los casos, el victimario es primero víctima. El golpeador fue primero golpeado, el discriminador se sintió o se siente discriminado, el abusador sexual fue en algún momento abusado y la personalidad autoritaria fue sometida antes a un régimen autoritario.

En definitiva, cada uno devuelve a la sociedad lo que recibió de ella. Como dice Drexler: “nada es más simple”, “no hay otra regla”. Los niños no nacen buenos ni malos. Salvo algunas patologías (que son eso, patologías y no culpas), la capacidad de coexistir constructivamente con los demás se aprende o se desaprende, y eso depende en forma determinante del medio familiar y social en que nos formamos.     

¿Qué hacer, entonces, con los que transgreden las reglas? ¿Perdonarlos a todos? ¿Encerrarlos y perder la llave?

Contestarse estas preguntas probablemente requiera definir primero qué es la privación de libertad y por qué la aplicamos.

¿POR QUÉ ENCARCELAMOS?

La cárcel es un invento relativamente moderno. Históricamente, la “justicia” fue primero un asunto privado. La familia o el clan se ocupaban de controlar a sus miembros y de castigar o matar a los miembros de otros clanes que les causaran daño. Después, con la aparición de instituciones políticas más complejas, las “polis” o los Estados absorbieron esa función. Los castigos fueron, según las culturas y los casos, multas, pérdida de bienes, mutilaciones, esclavitud, el destierro, o directamente la muerte.  

La cárcel aparece mucho después, como un sustitutivo relativamente benévolo de la ejecución, la mutilación o el destierro.

Mirada con sentido histórico, se descubre su principal finalidad: sacar al infractor del medio social, evitando así que vuelva a delinquir y el espiral de violencia que generaría la venganza de las víctimas.

Es probable que los otros efectos de la cárcel, reales o supuestos, se descubrieran después. Por ejemplo, su valor de sanción moral, su carácter de ejemplo disuasorio, o su eventual función reeducativa.

Todos sabemos que las cárceles no cumplen o cumplen mal sus supuestos objetivos. La reeducación es en general un mal chiste, la sanción moral, en ciertos círculos, se ha convertido en un mérito o en un título de “hombría”, y, en muchos casos, la violencia privada o la venganza se cumplen también detrás de las rejas. Incluso su principal razón de ser fracasa, puesto que las fugas y las salidas transitorias mal dispuestas debilitan la sensación de que el delincuente está apartado del medio social e impedido de delinquir.

Sin embargo, no existe todavía un mecanismo sustitutivo que sea efectivo, que asegure tranquilidad a la sociedad y garantías al infractor.

ESPERANDO AL ABOLICIONISMO

Hay corrientes teóricas del derecho penal y de la criminología que proponen abolir la privación de libertad como respuesta social ante el delito.

La idea es loable y probablemente algún día existan los procedimientos preventivos, los mecanismos técnicos, los conocimientos psicológicos y el desarrollo cultural que hagan innecesarias a las prisiones o permitan sustituirlas por otros medios de control social.

Sin embargo, mientras esas cosas no existan, las cárceles deben cumplir sus tristes cometidos básicos: dar tranquilidad a la sociedad y garantías al encarcelado, abriéndole además a éste posibilidades de reeducación.

ENTRE EL ODIO Y LA COMPASIÓN

El actual debate enfrenta a quienes conciben al delito como una culpa personal, y son por tanto partidarios del castigo, con quienes creen en las causas sociales del delito y sienten por tanto repulsión por castigar al delincuente como individuo.

Me atrevo a decir que, por esos caminos, el problema no tiene solución.

Quizá la posibilidad de acuerdos requeriría asumir que, en nuestro actual estado civilizatorio, la finalidad principal de la privación de libertad no es el castigo. Ojo: no soy hipócrita. Claro que causa sufrimiento. Pero esa no debe ser su finalidad.

Tal vez, si conviniéramos que la finalidad principal es práctica, evitar que el infractor vuelva a delinquir y darle la chance de reenfocar su vida, los debates sobre las causas del delito, sobre la responsabilidad del “delincuente” y sobre la procedencia del “castigo”, serían menos importantes y nos permitirían buscar juntos la solución del problema.

Pensar al sistema penal  desde el odio, o desde la compasión dirigida exclusivamente hacia el infractor, son erróneas formas de pensarlo.

En todo caso, la privación de libertad es un mal necesario. Su única justificación es proteger a la sociedad de ciertos actos. Nadie debería ser castigado por la rabia hacia su conducta, ni tampoco ser exonerado por una compasión que olvida los efectos sociales del delito.

Si acordáramos eso, quizá las cárceles dejarían de ser un lugar de mortificación, el debate público se concentraría menos en los delincuentes y podríamos dirigir nuestro esfuerzo hacia las políticas sociales y educativas necesarias para prevenir realmente al delito. 

 

            

 


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