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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: EL FUTURO NO PAGA DERECHOS

publicado a la‎(s)‎ 11 may. 2016 13:45 por Semanario Voces

El Senado aprobó un proyecto de ley que modificaría el régimen de los “derechos de autor”.

El proyecto, impulsado por la FEUU, levanta polémicas porque permite la reproducción parcial o total de libros, sin autorización del autor ni de la editorial y sin pago de derechos, en tanto la misma no tenga fines de lucro y se reduzca a un solo ejemplar por persona.

La Cámara del Libro y numerosos autores de libros protestan sosteniendo que la cantidad y el destino de las reproducciones será incontrolable y que, en los hechos, significará expropiarles inconstitucionalmente sus derechos.

El proyecto será discutido todavía en Diputados, por lo que vale la pena analizar los múltiples aspectos e intereses en juego, que son infinitamente más amplios de lo que parece.

El derecho de autor está sometido, en los últimos años, a dos presiones fuertes y contradictorias.

Por un lado, en tanto es un aspecto de la llamada “propiedad intelectual”, se ha beneficiado indirectamente con las campañas de poderosas corporaciones transnacionales, de la agroindustria y de la industria química por ejemplo, interesadas en defender las patentes de técnicas y recursos agrícolas  y de medicamentos.

Así, los tratados internacionales de comercio, que se nos trata de hacer firmar a los Estados menos poderosos, incluyen cláusulas que garantizan la “propiedad intelectual”, expresión que engloba a los poetas, pero que está pensada para proteger las patentes de empresas como Monsanto y los laboratorios químicos, que reciben por ellas cuantiosos derechos. Buena parte de la literatura supuestamente jurídica, que declara a los derechos de autor y a la propiedad intelectual como “derechos humano de cuarta generación”, es en el fondo promovida y difundida por esas transnacionales en defensa de sus intereses y no en defensa del pobre creador. En menor escala, también la industria editorial se beneficia enarbolando la bandera del creador intelectual. Sin embargo, conviene ver qué parte le toca a los creadores en el reparto de las utilidades.

Los autores de libros perciben, en general –cuando lo perciben-, un diez por ciento del precio que pagamos en la librería. El otro noventa por ciento lo llevan quienes editan, imprimen, distribuyen y publicitan el libro. Este artículo que ustedes están leyendo fue escrito para un semanario que se edita en papel. Los creadores del semanario, incluidos quienes aportan el papel y la tinta y lo imprimen (ni hablemos de quienes lo escribimos) apenas recibirán la mitad del precio de cada ejemplar. La otra mitad  la absorberán quienes lo distribuyen y lo venden en los kioscos. No tengo las cifras de lo que cobran los químicos y biólogos que crean las innovaciones para las industrias agrícolas y químicas, pero podemos sospechar que están muy lejos de parecerse a las enormes ganancias de esas industrias.

¿De qué hablamos entonces cuando decimos “derechos de autor” o “propiedad intelectual? ¿Nos referimos a la persona que estudia, trabaja y genera arte o conocimiento? ¿O hablamos de empresas que compran barato el trabajo intelectual y lo explotan luego elevando su costo hasta las nubes?

Pero hay otra gran fuerza histórica que está presionando en el tema de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Me refiero a las tecnologías de la comunicación.

Vivimos la época de un fenómeno totalmente nuevo. Por primera vez en la historia, existen medios para que toda la producción intelectual y artística del mundo esté al alcance de todos los habitantes del planeta sin ningún costo y sin límites. Un cuento, un cuadro, un poema, una película, una canción, una obra de teatro, una escena de baile, pueden ser vistos, oídos o leídos en la China a pocos minutos de ser creados en Montevideo. El propio autor, Internet mediante, puede ponerlos a disposición de todo el mundo (“todo el mundo” es aquí una expresión literal) sin ningún costo, en dinero ni en tiempo, más que lo que haya gastado para crear su obra.

En todas las demás áreas, la producción de bienes implica un costo adicional por cada persona que desee el bien. Si yo quiero un pantalón, el fabricante tendrá que invertir en tela, en mano de obra y en traslado del producto para poder vendérmelo. Lo mismo ocurre con la comida, con los autos y con todo, En cambio, si quiero leer un texto o ver un video o una fotografía, el autor no necesita hacer ni gastar nada para proporcionármelo. 

Quien no vea el carácter revolucionario de este fenómeno está ciego.

La gran carta de triunfo del sistema capitalista ha sido que permitía un más eficiente acceso a los bienes de consumo que los sistemas de producción que lo precedieron. La producción en serie, la mecanización, el régimen de competencia y la costosa publicidad, hacían que quienes dispusieran de más capital estuvieran en condiciones de producir a menor costo, vender más y acaparar más mercado. El capitalismo siempre se jactó de su mayor eficiencia para producir y distribuir bienes, comparado con las formas artesanales de producción.

En la “industria cultural”, eso ha cambiado. El capital, quienes controlan e invierten el dinero en esa “industria”, se están convirtiendo en un obstáculo para la reproducción y la circulación de los bienes culturales. La editorial o la productora musical que encriptan sus productos para asegurarse el cobro de derechos son un obstáculo para la circulación de bienes culturales. Y –no sé si siento decirlo- la historia y las leyes de juego del propio sistema las condenan. Nunca ha tenido éxito quien ha pretendido obstruir el acceso de más personas a mayor cantidad de bienes disponibles.

Asi las cosas, el problema que se discute en nuestro Parlamento está mal planteado. No se trata de enfrentar o de armonizar los intereses de la industria cultural (en este caso las editoriales) con los de los estudiantes que no pueden o no quieren comprar libros

Parto de la base de que el futuro está claro. Tarde o temprano, todos los bienes culturales serán de libre acceso. Porque existe la posibilidad de que lo sean y sería antihistórico –además de profundamente reaccionario- pretender evitarlo.

La cuestión, entonces, es cómo remuneramos a los creadores sin limitar el libre acceso a sus creaciones.

Asumo (y lo hago como autor de estas líneas que son de libre acceso por Internet) que no hay un derecho absoluto del autor sobre ninguna obra. Porque nadie “crea” de la nada. Nadie crea sin usar gratuitamente un idioma, ciertas técnicas, la cultura en la que se crió y la educación que recibió. Entonces, toda creación no es más que una vuelta de tuerca, a veces brillante, dada a elementos culturales colectivos por los que nadie paga derecho.  

¿Por qué remunerar entonces a los autores?

La pregunta no deja de ser problemática. ¿Ha sido bueno que la industria cultural nos bombardeara durante años con millones de libros, textos de estudio, canciones y peliculas producidas en serie, que serán olvidados enseguida porque nada agregan a lo que se editó, grabó o filmó antes? Por otro lado, ¿quién puede decir qué es bueno, innovador y valioso? Y, ¿los auténticos creadores dejarán de producir y de compartir sus obras porque no se les pague por ello?

Son preguntas difíciles, sin respuestas obvias.

Asumamos, sin embargo, que es moralmente válido y que la sociedad está interesada en retribuir a los creadores por sus “vueltas de tuerca”, a menudo brillantes. Eso es algo muy distinto a seguir financiando a empresas comerciales intermediarias que se apoderan de los bienes culturales y negocian con el acceso y la distribución. Esas empresas dejarán de ser necesarias, porque el acceso y la distribución pueden hacerse sin ellas.

Vuelvo a la discusión parlamentaria. ¿Cómo legislar para que los autores reciban una retribución justa sin limitar el acceso a los bienes culturales? ¿Y cómo hacerlo sin seguir financiando a especuladores que defienden un sistema de acceso caro, ineficiente e innecesario?

Presumo que, en el futuro, la creación cultural se remunerará sin tantos intermediarios, mediante impuestos o tasas que pagaremos todos y que podrán destinarse a pagar directa y exclusivamente a los creadores. Hay en ello un abaratamiento que puede oscilar entre un cincuenta y un noventa por ciento del precio del producto.

El proyecto aprobado por el Senado significa el reconocimiento de esa posibilidad material, permitida por la tecnología. Pero ignora la necesidad de remunerar al autor. Ese es su defecto, que debería ser corregido.    

     

 


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