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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: El mito del patriarcado

publicado a la‎(s)‎ 15 mar. 2017 18:26 por Semanario Voces

Mi reciente artículo sobre la jornada del 8 de marzo, y un debate mediático con Teresa Herrera sobre el mismo tema, generaron al menos media docena de respuestas periodísticas.

La mayor parte de esas respuestas fueron atendibles y de tono respetuoso. Un par, no más, cayeron en el argumento “ad hominem”, es decir atacaron a quien opina y no a sus argumentos. Y en especial una, expresada en un reportaje, es un patético contrabando de publicidad ideológica travestida de antropología. En fin, cada uno da lo que puede.

Como no tiene sentido entablar seis o siete polémicas simultáneas sobre el mismo tema, decidí hacer algo más constructivo: analizar al “Patriarcado”, en tanto concepto en el que se sustentan varias prácticas políticas y sociales de nuestro tiempo.

El discurso oficial de la mayoría de las organizaciones feministas uruguayas –y en general de las occidentales- es que vivimos en un régimen patriarcal, que priva de derechos a las mujeres y las somete a condiciones de dominación y explotación en beneficio del sexo masculino. En los últimos años, ese discurso se ha convertido también en el discurso oficial de muchos organismos públicos, dando fundamento a leyes y políticas públicas, e inspirando a otras que están en proceso de aprobación parlamentaria.

Me propongo dilucidar si realmente vivimos en un régimen de dominación social, con todo lo que ello implica, o si lo que se suele llamar “Patriarcado” es el remanente cultural de antiguas formas de organización social hoy felizmente derogadas. En otras palabras, la pregunta es si vivimos en un patriarcado o en una sociedad en la que quedan rasgos atávicos de machismo.

La cuestión no es menor. Porque no es lo mismo enfrentar a un sistema de dominación vigente que luchar por superar rémoras culturales sin respaldo institucional ni legal. El asunto reviste interés, también, porque la tesis del Patriarcado distorsiona la visión de nuestro pasado, afectando la noción histórica que recibirán las nuevas generaciones.

El término “patriarcado” asocia dos conceptos: el de “padre” o “paternidad “ y el de “autoridad” o “poder”. En términos generales, puede interpretarse como aquel régimen de organización social en que el poder o la autoridad son ejercidos por el padre. En su versión romana, que es desde donde nos llega a nosotros, implicaba que el “pater” (que no era exactamente el padre sino el varón de más edad en una línea de descendencia) era el único sujeto de derecho de su línea de descendencia y tenía autoridad para decidir por y representar a sus descendientes.

El patriarcado, como cualquier otro régimen de dominación, requiere, o requería, mecanismos legales e institucionales que lo garantizaran. Si el viejo “pater” romano no hubiese tenido respaldo legal para sancionar a sus hijos y para actuar civilmente por ellos, el patriarcado se habría desintegrado.

Trasladando el asunto a la sociedad uruguaya, debemos reconocer que, hasta casi  mediados del Siglo XX, nuestra sociedad tuvo estructuras legales e institucionales que consagraban la subordinación de la mujer. El impedimento de la mujer casada para administrar por sí sola sus bienes y la imposibilidad de ser electora y elegible en materia electoral, consagraban una real privación de derechos propia de un régimen de dominación.

Esa situación cambia en la primera mitad del Siglo XX, mediante reformas legislativas orientadas hacia la igualdad de derechos. En 1932 se aprueba la ley 8.927, que reconoce a las mujeres el derecho a ser electoras y elegibles en cualquier acto electoral (en 1942 ingresaron al Parlamento tres mujeres, incluida la legisladora comunista Julia Arévalo). En 1946 se aprueba la ley 10.783 (de derechos civiles de la mujer) cuyo artículo primero dice: “la mujer y el hombre tienen igual capacidad civil”. Esa misma ley estableció la igual autoridad de hombres y mujeres respecto de los hijos, la disolución de la  sociedad conyugal por voluntad de cualquiera de los cónyuges y los derechos de la mujer sobre los bienes gananciales, disponiendo que la venta de ciertos bienes (en especial inmuebles) no serían válidas sin la firma de los dos cónyuges.

Esas dos normas consagraron la igualdad de derechos políticos y civiles. Pero estuvieron lejos de ser las únicas reformas. La “ley de la silla”, de 1918, hizo obligatoria la existencia de sillas a disposición de las trabajadoras en los establecimientos en que trabajaran mujeres. La maternidad fue causal o circunstancia jubilatoria especial. El régimen de guarda, tenencia, pensión y visitas de los hijos consagró desde hace muchos años una efectiva prioridad de la madre para ejercer y decidir sobre el cuidado de los hijos.  Las últimas rémoras formales de la condición subalterna de la mujer fueron eliminadas en épocas recientes, por ejemplo con la posibilidad legal de que los hijos lleven en primer lugar el apellido de la madre.

Esa realidad histórica contrasta con el relato actual sobre la situación de la mujer en el pasado relativamente reciente. Muchos uruguayos creen que las mujeres llegaron a fines del Siglo XX en un estatuto de semi esclavitud, y que todos sus avances son resultado de las luchas feministas contra la resistencia retrógrada de los hombres. Ese relato es falso.

Durante todo el Siglo XX, la sociedad uruguaya vivió un constante proceso de reconocimiento de derechos de la mujer, en el que –por cierto- fueron determinantes hombres y mujeres. La igualdad de derechos habría sido imposible sin la voluntad y el esfuerzo de numerosos hombres que, desde los ámbitos sociales, políticos y legislativos, impulsaron y aprobaron las reformas.  De modo que el proceso emancipatorio de la mujer durante el Siglo XX estuvo muy lejos de ser resultado de una lucha de mujeres contra hombres.

Hoy, marzo de 2017, no queda en el país ninguna norma jurídica ni ninguna estructura institucional que determine la subordinación de la mujer en ningún sentido. En los hechos, además, y felizmente, las mujeres son mayoría en la matrícula universitaria, predominan, como siempre, en todo el sistema educativo, y –esto es nuevo- ocupan también bastante  más de la mitad de los cargos de juez en el sistema de justicia de todo el país. Son mujeres quienes resuelven quién cobra, quien paga, quien se divorcia, quien custodia a los hijos, y quién tiene derecho a qué cosa en el Uruguay. Una imagen bastante distinta a la que se suele presentar.

Si viviéramos en un régimen de dominación, los hechos que acabo de reseñar serían la maravilla de las ciencias sociales. Porque no se conoce un régimen de dominación que haya desmontado una a una todas las normas y estructuras que aseguraban el predominio de los  dominadores sobre las dominadas.

Un sistema de dominación deja de ser posible si desaparecen las normas y privilegios formales en que se basa. Si se eliminara la propiedad privada y los trabajadores fueran socios en la producción, el capitalismo dejaría de existir. Seguiría habiendo gente más o menos rica, pero no “sistema capitalista”. Del mismo modo, una teocracia no sería tal sin reglas que permitieran a la clase sacerdotal ejercer poder sobre el Estado. Podría haber más o menos religiosidad en la población, pero no teocracia como régimen de dominación.

Por la misma razón, sostener que en el Uruguay vivimos en un régimen de dominación llamado “Patriarcado” es insostenible. Vivimos sin duda en una sociedad en la que subsisten resabios culturales machistas, pero de ninguna manera un régimen de dominación.

La razón por la que se insiste en tratar al machismo cultural como un régimen de dominación es sencilla. La lucha contra un régimen de dominación es política, requiere la vieja polarización “schmitteana” en “amigos y enemigos”. Debe impulsar normas que destruyan el poder del “enemigo” y consoliden el poder “amigo”. En ella todo está permitido, porque es una lucha contra estructuras ilegítimas de poder, no contra ideas.

En cambio, si se trata de una lucha cultural, los términos son otros. Los cambios culturales no se hacen mediante leyes y mucho menos mediante leyes penales. Requieren diálogo, ejemplo, apertura, convencimiento, transacciones, alianzas, evolución.

Creo que esa confusión –en gran parte deliberada- causa la estrategia agresiva y excluyente de muchas  organizaciones feministas en el mundo. A ella se debe que el discurso feminista orgánico reclame “derechos”, cuando en realidad tiene paridad de derechos y lo que en todo caso debería reclamar son  prácticas sociales que hagan más efectivos esos derechos.

Otra cosa que encubre la teoría del “Patriarcado” es que el machismo cultural dista muchísimo de ser un rasgo exclusivamente masculino. Si viviéramos en un régimen de dominación, todos los hombres y sólo los hombres representaríamos “El Patriarcado”. Pero, si hablamos del machismo como fenómeno cultural, deja de ser un fenómeno sólo masculino y se convierte en un conjunto de valores y costumbres sociales que penetran por igual a hombres y a mujeres. En ese sentido, muchas de las protestas feministas expresan conflictos también dentro de las cabezas de las mismas mujeres.

¿Patriarcado o machismo? ¿Dominación o fenómeno cultural compartido? ¿Enfrentamiento o coeducación?

Son interrogantes abiertas.

    


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