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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: Emoción y política

publicado a la‎(s)‎ 30 sept. 2015 15:12 por Semanario Voces

¿Qué tienen en común ciertos hechos que han ocupado la atención y el debate públicos en, digamos, el último año?

¿Qué tienen en común, por ejemplo, la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad, la campaña para crear el delito de feminicidio, el procesamiento de Héctor Amodio Pérez, y la reciente ocupación-desocupación de la sede del CODICEN?

Una primera mirada, sobre todo si es algo distraída, puede llevarnos a contestar: “nada”.

Una segunda mirada, un poco más atenta, puede hacernos notar que son temas en que lo político y lo jurídico se ligan estrechamente. Temas jurídicos de alto voltaje político.  Para complicar aun más las cosas, son asuntos que interpelan las creencias y las convicciones íntimas de mucha gente. La clase de asuntos que nos permiten opinar y juzgar moralmente, dando rienda suelta al “complejo de Dios” que muchos sentimos.

Una tercera mirada, ésta sí mucho más detenida, puede hacernos percibir que los argumentos que se intercambian en estos asuntos apelan ante todo a la emoción, buscan despertar la reacción emotiva, pasional, no racional, del interlocutor.

¿Deben ser los menores de edad tan responsables como los adultos por los delitos graves que cometen? ¿Eso es justo? ¿Ataca las causas de los delitos y los evitará? ¿La figura del feminicidio hará disminuir la violencia “de género” o es sólo una inútil agresión simbólica al sexo masculino? ¿Puede castigarse penalmente a Amodio por sus delaciones? ¿Es la delación un delito? ¿No es incoherente que Amodio esté preso si quienes recibían sus datos y practicaban la tortura siguen libres? ¿Que debe hacer un gobierno que se dice “de izquierda” cuando le ocupan edificios públicos? ¿Es admisible que reprima con violencia a los estudiantes que ocupan y a los manifestantes que los apoyan?

Las respuestas usuales a esas interrogantes son sorprendentemente simples: “Me asaltaron cuatro veces en una semana; no se puede más; hay que meterlos a todos en cana (o “hay que matarlos a todos”)”. “A nosotras, las mujeres, nos están asesinando como a moscas; van veinticinco en lo que va del año; es un genocidio; hay que terminar con el machismo; ni una más (o “ni una menos”)”. “¿Amodio?, un traidor, que se joda; cantó a sus compañeros, además violaron a las mujeres; que vaya en cana”. “Es un gobierno represor y neopachequista”, o “La culpa es de “Plenaria” y del SUATT que manipulan a los estudiantes para llevar agua para sus molinos”.

Esa forma de pensar y de debatir, cada vez más generalizada, es usada por tirios y troyanos. Se buscan conclusiones rápidas y se recurre a símbolos impactantes que despierten reacciones emocionales en uno mismo y en los destinatarios del discurso. Así, al efectista testimonio de los cuatro asaltos semanales se le responde con colibríes. A las dudas sobre la justicia y eficacia del feminicidio se las aplaca con estadísticas sesgadas y relatos de crímenes estremecedores. Se justifica la prisión de Amodio agitando el rechazo instintivo, casi “martín fierresco”, hacia la condición de delator, sin reparar en que la delación, hecha por quien está privado de libertad y bajo amenaza de tortura, puede ser una falta moral pero no un delito. Y se reduce el problema del CODICEN a un dilema de “represión sí”, o “represión no”.

Uno de los rasgos característicos de esta forma de pensar y de argumentar es la fragmentación de los problemas; el hábito de decidir sobre el todo en base a sólo alguna de sus partes. Ejemplifico: combatir las enfermedades sería facilísimo si no hubiese además que preservar la vida y, en lo posible, el bienestar del paciente. Combatir el delito también sería facilísimo si no hubiese que garantizar las libertades públicas y evitar el castigo de inocentes. Pues, bien, la forma de pensar y de argumentar que vengo analizando se caracteriza porque, en situaciones complejas, en que están en juego varios valores o bienes, opta rápida y apasionadamente por uno de ellos, ignorando o sacrificando a los valores restantes. Así, por ejemplo, en la disyuntiva entre la seguridad pública y los derechos de los menores de edad, se opta, sin dudas, por uno de los dos: o “mandamos a todos en cana” , o dibujamos colibríes y recitamos la declaración de derechos del “niño, niña y adolescentes”.  Respecto al feminicidio, o consideramos a todos los hombres como criminales potenciales y a todas las mujeres víctimas eternas e inconsolables “del patriarcado machista y criminal”, o descartamos a las feministas como “mujeres resentidas que odian al sexo masculino”.  Amodio es un traidor irredimible, cuya alma “camina ya por algún círculo del infierno”, o es “el chivo expiatorio del MLN para tapar sus chanchullos y aflojadas”.  

Capítulo aparte merecen la ocupación y desocupación del edificio del CODICEN. En el asunto están en juego varios valores esenciales. Uno es la enseñanza, incluido su aspecto presupuestal; otro es el deber del Estado de preservar a sus organismos y a sus sedes de presiones de hecho; un tercer valor es el derecho a la protesta social; un cuarto valor es la obligación del Estado de utilizar los métodos menos cruentos y más compatibles con los derechos individuales para imponer su autoridad; y hay incluso un quinto aspecto importante: ¿cuál debe ser la actitud de un sistema político que se pretende democrático ante las formas de oposición antisistémicas, es decir las que no aceptan las reglas de juego de la democracia representativa?

El debate público sobre este complejísimo asunto fue un modelo de parcialización y fragmentación. Para empezar, el problema original, la enseñanza y su presupuesto, fue olvidado. También se olvidó el aspecto institucional, la procedencia o improcedencia de la ocupación de un local público por quienes no trabajan ni estudian en él.  La discusión se estableció entre quienes sienten que la represión fue excesiva, o directamente consideran  inadmisible que un gobierno de izquierda recurra a la represión policial, y quienes culpan de todo a las organizaciones antisistémicas presentes en los incidentes.

Hace pocos días discutí con una amiga, indignada por la represión en el CODICEN. “¿Por qué tenían que sacar a los ocupantes?” me preguntó. La respuesta (no la había pensado antes) me salió en el momento. “Decime, si mañana un grupo de militares ocupa la Suprema Corte de Justicia para protestar por la prisión de sus colegas torturadores, o la Federación Rural ocupa el Parlamento para evitar que les voten un impuesto, ¿qué hacemos?”. Mi amiga es inteligente y no precisó más. “Ya entendí”, contestó.

Un segundo rasgo preocupante de esta forma de pensamiento y de argumentación es cierta falla o despreocupación por la conexión lógica entre los problemas y las soluciones propuestas. Cada vez es más habitual oír que determinado proyecto de ley, o una política pública, son “una señal” respecto a cierto problema. Es decir, no una solución ni un remedio, sino una “señal”, un gesto simbólico, más vinculado a lo comunicacional que a la regulación jurídica o a la ingeniería social.  El ejemplo típico son las políticas de “discriminación positiva”, que no aspiran a cambiar las estructuras sociales injustas sino a compensar simbólicamente la injusticia, beneficiando injustificadamente sólo a algunos integrantes del grupo social desfavorecido.

Nuestra tradición cultural es racionalista. Desde esa óptica, el derecho y las políticas públicas han sido históricamente considerados instrumentos para incidir racionalmente en la realidad. Eso significa que el abordaje de cualquier problema, al menos en teoría, requería contemplar todos sus aspectos y que la solución propuesta apuntara a modificar efectivamente los aspectos críticos sin causar otros problemas iguales o mayores.

 Tal vez porque estamos todavía en “la era de Acuario”, o por la desconfianza posmoderna en la razón, o por necesidades de un sistema económico global que nos exige ser engranajes eficientes, no cuestionadores, esa tradición racionalista parece en crisis, como lo evidencian  los debates públicos de los últimos tiempos. Y eso genera preguntas.

¿Pueden la emoción y la sensibilidad sustituir el enfoque racional de los problemas sociales? ¿Es posible abordar problemas complejos priorizando sólo uno de sus ángulos, aquél que más nos afecta o conmueve? ¿Cómo garantizamos que las emociones no nos lleven a medir con varas distintas a amigos y a no amigos? ¿La “emisión de señales simbólicas” es apta para resolver problemas sociales reales y concretos?  Y, tal vez la más importante: ¿Son posibles el diálogo y los acuerdos si cada uno justifica sus posturas desde su más recóndita e íntima subjetividad?

Soy consciente de apenas haber acariciado el lomo de un asunto inmenso. Valga esta nota sólo como la anotación de un punto en un orden del día imaginario e inagotable.     

         

 

 

 


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