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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: La Constitución como excusa

publicado a la‎(s)‎ 29 jun. 2016 14:32 por Semanario Voces   [ actualizado el 29 jun. 2016 14:32 ]

Las reformas constitucionales tienen, históricamente, dos motivos.

Uno de ellos es que una sociedad se esté viviendo cambios muy profundos. Las revoluciones sociales, por ejemplo, suelen requerir una nueva organización institucional, otra distribución del poder, el surgimiento de un nuevo orden, otros objetivos colectivos y nuevos criterios de justicia.

El otro motivo típico es que al partido que está en el gobierno le convenga cambiar las reglas electorales para permanecer en el gobierno o, en caso de no lograrlo, minimizar las posibilidades y los márgenes de maniobra de sus opositores.

¿Por qué motivo el Frente Amplio promovería ahora una reforma constitucional?

Según el discurso oficial, la finalidad es remover trabas institucionales que impedirían la aplicación de políticas innovadoras. Pero, si se analizan las supuestas innovaciones y las supuestas trabas, el argumento no resiste dos segundos. Veamos por qué.

Se ha anunciado que los principales objetivos de la reforma son: a) consagrar la nueva agenda de derechos y la protección de minorías sociales; b) reducir el poder presidencial y “redefinir” el instituto del veto; c) aumentar el poder del Parlamento y afianzar sus facultades de control; d) crear nuevas formas de propiedad (propiedad social, cooperativa, etc.); e) garantizar la protección del medio ambiente; f) reestructurar los órganos de contralor del Estado; y g) “reformar” y “democratizar” el Poder Judicial y establecer nuevas formas de control de la constitucionalidad de las leyes.

Lo curioso es que todos y cada uno de esos propósitos son innecesarios, inconvenientes, o contradicen de plano las prácticas del propio partido que los propone.

La “nueva agenda de derechos” ha sido consagrada ya legalmente y funciona, aunque algunas de sus “acciones afirmativas” sean de dudosa constitucionalidad. Reducir el poder presidencial parece un propósito poco creíble, en un partido cuyos legisladores han votado con “mano de yeso” todo lo que el Poder Ejecutivo les ha pedido. El veto presidencial, si no recuerdo mal, se usó sólo una vez en los últimos quince años (lo hizo el mismo Tabaré Vázquez en relación con el aborto). Lo de aumentar el poder y la capacidad de control del Parlamento resulta absurdo dicho por un partido que ha tenido mayoría parlamentaria absoluta durante tres períodos de gobierno y no ha controlado nada (ni PLUNA, ni ASSE, ni ANCAP, ni la regasificadora, etc.). En cuanto a redefinir el derecho de propiedad, no se explicita ningún tipo de propiedad que no exista ya o que sea incompatible con el régimen constitucional vigente, en el que, por otra parte, el derecho de propiedad puede ser afectado por razones de interés general. Por otra parte, ¿qué nuevo régimen de la propiedad esperar de un gobierno que, a través de varias leyes recientes, una de ellas la 18.116, ha hecho de la ocupación de inmuebles, aun pacífica, un delito perseguible de oficio y castigable con pena de penitenciaría? Lo mismo ocurre con “garantizar la protección del medio ambiente”, cuando en estos años se han permitido y estimulado cultivos destructores de la tierra y el uso de agroquímicos que contaminan el agua potable. Hablar de fortalecer los organismos de control del Estado es hasta risible viniendo de un partido cuyos gobiernos han acumulado decenas de miles de observaciones del Tribunal de Cuentas y las han ignorado olímpicamente. Lo de reformar y “democratizar” al Poder Judicial, unido a la falta de recursos asignados en el último presupuesto, suena a advertencia o a “vendetta”. Esa idea se robustece cuando luego se habla de reasignar el control de constitucionalidad, lo que puede ser leído como “sacárselo a la Suprema Corte de Justicia”.

En síntesis, entonces, ¿qué hay que valiera la pena y que no se haya podido hacer por haberlo impedido la Constitución vigente?

La respuesta es simple: nada. O casi nada. De hecho, el minúsculo impuesto a la concentración de la tierra y el impuesto a las jubilaciones se implementaron después con pequeños cambios, sobre todo de nombre. Y la disparatada ley de liquidación de PLUNA (que dio lugar al remate en que intervino “el caballero de la derecha”), por suerte fue declarada inconstitucional y quedó por el camino, aunque, claro, varios gobernantes guarden rencor por eso.

Parece claro que el verdadero propósito de la idea de reformar la Constitución no es viabilizar políticas revolucionarias, que no están en el horizonte. Se podría pensar, entonces, que el objetivo real es introducir cambios en los mecanismos electorales, como, por ejemplo, volver a hacer coincidir a las elecciones nacionales con las departamentales, o permitir el voto desde el exterior, o incluso eliminar el balotage.

No dudo de que algunos sectores del Frente deseen y sueñen esos cambios. Sin embargo, es posible que el verdadero beneficio que esta iniciativa le reporta al partido de gobierno sea más rebuscado y menos evidente.

Para empezar, la sola propuesta cambia el eje de la discusión pública. En lugar de hablar del ajuste fiscal, de la crisis económica, de la deuda pública, de la enseñanza, de la crisis social, de la inseguridad ciudadana y del aumento de precios, la oposición y parte de la opinión pública deberán discutir reformas constitucionales. Gran éxito estratégico. 

En segundo lugar, la propuesta de reforma puede operar como justificación de la falta de proyectos y de resultados, cohesionando a cierta parte del electorado frenteamplista. Así, para el sector más incondicional de los votantes frenteamplistas, el problema no serán el gobierno ni su falta de ideas y de aciertos, sino la Constitución que lo maniata y la Suprema Corte de Justicia que lo hostiga. Dos blancos fáciles, por diversos motivos. Incluso más fáciles que la prensa, a la que también se la ha acusado de ocultar los supuestos éxitos y resaltar los fracasos oficialistas.        

Es muy probable que la reforma constitucional ni siquiera llegue a plantearse seriamente. Es que las posibilidades de que fuera aprobada son escasísimas, habida cuenta del peso electoral que sigue teniendo la oposición y del descontento que cunde incluso entre muchos votantes y ex votantes frenteamplistas. Un plebiscito constitucional, en las presentes circunstancias, y seguramente en las que existirán de aquí a tres años, tiene todas las chances de convertirse en un plebiscito contra el gobierno, cosa que ni el más obtuso de los dirigentes frenteamplistas debería ignorar.

En la hipótesis de que todo este asunto constitucional fuera mero fuego de artificio, una excusa para justificar debes y carencias, lo malo es que se estaría usando como moneda de cambio un instrumento que debe ser preservado.

Aunque a algunos dirigentes políticos les moleste admitirlo, la Constitución no debería entrar en el juego de toma y daca de la politiquería cotidiana. Porque, aun sin ser perfecta, respira una sólida lógica igualitaria y republicana que suele faltar en la legislación reciente. Es el instrumento que, desde hace muchos años,  ha  permitido que convivamos pacíficamente gentes con ideas y concepciones de la vida muy diversas. Tan es así que, hace cuarenta y cuatro años, cuando se quiso imponer una concepción autoritaria, fue necesario pasarle por arriba.

Quizá, más allá de avatares e intereses políticos circunstanciales,  hay dos preguntas que deberíamos respondernos con humildad.

La primera es si realmente creemos que nuestros problemas actuales se deben a carencias constitucionales. 

La segunda, más delicada,  es si tenemos hoy una cultura ciudadana superior a la que inspiró a la Constitución vigente.

Si la respuesta a las dos preguntas es “no”, la conclusión cae por su propio peso.   


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