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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: La insuficiencia de los derechos

publicado a la‎(s)‎ 17 feb. 2016 14:46 por Semanario Voces

Dos amigas, A.A. y E.L. (reservo sus nombres porque no pude consultarlas previamente), me han hecho llegar objeciones sobre el artículo “La libertad de los antiguos”, que publiqué la semana pasada en “Voces”.

El artículo en cuestión comentaba un viejo texto (Siglo XIX) de Benjamín Constant, en el que éste distinguía lo que llamaba “la libertad de los modernos” de lo que denominaba “la libertad de los antiguos”. Para Constant, la “de los antiguos” es la que hoy llamaríamos noción republicana de la libertad, consistente en el derecho-deber de los ciudadanos de intervenir directamente en las decisiones de la comunidad política (o polis) que integran y de someterse luego a esas decisiones. La libertad “de los modernos”, en cambio, es lo que hoy entendemos como noción liberal de la libertad, por la que los individuos se reservan derechos, es decir ámbitos protegidos contra las pretensiones de otros individuos y sobre todo del resto de la sociedad, representada por el Estado.  Simplificando, una puede llamarse“libertad política” y  la otra “libertad individual”, en el sentido de que, para una, la libertad consiste en intervenir en los debates y en las decisiones políticas de la sociedad, en tanto que, para la otra, la libertad consiste en poner ciertos derechos a salvo de la voluntad política de la sociedad.

En base a ese texto de Constant, intenté señalar que las modernas sociedades occidentales habían hiperdesarrollado la libertad individual (en términos de “derechos”), a expensas de la libertad política. Eso significa que hoy el ciudadano se siente ciudadano más por los derechos que lo amparan que por su efectiva participación en las decisiones de la sociedad en la que vive. La “representación política”, recomendada en su momento por Constant y traducida hoy en las modernas “democracias representativas”, fue el mecanismo que permitió separar a los ciudadanos de las decisiones colectivas. El “negocio” es más o menos así:  los derechos le aseguran al individuo que ciertos ámbitos (su libertad personal, su propiedad, etc.) no serán afectados; a cambio, el individuo delega las decisiones colectivas a una clase de profesionales que prácticamente no existía hasta el Siglo XX: la de los políticos profesionales.

Finalmente, sostuve que el modelo de la economía global, dominado por corporaciones poderosísimas, ha desfondado a ese sistema político “moderno” y lo ha vuelto funcional a sus intereses. Porque los intereses privados transnacionales tienen hoy los medios para imponer de hecho decisiones que en la antigüedad tomaba la “polis” y en la modernidad, e incluso en la pretendida “postmodernidad”, deberían tomar los políticos profesionales. El medio ambiente, la economía, los impuestos, la legislación, la cultura, las pautas de consumo y hasta las guerras dependen hoy directamente de decisiones que toman las grandes corporaciones, con la complicidad de los políticos profesionales y la pasividad de los ciudadanos. La publicidad y la hegemonía ideológica hacen el resto. De ese modo, la libertad individual “moderna”, llena de “derechos”,  termina convertida en una ilusión y el mundo es gobernado por los intereses privados transnacionales.

Mis amigas A.A. y E. L. (y a juzgar por facebook no son las únicas) objetan las siguientes cosas: 1) que los que yo llamo “derechos individuales” no son en realidad individuales sino expresión de colectivos (mujeres, gays, razas sometidas, etc.); 2) que las democracias “antiguas” (Grecia, Roma, etc.) excluían a importantes sectores de su población (mujeres, extranjeros, esclavos); 3) que la acumulación de reivindicaciones de derechos particulares puede hacer que el conjunto de la sociedad sea más justo; 4) A. A., en particular, sostiene que algunas de esas reivindicaciones de derechos tienen efectos en la economía y que, en todo caso, pensar que los derechos no son importantes porque no afectan al poder económico es incurrir en “economicismo”.

Creo que en lo que nos entendemos con mis amigas es en el alcance de la expresión “derechos” (ya sean individuales, fundamentales, humanos, sociales, o como se los quiera llamar) y en el significado de la llamada “libertad política”.

El centro de lo que quiero decir es que hay –sigue habiendo, cada vez más- un abismo entre  la actitud de reclamar derechos y la de ejercer el poder de intervenir como ciudadano en las decisiones colectivas.

La clave en esto es que el discurso de los derechos (el “lenguaje de los derechos”, por decirlo en términos del jurista chileno Fernando Atria), me refiero al hábito de analizar todos los asuntos públicos exclusivamente en términos de derechos,  es inapto o insuficiente para enunciar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cómo analizar debidamente la conveniencia o inconveniencia de un modelo económico pensándolo sólo en términos de derechos? ¿Cómo discutir qué tipo de enseñanza le conviene al país sólo en función de los derechos, tanto sea de los alumnos como de los docentes?        

El debate público se empobrece si creemos que el único objetivo es garantizar derechos, ya sea de una persona, de muchas, o de todas. El chileno Atria señala que muchas cosas importantes de la vida, como la pareja, o la amistad, no pueden ser pensadas ni descriptas exclusivamente en términos de “derechos”. No es que la pareja o la amistad no impliquen ciertos derechos entre sus integrantes, pero la pareja y la amistad desaparecen si se pretende fundarlas en la invocación de los derechos que confieren. Lo mismo ocurre, sostiene Atria, si se pretende traducir la solidaridad social en términos de derechos. Una buena sociedad requiere que ciertos derechos estén establecidos, pero, como en la pareja y en la amistad, no se puede construir una buena sociedad sólo en base a los derechos de sus integrantes. Hace falta cierto compromiso generoso con lo colectivo, que no suele dominar el ánimo de quien reclama derechos propios o de una categoría de personas.  

La izquierda en general, y la uruguaya en particular, se ha acostumbrado a enunciar todas sus aspiraciones en el lenguaje de los derechos. Utiliza por eso un medio inapto, o al menos claramente insuficiente. En estos tiempos, los uruguayos necesitaríamos desesperadamente discutir a fondo el tipo de enseñanza que impartimos a nuestros hijos;  necesitaríamos revisar también las políticas ambientales y de inversiones, que están llevando a la contaminación del agua, de la tierra y de los alimentos; así como deberíamos reconsiderar las políticas de seguridad, las bancarias y las culturales, incluidas la publicidad y las pautas de consumo. Ahora, ¿es posible un debate serio sobre esos temas pensando sólo en si se vulneran derechos o se discrimina a alguien? ¿Acaso el bienestar colectivo no requiere mirar bastante más allá de los mínimos amparos que pueden asegurar los “derechos”?

Mi artículo anterior no proponía eliminar los derechos ni tampoco el absurdo de reeditar la democracia ateniense o romana. Planteaba la insuficiencia del “discurso de los derechos” para enfrentar los rigores  del modelo económico global, que son mucho más que económicos. Y, quizá, insinuaba la necesidad de repensar en la noción republicana de la libertad y su compromiso ciudadano.

Eso, claro, en el caso de que queramos evitar la más triste de las esclavitudes: la de quienes ni siquiera se dan cuenta de que son gobernados por intereses ajenos.       

 


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