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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: La otra violencia

publicado a la‎(s)‎ 9 mar. 2017 6:06 por Semanario Voces

 Al menos uno de cada tres asesinatos cometidos en el Uruguay, y especialmente enMontevideo, se cataloga como “ajuste de cuentas”, o, en el nuevo léxico promovido por el Ministerio del Interior, “violencia entre delincuentes”. Eso equivale –como mínimo- a entre 80 y 100 muertos por año. El doble o el triple que los muertos en rapiñas y cinco o seis veces más que las muertes por “violencia de género”.

 

Y hablamos de los casos medianamente claros, porque muchos de los homicidios no aclarados, de los que termina ignorándose el motivo y los autores, son también “ajustes de cuentas”.

Claro, el lenguaje está siempre cargado de ideología. Si se le dice “violencia entre delincuentes”, el espectador promedio de noticieros se quedará  tranquilo. Aplicará un silogismo básico: “los ajustes de cuentas ocurren entre delincuentes; yo no soy un delincuente; luego, no tengo de qué preocuparme.”.

Sin embargo, el cómodo sillón y el cómodo silogismo del espectador promedio de noticieros podrían no resultarle tan confortables si tuviera en cuenta ciertos hechos.

Lo primero que voy a decir seguramente no inquietará al ocupante del sillón. La gran mayoría de los ajustes de cuentas ocurren en barrios pobres o marginales. De hecho, la distribución de esos delitos por zonas de Montevideo configuran casi un mapa de la pobreza urbana. Las víctimas son casi siempre muy jóvenes, de sexo masculino y de extracción sociocultural baja. El procedimiento  para matarlas suele ser cruel, a menudo una cantidad innecesaria de balazos, en ocasiones precedidos por torturas. Es frecuente también que sean heridos familiares o amigos del destinatario del ataque, sólo por estar junto a él en ese momento.

Pero eso es sólo la punta del iceberg, lo que llega a las páginas de los diarios y a la pantalla del televisor, lo que puede contabilizar el Ministerio del Interior. Debajo de esas noticias de crónica roja hay una realidad más extensa y espesa. Las muertes no ocurren por casualidad. Debajo hay algo que el ministro Bonomi y sus colaboradores describen como una “guerra por territorio” entre bandas de delincuentes, normalmente dedicados al narcotráfico en mayor o menor escala y algunas de ellas incursa en el sicariato. Esas bandas, que según Bonomi suelen tener entre veinte y cincuenta integrantes, controlan su barrio e intentan extenderse a otros, compran armas poderosas, disponen de autos y de inmuebles que usan como “bocas” de  venta,  chocan con bandas rivales y reclutan nuevos integrantes en su zona de influencia. También  ayudan a algunos vecinos, por ejemplo pagándoles las facturas de luz y de agua,  y en contrapartida exigen silencio y obediencia.

En la misma zona de la ciudad, el Estado está representado por una seccional policial, que a menudo dispone de menos policías que integrantes tiene la banda del barrio y seguramente están menos armados y peor pagos, también está  la escuela pública y, a veces, con suerte, una policlínica del MSP.    

¿Quién es el poder en esos barrios?

La respuesta rompe los ojos. Para quienes viven en el barrio –sin importar a qué se dediquen- el de las bandas es, cuando menos, un poder paralelo al que hay que reconocer y respetar.  Sobre todo porque no hay a quién pedir protección efectiva si uno pretende desacatar a ese poder paralelo. La policía no va a meterse a enfrentarlo y, si quisiera hacerlo, no tiene forma de garantizar la seguridad de nadie durante las 24 horas del día y de la noche. Y el Poder Judicial está  a años luz de distancia.

Todo el que haya estudiado media hora de ciencia política o de derecho sabe lo que eso significa. Cualquier organización que logra el predominio en el uso de la fuerza en una zona determinada comienza insensiblemente a desempeñar funciones propias de un Estado. Para empezar, establece un orden, el que sea, bueno o malo, pero un orden, en el que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Dispone de recursos y de “fuentes de trabajo”, compra voluntades, inacciones y silencios, crea obligaciones y privilegios, da o niega permisos y cobra o exonera de tributos a quienes quieran hacer ciertas actividades, media en los conflictos e imparte alguna forma rudimentaria de justicia, cuyas penas suelen ser el incendio de la casa del transgresor, la expulsión del barrio, o directamente el asesinato.

El goteo de muertes por “ajustes de cuentas” que vemos cada día en el televisor es, entonces, la punta de ese iceberg que está creciendo en muchos barrios de Montevideo y en algunas ciudades del Interior del país. Un conato de infierno. Barrios regidos por formas de organización social paralelas, semisubterráneas todavía, pero que ya atemorizan y ejercen su poder sobre cientos de miles de personas, en su mayoría honestas, por ahora.

El Ministerio del Interior, con el que discrepo en muchas cosas, viene advirtiendo sobre esto desde hace tiempo. A su manera, trabado para expresarse por varias razones, entre las que se cuenta su propia responsabilidad pero también sus compromisos políticos, viene advirtiendo que la situación en ciertos barrios pobres y marginales es explosiva y pronto será totalmente incontrolable.

Lo que el Ministerio del Interior no puede decir con todas las letras es que, más allá de las fallas e impotencias policiales, las políticas sociales aplicadas en los últimos doce años (antes se las recortó hasta la casi inexistencia), y en cierta medida también las educativas, son un fracaso en toda la línea. De tanto en tanto, Bonomi insinúa que estos problemas no son sólo de la policía y que no se solucionarán con ingenuidades optimistas y declaraciones de derechos. Él no puede hablar más claro si quiere permanecer donde está.  Pero nosotros podemos leer entre líneas.

Pienso en el espectador promedio (o de clase media) de noticieros. Hay barrios a los que ya no se anima a entrar. Una parte considerable de la población “acomodada” de Montevideo ha asumido que no debe cruzar, por ejemplo, hacia el Norte de Avenida Italia, y arma su vida para no traspasar ese límite. Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Malvín y Carrasco (los dos al Sur),  Cordón, Centro, Prado o a La Blanqueada son su hábitat real. Y poco más. El resto de la ciudad es como si no existiera.

Pero existe y crece. Es allí donde los índices de nacimientos son más altos. Es allí donde la deserción escolar –ya ni hablar de la liceal- es más importante. Y es allí donde el Estado empieza a dar señales de colapso. Por supuesto, la vida social, como la naturaleza, detesta el vacío. Por eso los espacios que deja el Estado son ocupados por otras formas de poder.

No es cierto el “tranquilizador” nuevo lenguaje del Ministerio del Interior. No todos los que mueren por supuestos “ajustes de cuentas” son delincuentes. El poder, sobre todo un poder naciente, se impone por la fuerza. Muchas de las víctimas no son exactamente delincuentes; su delito fue nacer en un medio que no les ofreció otras oportunidades y chocar o desafiar a alguno de los jefes del nuevo poder barrial. Muchas familias viven hoy amenazadas por situaciones así. Me ha tocado conocer a más de una.

¿Cuánto tiempo pasará hasta que el cómodo  hábitat del espectador promedio de noticieros entre en contacto con esas otras formas de poder?

El goteo creciente de muertes por “ajustes de cuentas” es el reloj de arena que mide nuestro  deterioro como sociedad,  la “brecha social” traducida a crónica roja.

Detenerlo es imprescindible, tanto por razones de humanidad hacia las víctimas como por autointerés colectivo.

La revisión de las políticas sociales, y en especial de las educativas, no es lo único necesario para enfrentar el problema. Pero es imprescindible. Para empezar, nadie debería poder incumplir la regla que hace a la enseñanza obligatoria.

Escribo esto el 8 de marzo, cuando otras y otros creen que el drama principal está en otra parte.


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