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INDISCIPLINA PARTIDARIA la columna de Hoenir Sarthou: LOS ALCALDES Y LAS LEYES

publicado a la‎(s)‎ 6 may. 2015 15:14 por Semanario Voces   [ actualizado el 6 may. 2015 15:16 ]

Según datos de la empresa “Cifra”, la mayoría de la población de Montevideo (más del 75%) tiene escaso o nulo conocimiento respecto al llamado “tercer nivel de gobierno”, integrado por los “municipios”, los concejales y los alcaldes, al punto que ignora incluso el nombre del alcalde y de los concejales del municipio en el que vive y los de los candidatos que competirán el domingo por ocupar esos cargos.

Es posible que ese desconocimiento se produzca porque, en Montevideo, los municipios no corresponden a unidades territoriales con identidad y vida social propia. Fueron creados uniendo y dividiendo a los barrios en forma arbitraria, más por razones administrativas o políticas que por necesidad social.

Muy probablemente, en el Interior del país, especialmente en localidades pequeñas o medianas, la situación sea diferente. Al parecer, ese tipo de comunidades tiene una identidad social más marcada que los barrios de Montevideo. Tal vez por eso, sus municipios, concejales y alcaldes logren expresar mejor los intereses comunitarios y trasladarlos a los gobiernos departamentales, lo que hará que sean sentidos como más necesarios por la población.

Las reflexiones que siguen están motivadas por la situación de Montevideo, aunque tal vez nos permitan arribar a alguna conclusión de valor más general.

¿Por qué el sistema de gobierno local no ha “prendido” en Montevideo?

El llamado “tercer nivel de gobierno” fue creado en el año 2009 por la ley Nro. 18.567, con la ambiciosa y declarada intención de promover la “descentralización política y la participación ciudadana”. Sin embargo, la compleja y un poco arbitraria estructura de municipios de Montevideo no fue establecida por esa Ley sino por decisión administrativa y política posterior.

En realidad, el texto de la ley 18.567 establece algo muy sabio: “Cada Municipio tendrá una población de al menos dos mil habitantes y su circunscripción territorial urbana y suburbana deberá conformar una unidad, con personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifiquen la existencia de estructuras políticas representativas que faciliten la participación ciudadana”.

Del texto legal se desprende que las estructuras jurídicas y políticas deben guardar cierta relación con la realidad social en la que se pretende aplicarlas. Porque el derecho, así como la voluntad política, no pueden inventar la realidad. A lo sumo, pueden movilizar recursos y habilitar procedimientos para que la realidad social se encauce en cierta dirección. Pero esa dirección no puede ser nunca arbitraria, ni mero capricho del legislador o gobernante de turno, porque, si eso ocurre, tanto la norma jurídica como el gobernante se exponen a quedar en el vacío, a ser ignorados y desobedecidos por la realidad social.

La participación ciudadana no puede decretarse ni imponerse desde arriba. Sobran los ejemplos de eso. Tal vez el antecedente más claro y reciente sea el de los “Consejos de Participación”, “creados” en 2008 por la Ley General de Educación.

En muchos centros de estudio funcionaban desde siempre “Comisiones Pro Fomento” y “APALes”, integradas por padres de alumnos y exalumnos y por algún vecino que se arrimaba a “dar una mano”. Sin embargo, por alguna razón, la ley de educación decidió ignorar esa realidad y establecer unos Consejos mucho más ambiciosos, con participación de alumnos, docentes, padres y “referentes de la comunidad”. Resultado: los Consejos de Participación no se han reunido ni funcionado en casi ningún centro de estudio. Y la verdadera realidad social, la de las humildes Comisiones de Fomento y las APAles, sigue existiendo, tan penosamente ignorada por las autoridades como siempre.

Si la participación en la enseñanza se hubiese instrumentado partiendo humildemente de la realidad (de las asociaciones de padres realmente existentes) probablemente se habría desarrollado y potenciado para bien de todo el sistema educativo. Pero se eligió otro camino, y ahora tenemos una hermosa ley y ninguna participación educativa.

En el caso del gobierno municipal en Montevideo, se siguió la misma receta. Desconociendo la sabia previsión legal, se ignoró que los barrios de Montevideo no tienen la identidad ni la vida social que tuvieron en otras épocas, que mucha gente vive en un barrio pero sólo vuelva a su casa para dormir, porque trabaja durante todo el día en otro barrio, además de que la gente se muda con frecuencia, al punto que miles de personas están asignadas a votar el domingo en un barrio en el que ya no viven. Se ignoró también que coexistirían abigarradamente, en el mismo espacio físico, o con mucha cercanía, el Gobierno Departamental (ejercido por el o la Intendente y la Junta Departamental),  los Centros Comunales Zonales, y, desde 2010, también las autoridades locales, con sus Municipios, Concejales y Alcaldes.

Se podría hablar mucho sobre el costo económico de esa superposición de cargos públicos electivos y administrativos, así como sobre la posibilidad real de que sus funciones coincidan, se sobrepongan y se entorpezcan mutuamente.

Sin embargo, me interesa señalar otro aspecto de este asunto, que tiene que ver con el costo cívico y cultural del mal diseño institucional.

Cuando la ciudadanía ignora los cometidos, el funcionamiento, la forma de elección y hasta el nombre de las autoridades a las que  supuestamente elige, algo marcha mal.

Se podrá decir –yo lo he dicho y lo sostengo- que padecemos un déficit de ciudadanía, que los uruguayos nos desentendemos de las responsabilidades de la vida colectiva. Pero también es cierto que el mal diseño institucional, cuando las estructuras políticas se crean sin tomar en cuenta la realidad y las necesidades de la sociedad, contribuye a la falta de participación y al deterioro de la responsabilidad social de las personas.

Si un nivel de gobierno no tiene claros sus cometidos ni a quiénes gobierna, si carece de presupuesto propio, si sus ámbitos de competencia están interferidos por otros niveles de gobierno, si es desconocido hasta para sus electores, la situación no puede ser clara ni constructiva para nadie. En particular, no es clara ni sana para los ciudadanos, que ven reproducirse una nueva instancia burocrático-política cuyos cometidos desconocen y a la que no saben estrictamente qué pueden reclamarle.

La participación política –si ese es el objetivo- no puede inventarse ni imponerse. Debe promoverse partiendo de la realidad, de aquellas aspiraciones de participación que ya existen en la sociedad, como al parecer está ocurriendo en algunos lugares del Interior del país. Y, si las aspiraciones de participación no existen, lo mejor es abstenerse de imponerlas.

Lo que el poder político puede hacer, cuando las condiciones para la participación realmente existen, es crear normas, procedimientos, e instituciones claras, con cometidos y recursos definidos, a las que el ciudadano pueda dirigirse y en las que pueda participar sabiendo lo que puede y lo que no puede esperar.  

 De lo contrario, lo que surge es apenas un “potrero” político, un semillero para entrenamiento de futuros dirigentes y candidatos;  no un nivel de participación democrática local.

   

 

 

 

   

 

 


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