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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: Teorías sobre la justicia

publicado a la‎(s)‎ 11 nov. 2015 14:18 por Semanario Voces

El reclamo de tierras por una organización de personas que declaran ser descendientes de charrúas ha disparado otra vez polémicas sobre los conceptos de “justicia” e “igualdad”.

Es un tema recurrente. Ya surgió durante la discusión de la ley de cuotas de género en el Parlamento, así como de la que reservó cargos públicos para personas de raza negra, y también, aunque con menos difusión, en ocasión de un llamado para proveer cargos en el MIDES, en el que se consideró condición preferencial o excluyente que los postulantes fuesen transexuales.

Me propongo sostener que al menos tres concepciones diferentes de la justicia, en particular de la justicia social, están en conflicto en la sociedad uruguaya. Las tres son reflejo o correlato de fenómenos ocurridos en Europa o en los EEUU, y las tres orbitan en torno a la idea de igualdad, aunque conciben a la igualdad de maneras muy diferentes.

LA FICCIÓN IGUALITARIA LIBERAL

La premisa central de la vieja concepción liberal de la justicia, hija de la Ilustración y de las revoluciones norteamericana y francesa, es que las personas son iguales y deben ser tratadas indistintamente por las leyes.

Es ésta una noción formal de la igualdad, y por ende de la justicia. Ignora que la igualdad entre las personas no es un hecho, sino una aspiración, dado que en realidad las personas tienen muy distintas posibilidades y poderes. Por lo tanto, el tratamiento indiferenciado por parte de la ley favorece a los más fuertes, ricos  o poderosos.

No obstante, esa noción formal de igualdad significó un avance frente a la tradición medieval, en que los estamentos sociales estaban regulados por normas distintas, que diferenciaban a las personas desde su nacimiento.

Esa fue la concepción con la que, por ejemplo, se redactó la versión original de nuestro Código Civil. Hoy, pocos discursos públicos, en el Uruguay, sostienen en estado puro la noción liberal de justicia. Pero ésta alienta todavía en algunas visiones, para las que toda intervención estatal, sobre todo en la economía (salvo para resguardar la propiedad,) es un factor de desorden, autoritarismo e ineficiencia.

LA IGUALDAD COMO CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICO-SOCIAL

Desde fines del Siglo XIX (décadas antes de que John Rawls escribiera) y durante gran parte del XX, las sociedades europeas, habilitadas por su riqueza y al influjo del movimiento obrero y del pensamiento socialista (fuerza es recordar a Edward Bernstein), fueron sustituyendo la visión liberal por una creciente intervención del Estado en la economía y por la aplicación de políticas sociales. Por primera vez llegó a los parlamentos y al sistema político la “cuestión social”, es decir la noción de que al Estado, al que se llamó “Estado social de derecho”,  le competía mitigar las injusticias sociales, habilitando la participación de las clases desposeídas y trabajadoras en las decisiones políticas.

El correlato uruguayo de ese fenómeno –aunque en muchos aspectos se anticipó al proceso europeo- fue el batllismo. La legislación obrera, la seguridad social, la igualdad de derechos políticos y civiles de la mujer, la universalización de la enseñanza primaria, la expansión de la secundaria y la gratuidad de todos los niveles, la protección de la minoridad y de los hijos naturales, desarrollan un concepto sustancial de la igualdad y de la justicia social, que poco tenía en común con el viejo formalismo liberal.

Sin embargo, la nueva concepción respetó algo de la vieja igualdad formal liberal. La legislación de la época declara derechos e impone cargas, pero lo hace en el marco de los mecanismos y garantías republicanos y muestra una cuidadosa imparcialidad, al menos  terminológica, en la determinación de las categorías beneficiadas y de las gravadas: no hay en las leyes ajustes de cuentas clasistas, ni particularismos, ni categorías raciales o de nacionalidad.

Al parecer, en el Uruguay de la concepción democrático-social, la igualdad se construía mediante una transformación de la estructura social, en base a políticas universales dispuestas  por normas generales y abstractas, que hacían una fuerte apuesta al desarrollo de la educación y a la protección del trabajo.

LA JUSTICIA COMO “CONTRADISCRIMINACIÓN”

A partir de los años 60´del siglo pasado, primero en EEUU y luego en Europa, surge una nueva concepción de la justicia y de la igualdad.

Sus palabras clave fueron “derechos civiles”,  “igualdad racial”, “liberación femenina”, “no discriminación”, “no segregación”, “discriminación positiva” o “acciones afirmativas”.

Sería interesante, aunque excede a mis conocimientos y a las posibilidades de este artículo, determinar cómo esa nueva concepción fue asociándose a cosas tan disímiles como el concepto de “derechos humanos”, la filosofía de la postmodernidad (el uso del término “deconstrucción” es paradigmático) y por fin la “corrección política”, que entre otras cosas aspira a incidir en el pensamiento mediante la regulación del lenguaje.

Lo característico de esta idea de justicia es que las vías para alcanzar la igualdad ya no son las transformaciones estructurales de la sociedad mediante políticas universales. Hay un surgimiento ostensible y protagónico de grupos  raciales, sexuales, etarios, locales, culturales, etc., que reclaman reconocimiento y satisfacción inmediata para sus reivindicaciones. La igualdad ya no es una equitativa distribución entre todas las personas, sino medidas rápidas para compensar –a menudo sólo simbólicamente (cuota de mujeres en el parlamento y de “afrodescendientes” o de transexuales en cargos públicos)- la discriminación de esos grupos por el resto de la sociedad.

La palabra mágica parece ser “discriminación”, que es a la vez el pecado y la expiación, ya que  toda discriminación (negativa) se remedia o compensa mediante una “discriminación positiva”, que es una inversión de la inequidad racial, sexual, cultural, etc., haciéndola jugar esta vez a favor de los discriminados.

No es casual que esta nueva noción de “igualdad” y de “justicia” aparezca en una sociedad como la estadounidense, con muy poca equidad social y en la que el Estado ha sido siempre prescindente en materia de políticas sociales, un país en el que hasta bien entrados los años sesenta era legal la segregación racial y en el que hasta el día de hoy no hay un sistema universal de salud ni de jubilaciones.

En Europa, por su parte, el fenómeno coincide con el agotamiento del Estado de bienestar. Y en Latinoamérica florece junto con el establecimiento de numerosos gobiernos “progresistas”, que distan en general de dar satisfacción a las esperanzas con que sus pueblos los llevaron al gobierno.

Tal vez la concepción “contradiscriminatoria” sea una suerte de impaciencia ante la inexistencia  o la obturación de los proyectos de cambio estructurales,  Aunque también puede oficiar como una excelente tapadera cosmética para disimular la falta de esos cambios.

LAS DIFERENCIAS

A nadie escapa que el verdadero debate se plantea entre la concepción democrático-socializante y la contradiscriminatoria. Bien, ¿qué diferencia a una de la otra?

Ante todo, la construcción de las categorías que pretenden amparar. Para una, las categorías típicas tienden a comprender potencialmente a todas las personas: los incapaces, los menores de 18 años, los mayores de 60, los que ganan menos de $15.000, siendo que todos fuimos menores de 18 y todos podemos llegar a los 60, caer en incapacidad o ganar menos de $15.000. En cambio, las categorías “mujeres”, “transexuales”, “afrodescendientes” o “charrúas”, son de por sí excluyentes.

Por otra parte, para una de las concepciones, las medidas concretas deben alcanzar a toda la categoría, la escuela a todos los niños, la jubilación a todos los mayores de 60. En cambio, la cuota parlamentaria es para unas pocas mujeres, el ingreso a cargos públicos para unos pocos “afrodescendientes” y la pretendida adjudicación de tierras para los reducidos integrantes de una organización indigenista. Son medidas publicitarias o ventajas particulares; no políticas de justicia social.

Para terminar, cada una de esas medidas se lleva por delante un principio del pensamiento republicano radical o de izquierda. La cuota parlamentaria por sexo viola el criterio democrático; la reserva de cargos por raza altera criterios de competencia y equidad en el acceso a cargos públicos; y la adjudicación de tierras fortalece la lógica del derecho de herencia y consolida la idea de propiedad exclusiva de un bien que debería social. Prueba de cómo los intereses particulares suelen contraponerse a los colectivos.

Los abanderados de la contradiscriminación suelen mostrarse eufóricos. Creen que sus propuestas son una novedad refrescante frente al fatigoso e injusto pasado. Pero siempre es demasiado ventajoso comparar el proyecto de algo nuevo con la realidad de algo viejo.

La escuela pública, la legislación laboral y el sistema jubilatorio son, pese a todos sus defectos, hijos de la concepción democrático-social, republicana y tradicional.

¿Qué logros comparables podrá presentar la contradiscriminación, en tanto promueve medidas simbólicas, inequitativas y destinadas a unos pocos miembros de categorías de por sí excluyentes?   

 ¿Será cuestión de abandonar o de profundizar los criterios democrático-sociales de justicia?  


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