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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: UBER, Cordera y los impuestos

publicado a la‎(s)‎ 17 ago. 2016 17:04 por Semanario Voces   [ actualizado el 17 ago. 2016 17:06 ]

                               

     “Qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio”  Bertolt Brecht




                          ¿Hay algo en común entre Uber, el músico Gustavo Cordera y la propuesta de excluir a los centros privados de enseñanza de las donaciones deducibles de impuestos?

A primera vista, uno diría que no. Salvo por la notoriedad y por las discusiones apasionadas que generaron. Sin embargo, hay algo más. Tal vez la clave esté en la palabra “apasionadas”. La usé en su sentido más usual, como sinónimo de “acaloradas” o “fervorosas”. Pero “apasionadas” puede  indicar también lo contrario de “racionales”.  

Uber, la empresa transnacional que organiza transporte de pasajeros en vehículos no autorizados, ha despertado reacciones furibundas. Unos la apoyan y la usan, mientras que otros (los taximetristas, para empezar) desearían verla desaparecer.  La cuestión es que la normativa legal y departamental no ha cambiado y sigue prohibiendo que se preste servicio oneroso de transporte de pasajero en vehículos no autorizados. Pero Uber lleva casi un año funcionando sin que la Intendencia de Montevideo tome medidas para evitarlo, mientras que los taximetristas han recurrido ya a la acción directa contra choferes y representantes de Uber. Para completar el desquicio, hace pocos días, la “Comisión para la Promoción y Defensa de la Competencia”, que funciona en la órbita del Ministerio de Economía, dictaminó que no hay violación a la libre competencia porque Uber desarrolle servicios de transporte sin pagar impuestos y sin cumplir las normas que obligan a taximetristas y remiseros.

Lo de Cordera es aun más pintoresco, porque los hechos ocurrieron en la Argentina, pero se han discutido aquí como si debiéramos tomar alguna decisión al respecto. Cordera, durante una actividad en la que regía un acuerdo de privacidad, dijo dos cosas fuertes:  1) que algunas mujeres, por su condición histérica, necesitan sentir que son violadas (que no es lo mismo que ser realmente violadas) para poder tener sexo; y 2) que, si una chiquilina de dieciséis años se excita con un hombre adulto (no voy a usar aquí el lenguaje imbécil con que lo dijo), es contrario a la ley de Dios que ese hombre deba privarse de satisfacerla. Esas dos frases –reveladas por un desleal estudiante que incumplió su compromiso de reserva- hicieron caer el cielo sobre la cabeza de Cordera. Se le suspendieron contratos, se retiró su música de las emisoras, fue insultado, se lo amenazó a él y a su familia. Sin embargo, su primera frase es descriptiva. Afirma que hay mujeres que actúan así. Las afirmaciones descriptivas sólo son reprochables cuando son falsas. ¿Alguien puede demostrar que no existen mujeres que necesiten que una situación erótica presente ribetes que les permitan asociarla con la violación para excitarse o para poder tener sexo? Claro que no. Entonces, ¿por qué el escándalo? La otra frase es una opinión. Cordera opina que las normas legales o morales que impidan a un adulto responder a la atracción sexual de una chiquilina de dieciséis años son “contrarias a la ley de Dios”. Muchos podemos discrepar radicalmente con esa opinión. Pero es eso: una opinión. Y nadie debería ser sancionado por sus opiniones. Sin embargo, en el Uruguay nos sumamos al circo romano “políticamente correcto” que pide –y parece obtener- la cabeza de Cordera.

El tercer caso es el de la propuesta de la diputada Macarena Gelman, de eliminar a los centros privados de enseñanza como beneficiarios de las donaciones deducibles de impuestos. Apenas conocidos los montos que reciben algunas de esas instituciones, mucha gente puso el grito en el cielo. ¡Cómo los colegios y universidades privadas van a recibir esas millonadas a costa del Estado! Otros se pusieron a la defensiva y reclamaron que no se discriminara a los privados. Lo curioso es que no está en discusión el verdadero centro del problema. El aspecto institucional y democráticamente inadmisible del “mecenazgo” no es a quién se destina el dinero, sino que ciertas empresas y contribuyentes poderosos (para que la donación sea significativa los tributos del contribuyente deben ser muy altos) puedan decidir a qué se destinan sus impuestos. Los impuestos, por definición, son dinero que todos los  contribuyentes pagamos  al Estado para que éste cumpla sus fines, que, al menos en teoría, son definidos democráticamente por todos los ciudadanos. Si el destino de parte de ese dinero es resuelto por los contribuyentes ricos, se desnaturaliza el concepto. Mientras que todos los demás pagamos para que el Estado cumpla sus cometidos (nos gusten o no esos cometidos), unos pocos privilegiados pueden decidir a qué fines se destina ese dinero que deberían pagarle al Estado. El “mecenazgo”, es decir la posibilidad de donar directamente dinero que debería ser pagado como impuestos, es una institución esencialmente antidemocrática y antirrepublicana. Es otra de las maravillas que hemos copiado acríticamente de ciertos países “desarrollados”, en los que  poderosas familias y empresas sostienen fundaciones y universidades de élite con dinero que dejan de aportar al resto de la sociedad.    

Lo que quiero decir es simple: como sociedad, estamos perdiendo –si no la perdimos ya- una noción fundamental de la tradición política y jurídica democrático-republicana: la de que las normas que rigen la convivencia deben ser generales y abstractas. ¿Qué quiere decir eso? Que las normas deben ser dictadas, interpretadas y aplicadas para todas las situaciones que se encuadren en la situación prevista en la misma norma. Y también deben ser abstractas, no deben ser pensadas para un caso concreto, con nombre y apellido.

Lo que ocurre, cada vez con mayor intensidad, es que las normas se piensan, se dictan, se interpretan y se aplican a impulso de intereses y de emociones, pensando en casos concretos.

El primer ejemplo es la ley de caducidad. En su aprobación mandó el miedo. Fue el primer caso post dictadura de una ley creada para personas concretas (ciertos militares) olvidando normas fundamentales que deben aplicarse a todas las personas.

Desde allí han proliferado leyes y reglamentos que crean situaciones inequitativas, que no pueden ser explicadas ni justificadas públicamente. 

A menudo, el motivo es el interés. ¿Qué son, si no, los regímenes de exoneración tributaria, de zonas francas y de promoción de inversiones, que las autoridades manejan a su antojo, tratando en forma muy diferente a las megainversiones que al resto de los contribuyentes? ¿Qué son los contratos en que el Estado se somete a cortes internacionales? ¿Qué es la ley de megaminería, creada a la medida de una inversión concreta? ¿Qué son el régimen jubilatorio que creó las AFAP y la ley de bancarización, por las que los ciudadanos quedamos sometidos a entidades financieras?

Otras veces el motivo es ideológico o emotivo. ¿Qué son, si no, las leyes de cuotas por género, raza u orientación sexual? ¿Cómo explicar las interpretaciones que permiten un tratamiento discrecional de ciertos delitos cometidos por menores de edad, o por mayores de sectores sociales marginales (desde rapiñas hasta agresiones a maestros y profesores)? ¿Cómo explicar el tratamiento inequitativo que dispone la ley de violencia doméstica y que se profundizará con el femicidio y la “ley de violencia de género”?

Los tres casos con los que comenzó este artículo tienen en común que son medidos con varas legislativas, interpretativas y de aplicación inequitativas.

En el caso de Uber, una poderosa transnacional se instala en el Uruguay sin cumplir las normas que regulan al resto de las empresas (chicas) y de las personas. No gestiona permisos, no paga impuestos, no aporta a la seguridad social. Y el Estado permanece impávido. No modifica la legislación ni hace cumplir la existente.

En el caso de Cordera, el linchamiento incluye, también en Uruguay, expresiones violentas en los medios y redes sociales y el retiro de su música en emisoras y comercios. Todo por opiniones que emitió en un ámbito reservado y que se hicieron públicas por la actitud ilícita de un mal estudiante de periodismo, que no ha sido sancionado ni legal ni moralmente. Me pregunto qué habría sido de la cultura universal si las obras de Borges y las de Heidegger hubiesen dejado de publicarse porque uno recibió una condecoración de la dictadura chilena y el otro adhirió al nazismo.

Lo de las donaciones es clarísimo. ¿Cómo admitir que contribuyentes poderosos usurpen funciones del Estado? ¿Por qué aplicarles una regla distinta que al resto de los mortales?

La igualdad ante la ley no equivale por sí misma a la justicia social. Pero es uno de sus requisitos. Tristemente, vamos confirmando que no se construye justicia legislando arbitrariamente y olvidando garantías fundamentales.

 

 


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