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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: VIOLENCIA: ¿ASPIRINA O ANTIBIÓTICOS?

publicado a la‎(s)‎ 31 mar. 2016 15:18 por Semanario Voces

La lista de crímenes violentos de las últimas semanas provocó, por fin, una reacción sensata desde el sistema político. El senador Pablo Mieres propuso que gobierno y oposición se reúnan para acordar políticas y emitir una señal fuerte sobre el tema, y, aparentemente, su propuesta no sería desoída por el gobierno ni por el resto de los partidos. 

En realidad, Mieres dijo algo aún más interesante. Señaló que el objeto de los acuerdos debería comprender a las políticas de seguridad pero no agotarse en ellas.

El planteo, que parece haber tenido eco también en las autoridades de la Iglesia Católica, no podía llegar en un momento más oportuno. Porque, desde hace tiempo, el país se viene polarizando en dos visiones contrapuestas e igualmente estériles.

Existe, por un lado, un discurso muy influyente en las esferas oficiales, según el cual la violencia delictiva es consecuencia de circunstancias sociales (pobreza, exclusión) y no debe ser tratada con métodos represivos, porque ello significaría “criminalizar a la pobreza” y estigmatizar aún más a los jóvenes excluidos.

Por otro lado, crece en el país una reacción visceral que reclama mano dura contra la delincuencia. Las propuestas de las principales fuerzas de oposición política, cambio de ministro, aumento de penas, mayor número de policías, intervención del ejército, supresión de salidas transitorias de los presos, son apenas una expresión pasteurizada y edulcorada de ese clamor sordo que exige la adopción de medidas drásticas, incluso aunque sean injustas, para controlar a la delincuencia violenta. 

El discurso semioficial de los derechos humanos y la antiestigmatización, si bien siempre fue minoritario y tiene cada vez menos aceptación en el grueso de la población, ha logrado mantenerse hasta ahora porque es sustentado por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, con lo que ha logrado el estatus de discurso “políticamente correcto”  y ha permeado a buena parte del gobierno y de los operadores jurídicos. Es un discurso crítico frente al modelo clásico del derecho penal, que, sin embargo, no tiene una propuesta alternativa para el tratamiento del delito.

En realidad, la tesis de fondo de ese discurso “semioficial” sigue siendo cierta: la delincuencia “chica” (no hablamos acá de la delincuencia “de cuello blanco”) tiene causas sociales, esencialmente la pobreza y la marginalidad cultural. La consecuencia lógica de esa tesis es –debería ser- que la violencia delictiva debe ser prevenida con políticas sociales y educativas que combatan radicalmente la pobreza y la marginalidad cultural. Y ahí está el problema y la incongruencia. Porque las políticas sociales y educativas de los gobiernos frenteamplistas no han sido orientadas en esa dirección o han sido sumamente ineficaces para esos fines.

No hay misterios: la violencia y el delito se previenen con educación y trabajo. Por eso, un país en el que dos terceras partes de los chiquilines no terminan la enseñanza secundaria, y en el que las políticas sociales se orientan a transferir dinero en lugar de a promover la cultura del trabajo, es sencillamente una bomba de tiempo. Si a eso le sumamos que, para los muchachos nacidos en contextos de pobreza,  la forma más fácil de acceder a buenos ingresos y a la consideración social es la venta de sustancias ilegales, es inevitable que se crezcan extensos sectores sociales que tienen a la violencia y al delito como formas naturales de vida.

En el fondo, la eclosión de violencia y de delincuencia que experimentamos es consecuencia de dos cosas. Por un lado, el quiebre social que significó el cierre de las industrias durante el período neoliberal de los años 90 en adelante. Y, por otro, el fracaso de las políticas sociales y educativas que adoptó el Frente Amplio en los últimos once años.

Es muy tentadora la idea de aplicar políticas radicales del tipo “tolerancia cero”. Ya andan circulando en las redes sociales comentarios sobre los modelos penales de países como Singapur, donde la pena de muerte y la prisión perpetua se aplican casi para cualquier delito. Pero, ¿somos conscientes del tipo de sociedad que generan esas políticas? ¿Cuántos de nosotros y de nuestros hijos, de clase media y más o menos educados, nos libraríamos de penas terribles si se aplicara “tolerancia cero” ante el consumo de ciertas sustancias o ante actos realizados bajo el efecto del alcohol? ¿Y qué pasaría en caso de errores o excesos judiciales o policiales? ¿Lo han pensado bien los partidarios de la “tolerancia cero”? ¿Realmente estamos dispuestos a vivir bajo semejante régimen de terror?

El derecho penal tiene una función que cumplir, porque –como sabemos desde hace más de treinta años- la impunidad de las violaciones al derecho no trae nada bueno. Pero la vía de la represión pura es doblemente inviable. Por un lado, porque, si miles y miles de chiquilines siguen criándose en ámbitos en los que el delito y la violencia son la regla, llegará un punto (no muy lejano) en que los juzgados y las cárceles serán insuficientes para reprimir y sancionar a los infractores. Y, por otro lado, porque –no nos engañemos- la policía, como cualquier fuerza que se destine a la represión de negocios lucrativos, es un ámbito demasiado propenso a la corrupción y a la complicidad con el delito.

Por muchas razones, entonces, para la idiosincrasia uruguaya, el camino de fondo es otro. Es el de la educación y la cultura del trabajo. Un camino arduo, porque hay que revertir muchos años de abandono educativo, pérdida de cultura del trabajo y marginalidad cultural.

Este enfoque recibe habitualmente dos objeciones. La primera es la de quienes no ven o no creen que la violencia y el delito estén directamente ligados a los problemas educativos y a las políticas sociales. La segunda es la de los apurados y “pragmáticos”, los que dicen “eso que decís es cierto, pero lleva mucho tiempo, y hay que hacer algo ya”.

Según el saber o la creencia popular, ante una infección, uno puede tomar aspirina o antibióticos. La aspirina disimula rápidamente los síntomas, pero deja crecer la infección. Los antibióticos, aunque demoren en hacer efecto, pueden combatir a los gérmenes causantes del mal. Del mismo modo, la violencia delictiva puede ser tratada combatiendo sólo los síntomas, mediante una “aspirina” policial, o atacando sus causas, mediante el “antibiótico” de políticas educativas y sociales adecuadas.

Se me dirá que no hay contradicción entre las dos cosas. Y es verdad, teóricamente no la hay. Pero, por alguna razón, los dos discursos que disputan públicamente sobre el tema son incapaces de articular las políticas represivas inmediatas (la aspirina) con las políticas sociales y educativas de largo aliento (los antibióticos). Uno se niega porfiadamente a reprimir el delito y el otro abomina de las políticas preventivas y sólo clama por mano dura policial y judicial. El resultado es que se neutralizan mutuamente y así estamos como estamos.

Ojalá, si prospera la idea y se abre un diálogo político y social sobre el tema, se lo aborde en su doble dimensión, la inmediata y la mediata, sabiendo que eso implica no sólo revisar la gestión policial sino también hacer cambios serios en las políticas sociales y educativas. De lo contrario seguiremos perdiendo tiempo y vidas.

  


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