Artículos‎ > ‎

Indisciplina Partidaria, la columna de Hoenir Sarthou: Violencia y feminicidio

publicado a la‎(s)‎ 19 ago. 2015 14:08 por Semanario Voces

En el Uruguay se cometen más de 260 homicidios por año. Uno de cada cinco (el 20%) tiene por víctima a una mujer. El resto, cuatro de cada cinco, son hombres. Y, de los asesinatos de mujeres, sólo la mitad corresponde a violencia de género. Eso significa que sólo el diez por ciento del total de los asesinatos ocurridos en el Uruguay puede atribuirse a violencia de género contra la mujer (datos del “Observatorio de Violencia y Criminalidad” del Ministerio del Interior).

Sin embargo, una fuerte campaña publicitaria, impulsada por organizaciones de mujeres, insiste en darle a ese diez por ciento una visibilidad que se le niega al otro noventa por ciento de personas que mueren violentamente. Una campaña que, en estos momentos, tiene por finalidad lograr la aprobación de la figura penal del “feminicidio”.

¿NI UNA MÁS?

Pasemos por alto, de momento, la injusticia de ese trato desigual dado a unas víctimas en comparación con otras. Asumamos como problema ese diez por ciento de muertes de mujeres por violencia de género. ¿La figura penal del feminicidio reducirá esas muertes?

La respuesta es “no”. Porque, al igual que la mayoría de las políticas públicas relativas a violencia de género, la del feminicidio está inspirada en un diagnóstico erróneo, lo que conduce a soluciones inadecuadas e ineficaces.

Nuestro régimen legal de violencia doméstica no está orientado hacia la protección de la víctima sino hacia la represión preventiva del supuesto “agresor” (digo “supuesto” porque en la Ley 17.514, y en la práctica judicial de violencia doméstica, no están previstos mecanismos para probar o descartar la culpabilidad del acusado). En los hechos, la ley de violencia doméstica, en forma absolutamente inconstitucional, denomina “agresor” a quien es un simple acusado. Sin que haya pruebas ni siquiera de que la violencia exista.

UN DÍA EN EL JUZGADO

Cuando un denunciado ingresa a un juzgado de violencia doméstica, lo hace ya en calidad de “agresor”. En la audiencia, que puede tardar horas en empezar, no se lo deja proponer pruebas, ni siquiera se escuchan testigos. El juez resuelve exclusivamente en base a la denuncia (que suele ser falsa o exagerada). En la casi totalidad de los casos, si denunciante y denunciado viven separados, la audiencia termina con la prohibición al denunciado de acercarse a menos de varias cuadras de quien lo denuncia, de la que fue su casa y en ocasiones también de sus hijos. Y, si denunciante y denunciado todavía viven juntos, a menudo se retira al denunciado de la vivienda, con alguacil y policía. Reitero: sin ninguna prueba, por la mera palabra de la (en general es “la”) denunciante.

Como todos los sistemas arbitrarios, nuestro régimen de violencia doméstica es durísimo con los inocentes e ineficaz ante los verdaderos agresores. Porque, ¿qué puede importarle, a quien está dispuesto a matar y en muchos casos a suicidarse, transgredir una orden de “no acercamiento”? ¿Qué protección real brinda esa prohibición a las verdaderas víctimas? Buena parte de las mujeres muertas por violencia doméstica habían denunciado antes a quienes luego fueron sus matadores, sin que el sistema les diera una respuesta real.

En honor a la verdad, debo decir que la medida que realmente he visto funcionar bien es la famosa pulsera, por la que la policía detecta cualquier acercamiento del denunciado a la presunta víctima. Reconozco que, cuando se anunció, creí que sería inútil, pero no es así. Aunque, claro, siendo las pulseras escasas, y al ser una medida muy agresiva para la dignidad, la libertad y la privacidad del denunciado, los jueces sólo la aplican en casos extremos, en que el peligro es evidente. En esos casos, por ahora, funciona.

Desde el año 2010, aproximadamente, se han abierto refugios para víctimas de violencia doméstica, aunque su capacidad es todavía insuficiente. Eso evidencia la errónea filosofía de la ley, que, habiendo sido aprobada en el año 2002, nada previó sobre refugios y apostó a una parodia de judicialización. O sea, casi ocho años perdidos respecto a lo verdaderamente necesario: proteger a las víctimas.

FEMINICIDIO: MÁS DE LO MISMO Y PEOR

La propuesta de instaurar el delito de feminicidio peca de la misma concepción represiva que la ley vigente. Con una agravante: actuará tarde, cuando la muerte ya se produjo. En lugar de apuntar a la protección de la víctima, apuesta a castigar al victimario, en este caso cuando el daño ya es irremediable.

¿Por qué se insiste en ese camino represivo y estéril?

Probablemente por razones políticas, o por una ideología dogmática: la que explica y pretende tratar a la violencia doméstica mediante la satanización de lo masculino. ¿Por qué otra razón, si no, crear un delito que sólo pueden cometer los hombres y que otorga a la muerte de una mujer un valor real o simbólico diferente al de la muerte de cualquier otro ser humano?

Seamos claros: si lo que se quiere es salvar vidas, el feminicidio será inútil. Esencialmente porque, como lo ha expresado uno de los Ministros de la Suprema Corte, “la gente no comete delitos con el código penal abajo del brazo”. Es decir, en esta clase de delitos (insisto en que pueden ser llamados “pasionales” para distinguirlos de otros ilícitos más especulativos, como la evasión de impuestos, la estafa, o el contrabando), la amenaza de la pena no disuade al infractor. Quién va a matar a la madre de sus hijos y, en casi el setenta por ciento de los casos, intentará suicidarse, ¿va a abstenerse para que no lo procesen por “feminicidio”?

Insisto: el objetivo debería ser proteger a la víctima.

DOS PARA EL TANGO

Claro que –y aquí viene el punto más espinoso del asunto- para proteger adecuadamente hay que diagnosticar adecuadamente el problema.

Si se insiste en afirmar que la violencia “de género” es el resultado de una monstruosa condición masculina, si se generalizan las patologías de algunos hombres (compartidas también por algunas mujeres) a todo el género masculino, se estará diagnosticando y legislando mal.

Como sabemos todos los que trabajamos con gente en situación de conflicto (psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, jueces) una relación consensual entre adultos que se basa en la dominación y en la violencia presupone generalmente una patología compartida. Las personas no reciben a sus parejas en un sorteo o por designio divino. Las elijen o consienten en ser elegidas, construyen o permiten que se construya una relación sobre bases autoritarias y violentas. Negar eso es negarse a entender la raíz del problema, el factor que hace tan difícil la solución.

La violencia doméstica presenta, además, una particularidad ventajosa frente a otras formas de violencia: es previsible, se la ve venir, cosa que no pasa, por ejemplo, con una rapiña o con una agresión callejera. Eso permitiría encararla con mecanismos preventivos, en lugar de recurrir siempre a los represivos o actuar después de producida la tragedia.

UNA NUEVA MIRADA

¿Hay un encare alternativo para la violencia doméstica o de género?

Creo que lo hay. Pero requiere pensarlo en toda su complejidad, muy por encima de los esquemas de “la guerra de los sexos”.

Ante todo, la sociedad uruguaya vive un problema general de violencia. Rapiñas, robos, asaltos, ajustes de cuentas, agresiones a docentes, abusos en el SIRPA, en las cárceles, en los hospitales psiquiátricos, peleas callejeras, en los bailes, en el tránsito, en los espectáculos deportivos. Es tal la agresividad, que salir a la calle puede significar una pelea si uno no está muy dispuesto a evitarla.

La violencia doméstica no puede ser pensada como ajena a ese contexto. ¿Qué nos autoriza a recortarla de las otras formas de violencia, que causan el noventa por ciento de las muertes? ¿Por qué darle más importancia que a otras situaciones socialmente muy dañosas, como las agresiones a docentes, o los ajustes de cuentas, que anuncian la instalación en los barrios de un poder ilegítimo, “a la mexicana”, paralelo al del Estado? ¿Qué nos autoriza a suponer que, incluso para las mujeres, es más importante su seguridad personal que la de sus hijos cuando salen a trabajar o van a un baile, o a un partido de fútbol?

Probablemente el remedio, para ser eficaz, debería consistir en una política pública integral de rechazo a la violencia (algo como lo que se hizo contra el tabaco en lugares públicos). Diseñada en consulta con técnicos, que contenga aspectos educativos, culturales, preventivos, terapéuticos, publicitarios, de protección social (entre otros, los refugios), y también –aunque no exclusivamente- aspectos drásticamente represivos.

Por otra parte, cuando se trata de legislar, las buenas soluciones suelen ser complejas. Son aquellas que contemplan la pluralidad de derechos y de intereses en juego. En otras palabras: sólo será buena aquella solución que proteja efectivamente las vidas de las víctimas sin atropellar los derechos fundamentales de nadie.


Comments