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Indisciplina partidaria, la columna de Hoenir Sarthou: VOTO$

publicado a la‎(s)‎ 21 may. 2014 16:57 por Semanario Voces

En el liceo, en esas aburridas clases de educación cívica a las que asistíamos con desgano, nos enseñaron a todos que la democracia es un sistema político que se caracteriza, entre otras cosas, porque asigna a cada ciudadano/a, equitativamente, sin tomar en cuenta su riqueza, su educación o su origen social, un voto para participar en la elección de gobernantes y en ciertas decisiones colectivas.

Hace pocos días, un confuso episodio, en el que participaron el precandidato colorado Pedro Bordaberry, el millonario especulador financiero George Soros, y una de las organizaciones que promueve la campaña de “No a la baja” (de la edad de imputabilidad), episodio que en cierta forma involucró también al presidente Mujica durante su visita a los EEUU, nos recordó algo que las lecciones de educación cívica parecen haberse dejado en el tintero.

Pedro Bordaberry denunció que una de las fundaciones controladas por Soros se había comprometido a colaborar financieramente con la campaña de “No a la baja”. Bordaberry agregó o dio a entender que el presidente Mujica se había entrevistado con Soros y había intercedido para que la financiación se concediera.

La organización “Proderechos”, que gestionó y, hasta donde se sabe, obtuvo la financiación de Soros (modesta financiación de entre U$S100.0000 y U$S200.000, que para Soros debe de ser menos que una propina), negó al principio que la financiación existiera. Después cambió de discurso y admitió que la fundación “Open society”, creada y presidida por Soros, le había prometido su colaboración financiera. Las repercusiones del asunto siguieron, al punto que la Comisión Nacional por “No a la baja” salió a declarar que el apoyo económico de Soros “no es determinante” y la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que desmintió que Mujica se hubiera entrevistado con Soros o con sus representantes y que tuviera alguna intervención en lo prometido por “Open society” a “Proderechos”.

No es la primera vez que Soros interviene financieramente en asuntos que están debatiéndose públicamente en el Uruguay.  El caso más sonado fue su aporte económico (también reducido pero importante a escala uruguaya) y la visita de representantes de su Fundación en apoyo  a la campaña de la organización  “Regulación Responsable”, que promovió la despenalización de la producción y venta de marihuana. En esa ocasión sí existió una entrevista personal entre Soros y Mujica.

Lo interesante del asunto es que la denuncia de Bordaberry, y el debate subsiguiente, se producen en el marco del inicio de un nuevo ciclo de campañas electorales uruguayas,  en las que cada sector partidario está gastando –y se propone seguir gastando- cifras “record”, millonarias en dólares, por concepto de publicidad, contratación de encuestas, alquiler de locales, impresión y distribución de listas, organización de actos, etc. .

Bordaberry parece haber acertado en parte de lo que denunció. Y quienes lograron la financiación de Soros parecen haberse equivocado al negarlo. Sin embargo, lo que Bordaberry no dijo es de dónde provienen los millones que él mismo está gastando y se propone gastar en las recién iniciadas campañas electorales. Como tampoco lo han dicho ninguno de los otros partidos y candidatos.

Lo cierto es que, en la sociedad de consumo, en que las ideas y los candidatos se venden igual que el jabón en polvo y los celulares, quien no dispone de millones de dólares para invertir en publicidad, quien no puede saturar los medios de comunicación con avisos y las calles con afiches y pasacalles, sencillamente no existe. 

Marcar presencia en la escena política cuesta hoy muchísimo dinero, que en buena medida va a parar a los medios de comunicación, sobre todo a las emisoras de radio y televisión, que utilizan frecuencias de propiedad pública. Los mismos medios que después se resisten a ser regulados y con los que –nada casualmente- los dirigentes políticos temen enfrentarse.

¿Han comparado ya esta millonaria realidad de la democracia con la versión idílica de la democracia que se nos enseñaba (y supongo que se sigue enseñando) en las clases de educación cívica?

El contraste rompe los ojos, ¿no?

¿En qué queda la pretendida igualdad entre los ciudadanos y entre las ideas si para que un proyecto político exista públicamente se debe disponer de millones de dólares? ¿De qué sirven las mejores ideas y los mejores candidatos si no es posible hacerlos conocer, si su existencia será sepultada por un mar de imágenes exitosas y “jingles” pegadizos de partidos y candidatos con más recursos?

La “democracia de mercado” tiene mucho de plutocracia, en la que triunfa y manda quien tiene los recursos económicos para publicitarse e imponerse. Es un régimen que promueve lo peor del sistema político. Porque obliga a los proyectos y a las causas políticas a convertirse en empresas, en las que la financiación es más importante que el contenido, en las que quien consigue o aporta los fondos puede determinar el rumbo o torcerlo.

Cuando se analiza este tema (no pretendo haber descubierto la pólvora al plantearlo), es frecuente el reclamo de “transparencia”. La idea es que los partidos políticos deberían explicitar quién les proporciona fondos y donaciones para que la sociedad pueda controlarlos y juzgarlos.

Sin embargo, esa idea peca de ingenuidad. Disfrazar el origen del dinero es demasiado fácil. Nada impide a una empresa hacer aportes a nombre de otras empresas o personas, ni hacer aparecer fondos venidos del extranjero como aportados por empresas o personas uruguayas. Tampoco es muy difícil ocultar recursos, tanto en dinero como en especie.

Si la idea es restablecer un debate público y una competencia política justa, en que las ideas y los candidatos compitan con razonable equivalencia de posibilidades, quizá el camino sería restringir el uso de publicidad privada paga y garantizar a todos los partidos, propuestas y candidatos, espacios gratuitos en los medios de comunicación que utilizan frecuencias públicas.

Contra lo que puede creerse, la restricción de la publicidad política, si fuera sustituida por espacios públicos y gratuitos de difusión, no sería una limitación a la libertad política sino una garantía de la libertad de información y elección de los ciudadanos.

Este asunto suele plantearse y discutirse con fervor antes y durante las campañas electorales. Después desaparece como por encanto hasta el próximo período electoral. Sin embargo, es un tema civilizatorio. Porque de que se equiparen las posibilidades de difusión pública de las diversas propuestas sociales y corrientes ideológicas dependerá el tipo de sistema político que tendremos. Uno gobernado por el debate igualitario de ideas, o uno gobernado por el dinero y el aturdimiento publicitario. En otras palabras: democracia o plutocracia.

Algún día tendremos que decidirlo.

  

 

 


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