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INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Honeir Sarthou: la vida está en otra parte

publicado a la‎(s)‎ 16 abr. 2015 17:21 por Semanario Voces

En pocas semanas, las elecciones departamentales y municipales pondrán fin a la edición “2014-2015” del larguísimo ciclo electoral que nos infligimos los uruguayos cada cinco años.

Más de un año de campaña, fortunas invertidas en publicidad, el derroche de imágenes y el sonsonete de los “jingles” saturándonos los ojos y los oídos, actos, discursos, caravanas, la totalidad de la “clase política” dedicada a obtener o renovar sus cargos y sus cuotas de poder.

¿Eso es malo?

No es que en sí sea malo. Después de todo, vivimos en un sistema democrático. Si las campañas, los discursos, los programas y los escasos debates versaran sobre los asuntos centrales de la vida social y propusieran soluciones serias, difíciles, costosas y discutibles, como son en general  las verdaderas soluciones, seguramente el esfuerzo valdría la pena.

Pero eso no es lo que ocurre. De hecho, sobre los asuntos que más preocupan a la población (enseñanza,  seguridad pública, etc.) rara vez se hace algo más que anunciar soluciones mágicas, del tipo “reformaremos la enseñanza para asegurar una educación de calidad para todos y todas”, o “profesionalizaremos y dignificaremos a la policía para combatir con eficacia al delito”. Frases huecas, buenos deseos, adormecedora música de supermercado para endulzar y anestesiar a los votantes.

Los discursos electorales parecen referirse a un falso país, un país de utilería, apto para recibir soluciones de engrudo y papel pintado. Para confirmarlo, basta ver que durante esta campaña electoral estaban ocurriendo cosas como la negociación del ingreso de Uruguay al TISA, los incumplimientos de las empresas encargadas de la regasificadora y de otras obras públicas, situaciones intolerables en instituciones de salud pública, la contaminación del agua potable y la paralización del Poder Judicial, que desde hace casi seis meses  no practica la mayoría de las notificaciones.  Sin embargo, ninguno de esos temas fue seriamente abordado durante la campaña electoral. El oficialismo los ocultó, jugando a la reiteración machacona de sus supuestos logros, traducidos en estadísticas. Y la principal fuerza opositora guardó silencio porque se jugó a “la positiva”, a la imagen de niño bueno, de opositor de guante blanco. Resultado: nadie dijo la verdad sobre cosas que importan mucho y la campaña electoral versó sobre un país de fantasía.

Esta situación trasciende a los partidos políticos. Mejor dicho: es multipartidaria, porque involucra  a todos los partidos. Pero, ¿es culpa de los partidos?

Treinta años de vida formalmente democrática, desde la última dictadura, impondrían realizar alguna clase de balance sobre el tipo de democracia que tenemos y sobre su capacidad o incapacidad para abordar los problemas colectivos. Semejante balance excede las posibilidades de este artículo, pero eso no nos impide hacer algunas consideraciones primarias.  

¿Qué cambios estructurales, profundos y sistémicos, ha realizado la democracia uruguaya en estos treinta años?

Entre los principales mencionaría algunas reformas realizadas por el gobierno de Luis Alberto Lacalle (por ejemplo, ley de puertos), la reforma de la seguridad social con la creación de las AFAPs durante el segundo gobierno de Sanguinetti , y las reformas tributaria y del sistema de salud durante los gobiernos del Frente Amplio.

Si se analizan las constantes de esas reformas, no costará mucho descubir que todas ellas han recurrido a la privatización y/o han beneficiado a intereses económicos poderosos nacionales o transnacionales. El carácter privatizador de las reformas de Lacalle padre está fuera de cuestión. Lo mismo puede decirse de la reforma jubilatoria de Sanguinetti (la de las AFAPs), perjudicial para quienes hoy aspiran a jubilarse y beneficiosa para una cantidad de instituciones financieras (las AFAPs y las aseguradoras) que operan bajo el derecho privado. Tampoco puede  negarse que la reforma del sistema de salud se basó en una enorme transferencia de afiliados y de recursos al sistema privado de salud. Respecto a la reforma tributaria, no yo, sino los técnicos y asesores del PIT-CNT y la Red de Economistas de Izquierda, han señalado que implica porcentualmente un alivio de la carga tributaria del sector empresarial  y un aumento de la carga tributaria del sector asalariado.

Cabe preguntarse: ¿existió antes  o existe ahora una fuerte demanda popular por la privatización de actividades o por la exoneración de impuestos y la transferencia de recursos al sector empresarial privado? ¿Cómo se explica esa línea constante de la democracia uruguaya? ¿Cómo se la concilia con los reiterados pronunciamientos plebiscitarios antiprivatizadores que ha hecho el cuerpo electoral en los últimos treinta años cuando ha sido consultado? ¿De quién es la voluntad que cumple el sistema político cuando adopta ese tipo de medidas?

Las respuestas a esas preguntas no son fáciles. Quizá haya que considerar que el sistema político uruguayo opera en el marco de un cierto vacío de voluntad de la sociedad uruguaya. Un vacío o hueco de la voluntad ciudadana que puede traducirse en el vago mandato de “hagan algo” para resolver tal o cual problema, pero que no define qué se debe hacer. Eso tiene importantes consecuencias. Por un lado, hace posible que lleguen al poder político personas sin ideas claras respecto de qué hacer.  Por otro, deja a los representantes políticos las manos demasiado libres para seguir los consejos de quienes sí tienen claro lo que les conviene.   

Lo que quiero decir es que la centralidad y la responsabilidad asignadas al sistema político por la sociedad uruguaya probablemente sean excesivas.  El sistema democrático representativo, es decir fundado en la noción de representación política, sólo puede funcionar bien si existe una ciudadanía fuerte, informada y clara en su voluntad.  De lo contrario, sus representantes se vuelven poleas sueltas, sin dirección ni engranaje adecuado con ningún proyecto político populary se vuelven vulnerables a los intereses y consejos interesados de empresarios y tecnócratas nacionales e internacionales.

Algo anda mal en nosotros si elegimos como representantes a modestos recolectores de votos, artesanos de la política, y esperamos de ellos liderazgos mesiánicos e iluminados. Sólo muy de cuando en cuando, la democracia produce el tipo de dirigentes capaces de concebir un proyecto de futuro y de obtener los apoyos políticos para llevarlo a cabo.  Esa clase de líderes puede, a la vez, crear un sueño colectivo, seducir con él a sus conciudadanos y ejecutarlo. Pero, reitero, eso ocurre muy rara vez. La vida ordinaria, en democracia, requiere de una ciudadanía que asuma su cuota de responsabilidad, que se forme, se informe, discuta y decida. Si no lo hace –si no lo hacemos- , si nos limitamos a votar y a mirar televisión, ocurre lo que nos está ocurriendo: los representantes políticos terminan guiándose por sus propios intereses o, peor aún, por los intereses de quienes tienen los medios para convencerlos, engañarlos, adularlos o comprarlos.

La síntesis de todo esto es que padecemos un “déficit de ciudadanía”. Somos víctimas de la ilusión de que es posible guiarse en la vida política por la fe, votando a una imagen que nos es simpática y confiando en que el elegido sabrá qué hacer. Pero la democracia republicana exige mucho más a sus ciudadanos.

Quizá muchos hemos elegido mal el campo de lucha y esperamos de la política partidaria y electoral lo que no puede darnos.  Tal vez la lucha que debemos dar no se juegue en el campo electoral, sino en el cultural. Porque la ciudadanía es un asunto cultural. Para percibirlo, basta ver los resultados del sistema educativo, los contenidos de la televisión, la mentira convertida en herramienta política, la violencia en la calle, la agresividad en las redes sociales.    

Cuestionar lo que se nos dice desde el poder, leer, informarnos, pensar sin prejuicios y discutir, tal vez sean tareas ciudadanas en las que nos vaya la vida.

 

 


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