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Izquierda y Derechos Humanos (IV) DIEZ PROBLEMAS CAUSADOS POR LOS DERECHOS HUMANOS Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 9 jun. 2011 16:04 por Semanario Voces



 

Lo que sigue es un catálogo –necesariamente esquemático- de las consecuencias del papel hegemónico desempeñado por  los derechos humanos en el discurso de la izquierda.

Admito que son ideas polémicas y “políticamente incorrectas”, a las que por eso vale la pena discutir.

 

1)      De la revolución a los DDHH (crisis del proyecto de izquierda)

Cuando el “socialismo real” se desmoronó, a fines de los años ochenta, los partidos y movimientos de izquierda del mundo se quedaron sin modelo. La estatización y la planificación de la economía, bajo una dirección política que representara los intereses de la clase obrera, habían fracasado y dejaron de ser sentidas como un proyecto viable y eficaz. ¿Con qué llenar ese vacío, cuando, paradójicamente, las izquierda experimentaban en muchos países un crecimiento que auguraba su acceso al gobierno?

Los derechos humanos fueron la respuesta. En buena parte de América Latina, bastó con “empalmar” el discurso derechohumanista utilizado contra las dictaduras con la práctica política postdictatorial.

Una de las consecuencia de ese “empalme” fue que, una vez en el gobierno, la izquierda, en lugar de transformar los sistemas generales –enseñanza, seguridad social, régimen de propiedad, políticas de crédito, etc., aplicara políticas focalizadas, optando por soluciones parciales y asistenciales, propias de quien compensa violaciones puntuales de derechos y no de quien construye un nuevo modelo de sociedad.. 

Sería un exceso decir que el discurso de los derechos humanos generó la falta de proyectos de la izquierda. Pero es cierto que les ha permitido a numerosas fuerzas de izquierda llegar al gobierno sin proyectos. Y eso puede ser también lo que las haga caer.  

        

2)      Confusión entre intereses y derechos (la “inflación de derechos”)

El prestigio de la noción de “derechos” ha llevado a que todos los intereses y pretensiones intenten disfrazarse y presentarse socialmente como “derechos”. Así, en el Uruguay, los aumentos de sueldo, los reclamos de los ahorristas de bancos fundidos, la intención de exonerarse de impuestos, la aspiración de obtener empleos públicos, la petición de subsidios y la obtención y conservación de toda clase de privilegios e impunidades se disfrazan de “derechos”.

La conocida expresión “inflación de derechos” refleja muy bien la situación.

Es imprescindible volver a distinguir entre los derechos, algo básico que debe ser garantizado por igual y sin condiciones a todas las personas, y los intereses, a los que cabe exigir requisitos mucho más estrictos, como su legitimidad, oportunidad y  compatibilidad con los intereses y las posibilidades del resto de la sociedad.  

      

3)      El ciudadano –acreedor

El hábito de presentar a los intereses como derechos ha llevado al surgimiento de un tipo de individuo muy particular.

Así como se ha dicho que la democracia liberal da lugar al “ciudadano-votante”, y que la democracia de mercado genera al “ciudadano-consumidor”, el discurso de los derechos humanos está dando lugar al “ciudadano-acreedor”, un individuo que considera que todo le es debido por la sociedad a título de “derechos”, sin que él deba hacer ningún esfuerzo más que el de reclamarlos.

El ciudadano-acreedor es un sujeto con escasa solidaridad social y casi carente de “virtud ciudadana”. Reclama porque cree o pretende “tener derecho” a todo lo que desea, desentendiéndose de las consecuencias que su pretensión pueda tener para el resto de la sociedad.     

 

4)      El corporativismo

La versión colectiva del ciudadano-acreedor es el corporativismo. Cuando una asociación de cualquier otro tipo pretende que las soluciones colectivas se adecuen a sus intereses particulares –por lo general disfrazados de “derechos”- decimos que estamos ante una organización corporativa.

La vida social uruguaya nos tiene más que acostumbrados al corporativismo, así que no es necesario abundar en el asunto.

Lo que conviene señalar es el papel que juega la invocación de derechos en el discurso corporativista. Es lógico. Cuando una organización defiende intereses propios incompatibles con los del resto de la sociedad, no puede argumentar en forma convincente. Entonces opta por decir que su pretensión es “un derecho” y ahorrarse toda necesidad argumental.   

 

5)      Nociones olvidadas: obligaciones y conveniencia social

El abuso de la noción de “derechos” ha hecho olvidar otras dos nociones esenciales para la vida social.

Una es la noción de “obligación”, inseparable de la de “derecho”.Porque los derechos no son nunca gratis. Para que alguien tenga derecho a algo, otra persona tiene que estar obligada a cumplirlo. Es fácil entenderlo con los sueldos. De nada serviría que una ley declarara el derecho de los trabajadores a cobrar tal o cual sueldo, si no significara que los empleadores están obligados a pagar esos sueldos. Y de nada serviría que la ley estableciera el derecho de los niños a la educación si no significara también que el Estado está obligado a mantener centros de estudio. Como de nada serviría que a mí se me asegurara el derecho a la libertad de expresión si el resto de la sociedad no estuviera obligado a tolerar mis opiniones.

      Sin embargo, la sociedad uruguaya se ha llenado de derechos sin obligaciones.                             

      Todos los días se proclaman vagos derechos, a la no discriminación, al desarrollo de                                          

      las potencialidades, a la seguridad integral, al goce del medio ambiente, a una vida

      saludable, etc., sin que nadie quede obligado a que esos derechos se cumplan.

      Eso contribuye a la inflación y desvirtúa la noción misma de “derechos”.

       El Estado uruguayo se ha acostumbrado también a declarar derechos y a fundar sus   decisiones en los “derechos” de tal o cual categorías de personas. Sin embargo, la función del Estado no es proclamar derechos, sino regular obligaciones. Es decir, si el Estado quiere crear algún derecho efectivo, lo que debe hacer es imponer a alguien la obligación correlativa. De lo contrario estará arando en el mar.

La otra noción olvidada es la de conveniencia social. Porque no todas las decisiones políticas pueden fundarse en derechos. Hay cosas, a menudo muy importantes, que no son derecho de nadie sino conveniencia de todos. Y ese es un enfoque casi perdido bajo la abrumadora invocación y reconocimiento de derechos.

   

6)      Irracionalidad del debate público

La obsesiva invocación de derechos ha vuelto al debate público  pobre e irracional. ¿Las razones? Porque los derechos, a diferencia de los intereses y la conveniencia social, no se justifican ni se demuestran. Se invocan o, directamente, se ejercen. Entonces, si todos los intereses, pretensiones y conveniencias, tanto públicas como privadas, se convierten en derechos, nada hay que demostrar, ni que argumentar, ni a nadie se debe convencer.

El otro problema es que los derechos, en especial los “humanos”, en tanto son inherentes a la persona, innegociables e irrenunciables, no pueden ser ponderados ni supeditados entre sí. Entonces, ¿cómo resolver los conflictos entre derechos? ¿Cuál debe sacrificarse si todos son irrenunciables?  

 

7)      Minoridad- seguridad ciudadana (del modelo tutelar al de “sujetos de derecho”)

En materia de minoridad, el discurso de los derechos humanos ha sustituido al llamado “modelo tutelar”, en que los niños dependían de la patria potestad de sus padres, por otro en que se les reconoce una mucho mayor autonomía.

No tengo lugar para demostrarlo aquí, pero ese modelo ha fracasado. Básicamente porque los niños no son ni biológica, ni psicológica ni económicamente autónomos.

El quiebre de las responsabilidades y de las facultades de la patria potestad no ha dado lugar a niños más autónomos sino a niños más abandonados y a padres más irresponsables.

La problemática de la delincuencia juvenil –y la respuesta reaccionaria que está desarrollándose (baja de edad de imputabilidad, etc.)- son en buena medida consecuencia de la sustitución del régimen tutelar (que debía ser mejorado y no abandonado) por otro que no tiene propuestas reales.

 

8)      Fracaso en la protección real de derechos fundamentales.

Tal vez la más penosa crítica al discurso de los derechos humanos sea que no ha logrado garantizar ni siquiera los más elementales derechos constitucionales de ciertas personas.

Tras más de seis años de gobiernos de izquierda, las cárceles, los centros de reclusión de menores, las comisarías y algunos lugares de internación de enfermos psiquiátricos siguen siendo lugares peligrosos y sin garantías.

¿Cómo se explica que los derechos humanos de esas personas sean tan poco valorados en comparación con los de las víctimas de la dictadura?

 

9)      Quiebre de la lógica democrática (posdemocracia interna)

Como hemos visto en notas pasadas, una tesis fundamental del discurso “derechohumanista” es que los derechos humanos no pueden ser desconocidos ni derogados por ninguna mayoría. Eso estaría bien, desde el punto de vista democrático, si se limitara a los derechos fundamentales, reconocidos plebiscitariamente en la Constitución, y no se sumara a la enorme inflación de derechos.

Pero, si todas las pretensiones e intereses tienden a transformarse en derechos humanos y éstos son todos superiores a la voluntad mayoritaria, ¿qué espacio queda para la vida democrática? ¿Estaremos entrando en una etapa posdemocrática?

 

10)  Todo el poder a los organismos internacionales (posdemocracia externa)

Para concluir, el carácter pretendidamente universal de los derechos humanos tiende a requerir de un centro de poder mundial, superior a los Estados, que los imponga. El problema es que los centros de poder mundiales, las organizaciones internacionales, de las que el paradigma es la ONU, están controlados –de hecho y de derecho- por las potencias mundiales, entre las que los países latinoamericanos no tenemos el gusto ni el disgusto de contarnos. Afganistán, Irak y ahora Libia, nos muestran que las organizaciones internacionales, agitando la bandera de los derechos humanos, realizan o amparan guerras genocidas, terroristas y racistas. Sin contar con que esas mismas organizaciones internacionales propician la aprobación de leyes nacionales que arrasan con las libertades y garantías fundamentales. ¿Alguien leyó la ley uruguaya sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, o la Convención de la OEA sobre terrorismo? Aconsejo leerlas.

Hay además otro problema. Las izquierdas latinoamericanas han luchado durante décadas para alcanzar el gobierno de sus respectivos países. Lo han hecho por vía democrática, logrando, tras muchos años de esfuerzo, el convencimiento de sus pueblos. Es el caso de Brasil y Uruguay y lo fue el de Chile, pero también el de Bolivia, Ecuador, e incluso Venezuela. La democracia, la voluntad popular, ha sido el arma para llegar y mantenerse en el gobierno. ¿No resulta curioso que, justo cuando las izquierdas y los movimientos populares de esos países alcanzan el gobierno de sus respectivos Estados, los Estados nacionales sean vaciados de poder en beneficio de organismos internacionales que, por encima de las leyes y las constituciones nacionales, se proclaman legisladores en derechos humanos?     

Da para pensar, ¿no?

La semana que viene, en la última nota de esta serie, veremos si hay otra forma de concebir a los derechos fundamentales.


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