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Izquierda y derechos humanos (V) OTRA VISIÓN DE LOS DERECHOS Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 17 jun. 2011 4:02 por Semanario Voces


En esta serie de artículos que hoy finaliza se han sostenido las siguientes cosas:

1)      El discurso de los derechos humanos ha copado el pensamiento de izquierda, sustituyendo el desarrollo de un proyecto político emancipador.

2)      No es cierto -ni histórica, ni teórica, ni empíricamente- que existan derechos humanos universales, anteriores y superiores a cualquier decisión política.

3)      Esa creencia termina chocando con el funcionamiento democrático de la sociedad.

4)      La supuesta universalidad de los derechos humanos lleva a otorgarles cada vez más poder a organizaciones internacionales que responden a una distribución inequitativa y antidemocrática del poder mundial

5)      Estrictamente, el discurso de los derechos humanos no es de izquierda, sino filosóficamente liberal e involuntariamente conservador.

 

LIBERALES Y REPUBLICANOS

Desde hace siglos, la noción de democracia de las sociedades occidentales ha estado dividida en dos visiones.

Una, la liberal, se preocupa ante todo por preservar la libertad del individuo frente al poder político y frente a la posible voluntad totalitaria de las mayorías.

La otra, republicana, entiende que el individuo ejerce su libertad y se realiza como tal asumiendo su papel de ciudadano, participando y comprometiéndose en las decisiones y responsabilidades colectivas.

Liberales y republicanos tienen nociones diferentes acerca de los derechos. Para los liberales, los derechos son sobre todo un límite que los individuos y las minorías pueden oponer ante el poder político y ante la voluntad de las mayorías. Para los republicanos, en cambio, los derechos más importantes son los que garantizan la participación de los ciudadanos en las decisiones y responsabilidades colectivas.

En el eterno conflicto dialéctico entre lo individual y lo colectivo, los liberales priorizan al individuo y los republicanos al interés colectivo. Por eso, los derechos que más interesan al liberalismo, como la libertad individual o la propiedad, son ante todo eso: derechos; mientras que los derechos que más interesan a los republicanos, como el de votar o el de desempeñar cargos públicos, tienen siempre una contracara de deber; más que derechos puros son derechos-deber.

Estas dos concepciones, cuyos orígenes históricos podrían rastrearse en el pensamiento de John Locke y en el de Jean Jacques Rousseau, no son incompatibles sino complementarias. Sería inimaginable una sociedad democrática cuyos ciudadanos carecieran por completo de derechos, así como sería impensable una que no dispusiera de mecanismos para que la voluntad mayoritaria pudiera hacerse efectiva.

El eterno problema de las sociedades democráticas es cómo armonizar la voluntad política –generalmente representativa de las mayorías- con la vigencia de ciertos  derechos que amparen a los individuos y a las minorías (cualquier similitud con el problema planteado por la ley de caducidad no es mera coincidencia).       

 

EL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Se ha creído encontrar una salida fácil y corta para ese problema proclamando que existe un conjunto de derechos universales, inherentes a todos los seres humanos, previos y superiores a todas las normas jurídicas e inderogables por cualquier voluntad política, mayoritaria o no.

Es fácil percibir la impronta liberal de ese discurso. La idea de derechos que pueden ser invocados contra la voluntad mayoritaria la hace evidente. 

Ese discurso es fantástico para enfrentar dictaduras y regímenes autoritarios, aunque cuenten con respaldo mayoritario. Sin embargo, carga con algunas debilidades propias de su origen, filosóficamente jusnaturalista y políticamente liberal.

La primera es que debilita el basamento democrático de la sociedad, creando un estado de conciencia no antidemocrático pero sí posdemocrático. Porque, si los derechos fundamentales de las personas no provienen de la voluntad mayoritaria, la lógica democrática quedará malherida. Servirá para elegir presidente y parlamentarios, pero no para garantizar los aspectos más importantes de la vida. El desprestigio de la lógica democrática –más aun que el de la democracia formal-, además de ser un problema de principio, será una carencia grave a la hora de querer elaborar e implantar cualquier proyecto político popular.

La segunda debilidad está en que el discurso de los derechos no sirve para gobernar ni para definir un proyecto de sociedad. La razón es simple. Gobernar implica tomar decisiones en base a la conveniencia social. Y sobre eso muy poco tienen para decirnos los derechos. Podremos afirmar que existe el derecho a la educación, pero eso no nos indica qué modelo de educación adoptar. ¿Privilegiar las ciencias, o las humanidades? ¿Adecuar el modelo educativo al mundo del trabajo, o priorizar la formación ciudadana? Esas decisiones son políticas, no asuntos de derechos humanos. Eso explica en parte la carencia de proyectos de la izquierda. Excesiva retórica sobre derechos y poco debate sobre el proyecto de sociedad.

La izquierda ha intentado suplir esa carencia de proyecto político ensanchando la esfera de los derechos. Pero el resultado es malo, porque no se puede suplir a la política con derechos. No son el instrumento adecuado, porque los derechos, sobre todo en la concepción liberal, son límites a la política. Incluso los llamados “derechos económicos y sociales”, el derecho a la no discriminación por razones de sexo, género, raza, edad, etc,, los derechos a la salud, a la vivienda, a una renta básica, son derechos a exigirle a la sociedad, no a participar en la sociedad. El foco está puesto en la esfera individual, no en la colectiva. El individuo se ve a sí mismo como acreedor de la sociedad y no como agente activo de un proyecto que lo involucra y al que se debe.

La tercera debilidad del discurso de los derechos humanos radica en la fuente en la que debe buscar su legitimidad. ¿De dónde surgen los derechos humanos, quién los proclama, quién dice cuáles son y cuáles no, y quién los interpreta?

Afirmar que son voluntad de Dios es demasiado para la izquierda. Decir que se deducen de la ley natural o de la razón humana suena muy naturalista o ingenuamente racionalista. Pero no se quiere fundarlos en la voluntad política de la mayoría, así que en general se opta por afirmar con tono enfático que “son universales”. “inherentes a la persona”, “irrenunciables”, “no plebiscitables”. Ahora, si uno aprieta al militante derechohumanista y le pregunta, “Bueno, ¿pero por qué son obligatorios?”, en general terminará citando a alguna declaración internacional de derechos humanos o un fallo de la Corte Interamericana. Lo que, en buen romance, significa que la legitimidad de los derechos humanos proviene -si no de Dios ni de la naturaleza- de la ONU o de la OEA. Es curioso que la autoridad que se le niega al cuerpo electoral uruguayo se le conceda a los gobiernos de EEUU, Inglaterra, Francia, Rusia y China, que monopolizan de hecho y de derecho a la ONU.

Esta concepción, con la creciente importancia que le asigna a los derechos humanos, se arriesga a supeditar los proyectos políticos nacionales a las políticas que, bajo la forma de “derechos humanos”, dicten esos organismos internacionales.

 

OTROS DERECHOS SON POSIBLES

En algo tienen razón los liberales y los partidarios de los derechos humanos: una sociedad sin un marco de derechos, ajenos a los avatares políticos coyunturales, sería inhabitable.

Pero de ahí a aceptar que esos derechos sean fijados por las potencias más agresivas e invasivas del mundo hay un largo trecho.

¿Es posible conciliar un marco mínimo de derechos con la vigencia de la democracia y con el desarrollo de proyectos políticos democráticamente decididos?

Es posible. Aunque para eso habría que modificar un poco la óptica.

Para empezar, aceptar con realismo que no existen derechos universales. Los derechos sólo existen a partir de que un centro de poder los declara y vuelve obligatorios. Y, aun así, sólo rigen en el ámbito de influencia de ese centro de poder. Antes de eso sólo son aspiraciones o vagas invocaciones retóricas.

El tiempo histórico que nos toca vivir se caracteriza por la coexistencia de múltiples centros de poder y órdenes normativos, algunos de los cuales  pretenden ser globales. En el Uruguay, por ejemplo, disputan las normas de los organismos internacionales y las dictadas por el Estado uruguayo. Las normas internacionales pretenden estar por encima de la Constitución nacional. Sin embargo, nuestra Constitución –a diferencia de las de otros países- no admite expresamente que haya otro orden normativo igual o superior a ella misma.

La diferencia es que a la Constitución la aprobamos nosotros por vía plebiscitaria y podemos reformarla por la misma vía. Al derecho internacional no.

Tenemos por delante una decisión vital. ¿Aceptamos que los centros de poder internacional (ONU, OEA, OIT, Banco Mundial, OCDE, etc.) impongan sus normas, o preservamos la supremacía de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico?

La sentencia del caso Gelman puede hacer pensar que el derecho internacional es más justo o más conveniente. Pero no debemos olvidar que el Banco Mundial nos juzga por denuncias de “Phillips Morris”, que la OIT quiere obligarnos a modificar las leyes sobre negociación colectiva y que la OCDE nuevamente nos exige modificar nuestras normas y políticas sobre información financiera y tributaria.

Menos mal que por el momento no tenemos petróleo.

El imperialismo no siempre se presenta bajo la forma de un misil. A veces adopta la de un tratado internacional. Por eso habrá que tener mucho cuidado en el futuro con los tratados que se firmen y se homologuen.

El antiimperialismo del presente puede muy bien consistir en reivindicar la soberanía jurídica, la potestad de dictar nuestras leyes y de regirnos por nuestra Constitución.

 

UNAS GOTAS DE REPUBLICANISMO

Soy conciente de no estar inventando nada. Sólo digo que la proliferación de derechos desvirtúa la noción misma de derechos y que el sometimiento al orden jurídico internacional subordina los proyectos políticos nacionales al control de organismos que nada tienen de democráticos.

La cuestión es distinguir entre derechos fundamentales y otros derechos, de menor jerarquía, que sí pueden estar sometidos a la cambiante voluntad política

Pocos derechos fundamentales –a la vida, a la igualdad y a la libertad-  tal como están previstos en la Constitución, pero bien respetados, podrían bastar. El resto es política.

Se me dirá que, aun establecidos en la Constitución, esos derechos podrían ser removidos por una reforma constitucional. Y es cierto. Pero, ¿alguien cree que un derecho será respetado cuando la mayoría absoluta de la población está dispuesta a suprimirlo?

En materia de derechos no existe la voluntad divina. La mejor forma de preservarlos es garantizarlos por una norma de máxima jerarquía –como la Constitución- que no pueda ser modificada sino por amplias mayorías y por un procedimiento especial, precedido por un serio debate. Todo lo demás es ilusorio, y dependerá de la cultura y de los proyectos políticos que animen a la sociedad.  

 

 

 

     

 

 

 


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