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La Constitución y Nuestra Conciencia Espero que este sea el camino Por Daniela López R.

publicado a la‎(s)‎ 16 abr. 2011 10:13 por Semanario Voces


 

Este martes 12 no será un martes más. Marca un punto de inflexión en la lucha por la vigencia plena de la Constitución. Por verdad y justicia. Por la reconciliación. También puede ser el inicio de un camino incierto, que será sometido a pruebas de estrados judiciales. En la obsesión por terminar con la Ley de Caducidad, se han ido haciendo opciones que a veces aparecen como no todo lo meditadas que la hora política le impone a una fuerza que tiene la responsabilidad de conducir el país, en un camino de profundos cambios socializadores.

 

Este martes 12 ha estado, además, cargado de tensiones y de dramatismo. Las tensiones son las propias de esta hora. La bancada de senadores de nuestro Frente vivió una jornada difícil. No sólo por el voto díscolo del senador Jorge Saravia ni el anuncio inesperado y amargo del senador Eleuterio Fernández Huidobro.

Lo es porque a no pocos nos preocupa que esta búsqueda de dignidad nos arrastre a una espiral cuya culminación no fuera, por tecnicismos, la erradicación de este engendro del ordenamiento jurídico sino una agudización del problema. Y ese temor surge de las dudas jurídicas ya conocidas, que abren una tensa expectativa a la interpretación acerca de su constitucionalidad y de las consecuencias inmediatas que deriven de ello.

El fondo de la cuestión.

El problema es que la Ley de Caducidad es una invención retorcida en la que participaron sesudos juristas, asegurándose que esta agachada dejara a la democracia en una encrucijada de tal envergadura que su resolución desatara conflictos y contradicciones. El quiste es de tal maldad, que sólo se sale de él con un parche que todos deberemos aceptar.

La perversidad de la pieza jurídica se complejiza y enquista definitivamente en la naciente democracia cuando la Suprema Corte de Justicia de 1988 colabora en el renunciamiento. Tres de aquellos juristas perdieron la oportunidad de resignificarse, optando por asumir una interpretación que se somete, para siempre, a la impunidad de los fascistas que dirigieron e implementaron la violenta represión de los demócratas. Era el último candado cerraba bien cerrado el paquete de la impunidad.

El día 2 de mayo de 1988, la Suprema Corte de Justicia de la época falló (en todo sentido), admitiendo la constitucionalidad de esta ley. Tres, Rafael Addiego, Armando Tommasino y Nelson Nicoliello, votaron por la constitucionalidad de la ley; dos, Jacinta Balbela y Nelson García Otero por la inconstitucionalidad.

Inconstitucional

Hay cinco razones básicas que sellan la inconstitucionalidad de la Ley de Impunidad:

1. aunque lo haya admitido la Suprema Corte de 1988, la "lógica de los hechos" ni la jurisprudencia en Uruguay no son fuentes de derecho.

2. es obvia la interferencia en las investigaciones del Poder Judicial.

3. se violenta el principio de separación de poderes toda vez que el Poder Ejecutivo resolverá, por sí y ante sí, los casos a investigar por el Juez interviniente.

4. esa mayoría de la Suprema Corte de 1988 adujo que se trataba de una ley de amnistía. Argumento muy débil pues si lo creyeran también estábamos frente a una ley viciada de inconstitucionalidad: una ley de amnistía requiere para su aprobación mayoría especial de la Asamblea General (2/3). La vergonzosa ley de Caducidad apenas contó con mayoría simple.

5. también viola el artículo 8º de la Constitución: "todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes".

En 2009, todo cambia con Tabaré

Con la llegada del FA al gobierno las cosas cambiaron. El 17 de febrero de 2009 el Poder Ejecutivo respondió a la Suprema Corte (ya con otra integración), que en el caso elevado por la fiscal Mirtha Guianze (el primero que llegaba a Presidencia) referido al asesinato de Nibya Sabalsagaray aceptaba el planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Impunidad. La misma posición asumió el Poder Legislativo reunido en Asamblea General. El mensaje nuevo fue contundente.

El 19 de octubre de 2009, la Suprema Corte estaba integrada por Jorge Ruibal, Leslie Van Rompaey, Jorge Chediak y Daniel Gutiérrez. Ellos, por unanimidad, declaran la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. El país entero sintió que recuperaba dignidad y calidad democrática. La inconstitucionalidad es clara: viola las leyes 4, 82 y 233 de la Constitución, y también otras normas de Derecho Internacional que el país ha suscrito.

Y para marcar distancia entre su pronunciamiento y el de 1988, expresan que la norma “excluyó de la órbita del Poder Judicial el juzgamiento de conductas con apariencia delictiva, lo cual transgredió el principio de separación de poderes y afectó muy seriamente las garantías que el ordenamiento constitucional puso en manos de aquel”.

Tabaré y quienes recorrieron este camino jurídico, abrieron una brecha efectiva que llevó a los violadores de los derechos humanos a las cárceles. Los viejos fascistas perdieron la impunidad. Comenzamos a redignificar la democracia.

Un dilema ético y una incertidumbre

Mucha lucha y dolor corrió desde los fracasos de los plebiscitos de 1989 y 2009. En la primera ocasión, la votación se hizo bajo presión militar y un histérico discurso blanquicolorado. Agitaban el fantasma del pasado. En 2009, la realidad fue otra: muchos militantes de la izquierda quedamos atrapados en una disyuntiva moral que nos habían plantado los perversos redactores de la Ley de Impunidad. Una ley inconstitucional, una Suprema Corte de 1988 que renuncia al derecho, una búsqueda sin renunciamiento, pero, ¿acaso es éste el camino que nos asegura salir de este enredo jurídicamente con dignidad y certeza jurídica?

Tabaré expresó hace poco que no siempre las mayorías tienen razón. Comparto. Vargas Llosa opinó lo mismo respecto al reclamo popular por la pena de muerte en Perú: “La mayoría está equivocada”. Cuando se trata de la defensa de principios irrenunciables, como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a dar digna sepultura a nuestros seres queridos, ninguna mayoría se puede arrogar el derecho a violarlos. Ser mayoría no da razón cuando se trata de derechos fundamentales, ni a nosotros nos quita la rebeldía de seguir reclamando. El error, patrimonio constante de la humanidad, alcanza a todos, mayorías y minorías. Si la ley humana fuera justa solo por ser ley, los regímenes políticos que violasen legalmente los derechos humanos no serían injustos, nadie podría protestar contra ellos, nadie podría exclamar ¡no hay derecho! Esa trampa la instaló Hitler. Y así le fue a la humanidad.

La perversidad de los redactores de esta ley no consistió meramente en la impunidad de los fascistas, sino en tratar de instalar en los demócratas dudas de procedimiento casi existenciales. He pecado porque caí en ello. Tengo dudas que esta redacción que se ha aprobado sea el camino que resuelva el problema o si por el contrario genera uno nuevo. Tenemos dudas, claras, sobre la constitucionalidad de esta novedad. ¿Es acaso esta enmienda mejor que el soneto? Las dudas, diversas y profundas, fueron planteadas por juristas de referencia en varios ámbitos. Temo sobre las consecuencias de las buenas intenciones de este propósito compartido.

Por eso me quedo en la reflexión de Gandhi: “He desobedecido a la ley, no por querer faltar a la autoridad británica, sino por obedecer a la ley más importante de nuestra vida, la voz de la conciencia”. El problema es y será si la solución jurídica no nos lleva a la situación deseada. Nunca antes como hoy he deseado que mis temores sean infundados. Celebraré que así sea.

 


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