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LA CRISIS POLITICA EN LA POLITICA AMBIENTAL Eduardo Gudynas

publicado a la‎(s)‎ 11 abr. 2013 7:17 por Semanario Voces
 

Frente a los actuales problemas ambientales, aparecen contradicciones y tensiones que tienen poco de ecológicas y mucho más de políticas. Sorpresivamente, el debate ocurre sobre todo al interior del gobierno, y parecería que en particular alrededor del mujiquismo.

 

Un primer aspecto llamativo en los actuales debates ambientales, es que muchas críticas contra el ministerio encargado de esos temas (MVOTMA), parten del propio gobierno. Desde el presidente, a jerarcas de distintos ministerios como directivos de empresas públicas, han indicado que, por ejemplo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) no da abasto, que debería ser reforzada, que enlentece los trámites, que tranca las inversiones, etc. Por lo tanto, estamos frente a la inusual circunstancia de fricciones en el seno del progresismo gobernante sobre su propia gestión ambiental.

Aunque eso podría ser bueno, las críticas no parecen enfocadas en mejorar la gestión sino en desandar las regulaciones. Las implicancias políticas de ese derrotero son delicadas. Por ejemplo, las  actuales críticas gubernamentales inevitablemente dejan bajo la sombra de la duda la gestión ambiental de la presidencia Vázquez. Recordemos que en aquellos años se sostenía que se había fortalecido a la DINAMA, se aumentó su presupuesto y plantilla de funcionarios. Si aquello fue cierto, no se entiende mucho cómo se pasó de una DINAMA que funcionaba muy bien, a una que hoy en día estaría desbordada.

No está demás precisar que desde la ciudadanía se concuerda en que hay problemas serios con la gestión ambiental, aunque se los entienden de otra manera. Desde playas montevideanas clausuradas en el verano a la reciente crisis de contaminación en la cuenca del Río Santa Lucía, todo indica que el problema no está en “muchos” controles, sino en que éstos son pocos o inadecuados, y que falta la participación ciudadana.

Las desavenencias en el seno gubernamental podrían llevar a suponer que nos encontramos con situación similar a la señalada para las políticas económicas. Según alguna prensa y analistas, en el gobierno friccionan dos tendencias económicas, una de ellas adjudicada al mujiquismo en sentido amplio y otra asociada al astorismo. ¿Sucede lo mismo con las políticas ambientales?

Para responder esto, al observar los principales actores envueltos en la gestión ambiental, especialmente en el MVOTMA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entes como ANCAP, o entre algunos legisladores, nos encontramos con varias sorpresas: hay varias tendencias, y casi todos ellos están de una manera u otra bajo el paraguas del mujiquismo. El caso emblemático es el MVOTMA, donde tanto el ministro, como cargos claves en ordenamiento territorial o ambiente, por citar algunos, podría decirse que responden al mujiquismo.

Debilitando las capacidades políticas

El mandato del MVOTMA tiene mucho de político, en el sentido de guiar y coordinar las políticas ambientales nacionales. A través de esa cartera se debería expresar el sentido que el gobierno da a sus políticas ambientales, lo que le impone la exigente tarea de encauzar y articular el desempeño de los demás ministerios, los entes y las intendencias. A diferencia de otros ministerios, como por ejemplo Industria, el MVOTMA debe promover la gestión ambiental no sólo en los espacios ciudadanos o empresariales, sino también dentro del propio Estado.

Pero esas capacidades están debilitadas cuanto se tiene a un presidente, a legisladores y otros jerarcas repitiendo que la cartera está desbordada, que debe desmembrarse, o que entorpece la inversión. Esos mensajes taladran las capacidades del Ministerio del Ambiente para construir la necesaria coordinación política en materia ambiental.

La situación es más grave de lo que parece. En el reciente episodio de contaminación del agua en el Río Santa Lucía, los focos están puestos sobre OSE, pero el MVOTMA es el responsable político no sólo de ese ente, sino también de asegurar que otros brazos estatales, actúen desde una perspectiva ambiental. Por ejemplo, asegurando que el Ministerio de Agricultura aplique medidas para evitar contaminaciones en la cuenca del Río Santa Lucía. Si hubiéramos contado con una verdadera política estatal en temas ambientales, el MGAP debía haber enfrentado los posibles contaminantes rurales, por ejemplo con acciones más enérgicas para contener los agroquímicos. La crisis actual demuestra que eso no sucedió con efectividad. Dicho de otro modo, la crisis del agua potable en realidad muestra que no existe una política ambiental común dentro del gabinete, y que el MVOTMA no logra establecerla en el actual gobierno, ni pudo hacerlo en el anterior.

Siguiendo con el ejemplo del MGAP, una de las medidas necesarias para asegurar esa protección es contar con mejores planes de uso del suelo y controles sobre agroquímicos. Pero esas acciones avanzan a paso lentísimo y con limitada cobertura. Pero por alguna razón misteriosa, no se dice que las direcciones del MGAP estén sobrepasadas o sean lentas, tal como se critica a la DINAMA.

¿Solución antipolítica?

Una solución razonable ante estas dificultades sería acordar una política ambiental de gobierno y fortalecer al MVOTMA, no tanto en partidas presupuestarias, sino en peso político, para que promueva o imponga una adecuada gestión ambiental, tanto entre privados como dentro del Estado. Pero el gobierno Mujica parecería que apunta en sentido contrario, debilitándolo todavía más.

En efecto, a juzgar por una noticia adelantada por El País, una nueva propuesta de reestructura de la DINAMA limitaría las evaluaciones ambientales de distintas maneras. Se repite el interés en cercenar las capacidades de control ambiental, diciéndose que se deben acompasar a los tiempos “empresariales”.

¿Por qué recrudece este ataque? A mi modo de ver, no puede pasar desapercibido que a pesar de los zarandeos, los técnicos de DINAMA venían de lograr una victoria al aceptarse sus informes sobre los impactos de una planta cementera promovida por ANCAP en la zona de Quebrada de los Cuervos. La reforma que ahora se propone permitiría evitar que se repitieran ese tipo de hechos, donde un informe técnico pudiera suspender un emprendimiento productivo.

No debe olvidarse que bajo la normativa actual, el Ministro del Ambiente puede aprobar cualquier emprendimiento, incluso en contra de los reportes técnicos de su propia dirección de medio ambiente. La decisión política está por encima de las evaluaciones técnicas. Pero claro: cuando se llega a ese extremo, el costo político es enorme. El ataque a los controles ambientales y el desmembramiento del Ministerio del Ambiente dejaría a los jerarcas políticos sin necesidad de argumentar frente a los informes que alertan sobre impactos ambientales o incumplimientos en controles y regulaciones.

Una política ambiental de izquierda en el siglo XXI comienza por lo primero: por ser una política. Muchos de los problemas actuales son por olvidar esa condición.

Twitter: @egudynas

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