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LA DEMOCRACIA Y EL QUESO Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 19 jul. 2012 10:03 por Semanario Voces
 

Seguridad pública

 

Una encuesta reciente, encargada por el propio gobierno, indica que un porcentaje muy alto de la población, cercano al 70%, es partidario de adoptar medidas represivas contra la inseguridad pública, medidas como la reclusión compulsiva de los consumidores de droga, y que un porcentaje similar se opone a iniciativas más audaces y liberalizadoras, como la despenalización y venta de marihuana por el Estado.

No es un hecho aislado. La cantidad de firmas que respaldó la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad, y la rapidez con que se juntaron, fueron ya indicios de que algo nuevo estaba pasando en materia de políticas de seguridad y de orden público.

Pero, aun si esos hechos notorios no se conocieran, bastaría andar por la calle y oír los comentarios de la gente para saber que la opinión pública ha girado hacia la derecha en estos asuntos (si es que las salidas represivas pueden ser asociadas con la derecha) y que se avecinan cambios del mismo signo en las políticas públicas.

En otras palabras, las políticas de seguridad implementadas por los gobiernos del Frente no han satisfecho a la mayor parte de la población y el discurso que hasta ahora ha predominado en la izquierda en materia de seguridad no ha calado en la opinión pública.

 

LAS CAUSAS

El actual estado de la opinión pública en materia de seguridad puede y debe ser leído como el fracaso del discurso de los derechos humanos, casi hegemónico en la izquierda durante muchos años.

El discurso de los derechos humanos ha incurrido en dos errores. El primero es creer que la declaración abstracta y creciente de derechos produce por sí misma justicia y paz. El segundo es creer que se puede prescindir del sistema penal.

La justicia social –y por ende la paz- no se logra mediante declaraciones de derechos y disposiciones jurídicas. El derecho puede ser un instrumento para la justicia social, pero sólo si tiene por función implementar decisiones políticas que sean, a la vez, populares, sensatas y creativas.

Es cierto que en el Uruguay se ha errado en las políticas sociales adoptadas, pero en buena medida eso se debe al desconocimiento de la compleja ingeniería política que es necesaria para que los derechos sean algo más que papel y tinta.

En cuanto al sistema penal, fuerza es admitir que reconocerle derechos, y aun darle cosas, no vuelve a la gente buena de por sí. Si bien en teoría puede sonar linda la tesis de que las cárceles y el derecho penal no deberían existir, ya Vaz Ferreira advertía que las ideas que son buenas en teoría pero inaplicables en la práctica lo son porque parten de un presupuesto no explicitado: la bondad implícita de los seres humanos. En una sociedad de santos, el derecho no sería necesario. Pero aun no se conoce una sociedad integrada sólo por santos, por eso el derecho –incluido el derecho penal- es necesario.

El escepticismo tácito respecto a la necesidad del sistema penal ha llevado a la izquierda a resistirse a reformar los procesos penales y los lugares de reclusión. Se argumenta que nadie debería ser recluido porque los lugares de reclusión son violatorios de la dignidad humana, sin advertir que, estando en el gobierno, esa indignidad es responsabilidad de la propia izquierda.    

 

GOBIERNO Y DERECHA: ¿UNA PINZA?

Todo indica que el discurso de los derechos humanos tiene sus días contados como discurso hegemónico y oficial.

Caerá como se impuso, sin debate, arrasado por el descreimiento y la bronca de la gente, desbordado por su propia incapacidad para gestionar la realidad y, como siempre, carente de argumentos teóricos para defenderse. 

Paradójicamente, es probable que sea el mismo gobierno, y en especial el oficialismo más ortodoxo del MLN, el que, abandonando sus escasos vínculos con el discurso de los derechos humanos, se ponga a la cabeza del giro represivo, o al menos lo intente. Los proyectos de ley enviados recientemente al Parlamento (internación compulsiva, modificación de penas mínimas para menores de edad y aumento de pena para la venta de pasta base) van claramente en esa dirección.

Todo indica que el Presidente y su entorno han leído la realidad y no están dispuestos a compartir el descrédito político del discurso de los derechos humanos. Por el contrario, al menos en este tema, se disponen a disputarle el espacio y el discurso a la derecha, con el riesgo de conformar una suerte de “pinza” represiva de imprevisibles consecuencias.

¿Hace bien el gobierno? ¿Tiene otra alternativa? ¿La tuvo en algún momento?

 

QUESO Y DEMOCRACIA

Un gobernante democrático, si es honesto, debe tener dos caras, casi casi como el queso.

Por un lado, debe tener muy claras sus convicciones personales, debe ser capaz de exponer, argumentar y defender con coraje aquello que cree correcto o conveniente. Si no es capaz de hacerlo, no será honesto.

Por otro lado, debe estar dispuesto a ejecutar las decisiones políticas mayoritarias, aun cuando sean contrarias a sus convicciones personales. De lo contrario no será democrático.

Esta es una de las mayores tragedias de la vida democrática. Requiere un doble plano de convicciones, no sólo para los gobernantes, sino, en el fondo,  para todos. Un plano es la defensa encendida de lo que uno cree. El otro es el respeto y la defensa, no menos firme, de lo que la mayoría quiere. Sabiendo que, muy a menudo, una y otra cosa no coincidirán.

Ese doble plano impone a todos –pero muy especialmente a los gobernantes- un marco ético muy angosto. El político que cree o finge creer lo que la mayoría quiere es un demagogo. Y el que quiere imponer sus convicciones por sobre la opinión mayoritaria es un autoritario. La demagogia y el autoritarismo son las dos grandes deformaciones que amenazan desde siempre a la democracia.

¿Cómo han actuado el Presidente y su entorno en este asunto?

Hay que reconocer que no han sido nunca abanderados del discurso de los derechos humanos. Dieron vueltas para firmar por la anulación de la ley de caducidad y, por cierto, no suelen llenarse la boca hablando de derechos.

Pero también es cierto que llegaron al gobierno en ancas de un partido que, en el acierto o en el error, hizo del respeto a los derechos humanos, y de la apuesta a las soluciones no represivas ante la criminalidad, una bandera muy clara.

¿Por qué el Pepe nunca explicitó que no compartiera la postura de su partido? ¿Por qué no propuso un camino alternativo? ¿Y por qué se pliega ahora, sin debatir ni dar explicaciones, a los reclamos represivos que parecen mayoritarios?

Pedirle que muera abrazado a un discurso minoritario, en el que probablemente ni siquiera cree, sería absurdo. Pero que se pase al discurso represivo, con todas las armas y bagajes del Estado, sin dar ni siquiera una explicación, es inconcebible.

Entre imponer sus posturas personales o partidarias, o adoptar automáticamente lo que indica el grito de las tribunas, un gobernante democrático tiene un angosto y a veces escarpado camino: el de crear soluciones y ejercer la docencia ante los ciudadanos. Es el angosto camino que media entre el autoritarismo y la demagogia.

En el caso del Pepe, su falla parece estar  en no haber aprovechado su carisma y su legitimidad democrática para ensayar políticas más eficaces y a la vez no represivas,  en no haber ejercido la función propositiva y docente que un gobierno popular debe cumplir.

Porque un gobernante democrático no es un mandón, pero tampoco un mero obedecedor de encuestas. Es –debe ser- un creador de opinión.

Probablemente ya no haya mucho tiempo, pero quizá todavía valdría la pena intentarlo.  

 

    

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