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LA EDUCACIÓN Y LA BILLETERA Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 13 jun. 2013 16:30 por Semanario Voces
 

Según un reciente anuncio hecho por los presidentes del Banco de Previsión Social y del Codicen, en julio de este año se suspenderá el pago del beneficio de la asignación familiar a las familias de 32.558 niños o adolescentes en edad escolar o liceal que no asisten a cursos de enseñanza primaria o secundaria. La medida afectará a aproximadamente un 6% de los beneficiarios del régimen de asignaciones familiares, que son en total 528.000.
32.558 chiquilines que no estudian. ¿Cuántas historias terribles hay detrás de esa cifra? Es difícil no sentir que la noticia revela apenas  la punta de un iceberg de marginalidad social y cultural, al mismo tiempo que oculta las verdaderas dimensiones del problema.
Pero, ¿cuántos son en realidad los chiquilines que no concurren a la escuela, ni al liceo, ni a la UTU? ¿Basta con matricularse? ¿Cuántos se matriculan y no concurren o lo hacen de vez en cuando y sin ningún provecho? ¿Cuáles son los criterios de medición? ¿Cuántos días deben faltar a clase durante el año y qué nivel de repetición o de desaprovechamiento son necesarios para que se considere que han desertado del sistema educativo?
Los datos nacionales indican que más de seis de cada diez muchachos no terminan el ciclo de enseñanza secundaria, que es legalmente obligatorio y usualmente es exigido como requisito para ingresar a casi a cualquier empleo.
Es decir que, en realidad, bastante más de la mitad de la población no está alcanzando los niveles de formación exigibles,  ya no para su desarrollo intelectual o para su formación como ciudadano, sino incluso para la obtención de un empleo formal medianamente remunerado.
Algo no cierra en las cifras del BPS y del Codicen si se las compara con otras estadísticas oficiales. Si más de la mitad de los muchachos no terminan el ciclo obligatorio de enseñanza, ¿cómo es posible que sólo el 6% de los beneficiarios de las asignaciones familiares sean considerados inasistentes al sistema educativo?
Para entender esa paradoja sería necesario que las autoridades del BPS y del Codicen explicitaran los criterios adoptados para medir la inasistencia y la deserción.  
Más allá de ese enigma, la medida dispuesta seguramente generará polémicas.
Muchos dirán que por fin el gobierno dejará de regalar la plata de los impuestos a un montón de adultos vagos e irresponsables que no se ocupan de sus hijos.
Otros pensarán que la medida suma un nuevo castigo a niños y adolescentes vulnerables que, ya de por sí, están privados de la debida atención y protección de su ámbito familiar.
¿Debe el Estado suspender el pago de las asignaciones familiares en esos casos? 
El asunto es difícil y plantea dilemas sociales, éticos y políticos.
Veamos si es posible despejarlo y armonizar algunas de las razones aparentemente cruzadas y contradictorias que presenta.
Para ello es necesario recordar la razón de ser de las asignaciones familiares.
El régimen de asignaciones familiares nació en el Uruguay hace setenta años, mucho antes de las actuales polémicas sobre “políticas universales- políticas focalizadas” y “condicionalidades – no condicionalidades”
Su sentido fue estimular y universalizar la escolarización de los niños por la vía de motivar económicamente a los padres. Y dio resultado.
Quiero detenerme en la palabra “estimular”. Porque las políticas de escolarización no reposaban sólo en el estímulo económico. Estaban respaldadas también en la lisa y llana obligación de los padres y tutores de enviar a sus hijos a la escuela. Una obligación que, me consta, hace pocas décadas era impuesta por las autoridades escolares, con intervención policial, del Consejo del Niño y eventualmente del Poder Judicial si era necesario.
De modo que la asignación familiar era un complemento amigable de las políticas de escolarización, que podían ser muy fuertes. Un complemento. No el centro.
Pero la difundida concepción economicista, impuesta por un modelo neoliberal que no terminamos de superar, ha definido a la obligación de enviar a los hijos a la escuela como una “contraprestación”, es decir como una obligación equivalente al dinero recibido. Esa noción contractualista constituye un grave error.
La finalidad del sistema de asignaciones familiares no es –no debería ser- la transferencia de recursos monetarios, sino la asistencia de los niños al sistema educativo. Si se mira la transferencia económica y la escolarización de los niños como contraprestaciones, como obligaciones equivalentes, se puede llegar a creer que, ante el incumplimiento de la escolarización, suprimir la transferencia monetaria transforma la situación en un “estar a mano”, en un empate. Y no es así en absoluto.
El deber del Estado es hacer cursar a todos los niños y jóvenes el ciclo obligatorio de enseñanza. No se salda con suspender la “contraprestación” económica. Al contrario. Es un deber que debe ser cumplido por otros medios. Por ejemplo, la aplicación estricta de las normas que regulan las obligaciones de la patria potestad.
Permitir que, si nos atenemos a las cifras del BPS y del Codicen, al menos 32.558 chiquilines uruguayos –casi diez mil de ellos escolares- dejen de estudiar sería un verdadero crimen. Contra ellos y contra toda la sociedad.
Resta considerar si la dolorosa medida de suspender las asignaciones en esos casos es hacer un daño mayor.
El punto no se puede resolver pensando sólo en ese 6% (teórico) de gurises que dejaron de ir a la escuela o al liceo. Porque, ¿qué pasa con el otro 94% y con sus familias? ¿Qué sentirán si las asignaciones que se les pagan a ellos como estímulo por asistir a los centros de estudio las reciben también quienes no asisten? ¿Cuál sería el mensaje que la sociedad estaría dándoles?
Si dejara de vincularse la asignación al estudio, el régimen de las asignaciones familiares se desnaturalizaría. Se convertiría en puro asistencialismo y dejaría de oficiar como una política pública orientada hacia la educación.
El Estado tiene un deber hacia esas decenas de miles de chiquilines que no estudian y también hacia los que estudian. Y no lo puede cumplir sólo con la billetera, dando o negando dinero.
La mirada debe apuntar más alto. El tema no es darles o negarles dinero. El asunto es hacer que todos vuelvan a la escuela o al liceo.
Para eso, el Estado tiene herramientas. Suspender la asignación e investigar cada caso en concreto es el primer paso. Instar e incluso sancionar a los padres que no cumplan los deberes de la patria potestad es el segundo. Y el tercero, para los casos más graves e irrecuperables, es la limitación o la pérdida de la tenencia y de la patria potestad, asumiendo el Estado la responsabilidad por ese niño abandonado.
Puede sonar duro, pero más duro es que decenas de miles de gurises queden librados a su suerte, condenados a la marginalidad, a no estudiar ni trabajar, a recibirse de “ni-ni”.

   

 

 

 

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