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La Haya: No toquen nada

publicado a la‎(s)‎ 23 abr. 2010 21:24 por Victor Garcia | Semanario Voces   [ actualizado el 26 abr. 2010 20:08 ]

L
os contenidos sustanciales del fallo de la Corte Internacional de La Haya ya se han difundido por la prensa. Por un lado, el fallo declara que Uruguay incumplió con el Estatuto del Río Uruguay, que le imponía no sólo informar a la Comisión Administradora del Río (CARU) sino seguir todo el procedimiento claramente detallado en el Estatuto, lo que eventualmente, si Argentina mantenía su oposición, podría haber concluido con una intervención de la misma Corte Internacional, sólo que antes de que se iniciara la construcción de la planta. “Ganar tiempo” y presentar a Argentina una situación de hechos consumados, parece ser la razón de fondo –bastante “pícaresca”, por cierto- por la que el entonces presidente Jorge Batlle y su canciller, Didier Opertti, que no son para nada ignorantes del derecho internacional, decidieron saltearse los procedimientos establecidos.


Estrategia que continuó luego el gobierno de Tabaré Vázquez, con el apoyo de todo el sistema político uruguayo.W Por otro lado, el fallo concluyó que Argentina no logró probar que la contaminación de las aguas del Río hubiese aumentado por la instalación de la planta de celulosa.


Aquí hay que hacer una precisión. No es lo mismo decir que algo no fue probado que afirmar que ese algo no existe. Y está bien que la Corte se haya pronunciado de ese modo, porque la determinación de extremos de hecho (como la existencia o inexistencia fáctica de contaminación) no es competencia de una corte de justicia. Las cortes de justicia sólo pueden decir si un extremo de hecho fue probado o no, pero está fuera de sus facultades pronunciarse sobre aspectos técnicos que exceden sus conocimientos y competencias.


En síntesis, el fallo puede ser leído como un triunfo formal de la Argentina, que obtuvo el reconocimiento de la Corte respecto al incumplimiento uruguayo, pero también como un éxito material de la estrategia uruguaya, que logra legitimidad para seguir adelante con la instalación y funcionamiento de la planta de celulosa.


Se ha dicho que el fallo de la Corte fue “salomónico”. Sin embargo, el rey Salomón es recordado por la forma en que resolvió un litigio entre dos mujeres que se disputaban la maternidad de un niño. Como es sabido, el Rey propuso partir al niño al medio y entregar una mitad a cada una de las mujeres. Una de las mujeres aceptó la propuesta, en tanto que la otra la rechazó rotundamente, diciendo que prefería que su hijo fuera entregado a una extraña antes que verlo muerto. Entonces Salomón, reconociendo en la segunda mujer a la verdadera madre, ordenó que se le entregara el niño. Si algo no fue el fallo de La Haya es salomónico.


De alguna manera, partió el triunfo en dos partes y le entregó una a cada uno de los litigan-tes. El triunfo formal a Argentina, y el triunfo material al Uruguay. En otras palabras, ordenó dejar todo como está. Pero le faltó la sabiduría salomónica para resolver el pro-blema real y humano planteado. Porque no ha resuelto realmente el conflicto.


En los hechos, Uruguay se considerará legitimado para mantener el funcionamiento de la planta de celulosa, y probablemente los piqueteros y el gobierno argentino no vean razones para disponer el levantamiento del bloqueo de puentes, alegando la irregularidad formal con que se construyó la planta. En definitiva, el problema vuelve a ser político y será resuelto por medios políticos o no será resuelto. Seguramente, las futuras negociaciones entre Mujica y Cristina Fernández, y sus respectivos cancilleres y asesores, serán la vía de salida del problema, si es que ésta existe.


Nada muy distinto de la situación planteada hace cuatro años. La actuación de la Corte de La Haya, más allá de sus rimbombantes rituales y sus oropeles, genera dudas sobre la eficacia real de algunos procedimientos del derecho internacional. No me refiero sólo al hecho de que en la elección de sus miembros tenga intervención decisiva el Consejo de Seguridad de la ONU (integrado forzosamente por Francia, Inglaterra, China, Rusia y los Estados Unidos), ni a que esos cinco países tengan derecho de veto, o a que algunos de esos países se nieguen a acatar los fallos de la misma Corte ni a que ésta no tenga procedi-mientos para hacer cumplir sus fallos.


Es seguro que esos aspectos, que restarían credibilidad a cualquier corte, no pesaron demasiado en este conflicto entre dos países del dobladillo del mundo. Me refiero más bien a la curiosa circunstancia de que una corte internacional de justicia constate que un país (en este caso Uruguay) incumplió un procedimiento de derecho internacional y que eso no tenga ninguna consecuencia material. O a que la misma Corte haya declarado fuera de su competencia el corte de los puentes, o la eventual contaminación aérea o sonora. O a que un fallo tan poco “jugado” haya demorado tantos años. No se trata de que esos defectos favorezcan en este caso a uno o a otro país. Se trata de que ponen en evidencia la precariedad y endeblez del derecho internacional y de sus tribunales para resolver de manera eficaz los conflictos internacionales. Lo digo sólo para tomar nota.


Para terminar, entre los uruguayos existe la tentación de considerar a este fallo como un éxito. Y puede ser verdad. En lo inmediato y en lo material, si no contamos los cortes de puentes, el Uruguay se salió con la suya. Ahora, ¿pensamos en lo que significa para un país chico, rodeado de gigantes, el precedente sentado por la Corte? ¿Qué ocurrirá si Argentina o Brasil deciden aplicarnos la política de los hechos consumados en las zonas fronterizas? A largo plazo, ¿nos conviene realmente que la jurisprudencia internacional admita como buenas las iniciativas irregulares? 

Por Hoenir Sarthou 



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