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LA IZQUIERDA DE LA FACILIDAD Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 15 nov. 2012 7:51 por Semanario Voces
 

Unas pocas personas y empresas son dueñas de miles y miles de hectáreas de tierra y pueden hacer con ella lo que les plazca: plantar, no plantar, cuidarla, descuidarla, dejar que se erosione, sobreexplotarla, estropearla.

Unas poquitas familias controlan desde hace más de cincuenta años las frecuencias públicas de televisión, y también, en gran medida, la televisión por cable. Las frecuencias públicas de radio pasan de mano en mano como una mercancía más.

En todo el mundo, los medios de comunicación se concentran cada vez en menos manos, que se enriquecen y terminan decidiendo cuál es la “realidad” de la que vamos a informarnos.

Empresas multinacionales registran “patentes”, es decir “propiedad intelectual”, de ideas, conocimientos y procesos naturales que son de todos. ¿Acaso alguien inventa algo de la nada? ¿Cuánto pagaron esas empresas por la física,  la química, la biología, las matemáticas, la filosofía, la tecnología y el lenguaje que usaron para llegar a sus “inventos”?

La ONU, el organismo internacional por excelencia, el que pretende decirnos cómo vivir y qué está bien y qué está mal en el mundo, está gobernada por cinco potencias que, para colmo, ni siquiera se someten a los tratados y a los tribunales internacionales que ellas mismas crean.

Los procesos de decisión política democrática se enredan en lógicas partidarias, en discursos técnicos, en complejidades burocráticas, en representatividades dudosas, en mentiras.

Empresas cada vez más ávidas se aprestan a extraer de los subsuelos recursos naturales no renovables que serán enviados al mercado del mundo desarrollado.

Los Estados se asocian o protegen a empresas privadas fantasmagóricas, les conceden bienes públicos,  exoneraciones,  privilegios, las desregulan, absorben sus deudas. Es Pluna, pero es también Europa y EEUU y  sus “indignados”.

La educación, que necesitaría una verdadera revolución, cada vez capacita menos a los muchachos para entender el mundo en el que viven, mientras que la marginalidad cultural y la inseguridad crecen.

La prohibición de las “drogas” –no las “drogas”- es un negocio multimillonario y sangriento que enriquece a los narcotraficantes y, sobre todo, enriquece y corrompe a quienes dicen combatir al narcotráfico.

CAUSAS DIFÍCILES Y CAUSAS FÁCILES

Tengo claro que las que acabo de nombrar son causas difíciles. Uno no recibe elogios de los organismos internacionales si las menciona. No es “políticamente correcto”. Ni qué decir si pretende cambiar en algo esas realidades.

Tal vez por eso, esas causas casi no aparecen en el discurso de la izquierda. Han sido sustituidas por otras, menos conflictivas, menos polémicas, más simpáticas, más “políticamente correctas”.

Así, el aborto, los derechos de las mujeres, las políticas sociales asistenciales, el matrimonio homosexual, la lucha contra la violencia doméstica y contra la discriminación racial o sexual, y la proliferación de una serie creciente de “derechos humanos”, se han sumado a la recordación de los crímenes de la dictadura para constituirse en las banderas características de la izquierda.

Sus máximas audacias teóricas son las “políticas afirmativas” y el análisis de “la renta básica universal” (una propuesta de académicos igualitaristas más bien teóricos, que consiste en pagarle un sueldo o renta básica a todas las personas por el solo hecho de existir).

Desde luego, muchas de estas ideas o propuestas no están mal. Algunas son actos de justicia civilizatoria; otras sólo revelan buena intención y mejor corazón; y algunas demuestran que, cuando se desconoce la historia y la psiquis humana, el camino del infierno puede estar empedrado de buenas intenciones.

PROBLEMAS

Hasta hace un tiempo, yo creía que el único problema de esa clase de  políticas era que no cuestionaban a las estructuras de poder que controlan al país y al mundo.

Es decir, ¿quién defiende o justifica públicamente a la violencia doméstica o a la discriminación racial?  

Muy poca gente, o nadie, ¿no? Así como muy poca gente se atreve a cuestionar públicamente que se asista económicamente a los pobres, y nadie a sostener  que las mujeres deban tener menos derechos que los hombres.

Por eso es fácil defender esas causas. Uno resulta progresista y moderno, y, al mismo tiempo, no les pisa los callos a los dueños del dinero y del poder político.

En cambio, si uno insinúa que la ONU es una organización antidemocrática al servicio de los dueños del mundo, si se le ocurre cuestionar el derecho ilimitado de propiedad de la tierra, o revisar la adjudicación y el manejo de las frecuencias públicas de comunicación, o si cuestiona la idea de “propiedad intelectual” y los derechos que resultan de las patentes, la cosa cambia sustancialmente.

De golpe, uno deja de ser democrático. Ya no tendrá tratados de las Naciones Unidas para citar y no lo invitarán a los almuerzos de ADM. Para investigar esos temas no se consiguen becas ni financiación de fundaciones lustrosas. Repentinamente, uno vuelve a ser lo que fue siempre la izquierda: una mirada y una opinión indiscreta y molesta.

Sin embargo, últimamente ha aparecido un nuevo problema. Es la intolerancia de lo “políticamente correcto”. Una intolerancia que es fundamentalmente –pero no únicamente- idiomática. Es la prohibición de decir ciertas palabras. La obligación de usar giros tortuosos y absurdos, como el “todas y todos”, para satisfacer las exigencias “de género”.  E incluso la prohibición de mencionar ciertas realidades que hieren la sensibilidad de la “corrección política”.

No voy a dedicar más espacio a este asunto porque quiero hablar de algo que me parece positivo. Pero la cosa es delicada y merece reflexión, porque, después de la de pensar, la posibilidad de decir es uno de los reductos más esenciales de la libertad. Y el que más molesta a las mentalidades autoritarias.

MARIHUANA

En estos momentos hay en carpeta parlamentaria un tema que, según cómo se lo resuelva, puede convertirse en un fiasco,  en algo intrascendente, o en una medida política formidable y precursora.

Se trata de la propuesta de legalizar –verdaderamente- el consumo de marihuana, de permitir el “autocultivo” y de que el Estado asuma además la producción y venta al público de la sustancia.

Si se mira el asunto como un tema menor, como el derecho a “fumarse un porrito de vez en cuando”, se pierde de vista su verdadera dimensión.

Si se lo mira como una medida que hay que tomar con extremo recelo, poniendo mil cerrojos burocráticos al acceso a la marihuana, si se tiene miedo ante la propuesta y se la frustra con condiciones incumplibles, todo puede terminar en la más completa y frustrante intrascendencia. O peor aun: dando lugar a una nueva organización burocrática destinada a producir y regular una sustancia a la que nadie o muy pocos podrán o querrán acceder.

La dimensión realmente grande de este asunto es que ataca a uno de los peores poderes fácticos del mundo (el del narcotráfico) y cuestiona (aunque en pequeña escala) el paradigma todavía dominante en la materia, el paradigma de la prohibición y la represión, el de la “guerra contra las drogas”, impulsado con mucho ruido y poco éxito por los EEUU desde hace más de veinte años.      

Cada vez son más, en el mundo, las voces que reconocen que ese paradigma fracasó y que deberá ser sustituido. Fracasó porque no impidió el crecimiento del tráfico ni del consumo y porque, además, genera corrupción y crímenes violentos en grados que ya ponen en riesgo la sustentabilidad de muchos Estados. Y cada vez son más las voces sinceras que admiten que el peor ataque que podría recibir el narcotráfico sería la legalización de la producción y el consumo de “drogas”

Por eso sería muy importante que el Uruguay, un pequeño país con tradiciones sorprendentes, marcara la línea en este asunto.

Si se demuestra que la legalización de la producción y suministro de marihuana corta las alas del narcotráfico, al menos respecto de esa sustancia, se estará dando un paso enorme hacia la construcción de un nuevo paradigma mundial en materia de “drogas”.

Para eso hay que actuar sin miedo, confiando en el acierto de la línea de fondo adoptada. Sin trabar la iniciativa con dificultades burocráticas y limitaciones que la vuelvan inútil.

Si se decide permitir algo, hay que permitirlo. Y si se decide producir y vender algo, hay que producirlo y venderlo en forma que realmente liquide el negocio de las mafias que hasta ahora han controlado el mercado.

Esa sí sería una medida revolucionaria, digna de un gobierno de izquierda y coherente con la tradición uruguaya.     

 

 

 

  

 

 

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